Con el propósito de requerir que toda persona, al amparo de la Ley 25-1992, tenga que cumplir su pase extendido con un dispositivo de supervisión electrónica con un GPS, el Senado aprobó un proyecto que propone enmendar la Ley para el egreso de pacientes de SIDA y otras enfermedades en su etapa terminar en instituciones penales.

Luego del reciente feminicidio a manos del convicto Hérmes Ávila Vázquez, a quien se le imputan otros asesinatos de féminas y fue dejado en libertad por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) por motivos de una supuesta enfermedad terminal, la senadora Migdalia González Arroyo presentó el Proyecto del Senado 1467.

“[Este] caso ha causado consternación en el país y ha mostrado ciertas grietas en el sistema correccional, específicamente en el proceso de evaluación de candidatos para ser egresados bajo la Ley 25″, reza la medida.

En su exposición de motivos, la pieza legislativa sostiene que se impone la obligación de que el egresado, cuya sentencia sea por violación a la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, o por asesinato, agresión sexual, pornografía infantil o maltrato de menores, tenga que utilizar durante el tiempo que reste su sentencia, aunque la esté cumpliendo mediante el pase extendido, un dispositivo de vigilancia electrónica conocidos como GPS. Esta medida, además de prever situaciones delictuales, sirve como un disuasivo a aquellas personas que están disfrutando del privilegio que establece la Ley 25.

La medida fue presentada el pasado 6 de mayo en una Sesión Ordinaria, pero se envió a asuntos pendientes, a petición del senador José Vargas Vidot, para fortalecer la legislación y realizar vistas públicas.

Asimismo, se avaló el informe positivo del Proyecto del Senado 1332 que propone enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito para autorizar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras y Transportación el uso del carril de paseo vehicular durante determinado horario y en limitadas circunstancias.

Según la medida, esta legislación servirá para utilizar el carril de paseo vehicular para buscar “aliviar la congestión de tránsito en lugares como la PR 22, PR 52, PR 5 y otras vías del país. La autorización, estaría vigente entre las 6:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. conforme al marco legal federal, que así lo legitima”.

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Un asesinato fue reportada en horas de la tarde de hoy, martes, en la carretera #3, frente a la urbanización Villas de Buenaventura, del barrio Aguacate, en Yabucoa.

Según se informó preliminarmente, una llamada telefónica al Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a la uniformada sobre unos disparos en el mencionado lugar. Al llegar los agentes a la escena, un hombre -que no ha sido identificado- fue asesinado a balazos en el interior de un vehículo Hyundai Tucson de color gris.

Agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, en unión al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.

Se exhorta a la ciudadanía que de poseer información que ayude al esclarecimiento de casos favor de llamar al  787-343-2020. También, pueden escribirnos a través de Twitter en @PRPDNoticias o Facebook en www.facebook.com/prpdgov.

Esto es una noticia en desarrollo. Pendientes a metro.pr para más información.

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El presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA), Miguel Vega, agradeció a los senadores que emitieron su voto en contra de la medida destinada a crear la “Ley para regular el arrendamiento a corto plazo en Puerto Rico”.

Según se indicó a través de un comunicado, las enmiendas propuestas por la PRHTA para el Proyecto de la Cámara 1557 incluían el reconocimiento de los alquileres a corto plazo como una actividad comercial, pero no fueron incluidas.

“Queremos agradecer el voto en contra del proyecto, ya que distaba de ser una regulación favorable y efectiva para todo el sector de los alquileres a corto plazo. Es necesario incluir las propuestas de todo el sector para garantizar un ambiente de negocios justo y saludable para toda la actividad turística en la Isla”, mencionó Vega.

“Entendemos que, es necesario volver a radicar un proyecto para regular los alojamientos a corto plazo, y es necesario que se califique como una actividad comercial, entre otros parámetros importantes que deben ser considerados para una regulación adecuada”, explicó.

La Asociación de Hoteles y Turismo aseguró que defenderá la posición de sus socios y apoyará a aquellos que se vean directamente afectados. En el pasado, la PRHTA señaló que, en otras jurisdicciones, los STR ya se registran como una actividad comercial, obtienen licencias para operar, pólizas de seguros, certificaciones de seguridad contra incendios y mantienen un contacto para emergencias. La Oficina de Gerencia y Permisos (OGPE) también defendió en vistas públicas la clasificación de los STR como actividad comercial.

“Lo menos que proponía este proyecto era reglamentar. Realmente dejaba a los alquileres a corto plazo por la libre. La PRHTA continuará trabajando junto a otros grupos una propuesta de reglamentación efectiva y justa para todas las partes”, concluyó el ejecutivo.

Además, señalaron que el proyecto no especifica cómo se captarán los aproximadamente $125 millones perdidos para el fisco en 2023, ni los $29 millones del impuesto de habitación. Esto genera un problema presupuestario, ya que se pretende reducir un 3% del 7% del Room Tax para destinarlo a los municipios. La PRHTA propone aumentar el Room Tax a los STR al 11% y destinar un 3% de ese total a los municipios, pero la comisión no aceptó esta enmienda.

“Lo menos que proponía este proyecto era reglamentar. Realmente dejaba a los alquileres a corto plazo por la libre. La PRHTA continuará trabajando junto a otros grupos una propuesta de reglamentación efectiva y justa para todas las partes”, dijo Vega. Ahora tenemos la oportunidad de trabajar un proyecto en conjunto que verdaderamente ayude la industria y a Puerto Rico”, concluyó el ejecutivo.

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Agente del Negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron en el día de hoy, martes, el hallazgo de dos perros en estado de desnutrición en una residencia en la carretera 567 kilómetro 1.0 en el Barrio Barros, en el pueblo de Morovis.

Según informa, la agente Iliana Camacho Ortiz, del Distrito de Morovis, que se personó al lugar antes mencionado, donde se entrevistó con la señora Ana I. Ramos Rivera, rescatista de animales, quien fue la que alertó a la Policía que en el exterior de esta residencia, había dos casitas de madera con dos canes.

La can de nombre Luna se encontraba sin vida y el otro, de nombre Peluche, se encontraba con problemas en la piel, amarrado de cadena metálica a una distancia de dos pies.

Al lugar se persono el agente Joel Vidot, coordinador de la Ley 154 “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales” quien se hizo cargo de la custodia de los canes, y los llevó a la Clínica Veterinaria San Francisco de Asís en Hatillo, donde el doctor Tomas Ramos, tendrá en observación al can Peluche y la can Luna, se enviará para realizarle la necropsia.

Este caso fue consultado con el fiscal Ismael Ortiz Roldan, de la fiscalía de Arecibo quien ordenó, citar el caso posteriormente.

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