El secretario del Departamento de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona, dijo el lunes que el proceso de descentralización de escuelas públicas iniciará como un plan piloto en agosto.

Esto a pesar de que la administración de Pedro Pierluisi finaliza en enero 2 del 2025 y la Administración Biden se enfrasca en una campaña a la reelección.

“Para mí el proceso de descentralización es más importante que cualquier persona que esté en la posición, incluyéndome a mí. El proceso es para los estudiantes de Puerto Rico y los padres que por mucho tiempo quieren un cambio, necesitan un cambio. Yo sé que todo el mundo habla de eso y dice sí, lo quiero ver, pero necesitamos ver acción. Estoy aquí para escuchar lo que está trabajando, lo que no se está trabajando y poner impulso para que sigan adelante con el proceso de descentralización. Lo que yo quiero ver son decisiones locales. Yo quiero ver cuando una escuela necesita algo que lo pueden ordenar sin esperar mucho tiempo. Yo quiero ver que los maestros no tengan que pagar de su bolsillo para tener cosas para el estudiante. Quiero ver que si hay una preocupación local que pueden hablar con los superintendentes que ellos cogieron. Por eso el proceso es muy importante de descentralizar el sistema escolar y yo estoy aquí para escuchar, pero también para seguir empujando porque lo quiero ver y sé que las personas aquí en Puerto Rico también lo quieren ver”, dijo Cardona a preguntas de la prensa.

“El proceso que estamos ahora es asegurando que la implementación siga adelante. Yo no quiero esperar otro año para ver el proceso inicial. Estoy aquí para ver cómo vamos a poder mover provisionalmente en agosto de este año y el año que viene un distrito LEA. Y quiero verlo en la isla ya en unos cuantos años en la isla completa. Lo quiero ver”, agregó.

Mencionó que en seis meses es tiempo suficiente para comenzar el plan piloto de descentralización, pero reiteró la urgencia de crear el reglamento.

“En seis meses yo espero que esté el LEA provisional, necesitamos el reglamento, pero necesitamos también un sistema donde hay líderes locales que puedan hacer las decisiones”, señaló Cardona.

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Joseph Vladimir Fernández, esposo de Lisha Ramón Mejías, rompió el silencio ante las cámaras del programa televisivo “Lo Sé Todo” (Wapa TV) sobre el más reciente encarcelamiento de la vendedora de jugos, luego de que la madre renunciara a su custodia la pasada semana.

Vladimir Fernández precisó que le solicitó al tribunal y al Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) la custodia de Ramón Mejías.

“Yo lo que estoy es por buscar el bien de Lisha y siempre lo he estado, por eso es que siempre he estado ahí. Dios quiera y PSAJ me lo apruebe, igual que la honorable jueza”, explicó.

Sobre si ha logrado tener contacto con la creadora de contenido, comentó que “si hablé con ella (y la escuché) tratando de ser fuerte para que yo no me preocupe. Debe estar pasando algo, no es fácil estar allá adentro. Ella tiene la preocupación de la nena y, por lo menos, pudo abrazarla antes de entrar y de que se la llevaran”.

Antes de ser ingresada a prisión, Ramón Mejías se desahogó en un video en vivo acusando a sus padres de maltrato. Su esposo no quiso entrar en detalles de qué puedo haber detonado la drástica decisión de la madre porque es algo “bien personal”. Además, resaltó que “no juzgará su decisión” y reiteró que “solo quiere buscar el bien de Lisha”.

“Yo te defendía de mi padre todo el tiempo, fui tu mano derecha en la casa. Todavía recuerdo cuando tenía 8 años, que deseaste que un viejo me robarara y violara. Cuando tenía 5 años, me orinaba y no me defendiste de mi padre que bajo agua fría me golpeará. A los 12 años, mi padre dándome hasta botar sangre y tú pasándole el palo para que continuará golpeándome. A mis 16 años, intentaste matarme ahorcándome y si no fuera por mis hermanas lo hubieras logrado. HUÍ DE TI. Ahora que te necesito, me abandonas. Toda mi adolescencia prefería refugiarme con desconocidos que con la persona que se supone que me protegiera” (sic.).

El pasado mes de mayo, Ramón Mejías llegó a un acuerdo con la Fiscalía de San Juan declarándose culpable en dos cargos en el caso que enfrenta por una agresión ocurrida el año pasado en Santurce. También, se emitió una orden de protección por un año a favor de la perjudicada en el caso. Asimismo, se reportó que el acuerdo de culpabilidad incluye la posibilidad de siete años de probatoria.

La vista de sentencia fue señalada para el 24 de julio.

Ramón Mejías fue acusada por atacar a una mujer, el 8 de octubre del año pasado, en la intersección de las avenidas Sagrado Corazón De Jesús y Eduardo Conde en Santurce.

Según la investigación de la agente Gretchen Marín Santana, adscrita a la División de Investigaciones de Robo, Extorsión, Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones (CIC) de San Juan, Ramón Mejías agredió a la perjudicada con una botella de cristal y le provocó heridas profundas en ambos brazos, por los que se le tomó trece puntos de sutura en el brazo izquierdo, treinta grapas de sutura en el brazo derecho y cuatro puntos de sutura en el área cercana a la clavícula. La perjudicada ha continuado recibiendo tratamiento médico a consecuencia de la gravedad de las heridas recibidas.

La joven salió a la libre comunidad en febrero, luego de que se le concediera estar bajo supervisión electrónica.

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El Senado derrotó el lunes un proyecto de la Cámara de Representantes que buscaba establecer reglamentación y fiscalización de los arrendamientos a corto plazo luego que durante las pasadas semanas diversos sectores manifestaran su oposición a la medida tras asegurar que la misma no disponía de controles suficientes.

Luego de ser incluido en el calendario de órdenes especiales a través de un descargue, el segundo informe del Proyecto de la Cámara 1557, sometido por la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Alto Cuerpo, exponía que la medida busca desarrollar un marco regulatorio uniforme para los alojamientos a corto plazo, evitando la proliferación de diferentes normas municipales que podrían “confundir y limitar el sector”. Asimismo, la Compañía de Turismo sería responsable de implantar esta ley, en colaboración con los municipios, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de registro.

La senadora Ana Irma Rivera Lassén expresó su rechazo a la medida al hacerse eco de los reclamos de que los alquileres a corto plazo atentan contra la seguridad de vivienda cuando hay falta de controles.

“Aunque se ha intentado conceptualizar los alquileres a corto plazo como una herramienta para generar ingresos, se han proliferado. […] Quienes deben llevar el rol protagónico son las personas afectadas por esta situación. Este proyecto debió ser trabajado por diversos sectores. La vivienda es una necesidad”, sostuvo la legisladora de MVC.

Del mismo modo, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón (PIP) indicó que el proyecto ignora las denuncias del comercio sobre la competencia desleal con los paradores. “El acaparamiento por titularidad o administración ha generado anomalías que el Estado no ha logrado detener”. Por su parte, el senador Juan Oscar Morales también se posicionó en contra de la medida.

La legislación establece definiciones clave y detalla acuerdos de cobro y colaboración entre las plataformas de alquiler y la Compañía de Turismo, así como abordar preocupaciones sobre la disponibilidad de viviendas asequibles, sugiriendo que la proliferación de alquileres a corto plazo en zonas residenciales ha afectado negativamente a la población local.

Por otro lado, en cuanto a temas relacionados al aborto, la Cámara Alta aprobó el informe positivo del Proyecto del Senado 495, sometido por la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, que propone establecer la Ley para requerir la intervención de al menos uno de los padres que ostente la patria potestad de una menor de 18 años al momento de consentir un aborto en el país.

Según reza el informe, una menor “no puede consentir sacarse una muela en el dentista, pero sí puede consentir terminar un embarazo”. El 22 de febrero de 2024, el Departamento de Justicia rindió un informe a la Comisión con sus hallazgos luego de investigar 67 casos de menores de 15 años o menos a quienes las clínicas de aborto interrumpieron embarazos entre el 2018 al 2022. Dos de las 67 identificadas por Justicia resultaron ser víctimas de agresión sexual; 32 de los 65 casos en donde Justicia descartó agresión sexual, el embarazo se produjo entre menores de edad. En 22 casos se trató de niñas de 14 o 15 años que sostuvieron relaciones sexuales con varones de 18 a 19 años.

Los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y la senadora Santiago Negrón, durante la aprobación a viva voz de la medida, se posicionaron en contra.

Asimismo, se aprobó el Proyecto del Senado 1433 que busca reconocer y declarar el acceso a Internet de banda ancha como un “servicio esencial” y un derecho subsumido en los derechos constitucionales a la educación, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y al trabajo.

“Las disposiciones que ha tomado el Departamento [de Educación] son elementales y minúsculas, y atender el gran problema de la brecha digital, luego de lo acontecido a causa de la pandemia, debería ser algo que estuviera en el tope de la lista de Educación y de todas las agencias vinculadas a la capacidad de comunicarnos a través del internet”, indicó la senadora y autora del proyecto de ley, Santiago Negrón.

Ante el cierre de la sesión ordinaria el próximo domingo, 30 de junio, el Senado recesó sus trabajos hasta mañana martes, 18 de junio, a la 1:00 p.m.

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Tras recorrer tres días y noches todo Puerto Rico en la carrera Kilómetros de cambio, un grupo de mujeres maratonistas está dando la milla extra esta semana instando al público y a empresas privadas a donar por ATH Móvil y a participar de una rifa en la recaudación final para alcanzar la meta de $200,000 dólares para los nueve albergues para sobrevivientes de violencia de género y sus hijos en la Isla.

“Estamos cerca de la meta de $200,000 que nos permitiría donar más de $20,000 a cada uno de los albergues que salvan vidas de mujeres y niños que sufren la violencia doméstica. Necesitamos ese impulso final en las donaciones de nuestra gente y de empresas que quieran aportar para estos espacios seguros y de esperanza que son los albergues a donde acuden mujeres victimas de violencia con sus hijos e hijas. Sin esos espacios, estaríamos viendo aún más casos de feminicidios y debemos apoyar a los albergues. Esos donativos lo harán posible”, expresó Deborah Maldonado, maratonista y fundadora de la organización Kilómetros de cambio.

Quienes aporten un donativo de $10 o más esta semana por ATH Móvil a Kilómetros de cambio, en la sección de negocios, estarán participando automáticamente en una rifa con premios valorados, en conjunto, en más de $3,000. Pueden hacer donativos mayores. Cada $10 de esas cantidades se contarán como participaciones de la rifa. “Tuvimos el apoyo de muchas empresas durante la carrera de tres días en mayo. Ahora, durante esta milla extra de Kilómetros de cambio, sería un gran momento para que otras empresas que no aportaron nos puedan ayudar en el tramo final para lograr esta nueva meta en apoyo a los albergues, a las mujeres maltratadas que desean un mejor futuro para ellas y sus hijos”, comentó Maldonado.

Un total de 27 mujeres maratonistas recorrieron en forma ininterrumpida, con pases de batón, por tres días y noches consecutivas, unos 45 municipios en Puerto Rico del 17 al 19 de mayo. El evento Kilómetros de cambio logró recaudar más de $160,000. Con “la milla extra” han continuado las recaudaciones y con la ayuda del público y las empresas confían llegar a la meta de $200,000 esta semana para poder entregar los donativos a los albergues este domingo 23 de junio.

“Seguimos recaudando fondos para garantizar que la luz de nuestro balcón siga encendida 24 horas para salvar vidas al recibir a las mujeres que llegan a nuestros albergues con sus hijos escapando de la violencia. Tenemos una meta de llegar a los $200,000 pero todavía estamos en esa ruta. El donativo de nuestra gente puede hacer la diferencia para expresar que queremos un alto a la violencia de género en Puerto Rico. Contamos con el apoyo de todos los que queremos un Puerto Rico de paz, libre de violencia”, manifestó Lisdel Flores, directora ejecutiva de Hogar Ruth.

Las instituciones de la Red de Albergues de Violencia de Género que recibirán los donativos son: Hogar Ruth, Casa Bondad, Casa Protegida Julia de Burgos I y II, La Casa de Todos, Hogar Nueva Mujer, Hogar La Piedad y Capromuni I y II.

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El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, decretó tres días de duelo tras la muerte de Antonio Luis Ferré Ramírez de Arellano, presidente de las Empresas Ferré Rangel e hijo del exgobernador Luis A. Ferré.

Según se informó en un comunicado, las banderas de todas las dependencias gubernamentales deberán permanecer a media asta desde el martes, 18 de junio, hasta el jueves, 20 de junio de 2024.

“Antonio Luis Ferré Ramírez de Arellano fue un hombre pionero que tuvo una visión de avanzada en el mundo de las comunicaciones. Su compromiso con Puerto Rico fue más allá del empresarismo, convirtiéndose en filántropo y defensor de la cultura. Reconocido como un hombre de familia y un profesional exitoso, dejó huellas en todo aquel que lo conoció. Mis oraciones y abrazo para sus hijos María Luisa, Luis Alberto, Antonio, María Eugenia y Loren, así como para sus demás seres queridos. Que en paz descanse Don Antonio Luis”, sostuvo el gobernador.

Ferré Ramírez de Arellano, quien falleció a los 90 años, fue fundador de los periódicos El Nuevo Día y Primera Hora. Además, se destacó como filántropo y defensor de la libertad de prensa.

Como empresario, fue el primer hispano miembro de la junta de directores de distintas empresas de prestigio como American Airlines y American Newspaper Association, así como presidente de la Asociación de Industriales.

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La organización Migrant Clinicians Network (MCN) en colaboración con Mentes Puertorriqueñas en Acción (MPA) y el Centro Climático del Caribe (CCH) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) lanzaron un proyecto de colaboración de tres años con centros de salud comunitaria para reforzar la resiliencia de las comunidades agrícolas del Caribe y aumentar la salud y el bienestar ante las amenazas climáticas.

A medida que la región ingresa a otra temporada de huracanes de gran frecuencia e intensidad, la colaboración permitirá a las comunidades identificar y considerar las necesidades de poblaciones como los trabajadores agrícolas que tienen un mayor riesgo de experimentar eventos relacionados con el clima y tienen menor acceso a la atención médica.

“Las comunidades de todo el Caribe ya se han visto profundamente afectadas por la crisis climática”, señaló Marysel Pagán Santana, DrPH, directora de salud ambiental y ocupacional en MCN Región del Caribe, también investigadora principal de este proyecto.

“Es difícil responder y prepararnos para nuestra susceptibilidad única al cambio climático — desde experimentar una mayor frecuencia de huracanes hasta inundaciones y sequías alternas — en comunidades como los pueblos agrícolas rurales, que tienen muchas barreras para la atención y riesgos de salud únicos que se ven agravados por el clima. Esta importante colaboración ayudará a las comunidades de Puerto Rico, las Islas Vírgenes, entre otras, a adaptarse al cambio climático e incluso mejorar los resultados de salud”, añadió.

MCN, una organización nacional sin fines de lucro con oficina en Puerto Rico; MPA, una organización sin fines de lucro en Puerto Rico; y el USDA CCH, uno de 10 Centros regionales que enlaza diversas agencias del USDA, trabajará con centros de salud comunitarios en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU. para difundir información, recursos y servicios relacionados con la adaptación climática e identificar posibles amenazas relacionadas al clima que afectan los medios de vida de los agricultores, trabajadores agrícolas y comunidades agrícolas.

“El currículo de liderazgo y abogacía comunitaria que construiremos con aportes de comunidades, médicos y científicos será el enfoque de nuestro primer año”, explicó Carolina Mejías, directora ejecutiva de MPA. “Luego brindaremos apoyo al personal de alcance de los centros de salud comunitarios para que realicen actividades de alcance y capacitación en sus propias comunidades, utilizando la metodología de entrenamiento para entrenadores. Los enfoques basados y dirigidos por la comunidad son los más eficaces, se adaptan a las necesidades de cada comunidad y garantizan la efectividad de la capacitación”.

Los centros impactarán a las comunidades en sus actividades con los recursos proporcionados a través del proyecto con el fin de aumentar el acceso a conocimiento y a recursos sobre la adopción de prácticas para la mitigación de efectos y la adaptación al cambio climático. En su fase actual, los dos centros de salud pilotos en Puerto Rico y Santa Cruz, junto a un Comité Asesor Científico, brindarán comentarios e informarán las necesidades a medida que implementen el proyecto para adaptar los recursos y el currículo. El proyecto se implementará en cinco centros de salud en Puerto Rico y uno en Santo Tomás para 2025.

En islas como Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, donde existe una gran dependencia de productos importados, los sistemas alimentarios locales desempeñan un papel importante a la hora de proveer alimentos nutritivos y culturalmente apropiados después de una emergencia. Por tanto, los productores locales son agentes clave para salvaguardar la seguridad alimentaria local.

“Las personas que trabajan en la agricultura están sumamente expuestas de los impactos climáticos; su salud y bienestar deben tenerse en cuenta cuando hablamos de adaptación al cambio climático”, dijo el Dr. Luis Alexis Rodríguez-Cruz, científico social y coinvestigador principal del proyecto. “Uno de los objetivos de este proyecto es apoyar su capacidad de adaptación a través de la red de centros de salud comunitarios que ya prestan servicios a las comunidades agrícolas”, enfatizó.El proyecto es auspiciado por fondos del Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura (NIFA, por sus siglas en inglés) del USDA.

“Este importante proyecto se esfuerza por apoyar a las comunidades agrícolas en el aprendizaje e incorporación de prácticas sostenibles que no sólo protegerán a sus comunidades durante las crisis provocadas por el clima, sino que también forjarán salud y bienestar a largo plazo y asegurarán fuentes de alimentos en el Caribe”, añadió la Dra. Pagán Santana. “La crisis climática está aquí y debemos responder rápida y agresivamente”, indicó.

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