El Gobierno de Puerto Rico rechazó este jueves la interpretación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre la reforma contributiva impulsada por la gobernadora Jenniffer González Colón, al sostener que la medida es fiscalmente neutral y responde al compromiso de aliviar la carga contributiva de la clase trabajadora.

El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, afirmó desde La Fortaleza que en su comunicación la Junta “reconoce la pesada carga contributiva que tiene nuestra clase trabajadora y valida el tipo de medida de alivio contributivo que la Gobernadora radicó en el día de hoy”, al tiempo que subrayó que el compromiso de la administración es cumplir con la ciudadanía mediante la aprobación de una reforma contributiva.

Peña Payano sostuvo que la reducción del gasto gubernamental, el aumento en ingresos y la eliminación de exenciones permitirán que la reforma presentada sea fiscalmente neutral, y expresó desacuerdo con la lectura de la Junta, al señalar que históricamente se ha negado a reconocer que los ingresos y el control del gasto han sido mayores a los estimados.

El funcionario indicó que la comunicación de la JSF tomó por sorpresa al Ejecutivo, ya que, según dijo, la Junta no había compartido previamente sus preocupaciones ni los datos utilizados para llegar a sus conclusiones, lo que impidió recrear y comparar los estimados de ambas partes. En ese contexto, confirmó que la administración de González Colón mantendrá el diálogo con la Junta para lograr el alivio contributivo que, afirmó, “la clase trabajadora en la Isla se merece”.

La reacción del Ejecutivo se produjo luego de que la Junta de Supervisión Fiscal concluyera que la reforma contributiva propuesta por la gobernadora y actualmente evaluada por la Legislatura viola disposiciones de la ley federal PROMESA, al reducir ingresos recurrentes sin identificar mecanismos permanentes que compensen el impacto fiscal. La determinación quedó plasmada en una carta enviada el viernes a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes.

El pronunciamiento respondió a una solicitud formal de revisión preliminar presentada por ambos líderes legislativos, relacionada con la propuesta para reducir de forma permanente las tasas del impuesto sobre ingresos individuales, radicada como el Proyecto del Senado 912 y el Proyecto de la Cámara 1014, conocidos en conjunto como la reforma contributiva.

La comunicación de la Junta coincidió con el día en que la gobernadora remitió a la Legislatura un proyecto de ley adicional para que la clase trabajadora reciba un cheque de alivio contributivo durante este ciclo fiscal, mientras continúan los trabajos legislativos sobre la reforma estructural.

En su evaluación, la JSF reconoció la intención de aliviar la carga contributiva, pero sostuvo que la medida, según redactada, no constituye una reforma integral ni sostenible a largo plazo y no cumple con los parámetros fiscales vigentes. La Junta advirtió que aprobar legislación ad hoc sin planificación financiera de largo plazo enviaría una señal de retorno a prácticas fallidas del pasado.

De acuerdo con el análisis fiscal incluido en la carta, la reforma provocaría una reducción neta estimada de $370 millones en recaudos para el año fiscal 2026, resultado de $563 millones en reducciones contributivas frente a $193 millones en ingresos compensatorios preliminares.

La Junta recalcó que PROMESA y el Plan Fiscal certificado exigen que cualquier reducción contributiva sea neutral en ingresos o fiscalmente responsable en el largo plazo, con medidas recurrentes equivalentes que sustituyan la pérdida de recaudos.

Desde la oposición, el secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Calderón Cerame, calificó la determinación de la Junta como otra promesa incumplida y un reflejo de la improvisación del gobierno del PNP, y afirmó que el PPD y su liderato legislativo están disponibles para aportar a una discusión contributiva “seria y con datos creíbles”, al tiempo que reclamó una reducción responsable del costo de vida para la ciudadanía.

El Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía de Aguadilla, presentó hoy 13 cargos criminales contra Giselle M. Barada Sánchez, de 35 años, por delitos que incluyen trata humana, maltrato de menores, negligencia, violaciones a la Ley de Sustancias Controladas, amenaza, agresión contra cuatro menores de edad y falsificación de documentos, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Las fiscales Eileen I. Quintana González y Belinda Brignoni Hernández presentaron los cargos ante el juez Orlando Avilés, del Tribunal Municipal de Aguadilla, quien determinó causa para arresto en todos los delitos imputados.

Al momento, se le impuso a la imputada una fianza global de $325,000, la cual no prestó, por lo que fue ingresada a prisión. La vista preliminar fue señalada para el 13 de febrero de 2026.

Según la investigación, los cargos están relacionados con hechos que afectaron a sus cuatro hijos, así como a otras tres personas que fueron víctimas de la falsificación de documentos. Los incidentes ocurrieron en el municipio de Isabela.

La pesquisa, realizada por la Policía de Puerto Rico, bajo la dirección del agente Luis Arce Tirado, junto al Ministerio Público, reveló que Barada Sánchez sometió a sus hijos de 15, 13, 11 y 8 años a un patrón de maltrato físico, psicológico y amenazas, lo que provocó daños a su salud y a su integridad física y emocional.

De acuerdo con la investigación, el patrón de maltrato incluyó agresiones físicas, lenguaje soez, amenazas, uso de sustancias controladas frente a menores, alimentación deficiente y abandono.

Asimismo, se alega que la imputada incurrió en trata humana y explotación sexual en relación con una de sus hijas, con el propósito de obtener sustancias controladas.

La investigación también reveló que la mujer distribuyó sustancias controladas a otra de sus hijas e intentó estrangular a otra.

La reforma contributiva propuesta en el Proyecto de la Cámara 1014 tendría un impacto macroeconómico significativo en la economía de Puerto Rico, con un multiplicador estimado de $2.57 por cada dólar de alivio fiscal, según expuso la Junta de Planificación de Puerto Rico (JP) durante su ponencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.

Como parte de su análisis técnico, la JP evaluó un escenario que contempla una inyección aproximada de $550 millones a la demanda agregada mediante la reducción de la carga contributiva a los hogares, lo que se traduciría en un impacto total de $1,413 millones en producción local, al considerar efectos directos, indirectos e inducidos.

El presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales Martínez, explicó que el análisis se realizó utilizando la Matriz de Insumo-Producto 2017 y un marco de simulaciones diseñado para medir cómo los cambios contributivos se reflejan en la actividad económica.

“(….) El impacto dinámico de una reforma contributiva debe traducirse con agilidad en mayor actividad productiva, recaudos más sólidos y un entorno más propicio para futuras iniciativas de política pública”, expresó.

Según la evaluación presentada, la reforma contributiva también proyecta la creación de 9,139 empleos y un aumento de $388.9 millones en ingreso salarial, lo que equivale a un efecto aproximado de 1.12% del Producto Interno Bruto.

Morales Martínez sostuvo que el alivio contributivo adquiere mayor relevancia en un contexto en el que el ingreso real de los hogares se ha visto presionado por la inflación.

“La evaluación de medidas de alivio contributivo adquiere relevancia en un contexto donde el ingreso real de los hogares ha estado presionado por la inflación, lo que convierte esta reforma en una herramienta para fortalecer la demanda agregada, apoyar el consumo interno y dinamizar sectores claves de la economía”, indicó.

Por su parte, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) expresó su respaldo al Proyecto de la Cámara 1014 al considerar que la reducción de la carga contributiva individual no debe verse únicamente como un alivio fiscal, sino como un instrumento de desarrollo económico.

En su memorial explicativo, el DDEC planteó que la actualización de las escalas contributivas permitiría aumentar el ingreso disponible de los trabajadores y las familias, estimular el consumo interno y fortalecer la competitividad fiscal de Puerto Rico frente a otras jurisdicciones.

“El P. de la C. 1014 atiende la necesidad impostergable de actualizar las escalas contributivas vigentes… con el propósito de modernizarlo, atemperarlo a las realidades económicas actuales y reducir la carga contributiva sobre individuos, redundando en mayores ingresos y liquidez para los contribuyentes”, señaló la agencia.

El DDEC también destacó que la reforma forma parte de un proceso escalonado iniciado en 2025, mediante la aprobación de diez leyes dirigidas a simplificar el sistema contributivo y ampliar exenciones, por lo que el proyecto representa el próximo paso en la revisión de la contribución sobre ingresos individuales.

Asimismo, la agencia sostuvo que la reducción contributiva contribuiría a la retención de capital humano, la creación y retención de empleos y el fortalecimiento del clima de negocios.

Las interrupciones prolongadas del servicio eléctrico en la región metropolitana y la tardanza en el restablecimiento de la energía continúan afectando la seguridad, la salud y la actividad económica de miles de residentes, según expusieron municipios y agencias del Gobierno en ponencias sometidas a la Cámara de Representantes como parte de la investigación ordenada por la Resolución de la Cámara 404.

La medida ordena a la Comisión de la Región Metro investigar la merma de personal de LUMA Energy, LLC y el impacto directo que esa reducción ha tenido en los tiempos de respuesta del sistema eléctrico en municipios como San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas, entre otros.

Desde el ámbito municipal, la alcaldesa de Aguas Buenas, Karina Nieves Serrano, describió un panorama de interrupciones recurrentes y prolongadas que, según explicó, se han extendido por períodos significativamente mayores a los observados en años anteriores.

En su ponencia, señaló que el gobierno municipal ha recibido múltiples querellas relacionadas con la tardanza en la atención de averías, incluso en situaciones que no responden a eventos atmosféricos extraordinarios, lo que apunta a una insuficiencia de personal técnico y de campo asignado al municipio.

“La falta de personal suficiente para atender las averías de manera oportuna y eficiente parece ser una causa directa de estas tardanzas”, expuso la alcaldesa.

En el caso de San Juan, el municipio coincidió con los planteamientos de la resolución cameral. La directora de Asuntos Legales del Municipio, Vanessa Jiménez Cuevas, recordó que el alcalde Miguel Romero Lugo decretó una emergencia municipal en junio de 2024 debido a la condición del sistema eléctrico y la limitada información provista sobre los procesos de recuperación del servicio.

“A pesar de múltiples gestiones, incluyendo comunicaciones directas con la presidencia de LUMA Energy, no se proveyó información clara y actualizada sobre averías, desconexiones programadas ni sobre la ubicación de brigadas de trabajo en la jurisdicción municipal. Esta ausencia de comunicación efectiva obligó al gobierno municipal a intervenir de forma inmediata ante el riesgo real que dichas circunstancias representaban para la seguridad, la salud, la propiedad y la continuidad de los servicios esenciales”, dijo en la ponencia.

Mientras, el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y zar de energía, Josué Colón Ortiz sostuvo que las dificultades operacionales y de confiabilidad del sistema eléctrico no responden a falta de recursos públicos, sino a incumplimientos contractuales, negligencia gerencial y decisiones administrativas erradas por parte de LUMA.

“La aparente reducción del personal técnico y de campo de LUMA está incidiendo negativamente en los tiempos de restablecimiento del servicio eléctrico y en la capacidad del sistema para responder de manera oportuna y eficiente a averías”, planteó Colón Ortiz.

El Zar de Energía también señaló que la AAPP ha requerido información detallada a LUMA sobre reducciones en su plantilla laboral y ajustes operacionales, pero que la empresa ha incurrido en retrasos y respuestas incompletas.

LUMA se defiende

Por su parte, LUMA Energy rechazó que exista una reducción de personal técnico y de campo en la región metro y sostuvo que la premisa de la resolución es incorrecta.

“Dicha Resolución Conjunta parte de la premisa incorrecta de que LUMA Energy ha reducido su personal técnico y de campo en la Región Metro, y que como consecuencia se han visto afectado el tiempo de restablecimiento del servicio eléctrico”, sostuvo la empresa en su memorial explicativo.

En su memorial explicativo, la empresa aseguró que mantiene una fuerza de campo robusta y flexible, compuesta por aproximadamente 1,053 trabajadores distribuidos en equipos especializados a través de la isla, y que la asignación de brigadas en la región metro se ha mantenido esencialmente constante en los pasados años fiscales.

“LUMA mantiene una fuerza de campo robusta y flexible, compuesta por aproximadamente 1,053 trabajadores de campo distribuidos en equipos con funciones especializadas a través de toda la isla”, indicó.

LUMA argumentó que, aunque las métricas de desempeño a nivel isla reflejan aumentos en la frecuencia y duración de interrupciones, en la región metro los datos muestran una mejoría en los indicadores de confiabilidad, aun cuando el número de brigadas se mantiene prácticamente igual.

“Cuando comparamos las métricas de desempeño durante los primeros seis meses de cada año fiscal correspondientes a la Región Metro, observamos que las brigadas se mantienen prácticamente constantes, mientras que las métricas de desempeño mejoran”, expuso.

La empresa atribuyó los retos operacionales a la falta de acceso a fondos y a limitaciones presupuestarias que han afectado el mantenimiento planificado del sistema de transmisión y distribución.

“La falta de acceso a los fondos asignados para la operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución (T&D) continúa impactando negativamente la confiabilidad del servicio eléctrico, ya que ha limitado la ejecución de mantenimiento planificado y trabajos preventivos esenciales”, indicó la empresa.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) concluyó que la reforma contributiva propuesta por la gobernadora, Jenniffer González Colón, y que actualmente evalúa la legislatura, viola disposiciones de la ley federal PROMESA, al reducir ingresos recurrentes sin identificar mecanismos permanentes que compensen el impacto fiscal, según una carta enviada el viernes a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes.

El pronunciamiento surgió tras una solicitud formal de revisión preliminar hecha por ambos presidentes, relacionada con la propuesta de la gobernadora para reducir permanentemente las tasas del impuesto sobre ingresos individuales, radicada como el Proyecto del Senado 912 y el Proyecto de la Cámara 1014, mejor conocido como la reforma contributiva.

En su evaluación, la Junta reconoció la intención de aliviar la carga contributiva de los contribuyentes, pero sostuvo que la medida, según redactada, no constituye una reforma integral ni sostenible a largo plazo, ni cumple con los parámetros fiscales vigentes.

“La aprobación de legislación ad hoc sin consideraciones de planificación financiera a largo plazo enviaría una señal de retorno a prácticas fallidas del pasado”, advirtió la Junta en la carta.

De acuerdo con el análisis fiscal incluido en el documento, la reforma contributiva provocaría una reducción neta estimada de $370 millones en recaudos para el año fiscal 2026, producto de un impacto total de $563 millones en reducciones contributivas frente a ingresos compensatorios preliminares estimados en $193 millones.

La Junta subrayó que PROMESA y el Plan Fiscal certificado exigen que cualquier reducción contributiva sea neutral en ingresos o fiscalmente responsable en el largo plazo, lo que implica identificar medidas recurrentes equivalentes para sustituir la pérdida de recaudos.

“El Plan Fiscal exige que cualquier reforma fiscal o iniciativa de ley tributaria que el gobierno emprenda o implemente sea neutral en materia de ingresos o, de lo contrario, fiscalmente responsable a largo plazo. En concreto, el Plan Fiscal establece que «todas las reducciones de impuestos deben ir acompañadas de medidas específicas de compensación de ingresos… de al menos el mismo importe o mediante reducciones compensatorias del gasto público identificadas en la legislación aplicable”, indicó la JSF.

Además, la Junta advirtió que la aprobación de la medida podría activar una violación adicional de PROMESA, al crear una deficiencia presupuestaria que requeriría una reprogramación de fondos no certificada previamente por el ente fiscal.

Según el documento, la reforma “crearía una deficiencia de ingresos que probablemente requeriría una reprogramación presupuestaria”, lo que está prohibido bajo la Sección 204(c) de PROMESA sin la evaluación y certificación previa de la Junta.

La JSF también señaló que la propuesta contributiva debe evaluarse dentro del contexto más amplio de otras medidas fiscales aprobadas o en discusión, que en conjunto podrían representar un impacto agregado de aproximadamente $340 millones en recaudos entre los años fiscales 2026 y 2028.

“Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal, al considerarlas en conjunto y utilizando estimaciones multianuales comparables, se proyecta que estas medidas fiscales promulgadas y pendientes generen un impacto agregado en los ingresos de aproximadamente $340 millones durante el período fiscal 2026-2028 para el Estado Libre Asociado y los municipios”, pronunció el ente fiscal.

Aunque rechazó respaldar la reforma contributiva según presentada, la Junta reconoció que aún existe espacio para otorgar alivio contributivo de forma no recurrente, como un incentivo reintegrable, siempre que sea consistente con los recursos disponibles y no comprometa la estabilidad fiscal.

“(…) Una posible fuente de asistencia para los contribuyentes individuales podría ser un incentivo o reembolso no recurrente y reembolsable por un monto consistente con los cambios en las tasas, compensado por la eliminación del descuento a los contribuyentes, que se distribuiría entre el grupo de contribuyentes individuales que se habría beneficiado de la propuesta de los Proyectos de Ley”, planteó la Junta.

La Junta dejó claro que se reserva el derecho de intentar impedir la implementación de la medida si la legislatura procede con su aprobación en violación de PROMESA.

“Tenga en cuenta que la Junta de Supervisión Fiscal se reserva el derecho de tomar las medidas que considere necesarias, de conformidad con los artículos 104(k), 108(a) y 204 de PROMESA, incluyendo la búsqueda de recursos para impedir la implementación y el cumplimiento de los proyectos de ley. Esperamos que dicha acción no sea necesaria”, añadió el ente.

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