En el Mes Internacional de la Mujer, voces del sector de las comunicaciones advirtieron que la conversación sobre equidad de género sigue incompleta. Aunque sostienen que las mujeres han ganado visibilidad, acceso y participación en espacios, aún persiste una pregunta clave: quiénes forman parte de esa conversación.

La interrogante surgió en el pódcast Con Los Editores, donde la comunicadora Yizette Cifredo y la escritora Ana Teresa Toro coincidieron sobre los avances y brechas.

Cifredo planteó que, aunque se han logrado avances significativos, quedan conversaciones importantes por tener sobre quién ocupa los espacios donde se toman decisiones que afectan la vida de las mujeres. Además, indicó que es necesario cuestionar quiénes ocupan los espacios de poder.

“Tenemos que hablar sobre quiénes están tomando decisiones sobre nosotras y nuestros cuerpos y nuestro futuro y nuestras vidas”, cuestionó la comunicadora.

“En términos de conversaciones que se tienen que dar, es que tenemos que hablar de lo que nos pertenece, esos derechos que nos pertenecen y es mínimo la equidad, es mínimo que estemos equiparadas en todos los sentidos, así que hay muchas conversaciones que se tienen que dar”, añadió.

Es precisamente desde ese planteamiento que Toro aprovechó para señalar que la conversación sobre igualdad también debe integrar a los hombres, particularmente en un contexto donde los cambios sociales han generado tensiones en algunos sectores de la masculinidad contemporánea.

“Te escucho, y faltan unos protagonistas fundamentales de esta conversación, que es el lugar de los hombres en la búsqueda de la equidad […] Entonces, necesitamos más hombres en la conversación sobre los temas de las mujeres, no diciéndonos lo que tenemos que hacer, sino incorporándose a compartir el espacio”, sostuvo la escritora.

Toro explicó que, aunque hay mujeres que han avanzado hacia una mayor independencia, existen sectores masculinos que no cuentan con modelos claros para relacionarse con esa nueva realidad.

Espacios no asegurados

Durante la conversación, también se destacó que, a pesar de los avances, especialmente en la educación, los medios y la política, los cambios no están necesariamente consolidados. Toro señaló que los espacios de poder continúan siendo frágiles y que, a nivel global, existen señales de retroceso en los derechos de las mujeres.

“En muchísimos países en el mundo, el retroceso es avasallador y la situación de las niñas, ahora mismo en Afganistán una niña no puede ir a la escuela, entonces no podemos desconectarnos de esa realidad porque estemos viviendo ahora nosotros algo que parece un ensayo de una libertad que no todas poseemos”, sostuvo.

La autora añadió que la lucha por la equidad debe verse como un proceso continuo que requiere vigilancia y participación activa, inclusive desde la niñez.

Precisamente, Cifredo explicó que uno de los retos más importantes comienza en edades tempranas, cuando la autoestima puede influir en las aspiraciones futuras de niñas y jóvenes.

Relató que, durante años, trabajó con programas enfocados en el desarrollo de la autoestima infantil. “Fue bien impresionante entender cómo el factor confianza empezaba a limitarlas, apagaba su potencial como atletas, académicamente, cómo eso iba desencadenando en una serie de consecuencias donde la mujer ya no se atrevía a levantar la voz, ocupar espacio, aspirar a posiciones de liderazgo”, describió.

Las reflexiones de ambas profesionales formarán parte de MujerES, una jornada dedicada al crecimiento profesional y personal de mujeres emprendedoras, empresarias y líderes, que se celebrará el 27 de marzo en Vivo Beach Club en Carolina. El evento abordará temas como liderazgo, finanzas, proyección personal, confianza y sororidad.

Mira el episodio del pódcast Con Los Editores completo aquí:

En medio de la controversia pública de los pasados días entre el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la gobernadora Jenniffer González Colón, y que ha escalado particularmente en redes sociales, diversas voces hicieron un llamado a la prudencia y al diálogo. Estas subrayaron la importancia de bajar el tono del intercambio y que los líderes resuelvan sus discrepancias en privado.

El presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Ramón Barquín, subrayó que “lo primero que tiene que anteponerse es el interés colectivo y las instituciones, a lo que son las luchas individuales”.

“Tengo una opinión en cuanto a lo que está pasando, pero no la voy a expresar por respeto a los participantes. Sé dónde han fallado y sé dónde ha habido un pie forzado. Al final del día, las discusiones tienen que estar centradas en los problemas de Puerto Rico”, expresó Barquín.

En ese contexto, el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y empresario retirado Manuel Cidre, hizo un llamado a la conciliación. “Creo que hay talento suficiente de ambos lados, para sentarse en la mesa y buscar una paz por el bienestar del país… Si yo fuera la gobernadora, y si yo fuera el presidente del Senado en este momento, yo exigiría una reunión a puerta cerrada, pero que no nos pudiéramos levantar de la misma, durara lo que durara hasta llegar a un acuerdo responsable. Que juntos pudiésemos informárselo al país y, por ende, darle tranquilidad y sosiego a Puerto Rico”.

Por su parte, la economista Heidi Calero también apostó al diálogo. “Necesitamos que estos dos entes hagan sus discusiones en privado, no en público, y que lleguen a un acuerdo para el bien de Puerto Rico […] no arresten todo el proceso de política pública, el proceso de aprobación de legislación, que son importantes para mover la economía de Puerto Rico”, acotó.

Otra figura del sector privado que tomó la palabra fue la presidenta de la Cámara de Comercio, Margaret Ramírez Báez.

“Desde el sector privado, hacemos un llamado a la prudencia, al respeto institucional y a la búsqueda de consensos. Las diferencias son naturales en un sistema democrático; sin embargo, deben canalizarse de forma que no comprometan la agenda de crecimiento económico ni el bienestar colectivo”, expresó Ramírez Báez.

La controversia ya comienza a generar preocupación sobre el clima de inversión. “Toda esta disputa entre el presidente del Senado y la gobernadora realmente no abona a un clima de certeza, especialmente para proyectos de inversión de capital. El capital es cobarde y lo que quiere es certeza. Ante esa incertidumbre, pues algunos de esos proyectos se pueden paralizar, impactando entonces nuevamente lo que sería el crecimiento económico de la isla”, señaló Calero.

La economista recordó que el archipiélago aún vive en una depresión económica con un crecimiento tímido, según informes de la Junta de Supervisión Fiscal.

La controversia entre líderes locales coincide con un clima de inestabilidad a nivel de geopolítica global. En las semanas recientes, el conflicto con Irán se ha intensificado tras una ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel iniciada a finales de febrero de 2026. La guerra ha disparado los precios del crudo, un impacto que se siente rápidamente en toda la economía porque el petróleo es base para transporte, energía y producción.

“Toda esta pelea chiquita cobra mayor relevancia dentro de un globo que está ardiendo en fuego, con cuatro guerras mundiales en ciernes, con una situación en el Medio Oriente que no se ve nada halagadora, con un costo del petróleo que no tiene precedentes, con unos intereses que siguen siendo altos. Me parece que este no es el momento para dirigir todos los esfuerzos políticos y públicos en esa dirección”, dijo Cidre.

De extenderse, la controversia podría pasar factura al desarrollo económico de Puerto Rico, expresó, por su parte, Barquín. “Estamos en guerra, tenemos un reto enorme, no solamente en cuanto a la seguridad, sino nuestra economía, que es el tema primario que tiene que atenderse y que, por supuesto, está interdependiente de la suficiencia energética y, en Puerto Rico, ni tan siquiera sus utilidades hoy son confiables”.

En iguales términos se expresó Cidre. “Si el sector productivo del país, desde el pequeño hasta el grande, no vislumbra esto como una situación pasajera y lo ve como una enfermedad interna más allá del costo del petróleo, el futuro de Puerto Rico, desde el punto de vista de desarrollo económico, no importa los intentos que se hagan, no importa los documentales que se hagan, no importa la ferias a las que asistamos, no importa el reshoring que tengamos que hacer, cualquier esfuerzo en esa dirección será altamente peligroso porque no vamos a tener gente que esté mirando a Puerto Rico con seriedad”, señaló el exsecretario del DDEC.

Mientras tanto, Ramírez Báez alertó que “Puerto Rico compite globalmente por capital, talento y proyectos de desarrollo. En ese contexto, la isla no puede darse el lujo de enviar señales mixtas o de inestabilidad. La inversión privada requiere previsibilidad, reglas claras y un entorno donde prevalezca la colaboración y el diálogo constructivo”.

Luz al final del túnel

En ese escenario, voces del sector empresarial coinciden en que, más allá de las diferencias, existe una responsabilidad compartida de encaminar el diálogo. Cidre sostuvo que, desde su experiencia, “nadie llega a esas posiciones para hacerlo mal”, por lo que exhortó tanto al presidente del Senado como a la gobernadora a ponerse de acuerdo en beneficio del país. Alertó que “en el cansancio de un pueblo, se toman decisiones muy malas”.

De igual forma, Barquín reconoció que ambos líderes tienen estilos distintos, pero que, a su juicio, comparten un interés genuino en trabajar por Puerto Rico.

“Reconozco las frustraciones que pueden tener cada uno con los estilos del otro, porque son estilos diferentes. Ahora, no tengo duda de que, cuando llega el momento de apostar… los dos tienen intereses muy genuinos de poder ayudar y facilitar”, dijo el presidente del CUD.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés), bajo la administración Trump, propuso cambiar unas regulaciones que, hace dos años, robustecieron estándares para el manejo de óxido de etileno (EtO, en inglés), un químico con alto riesgo cancerígeno utilizado por manufactureras para la esterilización de equipo médico.

La agencia planteó que las normas que estableció la pasada administración, que requerían eliminar el 99.9 % de las emisiones liberadas, “amenazan” la capacidad de las instalaciones para esterilizar equipos, como marcapasos, catéteres y ventiladores, y ponen en riesgo una de las pocas opciones disponibles para una cadena de suministro de equipos médicos esenciales.

Entre los cambios propuestos por la nueva administración, la EPA, bajo la dirección de Lee Zeldin, sugirió modificar el requisito de utilizar sistemas de monitoreo continuo de emisiones, las normas de revisión tecnológica para nuevos respiraderos de cuartos de aireación y las de confinamiento total permanente.

Estos requerimientos, sin embargo, proponían atender fallas documentadas en estas empresas, como subrepresentación de emisiones liberadas y exceso de emisiones, que podrían incidir en la salud de las comunidades aledañas. Las reglas establecidas en 2024 respondían a “nueva ciencia” que encontró una asociación entre la sustancia y varios tipos de cáncer —mama, leucemia y linfoma no Hodgkin— por exposición a largo plazo; a corto plazo, puede ocasionar dolores de cabeza, mareos, movimientos espasmódicos y convulsiones.

Para alcanzar el porcentaje de reducción, las empresas debían invertir millones de dólares en adquirir el equipo correctivo del que ahora la EPA desiste. Pero en enero del año pasado, la administración Biden estableció un proceso de exención presidencial de esa normativa por la “incapacidad de las instalaciones para cumplir con los estándares requeridos antes de las fechas límite de cumplimiento”, lee el comunicado oficial.

La EPA, en 2022, había identificado cuatro de siete compañías en Puerto Rico que utilizan EtO, el químico que representa alto riesgo de cáncer: Steri-Tech, en Salinas; Customed, en Fajardo; Medtronic, en Villalba; y Beckton Dickinson (antes Edwards Lifesciences) en Añasco. Desde entonces, la agencia eliminó esa advertencia cuando se introdujeron las normas nuevas y las esterilizadoras habían comenzado esfuerzos para cumplirlas.

Aunque hay un período de 45 días para recibir comentarios del público sobre la propuesta, si se aprueba como está redactada, la norma daría, a las esterilizadoras, la opción de instalar un nuevo sistema de monitoreo o realizar ajustes a las normas de EtO de 2024 para revisiones de ventiladores de aireación cuando la emisión sea superior a diez toneladas por año.

En declaraciones escritas entregadas a Metro Puerto Rico, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Waldemar Quiles Pérez, estableció que, en el Área de Calidad de Aire, se requiere que estas instalaciones “continúen cumpliendo con los requisitos aplicables de la regulación federal vigente, específicamente el Título 40 del Código de Regulaciones Federales Parte 63, Subparte O”.

Desalentadas las comunidades

Wanda Ríos Colorado, líder comunitaria salinense de la urbanización vecina de Steri-Tech, criticó la propuesta de la EPA, al entender que se revierte el adelanto alcanzado, además de otros esfuerzos que quedaron nulos tras el cambio de gobierno federal, como un estudio epidemiológico comandado por Ponce Health Sciences University.

Ese proyecto, que sería financiado con fondos de la EPA, tomaría pruebas de sangre en los residentes en La Margarita, donde residen Ríos Colorado y más familias, para contrastar los niveles de EtO con muestras tomadas en otras zonas, más alejadas del foco de exposición. Este esfuerzo científico tenía potencial para legitimar el reclamo de habitantes que han notado alta incidencia de cáncer en la comunidad, pero según la líder comunitaria, los recortes en la agencia desincentivaron el estudio.

Sobre la operación vecina, dijo: “Nos parece que han aumentado el número de equipo médico que están esterilizando”, tras fijarse en mayor actividad interna en Steri-Tech y adquisiciones adicionales de maquinaria. “Ahora tienen sus propios camiones para controlar quién entra y quién sale. Parece que buscan mercancía y la llevan”, observó.

Ríos Colorado sostuvo que la comunidad ha denunciado el uso de EtO y argumentó que existen otros métodos de esterilización aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), como el peróxido de hidrógeno vaporizado. A través de este proceso, se “desactiva” o “potencialmente mata microorganismos dañinos” sin afectar el dispositivo médico, explica el comunicado de prensa de la FDA.

“Con esto de que Trump quiere volver a lo anterior es más alarmante”, lamentó Ríos Colorado.

Víctor Alvarado Guzmán, fundador y coordinador del Comité Diálogo Ambiental y también líder de Salinas, describió como “injusta” la eliminación de las protecciones contra las emisiones de óxido de etileno.

“Recuerdo que la EPA nos informó que las emisiones de óxido de etileno de Steri-Tech en mi ciudad natal eran tan altas que teníamos una de las tasas más altas de riesgo de cáncer por aire tóxico en Estados Unidos”, declaró en un comunicado de la organización Earthjustice.

Ríos Colorado añadió que quisiera instalar sensores fijos alrededor de La Margarita para monitorear los niveles del tóxico. “Tendríamos que buscar dinero de otro lado para hacer esas pruebas”, detalló.

La norma propuesta por la EPA impactará a 90 instalaciones comerciales de esterilización, que pertenecen a aproximadamente 50 empresas.

Ocho jóvenes empresarias reconocidas en La Fortaleza por su gestión bajo el decreto de Joven Empresario de la Ley 60, otorgado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), aprovecharon un encuentro con la gobernadora Jenniffer González Colón para destacar retos relacionados con permisología, procesos regulatorios, aseguradoras y validación de credenciales profesionales, en una conversación en la que también participó, en exclusiva, Metro Puerto Rico.

El reconocimiento se llevó a cabo en el Salón de los Espejos, como parte de las actividades del Mes Internacional de la Mujer, donde las emprendedoras recibieron un Certificado de Mujer Joven Emprendedora por su trayectoria empresarial en sectores que van desde servicios legales y salud especializada hasta educación temprana, turismo y agricultura.

La empresaria venezolana Sofía Vegas, quien reside en Puerto Rico desde 2023, se dedica al bienestar y la salud holística, y estableció un proyecto que ofrece prácticas de yoga y coaching, llamado SVG Method LLC.

“Quería crear un negocio de lo que amaba hacer (dar clases de yoga), y, a la vez, crear comunidad y sumar a la vida de las personas a través del movimiento consciente y el bienestar”, publicó la empresaria en redes sociales.

A través de su iniciativa, impulsa espacios dedicados al autocuidado, la conexión personal y el equilibrio entre la salud física y emocional. Señaló que uno de los principales retos que ha enfrentado como empresaria ha sido el proceso de obtener permisos del Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico.

“He llamado y es bien difícil que te atiendan. Tengo que separar dos horas de mi día para ir a la oficina”, dijo, antes de agradecer a González Colón y al subsecretario del DDEC, Carlos Ríos Pierluisi, quien también estuvo en la ceremonia.

Por su parte, Andreina Ovando, puertorriqueña de nacimiento pero neoyorquina de crianza, regresó a Puerto Rico recientemente para fundar Enlight Learning Center, un centro educativo enfocado en el desarrollo integral de la niñez. Ante el reconocimiento, destacó el deseo de continuar impulsando iniciativas que aporten al futuro del país.

“Después de los huracanes, muchos de mis familiares se fueron a vivir a Estados Unidos, pero a mí me encantaría seguir creciendo, fomentando mi visión y misión aquí, que es fortalecer la inteligencia emocional de nuestros niños, no solamente ayudándolos en lo académico, sino enseñarles que sus emociones pueden ser controladas y ellos puedan aprender a través de ellas”, expresó Ovando.

“Quisiera seguir creciendo para que mis familiares, que se tuvieron que ir de Puerto Rico, puedan regresar a vivir en el paraíso”, continuó.

Ovando detalló que el principal reto de su emprendimiento en Puerto Rico ha sido el proceso de validación en la isla de sus licenciaturas relacionadas al campo de la educación y psicología. Explicó que ha acudido a agencias gubernamentales, incluido el Departamento de Educación (DE) y el Departamento de Salud (DS), sin lograr completar el trámite.

Según esta, la situación llegó al punto de que, junto a su esposo, consideró la posibilidad de contratar a otra persona para administrar el centro educativo, mientras buscaba otro empleo que le permitiera sostener sus gastos diarios.

Mientras, Jennifer Peña Romero fundó Pelvic Harmony LLC, una práctica especializada en terapia física de piso pélvico enfocada en la salud y el bienestar de la mujer. A través de su trabajo, ofrece servicios basados en evidencia científica dirigidos a mujeres en distintas etapas de su vida, incluyendo procesos relacionados con el embarazo y el posparto.

“Me siento un poco en las nubes porque yo no había contemplado, saliendo de mi doctorado, que esto era lo que yo iba a hacer […] Hoy, básicamente, es como una validación de todos los sacrificios que hemos hecho todas”, dijo Peña Romero.

La empresaria detalló que su mayor reto ha sido el proceso con las aseguradoras, particularmente debido a la estructura de pagos que enfrentan especialistas en terapia física de piso pélvico. Conforme a esta, la situación está vinculada a disposiciones de la Ley de Terapia Física vigente en Puerto Rico, que requiere un referido médico para que los pacientes puedan recibir estos servicios y que, a su juicio, no refleja la evolución académica de la profesión hacia un nivel doctoral.

Peña Romero indicó que, debido a que su especialidad requiere atender un paciente por hora, aceptar aseguradoras no resulta económicamente viable para su práctica.

“Solamente puedo ver a un paciente por hora, y entonces, si yo cojo aseguradoras, pues básicamente mi negocio se iría a la quiebra porque no es costo efectivo”, explicó.

Entre las otras homenajeadas, estuvieron Angelee Ortiz Ortiz, dedicada a la administración y arrendamiento de propiedades a corto y largo plazo en Puerto Rico; así como Josmarian Ríos Rodríguez y Gretchen Gracia González, cofundadoras junto a María del Mar Villamil del proyecto legal Abogando, una iniciativa que busca ofrecer asesoría jurídica accesible y orientada al servicio comunitario.

Reconocimiento bajo decreto de joven empresario

Según el subsecretario del DDEC, el reconocimiento busca destacar a jóvenes que han utilizado el programa de incentivos para iniciar sus negocios.

“Se eligieron a ocho jóvenes mujeres que solicitaron y obtuvieron el decreto de joven empresario, para celebrarlas, para reconocer ese esfuerzo, esa valentía y ese empuje de decidir emprender”, explicó Ríos Pierluisi.

Añadió que el programa otorga beneficios como exenciones contributivas, de patentes municipales y de impuestos sobre propiedad durante los primeros años de operación del negocio. Bajo este decreto, los jóvenes empresarios de entre 16 y 35 años pueden recibir 100 % de exención sobre ingresos brutos de hasta $500,000 durante los primeros tres años de operación, así como exención total de patentes municipales y del impuesto sobre propiedad mueble, con el objetivo de permitir que los nuevos negocios reinviertan sus ingresos en su desarrollo inicial.

De acuerdo con datos del DDEC, desde la creación del programa en 2019, se han aprobado 2,518 decretos de joven empresario, y solo el año pasado se aprobaron más de mil solicitudes.

La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, aseguró que no contempla abandonar su cargo ante la posibilidad de que se apruebe una reforma que transforme el modelo de administración judicial hacia uno de coadministración.

“Lo que te puedo decir es que no tengo ningún plan de retirarme de mi posición ni de claudicar mi presidencia”, sostuvo al ser cuestionada sobre si, de cambiar el esquema vigente, se mantendría en el cargo.

Sus expresiones se producen en medio del debate legislativo sobre el Proyecto del Senado 1096, una medida que propone modificar la estructura administrativa del Poder Judicial, actualmente centralizada en la figura de la jueza presidenta.

Oronoz Rodríguez explicó que el Poder Judicial ha optado por participar del proceso legislativo con el fin de “ilustrar el efecto concreto” que podrían tener algunas de las enmiendas propuestas, sin asumir una postura confrontativa en esta etapa.

Como parte de ese proceso, confirmó que ha sostenido reuniones con el presidente del Senado, el liderato de la Cámara de Representantes y la gobernadora, en un intento por abrir canales de diálogo institucional sobre la medida.

La jueza presidenta defendió el modelo actual de administración centralizada del Poder Judicial, al argumentar que ha demostrado ser efectivo para responder con agilidad a situaciones de crisis y a las necesidades operacionales del sistema.

Como ejemplo, mencionó la capacidad de respuesta del sistema judicial tras eventos como los huracanes Irma y María, los terremotos en el sur y la pandemia del COVID-19, periodos en los que los tribunales lograron mantener servicios esenciales con rapidez.

A su juicio, el modelo propuesto de coadministración podría provocar el efecto contrario.

“Cuando tú diluyes la línea de mando y cuando tú diluyes la toma de decisiones, diluyes también la responsabilidad… haces un proceso mucho más ineficiente, mucho más lento”, advirtió.

Asimismo, planteó que una reforma de esta magnitud debería estar sustentada en una necesidad institucional claramente demostrada, apoyada en métricas y evidencia concreta.

“El Poder Judicial funciona y funciona bien… hay espacio para revisar procesos, pero una reforma tan amplia debe responder a qué se quiere mejorar y si eso se puede atender de otra manera”, sostuvo.

Sobre otro de los cambios propuestos, la eliminación de la figura del juez municipal, la jueza presidenta advirtió que estos funcionarios cumplen un rol esencial como primera línea de atención en el sistema judicial.

Indicó que atienden situaciones urgentes fuera del horario regular, incluyendo órdenes de protección, procesos criminales y emergencias de salud mental, por lo que su eliminación requeriría una reconfiguración completa del sistema para garantizar que esos servicios continúen.

“La necesidad no va a mermar porque se elimine la categoría de juez municipal. Alguien tiene que dar ese servicio”, puntualizó.

Transmisiones, seguridad y escoltas

En otros temas, la jueza presidenta abordó el debate sobre las transmisiones de procesos judiciales, al señalar que el sistema busca balancear la transparencia con la protección de los derechos de las partes involucradas.

Reconoció que el ecosistema digital actual —donde los contenidos pueden ser recortados y viralizados— presenta retos adicionales para la Rama Judicial, particularmente en cuanto al control del uso de los vídeos.

A esto se suma un aumento en las amenazas contra jueces, un fenómeno que describió como global y que también afecta a Puerto Rico.

“La vulnerabilidad de las personas que ocupamos estos puestos es real”, indicó, al señalar que se han registrado casos de violencia contra jueces en distintas jurisdicciones.

En ese contexto, explicó que el sistema judicial cuenta con mecanismos de seguridad a través del cuerpo de alguaciles para atender situaciones de riesgo. Aseguró que, contrario a percepciones públicas, la jueza presidenta no cuenta con escolta personal. “La jueza presidenta no tiene escolta… la jueza presidenta, nosotros tenemos un cuerpo de alguaciles que, entre sus funciones, están las funciones de seguridad. Tenemos un cuerpo de alguaciles en todos los tribunales en Puerto Rico, el Tribunal Supremo, en el Tribunal de Apelaciones, de Primera Instancia y tienen diversas funciones, entre ellas asuntos de seguridad, pero hace muchísimas otras funciones”.

La falta de adiestramiento entre profesionales de la salud está profundizando los estigmas contra la población con síndrome de Down, pese a que este grupo presenta una mayor prevalencia de condiciones que requieren atención especializada y digna. La experiencia de Lily Carmen Benítez, una joven de 13 años, lo evidencia: sus padres, José y Kristen Friscia Benítez, se han visto obligados a abandonar citas médicas y de laboratorio ante la carencia de conocimiento adecuado.

Esta disparidad en la atención, ante un contexto en el que personas con síndrome de Down son más prevalentes a padecer cáncer y desarrollar comorbilidades, alarmó a la pareja fundadora de Lily’s Angels Down Syndrome Awareness Foundation, dedicada a aumentar conciencia y acceso a terapias para esta comunidad.

“La paciencia, la manera que ellos tienen que hablar —se llama health literacy (literacia médica)— para que puedan sacar la información pertinente y de verdad dar un camino que es adecuado a lo que está presentando en el área de salud, esas áreas son brechas todavía. Son brechas que, con educación y con acceso a salud, hay soluciones”, afirmó la madre de la joven y directora ejecutiva de la Fundación.

Según el Informe del Sistema de Vigilancia y Prevención de Defectos Congénitos del 2023 del Departamento de Salud, que analizó estadísticas del 2016 al 2020, el síndrome de Down fue la quinta condición más común en Puerto Rico, con una prevalencia promedio de 15.1.

Friscia Benítez enfatizó que esta población tiene necesidades específicas que, en comparación con la población general, es “mucho mayor”, pero notó ese desfase en la atención médica. Si bien señaló esa brecha, reconoció que, a través de los años, ha mejorado el cuidado, notable en la salud de la comunidad, pero aseguró que la concienciación debe continuar.

En el caso de Lily, por un problema en su oreja, un otorrinolaringólogo tuvo que extirparle los adenoides, que son glándulas ubicadas detrás de la nariz que filtran los gérmenes y ayudan al desarrollo del niño. “Mi oído está mejor ahora”, dijo la adolescente, sonriente. Estos padecimientos en el área de los ojos, boca y nariz, conocido por sus siglas en inglés como ENT, son comunes entre esta población.

Conforme a estadísticas provistas por la Fundación, entre un 60 % y 80 % de niños con el síndrome padece algún nivel de pérdida auditiva. De estos, un 91 % presenta problemas en ambos oídos y un 75 % tiene historial de infección crónica del oído. Un 38 % de los menores adquiere otitis media serosa, una acumulación de un fluido no infeccioso en la oreja que dificulta la audición.

De acuerdo con la organización, estas manifestaciones suelen identificarse erróneamente como “asuntos de comportamiento”, lo que propicia diagnósticos incorrectos y tratamientos aplazados.

La familia Benítez compartió que la mayoría de las personas con síndrome de Down desarrolla, alrededor de los 40 años, la enfermedad de Alzheimer, que es la principal causa de muerte de personas mayores de 35 años con el trastorno. Mientras que, un 70 % puede ser diagnosticado con demencia cerca de los 54 años.

Si bien el riesgo a desarrollar cáncer de mama y pulmón es 65 % y 90 % menos, respectivamente, la comunidad con el síndrome tiene diez a 20 veces mayor riesgo de adquirir leucemia en la niñez, es 4.3 veces más probable a que desarrolle cáncer testicular y 3.7 veces más, cáncer de hígado.

De las comorbilidades, aproximadamente la mitad de las personas con el trastorno padecen defectos congénitos del corazón y hasta un 80 %, apnea obstructiva del sueño, contra casi el 1 % de la población general. Entre un 15 % y 20 % de personas con la condición padece hipotiroidismo, mientras que en la población general varía entre 1 % y 2 % y, de obesidad, hay una disparidad de entre un 50 % y 60 % y un 36% en el resto de la población.

Ante estas disparidades, la Fundación organizó Soy Parte: Más Acceso, Mejor Salud, una jornada educativa y de concienciación dirigida a familias y al público en general. En el evento, asistirán tres médicos especialistas —un otorrinolaringólogo especializado en cirugía plástica, una especialista en salud materno infantil y un radiooncólogo— para hablar sobre el acceso a salud para esta población.

Además de la jornada, a celebrarse este sábado, 21 de marzo, en The Mall of San Juan, habrá una exhibición fotográfica de 21 jóvenes, aludiendo al número del cromosoma con tres copias en las células, que ocasiona el síndrome. El evento concluye con una caminata dentro del centro comercial.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.