La defensa del caso contra Elvia Cabrera, co-acusada por la muerte de Gabriela Nicole Pratts en agosto del pasado año busca paralizar el juicio que está pautado para comenzar el 13 de febrero.

Según explicó el licenciado Alberto Rivera, la representación legal de Cabrera solicitará al Tribunal de Apelaciones la revisión de dos solicitudes de desestimación de cargos contra la coacusada.

Del mismo modo, en caso de que no se comience con el proceso, la co acusada tendrá derecho a quedar en libertad bajo supervisión del estado.

“Anticipamos que el tribunal va a imponer una restricción domiciliaria, lockdown 24/7 en lo que podemos dirimir la controversia ante el Apelativo si es que se paraliza”, explicó el abogado de defensa.

Por su parte, el fiscal Orlando Velázquez señaló que el caso no debe ser paralizado.

“No pienso que lo deben paralizar porque usando el ejemplo del caso de Anthonieska, solo se paralizó un día y se declaró no ha lugar. Creo que a base de la resolución de los jueces que tomaron en consideración lo planteado por la defensa en este caso, no debe haber ninguna paralización”, expresó a las afueras del tribunal.

La jueza del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito, Paola Morales Vélez, determinó el pasado 23 de enero de 2026, que no procede la solicitud de la defensa de Elvia Cabrera Rivera para desestimar el caso en su contra por la muerte de Gabriela Nicole Pratts Rosario.

Actualmente, Cabrera Rivera permanece recluida a la espera del inicio del juicio. Mientras que su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, quien tenía 17 años al momento de los hechos y será procesada como adulta, deberá enfrentar la etapa de vista preliminar.

A ambas se les impuso una fianza de $1 millón, la cual no prestaron.

El juicio contra Cabrera Rivera está pautado para comenzar el próximo 13 de febrero, con la selección del jurado. Según se informó en sala, se espera la comparecencia de alrededor de 40 testigos y la evaluación de cinco paneles de candidatos para conformar el jurado.

En medio del tranque legislativo que rodea la reforma contributiva, la gobernadora Jenniffer González Colón anunció el jueves que su administración radicará un proyecto para otorgar un cheque directo de alivio contributivo a los contribuyentes, mientras la asamblea legislativa continúa evaluando la reforma contributiva que no estará lista para este ciclo.

La mandataria explicó que la medida busca evitar que los ciudadanos enfrenten incertidumbre en este ciclo, que, anunció, comenzará el 9 de febrero, un día antes que el año anterior. Esto mientras se discute varios elementos en controversia de la reforma.

Asimsimo, precisó que, ante el interés de la legislatura de revisar propuestas como la eliminación de exenciones contributivas relacionadas con placas solares y vehículos de lujo híbridos, optó por separar el alivio inmediato de la discusión de fondo de la reforma, mejor conocido como un “incentivo reintegrable”.

Explicó que este enfoque permitirá que el beneficio llegue a los contribuyentes sin modificar exenciones vigentes, mientras se le concede más tiempo a la legislatura para evaluar alternativas que formen parte de una reforma contributiva permanente.

“Mañana vamos a estar erradicando un proyecto de administración para poder otorgar este cheque de alivio, de beneficio, en este ciclo contributivo, corriéndolo con las economías que he generado como gobernadora durante el pasado año. De esta manera no se aplica en ninguno de los exenciones”, expresó la gobernadora.

De acuerdo con la gobernadora, el proyecto permitirá que las personas comiencen a rendir planillas sin retrasos y reciban el alivio contributivo mediante un cheque directo, aun cuando el proceso legislativo continúe.

“De esta manera no se aplica en ninguno de los exenciones o la restricción en las exenciones que se habían puesto en la reforma y le da tiempo a la asamblea legislativa a revisar cada una de esas propuestas”, explicó.

La gobernadora también adelantó que el cheque directo de alivio contemplará beneficios ampliados para familias con menores de edad y ajustes en las tasas contributivas para personas con ingresos menores de $100,000, utilizando fondos que, según dijo, ya se encuentran en reserva.

“Este beneficio contributivo tenemos el dinero… queremos que este beneficio sea permanente y por eso es importante la aprobación del proyecto de reforma contributiva”, afirmó González, al reiterar que el alivio inmediato no estará condicionado al desenlace legislativo.

Durante el mensaje, el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja, detalló que la agencia ya se encuentra preparada para incorporar múltiples beneficios contributivos aprobados mediante legislación previa y que estarán vigentes en este ciclo.

“Hemos estado trabajando de cara a este ciclo contributivo incluyendo las leyes que se aprobaron al cierre del año 2025”, indicó el funcionario.

Entre las medidas que ya entran en vigor se incluyen el aumento en las deducciones de cuentas IRA de $5,000 a $7,000, el incremento en las IRA educativas, la exención sobre ganancias de capital en la venta de una residencia principal, beneficios contributivos para personas con discapacidad, la exención del impuesto sobre alimentos y medicamentos recetados, así como medidas dirigidas a agricultores bona fide y organizaciones sin fines de lucro.

Además, Hacienda implementará cambios administrativos para simplificar el cumplimiento contributivo, incluyendo la unificación del IVU municipal mediante una sola plataforma digital.

El anuncio ocurre en un contexto de tensión política por la falta de información fiscal solicitada por la legislatura y los señalamientos públicos sobre la viabilidad de implementar la reforma contributiva en este mismo ciclo.

No es un evento primerizo

De hecho, el uso de un incentivo reintegrable como alternativa ante la falta de una reforma contributiva aprobada no es nuevo.

Durante la administración del exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia, optó por este mecanismo en el 2024, luego de que no prosperara su propuesta de reforma contributiva para ese ciclo. La medida se utilizó para devolver a los contribuyentes parte del exceso de recaudos acumulados por el gobierno durante el ciclo contributivo del 2023.

En ese momento, el Departamento de Hacienda desembolsó alrededor de $250 millones a unos 150,000 contribuyentes, tras recibir la autorización de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). El incentivo aplicó a personas con un ingreso neto sujeto a contribución de entre $41,500 y $250,000, con cheques que comenzaron en $200, como un alivio contributivo temporero ante la ausencia de cambios estructurales al sistema contributivo.

Pierluisi intentó repetir la medida en el 2025, para el ciclo contributivo correspondiente al 2024. Sin embargo, en esa ocasión la Junta no aprobó la propuesta.

En un paseo a lo largo de la Laguna San José, que se extiende entre San Juan y Carolina, los tonos verdosos acaparaban el cuerpo de agua, una señal del crecimiento de microalgas. El equipo del Programa del Estuario de la Bahía de San Juan lo señaló como poco común para esta temporada, mientras se dirigía hacia la primera instalación de un sistema de boyas equipadas para monitorear continuamente la calidad del agua.

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Mediante un esfuerzo colaborativo entre el Estuario y el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), seis boyas analizarán cinco parámetros que presenten los “signos vitales” del agua desde la Laguna del Condado, el río Piedras, el Caño Martín Peña y la Laguna Torrecillas, que también componen el estuario.

Según la directora ejecutiva del Programa del Estuario, Brenda Torres Barreto, la recopilación tradicional de datos es limitada por los métodos empleados bajo condiciones estables, pero los datos cobran mayor valor cuando ocurren disturbios, tormentas u otros cambios severos en el medioambiente.

“Nosotros queremos saber cómo está reaccionando ese cuerpo de agua. El ser humano, por razones de seguridad, no puede tirarse a la calle. Tener un sistema remoto nos apoya a obtener datos de manera constante, cada 15 minutos”, abundó la profesional en sostenibilidad desde un muelle frente a la Laguna San José.

Subvencionado a través del Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Agencia de Protección Ambiental federal, cada boya estará equipada con sensores para detectar niveles de oxígeno disuelto, turbidez, pH, conductividad y color del agua.

El director científico del Programa, Jorge Bauzá Ortega, estimó que cada unidad costó $50,000, pero podría variar por los sensores y equipos introducidos. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados también hizo una aportación estatal de pareo de fondos.

Velan por potencial desarrollo de riesgo a salud

Esos datos, que se registrarán automáticamente en una plataforma digital desarrollada por un equipo del RUM, permitirán estudiar el comportamiento del agua y su potencial impacto a la salud marina y pública. Además, sirven como base científica para justificar la otorgación de fondos federales para este proyecto.

Según Bauzá Ortega, un posible riesgo para la población es una sobrepoblación de microalgas, que pueden liberar toxinas, alcanzar comunidades al volatilizarse y ocasionar problemas respiratorios o asma. Si bien ha ocurrido en la Florida y otras jurisdicciones, nunca ha ocurrido en Puerto Rico y este monitoreo constante permite garantizar soluciones permanentes.

“Para proteger, hay que entender. A largo plazo, no es monitorear la contaminación o las microalgas, es implementar esas acciones que tenemos bien identificadas con ayuda de agencias y partners (socios): el dragado [del] Caño Martín Peña, eliminar descargas en la cuenca arriba que llegan de Río Piedras y la Quebrada Juan Méndez”, propuso el director científico.

Torres Barreto, por su parte, recordó cuando en 2020, luego de una sequía, una tormenta tropical arrastró aguas contaminadas a la Laguna San José, donde especies debilitadas “no pudieran manejarse por las toxinas de las microalgas que existían en ese momento”. “Con esto, no sé si pudimos haber evitado que ocurriera eso, porque a través del partnership (alianza) tenemos ese tipo de comunicación con las agencias y municipios”.

En el caso del RUM, Gustavo Martínez Rodríguez amplió sobre cómo, con los datos, podrá generar una plataforma predictiva con algoritmos e imágenes satelitales para analizar niveles de clorofila —lo que provoca el color verde— en el cuerpo de agua para conocer la productividad de las microalgas.

“El hecho de tener una boya que nos dé información continua nos va a agilizar ese proceso de validación de esta plataforma”, comparó contra el proceso regular de recopilar manualmente en el estudio de campo. Bajo la supervisión de Martínez Rodríguez, también se desarrolló la página donde se depositan los datos crudos que recopilan las boyas.

Según la directora ejecutiva del Programa del Estuario, quien exhortó a la ciudadanía a cuidar este sistema, cada tres meses se rendirá un informe en el que grupos científicos y ciudadanos puedan acceder y conocer qué significan los datos.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.

El Senado concurrió el jueves con las enmiendas incluidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 923 que enmienda el “Código Penal de Puerto Rico”, para tipificar como asesinato la muerte de un concebido.

La medida, que fue aprobada el pasado martes en la Cámara de Representantes con 33 votos a favor, pasará al escritorio de la gobernadora Jenniffer González Colón.

La legislación busca armonizar el marco penal con recientes cambios en las leyes civiles, particularmente tras la aprobación de la Ley Keyshla Madlane y la Ley 183-2025 que reconoce al concebido como ser humano y persona natural. Con esta enmienda, se reafirma que el asesinato incluye la muerte de un concebido durante cualquier etapa del embarazo.

El texto aprobado establece que “asesinato es dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente”, y que, para efectos del Código Penal, el término ser humano incluye al concebido en el vientre materno. “Para propósito de este capítulo ser humano incluirá al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno”, lee la enmienda propuesta.

La gobernadora expresó el miércoles 14 de enero que, aunque en un momento pretendió retirar la medida, determinó dejarla ante la Asamblea Legislativa para que lo evalúe.

“Dije que se podía retirar, pero la secretaría de Justicia nos dijo que no está mal el que el proyecto se radique, así que lo dejamos ahí para que se evalúe. Así que, se puede aprobar y lo que hace es dejarlo más claro o se puede dejar sin aprobar porque cuando se aprobó la ley del nasciturus se incluyó también”, dijo en aquel momento.

“Cuando nosotros redactamos el proyecto de ley era para hacer una enmienda a la ley de Keishla Madlane, que dispone que cuando una persona asesina a alguien o le ocasiona la muerte una mujer embarazada, el feto también cuenta como si fuera un asesinato adicional, así que eso se convirtió en ley, sin embargo, había una renumeración del artículo y este proyecto lo que buscaba era, en vez de identificar el artículo que se enmendó, cambiarlo a otro número”, mencionó.

“No se está añadiendo nada nuevo. Eso lo que dispone cuando el año pasado aprobamos la ley de Keishla Madlane, dispone que si tú le ocasionas la muerte a una mujer embarazada, es un asesinato matar al feto, eso es lo que dispone este proyecto de ley”, añadió.

“Este asunto del Proyecto del Senado 923 que deja de manera completamente clara, como lo pretendí yo en el Proyecto de Senado 3, que hoy es ley, no afecta en nada ni confunde a nadie. Está clarísimo. Y si hubiera que legislar por todas las vías, por todas las veces que sea necesario para proteger la vida, yo lo haría. Ojalá este proyecto fuera algo para restringir más el aborto, y yo estaría a favor. Estaría aquí defendiéndolo con la misma vehemencia. Yo no tengo problemas con eso”, expresó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz cuando aprobó la medida el pasado miércoles 14 de enero.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez explicó el pasado martes 27 de enero que “aquí nosotros estamos hablando del asesinato de una mujer que tiene en su vientre un ser humano debidamente concebido y desarrollándose. De eso es que trata este proyecto. No tiene que ver nada con el aborto”.