En un paseo a lo largo de la Laguna San José, que se extiende entre San Juan y Carolina, los tonos verdosos acaparaban el cuerpo de agua, una señal del crecimiento de microalgas. El equipo del Programa del Estuario de la Bahía de San Juan lo señaló como poco común para esta temporada, mientras se dirigía hacia la primera instalación de un sistema de boyas equipadas para monitorear continuamente la calidad del agua.

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Mediante un esfuerzo colaborativo entre el Estuario y el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), seis boyas analizarán cinco parámetros que presenten los “signos vitales” del agua desde la Laguna del Condado, el río Piedras, el Caño Martín Peña y la Laguna Torrecillas, que también componen el estuario.

Según la directora ejecutiva del Programa del Estuario, Brenda Torres Barreto, la recopilación tradicional de datos es limitada por los métodos empleados bajo condiciones estables, pero los datos cobran mayor valor cuando ocurren disturbios, tormentas u otros cambios severos en el medioambiente.

“Nosotros queremos saber cómo está reaccionando ese cuerpo de agua. El ser humano, por razones de seguridad, no puede tirarse a la calle. Tener un sistema remoto nos apoya a obtener datos de manera constante, cada 15 minutos”, abundó la profesional en sostenibilidad desde un muelle frente a la Laguna San José.

Subvencionado a través del Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Agencia de Protección Ambiental federal, cada boya estará equipada con sensores para detectar niveles de oxígeno disuelto, turbidez, pH, conductividad y color del agua.

El director científico del Programa, Jorge Bauzá Ortega, estimó que cada unidad costó $50,000, pero podría variar por los sensores y equipos introducidos. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados también hizo una aportación estatal de pareo de fondos.

Velan por potencial desarrollo de riesgo a salud

Esos datos, que se registrarán automáticamente en una plataforma digital desarrollada por un equipo del RUM, permitirán estudiar el comportamiento del agua y su potencial impacto a la salud marina y pública. Además, sirven como base científica para justificar la otorgación de fondos federales para este proyecto.

Según Bauzá Ortega, un posible riesgo para la población es una sobrepoblación de microalgas, que pueden liberar toxinas, alcanzar comunidades al volatilizarse y ocasionar problemas respiratorios o asma. Si bien ha ocurrido en la Florida y otras jurisdicciones, nunca ha ocurrido en Puerto Rico y este monitoreo constante permite garantizar soluciones permanentes.

“Para proteger, hay que entender. A largo plazo, no es monitorear la contaminación o las microalgas, es implementar esas acciones que tenemos bien identificadas con ayuda de agencias y partners (socios): el dragado [del] Caño Martín Peña, eliminar descargas en la cuenca arriba que llegan de Río Piedras y la Quebrada Juan Méndez”, propuso el director científico.

Torres Barreto, por su parte, recordó cuando en 2020, luego de una sequía, una tormenta tropical arrastró aguas contaminadas a la Laguna San José, donde especies debilitadas “no pudieran manejarse por las toxinas de las microalgas que existían en ese momento”. “Con esto, no sé si pudimos haber evitado que ocurriera eso, porque a través del partnership (alianza) tenemos ese tipo de comunicación con las agencias y municipios”.

En el caso del RUM, Gustavo Martínez Rodríguez amplió sobre cómo, con los datos, podrá generar una plataforma predictiva con algoritmos e imágenes satelitales para analizar niveles de clorofila —lo que provoca el color verde— en el cuerpo de agua para conocer la productividad de las microalgas.

“El hecho de tener una boya que nos dé información continua nos va a agilizar ese proceso de validación de esta plataforma”, comparó contra el proceso regular de recopilar manualmente en el estudio de campo. Bajo la supervisión de Martínez Rodríguez, también se desarrolló la página donde se depositan los datos crudos que recopilan las boyas.

Según la directora ejecutiva del Programa del Estuario, quien exhortó a la ciudadanía a cuidar este sistema, cada tres meses se rendirá un informe en el que grupos científicos y ciudadanos puedan acceder y conocer qué significan los datos.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.

El Senado concurrió el jueves con las enmiendas incluidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 923 que enmienda el “Código Penal de Puerto Rico”, para tipificar como asesinato la muerte de un concebido.

La medida, que fue aprobada el pasado martes en la Cámara de Representantes con 33 votos a favor, pasará al escritorio de la gobernadora Jenniffer González Colón.

La legislación busca armonizar el marco penal con recientes cambios en las leyes civiles, particularmente tras la aprobación de la Ley Keyshla Madlane y la Ley 183-2025 que reconoce al concebido como ser humano y persona natural. Con esta enmienda, se reafirma que el asesinato incluye la muerte de un concebido durante cualquier etapa del embarazo.

El texto aprobado establece que “asesinato es dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente”, y que, para efectos del Código Penal, el término ser humano incluye al concebido en el vientre materno. “Para propósito de este capítulo ser humano incluirá al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno”, lee la enmienda propuesta.

La gobernadora expresó el miércoles 14 de enero que, aunque en un momento pretendió retirar la medida, determinó dejarla ante la Asamblea Legislativa para que lo evalúe.

“Dije que se podía retirar, pero la secretaría de Justicia nos dijo que no está mal el que el proyecto se radique, así que lo dejamos ahí para que se evalúe. Así que, se puede aprobar y lo que hace es dejarlo más claro o se puede dejar sin aprobar porque cuando se aprobó la ley del nasciturus se incluyó también”, dijo en aquel momento.

“Cuando nosotros redactamos el proyecto de ley era para hacer una enmienda a la ley de Keishla Madlane, que dispone que cuando una persona asesina a alguien o le ocasiona la muerte una mujer embarazada, el feto también cuenta como si fuera un asesinato adicional, así que eso se convirtió en ley, sin embargo, había una renumeración del artículo y este proyecto lo que buscaba era, en vez de identificar el artículo que se enmendó, cambiarlo a otro número”, mencionó.

“No se está añadiendo nada nuevo. Eso lo que dispone cuando el año pasado aprobamos la ley de Keishla Madlane, dispone que si tú le ocasionas la muerte a una mujer embarazada, es un asesinato matar al feto, eso es lo que dispone este proyecto de ley”, añadió.

“Este asunto del Proyecto del Senado 923 que deja de manera completamente clara, como lo pretendí yo en el Proyecto de Senado 3, que hoy es ley, no afecta en nada ni confunde a nadie. Está clarísimo. Y si hubiera que legislar por todas las vías, por todas las veces que sea necesario para proteger la vida, yo lo haría. Ojalá este proyecto fuera algo para restringir más el aborto, y yo estaría a favor. Estaría aquí defendiéndolo con la misma vehemencia. Yo no tengo problemas con eso”, expresó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz cuando aprobó la medida el pasado miércoles 14 de enero.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez explicó el pasado martes 27 de enero que “aquí nosotros estamos hablando del asesinato de una mujer que tiene en su vientre un ser humano debidamente concebido y desarrollándose. De eso es que trata este proyecto. No tiene que ver nada con el aborto”.

Agentes de la Policía de Puerto Rico del Precinto de Loíza investigan un caso de menores tras recibir una querella sobre una situación sospechosa alrededor de las 11:20 a.m. de hoy en la carretera 964, sector Miñi Miñi, en el barrio Medianía Alta.

Según informó la querellante, trabajadora social de la escuela Eladio Rivera Quiñones, un menor llegó al plantel con signos de poca higiene. Ante la situación, el personal escolar realizó una visita al hogar para verificar su bienestar.

Al llegar, encontraron la residencia en condiciones infrahumanas, con excremento de animales en las camas y pisos, comida en estado de descomposición y ropa acumulada. La madre y encargada legal, de 44 años, vive en el lugar con tres menores de 12, 15 y 16 años.

La Unidad de Investigaciones de Carolina del Departamento de la Familia continúa con las pesquisas conforme a la ley y los protocolos aplicables en casos que involucran a menores.

La agente María L. Pagán, de la División de Delitos Sexuales, bajo la supervisión del sargento Manuel Cruz Carlo y junto a la fiscal Keisha Díaz, evalúa el caso para la radicación de cargos en las próximas horas.

Loíza activa protocolos en caso de menores en condiciones infrahumana

La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, confirmó que el personal municipal de atención a la familias trabaja en conjunto con el Departamento de la Familia (DF), Departamento de Educación (DE), y los componentes de la Policía estatal y municipal, en la atención de un caso de emergencia social identificado en la Comunidad Miñi Miñi en Medianía Alta

“En este lamentable caso, se identificaron menores de edad viviendo en un hogar que está en condiciones que no son las apropiadas. Como educadora que soy, debo agradecer al personal del Departamento de Educación (DE), que identificaron el caso, y eso evidencia que la vocación con el bienestar de los menores va más allá de dar clases”, expuso la alcaldesa.

Según se informó, al haber tres menores afectados, el Departamento de la Familia se hizo cargo del caso, mientras el Municipio colabora con la familia en diversas necesidades, incluida una situación relacionada con el servicio eléctrico.

“La madre de los menores nos indica que han tenido problemas porque la mitad de la estructura está sin electricidad, a causa de los cambios de voltaje”, agregó Nazario Fuentes.

La Cámara de Representantes aprobó durante la Sesión Ordinaria el Proyecto de la Cámara 950 para ampliar la vigencia de la licencia de armas a un periodo de cinco años, así como atender disposiciones que garanticen la uniformidad, eficiencia administrativa y cumplimiento con las normas de seguridad aplicables.

La pieza de los representantes Estrella Martínez Soto y Félix Pacheco Burgos tiene la intención de agilizar el proceso de expedición de una licencia para portar armas a víctimas de violencia de género, eliminando el procedimiento provisional que solo otorga el permiso por un periodo de 90 días.

“Si bien el mecanismo provisional cumple con un propósito de respuesta rápida para salvaguardar la seguridad inmediata de las víctimas, entendemos que el mismo debe evolucionar hacia un proceso más ágil y permanente”, indicó la representante Martínez Soto en la exposición de motivos.

El lenguaje del proyecto plantea que el estado de derecho actual “genera una carga emocional y administrativa tanto para la víctima como para la propia Policía de Puerto Rico, particularmente para la División de Reglamentos de Armas y Expedición de Licencias, que enfrenta limitaciones de personal y recursos operacionales”.

Igualmente, se dio paso al Proyecto de la Cámara 971, del líder presidencial, el representante Carlos Méndez Núñez, que enmienda el Código Municipal de Puerto Rico para restablecer dentro de las condiciones generales para el ingreso al servicio público municipal que el solicitante no haya sometido ni intentado someter información falsa, incorrecta o engañosa en solicitudes de examen, reclutamiento o empleo.

Según el informe de la Comisión de Asuntos Municipales, presidida por el representante Luis Pérez Ortiz, la propuesta “fortalece la coherencia en el estado de derecho vigente, reafirmando el rol rector de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) en materia de habilitación de empleados públicos, a la vez que se garantiza que los municipios operen bajo los principios uniformes de mérito, transparencia y legalidad”.

También pasó el cedazo legislativo el Proyecto de la Cámara 361, del representante Joe Colón Rodríguez, para enmendar la Ley de la Junta Examinadora de Candidatos al Ejercicio de la Agronomía y de Agrónomos, y del Colegio de Agrónomos, y así establecer que tendrá derecho a una licencia para ejercer la profesión toda persona que posea un título o grado de bachillerato en artes en agricultura sustentable, que apruebe un examen de reválida para obtener la autorización.

Asimismo, fue aprobado el Proyecto del Senado 79, para enmendar la Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra, a los fines de cumplir con la política pública de centralizar los procesos de permisos en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), a la vez que pone en manos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) la fiscalización de dichos permisos.

Además, se refrendó el Proyecto del Senado 516, que enmienda la Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico, a los fines de establecer, actualizar y publicar digitalmente en la página cibernética oficial de la Oficina los programas, beneficios, servicios, actividades e instalaciones disponibles para los adultos mayores.

Mientras, el Proyecto del Senado 348 fue reconsiderado para crear la Ley de Inteligencia Artificial como herramienta de trabajo e instruccional para estudiantes y maestros en el Departamento de Educación de Puerto Rico.