La Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico continuó hoy, miércoles, entregando en Legislatura resoluciones firmadas por miles de docentes del Departamento de Educación (DE) exigiendo, entre otras cosas, un retiro digno y mejores condiciones laborales.

La maestra y portavoz Mercedes Martínez Padilla llegó a las escalinatas de El Capitolio con 7,000 firmas y pidió que se “abriera la mesa de diálogo” para que la gobernadora Jenniffer González Colón escuchase sus reclamos.

Según Mercedes Padilla, las firmas representan el 26% de los docentes y casi el 40% de las escuelas públicas.

“La semana pasada estuvimos aquí precisamente entregando cerca de 6,500 firmas a las legisladoras Tatiana Pérez Ramírez y a la senadora Brenda Pérez Soto, quienes presiden las comisiones de Educación en Cámara y Senado respectivamente; y adicional a entregar las firmas discutimos con ellos temas de interés”, indicó Martínez Padilla.

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Entre sus reclamos, la Federación pide un retiro digno, reducir la edad de jubilación de los compañeros de 50-55 años, poder jubilarse con 25-30 años de servicio, recibir el 75% de su salario como pensión por servicio definido, y restablecer la pensión por incapacidad.

También, reclaman condiciones de trabajo dignas, condiciones de estudio dignas para los estudiantes y que se reduzca dramáticamente el trabajo administrativo; por último, que la ola de calor que se avecina sea atendida con premura.

Del mismo modo, el gremio busca que se apruebe una Ley de Escala Salarial. Sin embargo, esto no le corresponde a Educación ni al Gobierno, ya que pese a que estaba previsto que en enero podrían solucionar el tema del salario, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) demoró los procesos.

La Federación convocó a todos los maestros a llegar hasta La Fortaleza el próximo 7 de abril a las 3:30 p.m. con el fin de entregar todas las firmas a la gobernadora en lo que sería una manifestación pacífica.

“Vamos subiendo la temperatura, nos pusimos las camisas para que los docentes sepan que no estamos solos, que el pueblo sepa que estamos reclamando justicia. Manifestamos nuestra indignación frente a las escuelas en febrero protestando, estuvimos aquí la semana pasada, volvemos aquí a quienes legislan el día de hoy, vamos a Fortaleza y luego con la matrícula decidiremos próximos pasos a seguir porque definitivamente, más allá de promesas huecas, queremos acción”, indicó la portavoz.

“Esto es un reclamo de que hay que escuchar al magisterio, y si no lo escuchan, después de Fortaleza, vamos a tomar otras acciones”, concluyó Martínez Padilla.

La exsecretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez Erazo, dejó abierta la posibilidad de una futura aspiración política dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP), al asegurar que aún no ha tomado una decisión sobre si participaría en una eventual primaria.

Al ser cuestionada en el programa Primer Round de Magic 97.3 sobre a quién respaldaría en un escenario primarista —entre figuras como la gobernadora Jenniffer González Colón o presidente del Senado Thomas Rivera Schatz— Rodríguez Erazo respondió que primero habría que determinar si ella formaría parte de ese proceso.

“Primero hay que ver si yo estaría en una primaria del PNP. No se ha tomado ninguna decisión”, expresó.

Sin embargo, sus declaraciones más contundentes se centraron en lo que describió como un intento de desacreditar su figura utilizando su entorno personal, particularmente su vínculo con su esposo, Elías Sánchez.

“Te confieso a ti que me molesta que me traten de castigar y que hagan como están haciendo ahora que mi nombre cada vez sale más… Ah ‘ella es buenísima, pero mira al esposo’”, sostuvo.

Elías Sánchez fue un cabildero con amplia trayectoria dentro del PNP. Fue director de campaña del exgobernador Ricardo Rosselló en 2016, pero su nombre cobró notoriedad pública tras figurar en el chat de Telegram filtrado en 2019, cuyas revelaciones provocaron el llamado “Verano del 19” y la renuncia de Rosselló.

Rodríguez Erazo cuestionó que ese tipo de señalamientos no se aplique a otras figuras políticas.

“¿A quién más le hablan de su pareja?”, planteó, al sugerir un doble estándar en la manera en que se evalúa su futuro político.

Las expresiones surgen en momentos en que su nombre ha comenzado a sonar con mayor fuerza dentro del panorama político del PNP, alimentando especulaciones sobre una posible candidatura, aunque —según reiteró— aún no ha tomado una determinación final.

La senadora Ada Álvarez Conde presentó el miércoles un proyecto para permitir que, tras la muerte, las cenizas de una persona puedan colocarse junto a las de su mascota, mediante un proceso autorizado y regulado por ley.

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“Este grupo de ciudadanos ha aplicado el mecanismo de proyectos legislativos por petición, que se manifiesta en el Proyecto del Senado 1129”, dijo Ada Álvarez Conde en declaraciones escritas.

“Busca enmendar la Ley de Servicios Funerarios de Puerto Rico y la Ley del Registro General Demográfico para autorizar la co-ubicación de cenizas humanas y de mascotas”, añadió.

La medida surge a petición de ciudadanos y de la Fundación Cuatro Patitas Puerto Rico, quienes impulsaron la propuesta para crear un marco legal que permita esta práctica de forma voluntaria y documentada.

El proyecto establece que los centros de cremación animal deberán emitir un certificado oficial que garantice la trazabilidad de las cenizas, y autoriza a funerarias, cementerios y columbarios a permitir la deposición conjunta.

Además, dispone que el Registro Demográfico incluya esta autorización en el Permiso de Disposición Final, y faculta al Departamento de Salud a establecer reglamentación sanitaria para asegurar el cumplimiento de los requisitos.

Debido a las medidas cautelares impuestas al docente tras haber incurrido en una “falta irremediable”, la mayoría de ellos son enviados a Oficinas Regionales Educativas (ORE) donde, desde un salón, permanecen viendo hacia una ventana, sin tareas ni responsabilidades asignadas.

El personal docente, que, a pesar de seguir recibiendo su remuneración, permanecen separados de su trabajo durante el tiempo en el que la investigación este en curso, sea un mes, seis meses, un año o más, crea una señal de alerta afectando su salud emocional.

En Utuado, un maestro con 31 años de experiencia en la docencia, fue removido de sus labores debido a recibir una medida cautelar.

Tras recibir la notificación, la directora de su escuela, divulgó la información sensitiva por toda la escuela, creándole a este maestro una sombra en sus espaldas y poniendo en entredicho su capacidad para enseñar.

En su caso, fue acusado de haber agredido físicamente a la directora, sin embargo, esta, más tarde frente a los tribunales, cambió su versión indicando que había mentido.

A pesar de que el testimonio fue falso y desestimado, el maestro permanece en medida cautelar desde hace un mes.

En un caso aislado, una confrontación de poder entre una directora y un maestro, culminó cuando la directora devaluó las labores del docente diciendo “yo soy la directora y tu un simple docente”, desprotegiendo al maestro de sus derechos.

La psicóloga Zayana Figueroa Montero, de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR), expresó que “el aislamiento y la incertidumbre” son una alerta roja que afecta negativamente el estado de ánimo de la persona.

“Ahora se le está poniendo en juicio su capacidad de poner en función su labor, por lo que hay que hacer que se sienta útil y productivo con medidas de prevención y mediación”, indicó la doctora.

Entre los casos que se vieron en el panel de la vista pública celebrada hoy, miércoles, por parte de la Comisión de Educación, presidida por Tatiana Pérez Ramírez, hay uno en el que el maestro permanece en medida cautelar hace 10 años sin que le radiquen cargos o celebren una vista adjudicativa a la que tiene derecho.

Ante las denuncias hechas por varios grupos de maestros, y sobre el efecto en su salud emocional, trascendió en la vista pública los servicios del Programa de Ayuda al Empleado (PAE), que está supuesto a prestar servicios confidenciales de intervención breve a personal docente, no docente y sus familias “con el objetivo es prevenir y manejar situaciones laborales o personales (emocionales, legales, familiares) para mejorar el bienestar integral y el desempeño laboral”.

Esta agencia tiene su sede en San Juan, lo que dificulta el acceso a los servicios por parte de los más de 40,000 empleados que trabajan en Educación.

Este dato fue calificado como “alarmante y preocupante” por parte de la representante Pérez Ramírez, quien sostuvo que estos datos abren la puerta para nueva legislación en beneficio de los docentes.

“Sabemos la situación que enfrenta Puerto Rico con la salud mental, al igual que el magisterio, por los retos y las dificultades que también atraviesan. Así que yo creo que disponer de más recursos es necesario”, dijo la legisladora Pérez Ramírez, quien puntualizó que es necesario presentar estas necesidades ahora que se evalúa el presupuesto para el próximo año fiscal.

A raíz de la ponencia de la licenciada Saraí Ruiz Maysonet, en representación del secretario del DE, Eliezer Ramos Parés, se supo que el programa PAE tampoco cuenta con el personal suficiente para atender el volumen de casos y realizar las investigaciones correspondientes.

Actualmente, hay solo una psicóloga y dos trabajadores sociales brindando servicios.

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