Una maestra del programa de Educación Especial, con 19 años de experiencia, estuvo un año y 7 meses removida de sus labores como docente en una escuela en Barceloneta debido a que se le impuso una medida cautelar que al final fue desestimada, y en 2025 volvió a impartir clases sin una transición justa y sin consecuencias para quienes la acusaron falsamente.

Este es uno de 126 casos que, al momento de esta edición, se registraron en el Departamento de Educación (DE), según la licenciada Saraí Ruiz Maysonet, en representación del secretario del DE, Eliezer Ramos Parés.

Las medidas cautelares suponen ser una herramienta de remedio inicial en aquellos casos donde personal del DE, usualmente maestros, son removidos de sus responsabilidades mientras se investigan querellas relacionadas a “riesgo a la salud, vida, seguridad y propiedad moral en el área de trabajo”.

Sin embargo, estas medidas “preventivas” fueron centro del escrutinio legislativo este miércoles cuando la Comisión de Educación, presidida por la legisladora Tatiana Pérez Ramírez investigara el uso, manejo y duración de las medidas cautelares impuestas al personal docente, evaluando así el Proyecto del Senado 224 -que propone establecer límites claros al tiempo que un empleado del DE puede ser separado o trasladado temporalmente de su área de trabajo-.

Actualmente, el DE no tiene un término máximo establecido de duración para “retener” a un docente en una medida cautelar. Así como tampoco hay una notificación adecuada de los cargos por los que el docente ha sido removido de sus labores.

Este fue el caso de un maestro de Educación Física, quien a pesar de contar con 28 años de experiencia y haber recibido acoso laboral de parte de la directora de su escuela, fue enviado a las Oficinas Regionales Educativas (ORE) tras recibir el aviso de que será colocado en medida cautelar.

Actualmente, este profesor lleva dos años en medida cautelar y no fue hasta luego de cumplir el año que supo que la mencionada directora había gestionado una orden de protección en su contra.

Según Ruiz Maysonet, el DE espera a que el proceso de investigación culmine para entonces entregar la declaración jurada “por si el caso incluye menores y/o para evitar que el maestro obstruya los procesos investigativos”.

En ninguno de los casos involucra a menores.

Asimismo, la legisladora Lisie E. Burgos Muñiz expuso que “decidir a quién darle la querella es irrazonable”, reconociendo el derecho legal de toda persona de conocer el proceso.

Las medidas cautelares suponen ser el último recurso por el que pase el magisterio al incurrir en un daño inminente y todos los demás recursos disponibles han sido agotados, sin embargo, se han convertido en una sanción.

Para la presidenta de EDUCAMOS, Eva L. Ayala Reyes, “utilizan la medida cautelar de manera excesiva convirtiéndola en una medida disciplinaria violentando a su vez el debido proceso de ley”.

“Nos alarma el hecho de que pasan meses o años y la investigación no se atiende”, añadió.

Asimismo, el vicepresidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Raúl González Colón, indicó que “debería ser un remedio inicial, no un acto punitivo contra el magisterio”.

Las investigaciones no siguen su curso

Las ORE son las oficinas encargadas de supervisar y apoyar las operaciones escolares en cada región, asegurando la implementación de las políticas educativas. Sin embargo, los maestros citados allí relataron que “mientras la investigación estaba en curso, permanecían aislados en un salón”, imposibilitados de volver al plantel escolar y de continuar con sus deberes en el magisterio.

De los 126 casos, por región educativa se dividen entre Caguas (16), San Juan (24), Arecibo (8), Bayamón (20), Humacao (27), Ponce (18) y en Mayagüez (13).

Educación no supo calcular cuántos de estos casos fueron desestimados por falta ni falsificación de pruebas y terminaron sin acción disciplinaria.

Del mismo modo, alegaron que, debido al alto volumen de querellas, “el término máximo debería ser de un año en armonía con el año académico contemplando justa causa o fuerza mayor sin que se comprometan los procesos”.

Sin embargo, la realidad parece ser otra.

Según los datos provistos por la representante del secretario del DE, indican que hay solo nueve investigadores a nivel Isla, Humacao (1), Caguas (1), Bayamón (2), San Juan (1), Ponce (1) Arecibo (1) y Mayagüez (2), lo que retrasa en demasía los procesos de investigación, perjudicando al docente directamente.

“El problema mayor es la falta de empleados para atender estos casos en las regiones”, indicó el vicepresidente de la Asociación de Maestros.

De igual manera, el proceso administrativo-legal supone celebrarse en el periodo de un año con un tiempo fijo establecido como en otras agencias, pero que en el caso del DE, no existe este tiempo.

Tras escuchar las ponencias, la presidenta de la Comisión solicitó al DE información para la evaluación del proyecto, incluyendo las estadísticas sobre docentes colocados bajo medidas cautelares, casos en los que no se probó causa de la separación, quienes son los supervisores de las ORES y el número de maestros impactados, entre otros datos.

Por otro lado, los docentes en medidas cautelares se encuentran a la espera de una notificación legal oficial que determine sus próximos pasos en el campo de la enseñanza.

Dos turistas fallecieron hoy, miércoles, luego de ser arrastradas por la corriente en la playa La Poza de las Mujeres, en Manatí.

Según información preliminar, las víctimas, dos mujeres de entre 22 y 23 años, provenientes del estado de Michigan, fueron arrastradas por la corriente mientras se encontraban en el lugar.

Personal de Manejo de Emergencias Municipal las rescató, pero al ser evaluadas no presentaban signos vitales.

Hasta el momento, las jóvenes no han sido identificadas oficialmente.

El agente Carlos Cruz, adscrito a la división de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, se dirige a la escena y se hará cargo de la investigación junto al fiscal de turno.

Turista ahogado en playa de Vieques

Por otro lado, en Vieques, un turista falleció ahogado en la playa Punta Arenas.

Samuel Terry Effron, de 56 años y residente del estado de Maine, fue sacado del agua y atendido por paramédicos, quienes certificaron posteriormente la ausencia de signos vitales.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo se hicieron cargo de la investigación.

Persisten condiciones peligrosas en el mar

Las autoridades del tiempo informaron que persisten condiciones peligrosas en el mar con oleaje fuerte y corrientes marinas que pueden ser mortales al menos hasta el jueves.

Hoy se esperan condiciones ventosas con algunos aguaceros pasajeros en Puerto Rico. También puede observarse bruma leve por polvo del Sahara.

El patrón hoy será relativamente seco. La humedad es limitada, por lo que la lluvia será poca y en general ligera, con acumulaciones por debajo de un cuarto de pulgada, principalmente en el este y sureste de Puerto Rico y en las Islas Vírgenes.

Durante la noche y hacia el jueves, el viento disminuirá y la humedad aumentará. Esto favorecerá el desarrollo de aguaceros en la tarde, especialmente en el oeste y noroeste de Puerto Rico, donde pueden registrarse acumulaciones cercanas a una pulgada en sectores aislados. En el resto de la región la lluvia será menor.

Para el viernes se espera un aumento marcado de humedad junto con una vaguada previa a un frente. El viento será más débil y del sureste, lo que provocará temperaturas más altas. Se esperan aguaceros más intensos en la tarde sobre el noroeste de Puerto Rico, con mayor riesgo de inundaciones debido al movimiento lento de la lluvia.

Para hoy, aguaceros aislados. Mayormente soleado. Máxima cerca de 86 grados. Viento del este entre 8 y 15 millas por hora, con ráfagas de hasta 20. Probabilidad de lluvia 20%.

Esta noche, aguaceros dispersos después de la medianoche. Mínima cerca de 70 grados. Viento del este sureste entre 6 y 9 millas por hora. Probabilidad de lluvia 50%.

Para mañana, aguaceros dispersos en la tarde. Mayormente soleado. Máxima cerca de 86 grados. Viento del este sureste entre 7 y 15 millas por hora, con ráfagas de hasta 21. Probabilidad de lluvia 40%.

La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley dos proyectos legislativos que abordan, por un lado, la implementación del Crédito por Trabajo en Puerto Rico y, por otro, una enmienda al Código Penal relacionada con el delito de daños y su vínculo con el escalamiento. Ambas medidas fueron evaluadas y firmadas como parte del trámite legislativo ordinario.

La primera de estas iniciativas, ahora Ley 44-2026 (Proyecto del Senado 244), es de la autoría de la senadora Migdalia Padilla Alvelo y tiene como objetivo maximizar la implementación del Crédito por Trabajo mediante la actualización de referencias a la legislación vigente. De acuerdo con el Ejecutivo, el cambio busca atemperar el lenguaje legal a disposiciones actuales, con el fin de facilitar la administración del programa y reducir posibles errores o retrasos en su ejecución.

El Crédito por Trabajo, conocido en inglés como Earned Income Tax Credit (EITC), es un incentivo contributivo dirigido a personas trabajadoras de ingresos bajos o moderados. Según se detalla, este programa fue impulsado a nivel federal cuando la actual gobernadora se desempeñaba como congresista, lo que permitió que Puerto Rico accediera a fondos federales asociados a este beneficio. No obstante, se señala que la cantidad de recursos disponibles podría ser mayor de no mediar las limitaciones impuestas por el estatus territorial de la isla.

La segunda medida firmada es la Ley 45-2026 (Proyecto del Senado 690), radicada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, junto a los senadores Wilmer Reyes Berríos, Jeison Rosa Ramos, Brenda Pérez Soto y Rafael Santos Ortiz. Esta legislación enmienda el Código Penal de Puerto Rico para incluir el delito de daños en su modalidad menos grave como uno de los delitos base del escalamiento.

De acuerdo con el Ejecutivo, el escalamiento es considerado un delito de naturaleza peligrosa, ya que implica la violación a la seguridad de un hogar o negocio, lo que representa un riesgo significativo para las personas y sus bienes. La enmienda busca atender una disparidad normativa existente, al incorporar expresamente el delito de daños dentro de las conductas que pueden dar paso a este tipo de acusación, aun cuando se trate de su modalidad menos grave.

Según se indicó, con esta modificación se pretende fortalecer la protección de la inviolabilidad del hogar, la seguridad de la propiedad y la coherencia del ordenamiento jurídico vigente.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, se pronunció a favor de la decisión del presidente Donald J. Trump de otorgar una exención temporera de 60 días a la Ley Jones, en medio de la situación actual en el Medio Oriente y las dificultades en el estrecho de Ormuz.

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La exención permitirá que embarcaciones de bandera extranjera transporten temporalmente productos esenciales —como petróleo, gas natural, fertilizantes y carbón— a puertos de Estados Unidos, ayudando a aliviar restricciones logísticas y asegurar el flujo continuo de recursos.

“Esta exención temporera es un esfuerzo federal para estabilizar los mercados y proteger directamente las cadenas de suministros esenciales. Además, asegura un flujo de suministros energéticos hacia las bases e instalaciones militares americanas en ambas costas. Con esta acción el presidente Trump está impulsando la continuidad del suministro de recursos críticos mientras se atiende el conflicto actual en el medio oriente”, expresó la mandataria.

González Colón enfatizó que la Ley Jones sigue siendo un pilar del marco económico y de seguridad nacional de Estados Unidos, al respaldar una industria marítima nacional y garantizar el acceso a rutas comerciales confiables.

“Puerto Rico permanece alineado con los esfuerzos federales para fortalecer la seguridad y estabilidad de las cadenas de suministro, salvaguardar las prioridades de seguridad nacional y garantizar la protección de nuestro pueblo durante este periodo de desafíos a nivel global”, concluyó la gobernadora.

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció la implementación de una prórroga en el pago de facturas de agua y en los planes de pago del Departamento de Hacienda para empleados federales en Puerto Rico afectados por el cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La medida fue presentada junto al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja; el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González; y la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli.

Según se informó, la iniciativa responde a la falta de acuerdo presupuestario a nivel federal, lo que ha provocado que empleados adscritos al DHS no estén recibiendo su salario.

La prórroga permitirá evitar cargos adicionales, interrupciones de servicio y débitos automáticos durante el periodo de vigencia, que inicialmente será de 60 días, con posibilidad de extenderse entre 30 y 90 días adicionales si persiste la situación.

La medida aplicará a empleados que puedan certificar su vínculo laboral con agencias bajo la sombrilla del DHS, incluyendo entidades como Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ICE, FEMA, TSA, el Servicio Secreto, la Guardia Costera, entre otras.

En el caso de la AAA, se establecerá un bloqueo en las cuentas elegibles para evitar la suspensión del servicio, mientras que Hacienda concederá una moratoria en los planes de pago, extendiendo automáticamente su fecha de vencimiento sin penalidades.

Las solicitudes podrán gestionarse a través de los canales oficiales de la AAA y del Departamento de Hacienda, incluyendo líneas telefónicas, oficinas presenciales y plataformas digitales. Las autoridades indicaron que, una vez concluya el cierre del gobierno federal, se ofrecerán alternativas de pago flexibles para que los beneficiarios puedan cumplir con sus obligaciones sin enfrentar interrupciones en los servicios esenciales.