La Cámara de Representantes aprobó con 47 votos a favor y 3 en contra el Proyecto de la Cámara 950, que enmienda el Artículo 2.14 de la Ley 168-2019, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”. La medida otorga a las víctimas de violencia doméstica y acecho una licencia de armas con vigencia de cinco años, eliminando el proceso provisional de noventa días que se utilizaba anteriormente.

La legislación, presentada por la representante Estrella Martínez Soto y el representante Felix Pacheco Burgos, establece que el Superintendente de la Policía de Puerto Rico, en coordinación con el Departamento de Justicia, implementará un procedimiento expedito para entregar estas licencias especiales sin costo, siempre que la víctima cuente con una orden de protección emitida por un tribunal competente.

En la exposición de motivos del proyecto se destacó que “resulta innecesario que la persona beneficiada deba pasar por dos procesos administrativos consecutivos uno provisional y otro regular cuando puede evaluarse desde el inicio bajo los mismos criterios de elegibilidad y seguridad aplicables a la licencia ordinaria de cinco años”. Según los registros de la Policía, desde junio de 2020 hasta octubre de 2025 se expidieron 820 licencias bajo el mecanismo provisional.

La medida busca reducir la duplicidad de trámites, aliviar la carga administrativa de la Policía de Puerto Rico y ofrecer protección continua a las víctimas de violencia de género, garantizando un acceso más ágil y eficiente a la licencia de armas. La renovación de estas licencias seguirá los procedimientos establecidos en la ley vigente.

Catálogo digital para adultos mayores

La Cámara también aprobó con 47 votos a favor y 3 en contra el Proyecto del Senado 516, que enmienda el inciso (n) del Artículo 3.4 de la Ley 10-2017, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico”.

El proyecto crea un catálogo digital de programas, servicios, beneficios, actividades e instalaciones disponibles para personas de edad avanzada en agencias gubernamentales y entidades privadas.

Establece que el Director Ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario preparará, revisará, publicará y mantendrá actualizado el catálogo digital, que incluirá información sobre leyes, reglamentos, normas y requisitos necesarios para acceder a cada servicio o beneficio. La publicación estará disponible en el portal de Internet de la Oficina a partir del 1 de julio de 2025.

En la exposición de motivos se indicó que “la atención de la población de personas de edad avanzada y la provisión de servicios para mejorar su calidad de vida son de alta prioridad para el Gobierno de Puerto Rico. El desarrollo de actividades y acciones que contribuyan a mantener al máximo la capacidad de independencia física, mental y social posible en estos adultos, dentro de su ámbito familiar y social, es esencial para lograr su bienestar y su participación activa en la comunidad”.

La medida busca centralizar la información sobre servicios para adultos mayores, facilitar el acceso a los recursos disponibles y coordinar la colaboración entre agencias gubernamentales, entidades privadas, organizaciones sin fines de lucro y municipios. La medida, previamente aprobada por el Senado, pasa ahora a la gobernadora para su firma o veto.

Una medida fue presentada en la Cámara de Representantes por el legislador Joel Franqui Atiles con el fin de prohibir la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas a menores de 21 años en Puerto Rico.

La medida crearía la Ley para la Protección de la Juventud y Control del Consumo de Bebidas Alcohólicas en Puerto Rico y establece que los menores de 21 años no podrán consumir alcohol en cualquier lugar público o privado, con excepción de ceremonias religiosas bajo supervisión eclesiástica. También prohíbe que terceros compren alcohol con el propósito de proveerlo a menores.

“Esta medida busca proteger vidas. El acceso temprano al alcohol incrementa el riesgo de accidentes de tránsito, conductas violentas y problemas de salud. La evidencia demuestra que retrasar la edad de consumo reduce esos peligros. Necesitamos una política pública nueva, con sanciones efectivas y esfuerzos de educación que envíen mensajes de responsabilidad y prioricen la seguridad de nuestra juventud y de todos los ciudadanos”, explicó el también presidente de la Comisión de Desarrollo Económico en la Cámara de Representantes.

El texto legislativo establece que la “falta de madurez y experiencia, sumada al consumo de alcohol, ha derivado en decisiones imprudentes y consecuencias fatales”.

“Puerto Rico pierde hasta $30 millones al año, o puede ser más, por no contar con una legislación uniforme como la de Estados Unidos, donde la edad mínima para comprar bebidas alcohólicas es de 21 años. Aquí mantenemos el límite en 18 años, lo que nos coloca en desventaja económica y regulatoria, además de limitar herramientas efectivas de prevención. Actualizar esta política pública tendría un impacto fiscal positivo y Puerto Rico serviría como modelo de control y responsabilidad”, sostuvo el representante novoprogresista.

Las sanciones incluyen multas de $2,500 por la primera infracción y $5,000 por la segunda y subsiguientes. En el caso de establecimientos comerciales que incurran en más de dos violaciones, el tribunal podría ordenar la revocación permanente de la licencia para vender bebidas alcohólicas. Además, los expendedores deberán requerir identificación válida con foto para verificar la edad de los consumidores.

La medida dispone, además, que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, junto al Departamento de Educación, desarrollen campañas educativas y programas de prevención sobre los efectos del consumo de alcohol en menores de edad, con orientación en escuelas, universidades y medios.

De ser aprobado en la Asamblea Legislativa y convertirse en ley, este estatuto entraría en vigor en enero de 2029 para permitir la difusión de información y ajustes en las normativas del Gobierno de Puerto Rico y los comercios, entre otros.