La gobernadora Jenniffer González Colón anunció la implementación de una prórroga en el pago de facturas de agua y en los planes de pago del Departamento de Hacienda para empleados federales en Puerto Rico afectados por el cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La medida fue presentada junto al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja; el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González; y la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli.

Según se informó, la iniciativa responde a la falta de acuerdo presupuestario a nivel federal, lo que ha provocado que empleados adscritos al DHS no estén recibiendo su salario.

La prórroga permitirá evitar cargos adicionales, interrupciones de servicio y débitos automáticos durante el periodo de vigencia, que inicialmente será de 60 días, con posibilidad de extenderse entre 30 y 90 días adicionales si persiste la situación.

La medida aplicará a empleados que puedan certificar su vínculo laboral con agencias bajo la sombrilla del DHS, incluyendo entidades como Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ICE, FEMA, TSA, el Servicio Secreto, la Guardia Costera, entre otras.

En el caso de la AAA, se establecerá un bloqueo en las cuentas elegibles para evitar la suspensión del servicio, mientras que Hacienda concederá una moratoria en los planes de pago, extendiendo automáticamente su fecha de vencimiento sin penalidades.

Las solicitudes podrán gestionarse a través de los canales oficiales de la AAA y del Departamento de Hacienda, incluyendo líneas telefónicas, oficinas presenciales y plataformas digitales. Las autoridades indicaron que, una vez concluya el cierre del gobierno federal, se ofrecerán alternativas de pago flexibles para que los beneficiarios puedan cumplir con sus obligaciones sin enfrentar interrupciones en los servicios esenciales.

La Asociación de Alcaldes expresó su oposición a una medida legislativa que pretende incluir en la Ley 107-2020, conocida como el Código Municipal de Puerto Rico, la facultad de los ayuntamientos para traspasar sus servicios administrativos a modelos de alianzas público-privadas (APP) por considerar que la propuesta es redundante e inconsecuente.

“Ya los municipios, con anterioridad, están llevando a cabo contratos de Alianzas Público-Privadas”, comentó Jaime García, asesor legislativo del organismo que agrupa a los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD). “Si partimos de la premisa que ya el mismo Código provee para hacerlo, no vemos la necesidad de aclarar algo”, agregó.

La organización indicó ante la Comisión de Asuntos Municipales, presidida por el representante Luis Pérez Ortiz, que “la mayoría de los municipios” mantienen contratos de APP para los servicios de recogido de basura, arrendamiento de estacionamientos, así como el mantenimiento de áreas verdes, escuelas y vertederos.

El Proyecto de la Cámara 1006, del representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez, procura aclarar en el Código Municipal que los alcaldes están autorizados a integrar el sector privado en “áreas críticas” de su administración, como las finanzas, las obras públicas y los recursos humanos.

Según el autor, la medida busca corregir una “laguna” en los Artículos 1.008, 1.010 y 2.003 del Código Municipal, de manera que los alcaldes tengan la oportunidad de ampliar estos servicios en apoyo al funcionamiento municipal.

“Privatizar el área de informática, el área de recursos humanos, el Código Municipal así no lo establece. Esta medida lo que hace es expandir para que ustedes puedan privatizar, igual que hacen con los estacionamientos, igual que hacen con el ornato”, pronunció Navarro Suárez.

“El municipio determina si lo privatiza o no, dependiendo de su alcance económico o si tiene la infraestructura”, añadió el legislador.

Aunque el deponente dijo que la legislación está bien intencionada, reiteró que el Código Municipal ya posibilita que los gobiernos municipales establezcan, de manera voluntaria, estos acuerdos con empresas privadas.

García defendió los modelos de APP tras destacar que muchos municipios se han beneficiado de la reducción en los gastos de nómina, maquinaria, beneficios marginales, entre otros costos. Asimismo, alegó que, “a veces, la empresa privada hace un mejor servicio, y más rápido, que las entidades gubernamentales”.

Sin embargo, dijo tener preocupación con la cantidad de enmiendas que ha recibido el Código Municipal desde su entrada en vigor. “Este Código lleva cinco años y siete meses, y se ha enmendado 37 veces. No veo cuál es la necesidad de enmendarlo nuevamente para incluir algo que está”, puntualizó.

El ingeniero Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), coincidió en que los municipios ya están legalmente habilitados para participar en proyectos de APPs bajo el marco de la ley orgánica de la agencia (Ley 29-2009).

Colón, quien se excusó de la vista pública, advirtió en una ponencia escrita que la enmienda propuesta deberá reconocer que cualquier delegación municipal está sujeta a las disposiciones de la Ley 29 y la intervención de la APP como ente rector para garantizar uniformidad normativa.

Mientras, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), que también se ausentó de la audiencia, resaltó en un memorial explicativo que la medida carece de un análisis de impacto fiscal preparado por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), conforme la Ley 1-2023 y el Plan Fiscal certificado.

El Departamento de Justicia fue otra de las agencias que pidieron ser excusadas de la vista pública, aunque la secretaria Lourdes Gómez sometió una ponencia escrita en la que recomendó que la legislación precise el marco jurídico que será aplicable y armonice el lenguaje de las disposiciones para evitar dudas interpretativas.

El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, representante Pérez Ortiz, informó que también citó a la Federación de Alcaldes, pero el organismo que congrega a los alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP) solicitó permiso para ausentarse.

Los representantes Pedro Santiago Guzmán y Sergio Estevés Vélez también participaron de esta audiencia pública.

Organizaciones comunitarias y ambientales denunciaron el miércoles que megaproyectos solares industriales en Salinas podrían agravar inundaciones y generar impactos ambientales y sociales en varias comunidades del municipio.

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“Sería incoherente con nuestra historia oponernos a la energía renovable, especialmente después del daño que la industria de combustibles fósiles ha causado en nuestras comunidades”, indicaron portavoces comunitarios en su ponencia.

“Lo que denunciamos es la falta de rigor científico, la opacidad gubernamental y la irresponsabilidad empresarial en proyectos que podrían estar agravando las inundaciones”, añadieron.

Los grupos, organizados bajo la Iniciativa de Ecodesarrollo de la Bahía de Jobos y el Comité Nos Inundan de Placas, presentaron hallazgos de más de tres años de investigación ante la Comisión de la Región Sur de la Cámara de Representantes.

Las comunidades señaladas incluyen El Coquí, San Felipe, Paseo Costa del Sur, Las Trinitarias y Mosquito, donde residentes aseguraron que las inundaciones aumentaron tras el desarrollo de proyectos como Ciro One y Clean Flexible Energy, subsidiaria de AES.

Según explicaron, estudios hidrológicos apuntan a que la remoción de vegetación y la compactación de suelos en zonas altas aumentan la escorrentía hacia áreas bajas y reducen la capacidad del terreno para absorber agua.

Tras el paso del huracán Fiona en 2022, el municipio reportó cerca de 2,500 viviendas afectadas por inundaciones, lo que representa aproximadamente una cuarta parte de las casas en Salinas.

Las organizaciones también señalaron riesgos para el acuífero del sur, pérdida de terrenos agrícolas y cuestionaron que estos proyectos no benefician directamente a las comunidades cercanas durante apagones.

Ante la situación, solicitaron la divulgación de estudios hidrológicos, una investigación independiente sobre los impactos acumulativos y la evaluación de posibles conflictos de interés en los procesos de permisos.

La viuda del biólogo marino Roberto Antonio Viqueira Ríos, Moshayra Vicente Cruz, acudió al Tribunal de Apelaciones en Ponce mediante un recurso de certiorari en el que solicita una revisión extraordinaria de la sentencia que absolvió al enfermero Eduardo Meléndez Velázquez, al alegar que el fallo contiene un “error manifiesto de derecho”.

La acción legal surge luego de que el Departamento de Justicia optara por no apelar la determinación emitida el pasado 6 de febrero por el juez Ángel Llavona Folguera. Ante esa decisión, Vicente Cruz compareció por derecho propio como víctima indirecta del caso para solicitar la intervención del foro apelativo.

En su recurso, la peticionaria sostiene que la sentencia absolutoria presenta una contradicción jurídica al fundamentarse simultáneamente en dos doctrinas distintas del derecho penal: la legítima defensa y la duda razonable.

Según argumenta, el tribunal de primera instancia no delimitó cuál de estas doctrinas constituye la base jurídica real de la absolución, lo que —a su juicio— impide identificar con claridad el fundamento legal de la decisión.

El documento plantea que la legítima defensa es una causa de justificación que requiere un análisis específico de sus elementos, mientras que la duda razonable es un estándar probatorio que responde a una insuficiencia de evidencia para sostener culpabilidad. Mezclar ambas, según se expone, constituye una aplicación incorrecta del derecho penal sustantivo.

Asimismo, se alega que la sentencia carece de un análisis estructurado sobre los elementos que configuran la legítima defensa, como la existencia de una agresión ilegítima, la necesidad racional del medio utilizado y la ausencia de provocación. En lugar de ello, el tribunal se limitó a afirmar de forma general que se configuraban dichos elementos, sin detallar cómo la prueba presentada sustentaba esa conclusión.

La peticionaria sostiene que esta ambigüedad no es un asunto de apreciación de la prueba, sino un error de derecho en la estructura misma de la sentencia, lo que abre la puerta a revisión apelativa sin violentar principios constitucionales como la doble exposición.

Por ello, solicitó al Tribunal de Apelaciones que reconozca su legitimación activa, examine los errores señalados y revoque la sentencia absolutoria, al entender que no cumple con los requisitos mínimos de coherencia jurídica al sustentarse en premisas incompatibles.

Además, pidió que se determine si el tribunal de instancia incurrió en un error estructural al aplicar incorrectamente la doctrina de legítima defensa y utilizarla como base para generar duda razonable, sin el análisis jurídico requerido.

El recurso fue presentado el 16 de marzo de 2026 y busca que el foro apelativo intervenga para corregir lo que la peticionaria describe como una determinación jurídicamente inconsistente que afecta directamente sus derechos como víctima indirecta del delito.