El presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Luis Gueits, confirmó este miércoles que el precio de combustible continuará aumentando tras el conflicto bélico que se vive en Medio Oriente.

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Fue en una entrevista con NotiCentro (Wapa Television) que Gueits detalló que, desde el inicio de la guerra entre Irán e Israel, el costo de la gasolina ha incrementado un 40%.

“Un camión de gasolina que antes costaba $30 mil dólares ya está entre $38 mil a $40 mil dólares, siendo el diésel uno de los combustibles más afectados”, precisó el presidente del grupo que representa a los dueños de gasolineras en Puerto Rico.

El líder de la organización sin fines de lucro además informó que el precio de la gasolina regular en bomba está entre .92 a .98 centavos, la premium a un dólar y el diésel a $1.20.

“Es un impacto fuerte no solo para el consumidor, para los detallistas y para las empresas que transportan productos a nuestra Isla… Esto crea un impacto bien grande en el futuro del precio de los productos que recibimos”, sostuvo.

Asimismo, Gueits aseguró que los ciudadanos continuarán viendo el alto costo durante los próximos tres o cuatro meses.

“Aún el conflicto acabándose la semana que viene, los efectos que esto ha producido en el disloque de petróleo a nivel mundial por el cierre del estrecho de Ormuz, aún con la liberación de 400 millones (de barriles) por los países que pertenecen al G7, esto va a continuar”, concluyó.

Más temprano, se informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió temporalmente la Ley Jones por 60 días para permitir el uso de barcos extranjeros en el transporte de petróleo y así aliviar el alza en los precios en medio del conflicto con Irán.

El Senado de Puerto Rico celebró hoy, miércoles, el Foro Económico para Cooperativas, promovido por la senadora Nitza Moran Trinidad, un espacio de diálogo multisectorial dirigido a fortalecer el modelo cooperativista como motor de desarrollo económico en la isla.

Durante la actividad, la también presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo, la senadora Moran Trinidad destacó que “las cooperativas demuestran que la colaboración entre trabajadores, profesionales, comunidades y empresarios puede convertirse en una poderosa herramienta de desarrollo, capaz de unir talentos y recursos para construir soluciones económicas más fuertes y sostenibles”. Asimismo, subrayó que este modelo promueve un crecimiento más inclusivo y solidario, basado en la cooperación y el bienestar colectivo.

El foro reunió a representantes del sector cooperativista, líderes comunitarios, agencias gubernamentales y entidades sin fines de lucro, quienes abordaron temas relacionados con el desarrollo económico comunitario, acceso a recursos, programas de apoyo y oportunidades de crecimiento para las cooperativas en Puerto Rico.

Entre los participantes se destacaron la comisionada de Desarrollo Cooperativo, doctora Liza I. Alfaro Mercado; representantes del Instituto Socioeconómico Comunitario (INSEC); el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC); la Alianza Municipal de Servicios Integrados (AMSI); así como funcionarios legislativos y municipales que presentaron iniciativas dirigidas a fortalecer el ecosistema cooperativista.

Además, se discutieron herramientas disponibles como fondos legislativos, programas de capacitación, iniciativas de exportación y modelos de colaboración interagencial que buscan ampliar el alcance y la sostenibilidad de las cooperativas en distintos sectores de la economía. En ese contexto, la senadora Migdalia Padilla Alvelo, copresidenta de la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos, ofreció una charla dirigida a orientar a los participantes sobre el proceso de solicitud de estos fondos, sus requisitos y las oportunidades disponibles para las entidades comunitarias y cooperativas.

Finalmente, la senadora Moran Trinidad enfatizó en la importancia de continuar promoviendo espacios de encuentro como este, al destacar que Puerto Rico debe fomentar la innovación desde las comunidades y respaldar modelos empresariales con un enfoque social y solidario. En ese contexto, describió a las cooperativas como “un modelo que representa una de las expresiones más auténticas de solidaridad económica y participación comunitaria”, subrayando su rol en la construcción de una economía más inclusiva.

La jueza federal Laura Taylor Swain rechazó este miércoles frenar el cobro del cargo provisional en la factura de luz utilizado para pagar las pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), al concluir que los argumentos presentados no justifican permitir que el pleito avance fuera del proceso de quiebra bajo Título III.

La determinación se produjo durante una vista ómnibus en el Tribunal Federal en Hato Rey, donde el tribunal evaluó una moción para levantar la paralización automática (stay) y permitir que una demanda en el foro estatal continuara.

“El Tribunal ha examinado detenidamente los escritos pertinentes y ha escuchado los argumentos expuestos hoy. Por motivos que se explicarán con mayor detalle tras la vista de hoy (…) Por lo tanto, la moción se deniega en su totalidad”, expresó la jueza en sala.

La demanda impugnaba la legalidad y constitucionalidad del cargo, bajo el argumento de que las pensiones no constituyen un gasto operacional del sistema eléctrico y que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) no tenía autoridad para imponer ese cobro a los consumidores.

Por su parte, la Junta de Control Fiscal (JCF), junto a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el Sistema de Retiro, defendieron la validez del cargo al sostener que forma parte de la estructura de ingresos de la corporación pública y es un mecanismo necesario para garantizar el pago de pensiones en medio del proceso de quiebra. Argumentaron, además, que permitir que el pleito continúe fuera del Título III implicaría una interferencia directa que podría desestabilizar la reestructuración.

Ante esto, la jueza determinó que los demandantes no lograron demostrar que la AEE no tiene interés sobre los ingresos que genera ese cargo.

Asimismo, concluyó que los factores legales aplicables no favorecen permitir que el litigio continúe fuera del proceso de Título III.

“Por lo tanto, se desestima la moción en su totalidad y, tal y como he indicado, los motivos por los que el tribunal ha llegado a esta conclusión se explicarán detalladamente en un auto motivado que se presentará lo antes posible tras la conclusión de la vista de hoy”, añadió.

Durante la vista, la jueza Swain también cuestionó el impacto que tendría permitir el caso en otro foro, particularmente por su relación con los ingresos de la corporación pública, dejando claro que el asunto está directamente vinculado al proceso de reestructuración.

Swain presiona avances en disputa por ingresos netos

La vista ómnibus también fue marcada por la discusión sobre los ingresos netos de la Autoridad.

Sobre el proceso de mediación, los deponentes precisaron aún se encuentran en busca de un acuerdo consensuado.

No obstante, la representación de la Junta de Supervisión Fiscal expresó preocupación por el término de sus miembros, que se extiende hasta octubre de 2027, en medio del litigio federal que cuestiona su composición. Señalaron que, a medida que se acerca esa fecha y continúa el proceso de mediación, podrían surgir cambios que, dependiendo de cómo se desarrollen, tendrían el potencial de incidir en el curso de la reestructuración.

En ese contexto, la jueza también dejó claro que espera avances concretos en la mediación y delineó el camino que deben seguir las partes. Señaló que tanto la Junta como los bonistas tienen la encomienda de proponer un curso procesal claro, incluyendo un plan de descubrimiento de prueba que sea eficiente y enfocado.

Reconoció que existe una diferencia fundamental entre las partes, mientras el gobierno sostiene que no es necesario un proceso de descubrimiento adicional, los bonistas entienden lo contrario, y subrayó que esa diferencia debe asumirse como parte del proceso si se quiere avanzar.

“Entiendo que conjuntamente tienen una encomienda del juez Dean para proponer un curso procesal a seguir, incluyendo un plan de descubrimiento de prueba que sea eficiente y enfocado”, expresó.

A la vez, advirtió que el descubrimiento no debe utilizarse como una estrategia de desgaste y urgió a las partes a concentrarse en la información más puntual que permita establecer una base factual para sustentar sus argumentos sobre el valor de los ingresos netos.

“(…) Queremos ver una respuesta conjunta que sea al punto y que se pueda lograr en el corto plazo. Estoy buscando resultados en este momento”, concluyó.