La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) realizará un Conteo de Jóvenes Sin Hogar, que se realizará la noche del 28 de enero, simultáneo al tradicional Conteo de Personas Sin Hogar, requerido por reglamentación federal.

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Esta iniciativa, según Catherine Oliver Franco, administradora de Assmca, busca visibilizar una población que ha estado subrepresentada en los datos oficiales y fortalecer la respuesta de servicios dirigidos a jóvenes que enfrentan inestabilidad de vivienda en la Isla. El conteo involucra a otras agencias gubernamentales, municipios, organizaciones sin fines de lucro, entidades comunitarias y de base de fe.

“Por años, el sinhogarismo juvenil ha existido en Puerto Rico sin ser plenamente reconocido en los datos oficiales. Este primer Conteo de Jóvenes Sin Hogar representa un paso histórico para reconocer esa realidad y responder con servicios más justos, humanos y efectivos”, expresó la administradora de Assmca.

Aunque cada dos años Puerto Rico realiza el Conteo de Personas Sin Hogar a través de los Sistema de Cuidado Continuo 502 y 503, según lo exige la reglamentación federal, la experiencia ha demostrado que este mecanismo no ha sido efectivo para identificar a jóvenes sin hogar.

Muchos jóvenes no pernoctan en albergues ni en espacios públicos visibles, enfrentan estigma o desconfianza al interactuar con encuestadores, o experimentan una inestabilidad de vivienda intermitente que no siempre se refleja en una sola noche, propuso Oliver Franco. Algunos tampoco se identifican como “sin hogar”, a pesar de que cumplen con la definición federal.

“El resultado ha sido que los jóvenes han quedado fuera de los datos y, por ende, fuera de muchas decisiones. Si los jóvenes no están en los números, no están en la planificación ni en las prioridades”, añadió la doctora.

El Conteo de Jóvenes Sin Hogar incorpora nuevas estrategias desarrolladas a través de la subvención federal Youth Homelessness Systems Improvement (YHSI) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, en inglés). La metodología y el cuestionario fueron informados por jóvenes con conocimiento por experiencia, a través de una junta asesora juvenil.

A diferencia de conteos anteriores, este esfuerzo contará con encuestadores jóvenes remunerados y capacitados, quienes visitarán lugares frecuentados por jóvenes. La participación será flexible y accesible, permitiendo responder en persona, por teléfono o de manera virtual mediante un enlace. Para este esfuerzo, se consideran jóvenes sin hogar como personas entre 18 y 24 años que no cuentan con una vivienda fija, regular y adecuada, conforme a la definición federal de HUD.

“Este conteo no solo busca datos: busca dignidad, confianza y acceso. Está diseñado para que los jóvenes se sientan escuchados y seguros al participar”, enfatizó la Dra. Oliver Franco.

Además de recopilar información, el Conteo de Jóvenes Sin Hogar servirá como un punto de contacto para enlazar a los jóvenes que así lo deseen con servicios, orientación y apoyos disponibles.

“Cada joven contado es una oportunidad para conectar con servicios, abrir puertas y evitar que esa persona siga enfrentando la inestabilidad sola”, sostuvo la administradora.

La Assmca hace un llamado a municipios, universidades, organizaciones comunitarias, entidades educativas y organizaciones de base de fe a unirse a este esfuerzo y apoyar la difusión del mensaje. Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a compartir la información y correr la voz para alcanzar a jóvenes que puedan estar atravesando situaciones de inestabilidad de vivienda.

La Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) alertó ante el Senado que una parte sustancial del costo de la vivienda nueva en la isla responde a impuestos, arbitrios y cargos gubernamentales, una realidad que, según el sector, limita la asequibilidad y desalienta el desarrollo de nuevos proyectos residenciales en un contexto de escasez de inventario.

Durante una vista pública de la Comisión de Hacienda del senado que evalúa el Proyecto del Senado 912 como parte de la segunda fase de la reforma contributiva, la organización planteó que el alto costo asociado a la construcción formal de vivienda tiene un impacto directo en los precios que enfrentan las familias, particularmente jóvenes profesionales y trabajadores que buscan adquirir su primer hogar.

En su ponencia escrita, la asociación sostuvo que los cargos impuestos por el gobierno central y los municipios representan una porción significativa del precio final de una unidad residencial, lo que agrava el problema de acceso a vivienda en la isla.

“Una proporción significativa del precio de la unidad de vivienda sea producto de los arbitrios de construcción, exacciones por impacto, contribuciones y otros cargos aplicados al desarrollo residencial”, expuso la organización en el documento sometido ante la Comisión.

Como evidencia de ese planteamiento, los constructores presentaron estimados que reflejan el peso de los impuestos dentro del costo total de una vivienda nueva.

“25–30% del costo final de una vivienda nueva corresponde a impuestos gubernamentales”, indicó la ponencia.

El sector advirtió que estos costos se ven agravados por la imposición de arbitrios de construcción elevados y contribuciones adelantadas que, en algunos municipios, operan como un desincentivo directo a la inversión privada en proyectos de vivienda formal. A juicio de la Asociación, esta realidad ha contribuido a que Puerto Rico enfrente niveles históricamente bajos de inventario de vivienda nueva, lo que presiona aún más los precios del mercado residencial.

La organización también señaló que, aunque existe la percepción de un alto número de viviendas desocupadas, muchas de estas estructuras no cumplen con requisitos de habitabilidad ni con códigos de construcción, por lo que no representan alternativas viables o financiables para las familias.

Ante este panorama, los constructores exhortaron a la legislatura a considerar, en futuras fases de la reforma contributiva, una revisión integral de la estructura de cargos y contribuciones aplicables al desarrollo de proyectos de vivienda, con el objetivo de reducir costos, fomentar la inversión y atender la necesidad acumulada de vivienda en la isla.

Rechazan eliminar alivios contributivos a personas con altos ingresos

La asociación, además, mostró reservas ante disposiciones del Proyecto del Senado 912 que eliminarían beneficios contributivos actualmente aplicables a personas con ingresos más altos, al advertir que la medida podría tener efectos adversos en la retención de profesionales y en el desarrollo económico del país.

El organismo reconoció que la reducción en la carga contributiva a individuos puede tener un efecto positivo sobre la economía, al aumentar el ingreso disponible para consumo, ahorro o pago de deudas. No obstante, planteó que el proyecto elimina un beneficio que favorecía a personas con ingresos anuales más elevados, incluyendo profesionales asalariados, lo que podría resultar contraproducente.

“No favorecemos este cambio propuesto, en tanto priva a un sector de contribuyentes de la reducción en la carga contributiva”, se expuso en el memorial.

La organización añadió que este sector de contribuyentes incluye profesionales y personas con mayor capacidad de generación de ingresos que, según expuso, resultan clave para el desarrollo económico del país y cuya permanencia en Puerto Rico debería incentivarse.

“En particular aquellos profesionales asalariados o individuos de mayor capacidad de generación de ingresos que queremos incentivar a que se queden produciendo en Puerto Rico y aportando al desarrollo económico”, añadió la ponencia.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, aseguró hoy martes que la reforma contributiva aún podría aprobarse para este ciclo contributivo y rechazó que existan divisiones internas en el partido de gobierno, al sostener que las diferencias actuales responden a criterios normales del proceso legislativo.

“Yo no veo ningún tipo de división. Lo que veo es diferencia de criterio, diferencia de opiniones. Eso en el proceso legislativo siempre pasa”, expresó Méndez a su llegada al saludo protocolar en La Fortaleza.

Ante cuestionamientos sobre desacuerdos entre legisladores, el líder cameral insistió en que estos escenarios son comunes tanto en la Cámara como en el Senado.

“Eso siempre pasa en los partidos políticos, en las familias pasa también. Las aguas siempre llegan”, afirmó.

Méndez explicó que el trámite legislativo de la reforma contributiva depende de la información que el cuerpo legislativo solicitó al Ejecutivo y que, según dijo, debe ser entregada en los próximos días.

“Estamos esperando una documentación que no tiene que ver con el Ejecutivo para darle paso a la reforma contributiva; solamente tenemos que validarla”, indicó.“El compromiso que tenemos es que esta misma semana se nos entregue”.

Sobre el calendario, sostuvo que el proyecto enviado por la gobernadora debe aprobarse entre la primera y la segunda semana de febrero para que pueda entrar en vigor durante este periodo contributivo, aunque reconoció que la determinación final recae en el Ejecutivo.

“Se tiene que estar aprobando entre la primera y la segunda semana de febrero, así que todavía tenemos que que se ponga en vigor eso también. Siempre asumimos que así lo decida, porque es una decisión de la Ejecutiva”.

No obstante, adelantó que la Cámara evalúa una alternativa en caso de que la reforma no pueda implementarse a tiempo.

“Si no se puede poner en vigor, podemos obtener unos fondos que están disponibles para que de esa manera se le pueda dar esa rebaja contributiva a los contribuyentes tan pronto rindan la planilla”.

Según explicó, se trataría de los mismos fondos utilizados el año pasado para otorgar una bonificación extraordinaria a los servidores públicos.

“Ese dinero está disponible. Lo que haríamos sería que esta vez se utilizarían los contribuyentes”.

Al ser cuestionado sobre la cantidad de fondos, Méndez indicó que el monto dependerá de la identificación que realicen las agencias correspondientes y que el mecanismo requerirá la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal.

“Eso depende de lo que nos identifique la gente, pero tiene que tener el aval de la Junta. Como la reforma, como todas las leyes”.