El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó este miércoles que los agentes de la Patrulla Fronteriza que dispararon al enfermero Alex Pretti en Minneapolis, Minnesota, han sido suspendidos de sus funciones.

La subsecretaria Tricia McLaughlin explicó a Europa Press que la medida sigue el “protocolo estándar” tras el informe enviado al Congreso, que establece que fueron dos agentes quienes tirotearon a Pretti.

El incidente ocurrió el pasado sábado cuando Pretti, de 37 años, recibió varios disparos mientras era reducido durante una operación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el centro de Minneapolis. Sus padres, Michael y Susan Pretti, aseguraron que su hijo “no tenía un arma en la mano”, sino un teléfono móvil, y que intentaba proteger a una mujer que había sido derribada por agentes del ICE mientras él era rociado con gas pimienta.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que Pretti portaba una pistola y dos cargadores, una versión que contrasta con el relato familiar.

La actuación de agentes del ICE en Minnesota ha provocado protestas masivas, especialmente tras la muerte de Pretti y de Reneé Good, quien también fue tiroteada por agentes federales el pasado 7 de enero, así como la detención de un niño de cinco años.

La Asociación Nacional del Rifle (NRA) recordó que, incluso si Pretti hubiera portado un arma, la Constitución estadounidense prohíbe a los agentes disparar a ciudadanos armados que no representen una amenaza inminente.

Metro Puerto Rico publica este artículo como parte de una colaboración con Latinoamérica21, plataforma de sindicación líder en América Latina, especializada en artículos de análisis y opinión sobre temas políticos, económicos, científicos y medioambientales de la región.

2026 será crucial para Guatemala. Las máximas autoridades seleccionarán a las personas que ocuparán lo que se conoce como “cargos de segundo grado”. Los puestos en juego son numerosos, desde los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) hasta el jefe del Ministerio Público.

Tales procesos se ven marcados por las falencias institucionales del mecanismo de selección y porque ocurren en año preelectoral. A esto se le suma que actualmente existe una tensión entre facciones políticas que apuestan a la continuidad de un sistema, frente al reformismo de grupos emergentes.

Los puestos de segundo grado en Guatemala

En el sistema político guatemalteco se conciben a los cargos de segundo grado como aquellos que, aunque no son electos por voto popular, son fundamentales para el cumplimiento de las funciones del Estado. Asimismo, tienen un rol crucial en lo que respecta al resguardo de la democracia, la promoción de la justicia y la aplicación del principio de pesos y contrapesos entre instituciones. Dada su relevancia, grupos de diferentes esferas de poder históricamente han influido en los procesos de selección. 2026 no será la excepción.

Los cargos en disputa son las magistraturas del TSE, las magistraturas para la Corte de Constitucionalidad (CC), el cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público y el cargo de Contralor General de Cuentas. Los magistrados al TSE que sean seleccionados en 2026 tendrán entre sus hombros el proceso de elecciones generales del 2027.

Adicionalmente, en 2026 se llevará a cabo el proceso de elección del rector de la única universidad pública del país: la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Tal designación, aunque no la define el Presidente o el Congreso, también es relevante. El motivo es que la USAC es la única universidad en el mundo con la posibilidad de proponer iniciativas de ley. Además, posee distintos espacios de incidencia en la administración pública y en la política guatemalteca.

El mecanismo de comisiones de postulación

Es importante señalar que la mayoría de elecciones de segundo grado se basan en el mecanismo de comisiones de postulación. Las comisiones son un órgano temporal integrado por personas de distintos sectores, con la finalidad de preseleccionar y conformar una nómina de candidatos. Estas fungen como filtro, para que la autoridad facultada para ello reciba una lista con los mejores perfiles y seleccione la más apta.

Para la comisión de postulación de magistrados del TSE, esta presenta una nómina de 20 candidatos al Congreso, quien con 107 votos (dos tercios) selecciona a 5 magistrados titulares. En el caso del Fiscal General, la autoridad que decide es el Presidente, de una nómina de 6 candidatos presentada por la respectiva comisión de postulación. Y para el Contralor General de Cuentas, la nómina propuesta por la comisión es de 6 candidatos, eligiendo por mayoría absoluta el Congreso.

Sin embargo, las comisiones, aunque en su origen representaron el involucramiento de otros actores en la toma de decisiones, se convirtieron en un medio para la institucionalización de intereses de grupos paralelos y una excusa para cooptar instituciones clave. Esto ha venido sucediendo con el Colegio de Abogados y Notarios (CANG), cuya Asamblea elige un representante titular para la comisión de postulación del TSE y elige directamente a un magistrado para la CC.

Una academia sin legitimidad para participar

Similar situación se observa en el sector académico. Por ejemplo, para elegir a los 5 magistrados titulares de la CC, uno de ellos es electo directamente por la USAC. Lamentablemente, el actual rector de dicha casa de estudios ha sido acusado de ilegítimo y de propiciar fraude a su favor en las elecciones a rector del año 2022. Por si esto fuera poco, el actual rector preside la Comisión de postulación para magistrados del TSE, ello según la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Las universidades privadas no se quedan atrás. Tanto los decanos de las facultades de Derecho como los rectores de las universidades privadas juegan un rol importante en las comisiones de postulación. Muestra de ello es que la comisión de postulación para el Fiscal General de la República se conforma por todos los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas existentes en el país. Similar situación ocurre con la comisión para el Contralor General: los decanos de las facultades de Contaduría Pública y Auditoría la conforman.

Lamentablemente, el ideal de involucrar a la academia y así elegir a los mejores ha sido eludido mediante la creación de nuevas universidades. En años recientes se ha suscitado un aumento en la cantidad de universidades privadas, lo que ha facilitado que ciertos actores políticos puedan incidir en el proceso de comisiones de postulación, causando el desgaste de la credibilidad de la educación superior en el país.

Tensiones y escenarios de la elección

A todos estos factores y debilidades institucionales, se les añade el contexto sociopolítico. Es evidente que existe una tensión entre facciones que apuestan por perpetuar un sistema afín a sus intereses y grupos con vocación de poder de tipo reformista. A los primeros se les vincula con lo que se denomina en Guatemala “el pacto de corruptos”; a los segundos, con los movimientos anticorrupción que orbitan alrededor del partido oficialista, el Movimiento Semilla.

En medio de todo esto, existe una clara intención por parte de actores políticos para evitar que la facción reformista, ya sea a través del partido Movimiento Semilla o alguna otra organización, compita en las próximas elecciones. Ello eleva el grado de preponderancia de los mencionados procesos, ya que las personas que sean seleccionadas para los cargos de segundo grado tendrán la última palabra en muchas decisiones concernientes a las elecciones del 2027.

Sea como fuere, el rechazo por parte de la oposición política ante el presidente Bernardo Arévalo y personas afines seguramente se evidenciará con más intensidad. Como resultado, se advierte mayor polarización, bloqueos a la agenda de gobierno y crisis políticas continuadas, lo cual, en lo referente a la cosa pública, se traduce en un escenario de ingobernabilidad insostenible.

La participación activa y vigilancia de organizaciones de sociedad civil, comunidad internacional y ciudadanía en general será vital para estos procesos de selección. Guatemala debe estar en el centro de la atención regional no solo porque se eligen autoridades de alto rango, sino que, desde una mirada prospectiva, están en juego la democracia, el Estado de derecho y la justicia en el país.

Luis Javier Medina es politólogo guatemalteco con especialización en políticas públicas, dedicado a la investigación en temas sociopolíticos, el análisis de políticas públicas y la gestión de proyectos para organizaciones juveniles.

La Fiscalía de Budapest presentó este miércoles cargos contra el alcalde de la capital húngara, Gergely Karacsony, por mantener el desfile del Orgullo LGBTQ en la ciudad pese a la ley promovida por el Gobierno de Viktor Orbán, que prohíbe cualquier exhibición pública que, según el oficialismo, pueda ser mostrada ante menores de edad.

El organismo acusa a Karacsony de “violar la libertad de asociación y reunión” en un escrito presentado ante el Tribunal del Distrito Central de Pest, en el que propone imponerle una multa sin juicio previo. La Fiscalía sostiene que el alcalde, que gobierna la ciudad desde 2019, conoció la prohibición el mismo día de su emisión, no la recurrió ni agotó la vía judicial y, aun así, organizó la marcha. Además, recuerda que Karacsony publicó reiteradas convocatorias y presidió la manifestación el 28 de junio de 2025.

Karacsony reaccionó asegurando que ha pasado “de ser un sospechoso orgulloso a ser un acusado orgulloso” y afirmó que este es “el precio en este país por defender nuestra libertad y la de los demás”.

Añadió que, pese a la intención de la Fiscalía de multarlo sin juicio, no se dejará disuadir y continuará defendiendo la libertad de expresión y los derechos de quienes piensan o aman de manera distinta a la mayoría.

El alcalde calificó la marcha como “la mayor marcha por la libertad de las últimas décadas”, y destacó que la asistencia de entre 35,000 y 40,000 personas, según estimaciones, convirtió el evento en un “milagro inolvidable y un punto de inflexión”. En un mensaje en redes sociales, subrayó que nunca aceptará que defender la libertad sea considerado un delito en su país.

El desfile se celebró tras la entrada en vigor de las leyes antiLGBTI de protección de menores, que habían prohibido la manifestación, y representa una de las expresiones más significativas de resistencia a las restricciones impuestas por el Gobierno de Orbán.