Un motorista murió en un accidente de tránsito a eso de las 7:56 de la noche del martes, 17 de marzo de 2026, en la avenida Roberto Sánchez Vilella, Campo Rico, frente a un establecimiento de comida rápida, en Carolina.

De acuerdo a la Policía, un hombre, de 56 años, transitaban por la mencionada vía en una guagua Toyota 4 Runner, descrita como de color blanco, cuando al llegar a la intersección de la calle 258 de la urbanización Country Club, alegadamente no tomó las debidas precauciones al realizar un viraje a la izquierda.

Como consecuencia de esto, el sujeto impactó una motora Yamaha Zuma, de color negro, la cual manejaba por un sujeto, identificado como Edgardo Calderón Morales, de 25 años y residente de San Juan.

Calderón Morales recibió heridas de gravedad y fue atendido por paramédicos, quienes lo transportaron en ambulancia a la sala de emergencias del hospital Federico Trilla (UPR Carolina), donde falleció mientras recibía asistencia médica.

El policía municipal Emanuel Bahamundi le realizó la prueba de aliento al conductor de la guagua con resultado negativo.

El agente Federico Esquilín, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopista Carolina, y el fiscal Carlos Peña Ramos investigan este accidente fatal.

Autoridades reportan doble asesinato en Río Piedras

Las autoridades investigan un doble asesinato, reportado a eso de las 6:18 de la tarde del martes, 17 de marzo de 2026, en la calle Guaracanal en la barriada Venezuela, en la zona de Río Piedras, San Juan.

Según el reporte de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos y personas heridas de bala en el lugar. Al llegar los agentes del precinto policiaco encontraron los cadáveres baleados dos hombres en el pavimento.

En la escena hay múltiples casquillos de bala y personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan investigan.

Se exhorta a la ciudadanía que de poseer información que ayude con el esclarecimiento de casos, favor de llamar al 787-343-2020, o a través de la red social X en @PRPDNOTICIAS y en Facebook www.facebook/prpdgov

Las autoridades del tiempo informaron que persisten condiciones peligrosas en el mar con oleaje fuerte y corrientes marinas que pueden ser mortales al menos hasta el jueves.

Hoy se esperan condiciones ventosas con algunos aguaceros pasajeros en Puerto Rico. También puede observarse bruma leve por polvo del Sahara.

El patrón hoy será relativamente seco. La humedad es limitada, por lo que la lluvia será poca y en general ligera, con acumulaciones por debajo de un cuarto de pulgada, principalmente en el este y sureste de Puerto Rico y en las Islas Vírgenes.

Durante la noche y hacia el jueves, el viento disminuirá y la humedad aumentará. Esto favorecerá el desarrollo de aguaceros en la tarde, especialmente en el oeste y noroeste de Puerto Rico, donde pueden registrarse acumulaciones cercanas a una pulgada en sectores aislados. En el resto de la región la lluvia será menor.

Para el viernes se espera un aumento marcado de humedad junto con una vaguada previa a un frente. El viento será más débil y del sureste, lo que provocará temperaturas más altas. Se esperan aguaceros más intensos en la tarde sobre el noroeste de Puerto Rico, con mayor riesgo de inundaciones debido al movimiento lento de la lluvia.

Para hoy, aguaceros aislados. Mayormente soleado. Máxima cerca de 86 grados. Viento del este entre 8 y 15 millas por hora, con ráfagas de hasta 20. Probabilidad de lluvia 20%.

Esta noche, aguaceros dispersos después de la medianoche. Mínima cerca de 70 grados. Viento del este sureste entre 6 y 9 millas por hora. Probabilidad de lluvia 50%.

Para mañana, aguaceros dispersos en la tarde. Mayormente soleado. Máxima cerca de 86 grados. Viento del este sureste entre 7 y 15 millas por hora, con ráfagas de hasta 21. Probabilidad de lluvia 40%.

La propuesta de reorganización del Poder Judicial contenida en el Proyecto del Senado 1096 no ha logrado consenso entre sectores jurídicos, donde predominan posturas en contra o de cautela frente a los cambios estructurales planteados.

La medida, radicada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, busca sustituir la Ley de la Judicatura de 2003 e introducir cambios como la eliminación de los jueces municipales, un modelo de coadministración en el Tribunal Supremo y la creación de un patronato para allegar fondos al sistema judicial.

Desde la Rama Judicial, la postura fue abiertamente crítica. El director administrativo de los tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, advirtió que el proyecto propone cambios que no se ajustan al diseño constitucional vigente. En ese sentido, planteó que la Constitución de Puerto Rico no contempla el concepto de “coadministración judicial”, uno de los ejes centrales de la medida, por lo que su aplicación carecería de base constitucional clara.

Asimismo, sostuvo que, más allá de una reorganización administrativa, la medida altera la distribución de poderes dentro del sistema judicial.

“Conviene comenzar por una observación básica. La Constitución de Puerto Rico no menciona el concepto de coadministración judicial (…) Lo que hace, en la práctica, es transferirle atribuciones propias de la dirección administrativa del Poder Judicial”, dijo.

Este defendió el modelo actual, señalando que ha demostrado ser funcional en la administración diaria de la justicia. A su juicio, la creación de nuevas estructuras y la redistribución de funciones podría generar efectos adversos en la operación del sistema.

“El modelo vigente ha permitido responder con agilidad y eficacia a circunstancias extraordinarias (…) “La creación de estructuras paralelas puede provocar superposición de funciones y dificultar la implantación uniforme de políticas administrativas”, afirmó.

En esa misma línea, alertó sobre el impacto de eliminar la figura de los jueces municipales, al destacar su rol en atender asuntos urgentes y de acceso inmediato a la justicia.

Por su parte, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico adoptó una postura de cautela, sin endosar la medida, y enfatizó la necesidad de un análisis más amplio antes de avanzar con la reforma.

“La magnitud de la reforma propuesta exige, por imperativo democrático, un proceso de discusión amplia, robusta y participativa”, planteó la presidenta del Colegio, Vivian Godineaux Villaronga.

Advirtió que el proyecto trata de una transformación que va más allá de ajustes administrativos y que impacta directamente la estructura del sistema de justicia.

“No se trata meramente de un ajuste administrativo, sino de una reconfiguración de los pilares que sostienen el acceso a la justicia y la independencia judicial en Puerto Rico”, sostuvo.

Asimismo, señaló que avanzar sin ese proceso podría tener consecuencias en la confianza pública.

“Ignorar la pluralidad de voces en un proyecto de tal envergadura pondría en riesgo la estabilidad del sistema de derecho y la confianza ciudadana en sus instituciones”, añadió.

Otras posturas más “neutrales”

A diferencia de otras voces, el presidente de la Puerto Rico Lawyers Association (PRLA), Ramón Rosario Cortés, optó por una postura neutral, al no entrar en los méritos sustantivos del proyecto.

Rosario Cortés explicó que, como política institucional, la entidad evita fijar posiciones sobre legislación que no impacte directamente a sus miembros.

“Desde su fundación, la PRLA adoptó una postura institucional de no comentar en nombre de nuestros miembros sobre proyectos de ley o medidas ejecutivas”, indicó.

“No obstante, sostuvo que corresponde a la Asamblea Legislativa evaluar el alcance constitucional de la medida.

“La Asociación de Abogados entiende que son los funcionarios electos democráticamente… quienes deben considerar los contornos constitucionales del funcionamiento de nuestro sistema de justicia”, añadió.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empleados Judiciales, Anuicar Gerena Roilán, presentó la postura más favorable al proyecto entre los deponentes, al enmarcar la medida como un esfuerzo necesario de actualización del sistema judicial.

Gerena Roilán planteó que, tras más de dos décadas de vigencia de la ley actual, resulta razonable revisar su funcionamiento.

“Luego de más de dos décadas de vigencia, resulta prudente evaluar su funcionamiento práctico y considerar ajustes que permitan fortalecer la administración de justicia”, expresó.

Asimismo, afirmó que la medida busca “modernizar” la estructura del Poder Judicial, por lo que la considera un paso necesario hacia su actualización.

¿Qué propone el Proyecto del Senado 1096?

El Proyecto del Senado 1096 propone una reorganización amplia del Poder Judicial mediante la creación de una nueva “Ley del Poder Judicial de Puerto Rico”, que sustituiría la actual Ley de la Judicatura de 2003.

La medida plantea cambios estructurales en la administración de los tribunales, entre ellos la eliminación de la categoría de juez municipal, para que todos pasen a ser jueces superiores, y la formalización de un modelo de coadministración entre el Tribunal Supremo y su Juez Presidente.

Además, crea un Patronato del Poder Judicial con la facultad de recibir donativos y administrar fondos destinados a la conservación y funcionamiento del sistema judicial, así como un fideicomiso adscrito a esta entidad.

El proyecto también incluye enmiendas a leyes relacionadas, como el Código de Rentas Internas, para establecer incentivos contributivos por donativos al Patronato, la Ley Notarial y disposiciones sobre el Negociado de Traducciones.

New Fortress Energy (NFE), la empresa de infraestructura energética fundada por Wes Edens y que suple gas natural para generación eléctrica en Puerto Rico, alcanzó un acuerdo con sus acreedores para ejecutar una profunda reestructuración financiera que reducirá su deuda en aproximadamente un 90% y redefinirá su estructura corporativa.

El plan, que se llevará a cabo bajo un esquema legal del Reino Unido, permitirá a la compañía convertir cerca de $5,700 millones en obligaciones en una combinación de nueva deuda, acciones preferentes y capital común en una entidad reorganizada. Como resultado, la deuda se reducirá a unos $527 millones, mientras los acreedores pasarán a controlar el 65% de la nueva empresa, denominada “New NFE”.

La transacción también implica una reconfiguración operacional significativa. NFE se dividirá en dos compañías independientes: una, conocida como “BrazilCo”, agrupará las operaciones en Brasil —incluyendo terminales y plantas de generación— y quedará en manos de los acreedores; la otra, “New NFE”, continuará como empresa pública y concentrará el resto de los activos globales de gas natural licuado.

En el proceso, los accionistas actuales verán reducida su participación a un 35% del capital común, con la posibilidad de mayor dilución en el futuro. Esto dependerá de la conversión de hasta $2,500 millones en acciones preferentes emitidas como parte del acuerdo, que podrían transformarse en una participación mayoritaria adicional si no se redimen en un plazo de tres años.

La reestructuración ocurre tras un periodo de presión financiera para la compañía, afectada por el aumento en costos, retrasos en proyectos y una marcada caída en el valor de sus acciones durante el último año. Además, la empresa ha enfrentado tensiones de liquidez, incluyendo atrasos en pagos a suplidores, lo que aceleró las negociaciones con acreedores iniciadas a finales de 2025.

En este contexto, el acuerdo busca estabilizar la empresa y simplificar su modelo de negocio. Según expresó su principal ejecutivo, Wes Edens, la nueva estructura permitirá operar con menor nivel de endeudamiento y mayor capacidad de generación de flujo de efectivo, en un entorno energético global que sigue marcado por volatilidad en el mercado de gas natural licuado.

La compañía prevé iniciar el proceso formal en abril, con la expectativa de completar la reestructuración en el tercer trimestre de 2026, sujeto a la aprobación judicial y regulatoria.

La disputa entre la gobernadora Jenniffer González Colón y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, escaló en los últimos días a un intercambio público de acusaciones que evidencia una creciente tensión dentro del liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El conflicto tomó fuerza el pasado 12 de marzo, cuando Rivera Schatz arremetió contra el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, al alegar que este instruyó a jefes de agencia a no entregar documentos solicitados en el marco de una investigación legislativa. El presidente del Senado advirtió que, de no cumplirse con la entrega de la información, citaría al funcionario a una Comisión Total.

Al día siguiente, el Senado aprobó de manera unánime la citación de Domenech, formalizando el choque entre el Ejecutivo y el Legislativo. Desde La Fortaleza, la gobernadora respondió que esta movida representaba, en la práctica, una forma indirecta de interrogarla a ella.

A partir de ahí, el intercambio subió de tono.

González Colón planteó que las críticas constantes de Rivera Schatz responden a aspiraciones políticas futuras, particularmente a una posible candidatura a la gobernación. Además, lo señaló como el “principal agresor” de su administración.

El líder senatorial reaccionó con mensajes en redes sociales, algunos en tono irónico, en los que aparentaba respaldar la gestión de la mandataria mientras cuestionaba su entorno. “Nuestra Gobernadora siempre tiene la razón, va bien, está muy bien asesorada… ¡Francisco Domenech es el mejor testigo!”, escribió.

La gobernadora, por su parte, endureció sus expresiones al afirmar que “el mismo PNP está destruyendo desde adentro al mismo PNP”, y acusó a Rivera Schatz de intentar incidir en decisiones administrativas del Ejecutivo.

“Si no hace lo que él quiere, él quiere que los boten”, sostuvo, al tiempo que denunció presiones para remover a su secretario de la Gobernación.

En otra intervención, González Colón aseguró que “es más fácil atacarme a mí, investigarme a mí, que hacer lo propio con Eliezer Molina”, sugiriendo un uso selectivo del poder investigativo del Senado. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que jefes de agencia comparezcan ante una Comisión Total.

Rivera Schatz rechazó los señalamientos y negó actuar como “agresor”. Incluso, respondió con ataques más directos al señalar que la gobernadora mantiene en su equipo a una persona que —según alegó— sí fue señalada por conducta violenta, en referencia a Domenech.

El intercambio escaló aún más cuando el presidente del Senado publicó expresiones en las que, sin mencionarla directamente, criticó la “mentira constante” y la “incompetencia” en el servicio público. “Lo que sí molesta… es la mentira constante, la incompetencia, los burdos privilegios familiares”, expresó.

Este choque ocurre en un contexto donde el PNP ha intentado proyectar unidad. Durante su más reciente Asamblea General, líderes del partido hicieron llamados a la cohesión mientras lanzaban críticas a la prensa, la oposición y las voces que cuestionan su gestión, en un discurso más enfocado en confrontar que en asumir responsabilidades.

Sin embargo, el intercambio entre González Colón y Rivera Schatz deja al descubierto una dinámica distinta dentro de la colectividad: una pugna pública entre dos de sus principales figuras que, más allá de las diferencias administrativas, apunta a una lucha de poder con implicaciones políticas a futuro.

Por ahora, lo que comenzó como una controversia por requerimientos legislativos se ha transformado en un enfrentamiento directo —y cada vez más personal— entre dos líderes que, hasta hace poco, formaban parte del mismo frente político.

El Departamento de la Familia respaldó la aprobación de un bloque de proyectos legislativos que buscan reforzar las protecciones cibernéticas de menores, incluyendo una propuesta que establece los 16 años como edad mínima para acceder a plataformas de redes sociales.

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Tres proyectos fueron presentados por el representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez, quien destacó la falta de regulaciones y la vulnerabilidad de los menores ante la violencia cibernética, un problema que, según él, se ha agravado con la acelerada transformación digital.

“Se entiende pertinente y meritorio adoptar cuantas medidas sean necesarias al un padre, madre o custodio determinar brindarle acceso al mundo digital a un menor de edad”, opinó la secretaria de la Familia, Suzanne Roig. “Esta población resulta ser la más indefensa ante el acecho de depredadores sexuales o personas mal intencionadas que se valen de estos medios”, abundó.

El análisis se basó en tres iniciativas:

• Proyecto de la Cámara 977, que busca exigir a las tiendas virtuales verificar la edad de sus usuarios al descargar aplicaciones móviles, con consentimiento parental para menores de 18 años.
• Proyecto de la Cámara 978, que procura sentar el “deber de cuidado digital” para plataformas digitales.
• Proyecto de la Cámara 1136, que pretende disponer la edad mínima de 16 años para el uso de redes sociales, con multas a proveedores de hasta $20,000 por infracción.

“El propósito fundamental es crear una red de seguridad digital donde la responsabilidad legal recaiga exclusivamente en las plataformas y no en los menores o sus tutores”, afirmó Navarro Suárez sobre el Proyecto de la Cámara 1136.

Las medidas recibieron recomendaciones de varias agencias durante vistas de la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara, presidida por Edgar Robles Rivera. Entre ellas, el Negociado de Telecomunicaciones (NET) destacó la importancia de las iniciativas, pero instó a minimizar posibles conflictos constitucionales.

El presidente del NET, Osvaldo Soto, sugirió incluir criterios sobre características adictivas de las redes sociales, como el “scrolling” infinito, notificaciones de actividades, reproducciones automáticas de videos y métricas interactivas personales.

Además, afirmó que la División de Querellas del NET tiene facultad para imponer multas administrativas de hasta $25,000 por violaciones a la normativa.

Soto indicó que han sostenido reuniones con representantes de Instagram, TikTok y Meta para evaluar mecanismos que cumplan con la Ley 185-2024, conocida como Ley para la Protección de la Privacidad Cibernética de los Niños y Jóvenes.

Según el NET, Instagram implementará a finales de este año una herramienta que notificará a padres o tutores cuando un menor busque contenido relacionado con suicidio o autolesiones.

Por su parte, WhatsApp planea habilitar un código exclusivo para que los progenitores tengan “control absoluto” sobre las cuentas de los menores.

“Entiéndase, quién lo contacta; qué conversa; a qué grupos se une, etcétera. Así que nosotros estamos encaminados a seguir estas conversaciones con todas las plataformas”, pronunció Soto. “Esto no es una legislación nueva, y ellos han accedido a poner mecanismos de control”, añadió.

Sin embargo, el Colegio de Profesionales de Trabajo Social (CPTS) manifestó su oposición a las legislaciones tras señalar que las iniciativas no están fundamentadas en evidencia rigurosa y tampoco consideran el impacto diferenciado sobre poblaciones en situación de vulnerabilidad.

La presidenta de la Junta Directiva del CPTS, Lydael Vega, criticó la falta de alternativas a la restricción para los grupos que se identifican como los más susceptibles a los daños del entorno digital, pero también como los que más dependen del acceso digital para su seguridad, conexión y desarrollo.

“Las respuestas que parten de la restricción, sin considerar las causas estructurales de la vulnerabilidad, sin consultar a las personas afectadas, y sin proveer alternativas reales, producen consecuencias no deseadas que recaen siempre con mayor peso sobre las poblaciones que ya cargan con las mayores desigualdades”, sostuvo Vega.

Por su parte, el teniente Luis Maldonado, jefe de la División de Crímenes Cibernéticos de la Policía, indicó que implementar estas políticas requeriría recursos y estructuras de supervisión que actualmente no forman parte de la capacidad operativa de la agencia.

Maldonado afirmó que la Uniformada apoya mecanismos de control parental, pero subrayó que las regulaciones deben evitar revictimizar a los padres o responsabilizarlos por conductas dentro de plataformas diseñadas por empresas tecnológicas.

Las representantes Estrella Martínez Soto y Lisie Burgos Muñiz también mostraron reservas con las medidas tras coincidir en que las iniciativas propuestas pudieran integrarse mediante enmiendas a la Ley 185.