En anticipación a un aumento en las filas de inspección de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) este fin de semana, Aerostar activó un plan para agilizar el flujo de pasajeros, asistir a los viajeros y reforzar la seguridad en el aeropuerto en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina

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El presidente de Aerostar, Jorge Hernández, explicó que, ante la situación que continúan enfrentando los agentes de la TSA y con la proximidad de Semana Santa, se espera un incremento significativo en el tráfico de pasajeros.

“Podríamos ver filas que se extiendan hasta la calle. Por ello, comenzamos a delinear un plan para establecer un proceso y la logística que permita mantener un orden, facilitar el flujo de pasajeros y reforzar la seguridad. Además, asignamos personal adicional para asistir a los viajeros durante el día, la noche y madrugada en estas zonas. La policía municipal y estatal estará brindando apoyo”, indicó.

“Colocamos vallas en las aceras para demarcar la ruta de las filas regulares de inspección, que continúan aumentando gradualmente. Se cerraron los carriles internos, los más cercanos a los terminales, para ubicar carpas adicionales que protejan de las inclemencias del tiempo a los pasajeros en las filas que se esperan que podrían extenderse más allá de la acera. El tráfico vehicular será redirigido a los tres carriles restantes como medida de seguridad para proteger a los pasajeros en las filas exteriores”, detalló.

Como parte del plan instituido por Aerostar, los pasajeros que viajan por las aerolíneas ubicadas en el terminal A se están redirigiendo hacia las puertas 1 a la 3 como medida para facilitar el movimiento de la fila de inspección que se ha extendido a lo largo de todo el exterior de las terminales.

Jetblue y Tradewind son dos de las aerolíneas que operan desde el Terminal A.

Hernández agregó que Aerostar está tomando todas las medidas viables, incluyendo la disposición de personal de emergencias para atender cualquier situación que pueda surgir.

Los programas PreCheck y Clear continúan operando filas destinadas para sus miembros. Aunque estas, en ocasiones registran menos tiempo que la fila regular, por la situación actual, se extienden significativamente, al punto de llegar incluso hasta el hotel del aeropuerto.

Por ello, Aerostar mantiene la misma recomendación de llegar entre tres y cuatro horas con antelación al vuelo para los participantes de estos programas.

Si está viajando a territorio de los Estados Unidos, el primer paso debe ser pasar la inspección de la agencia federal de Agricultura (USDA por sus siglas en inglés) tanto para el equipaje de manos y como las maletas que sean facturadas en el avión. De este modo, evitara que luego de hacer la fila de inspección de TSA tenga que regresar a realizar el tramite con USDA como dicta la normativa federal.

El presidente de Aerostar indicó además que los estacionamientos operados por el aeropuerto, el multipisos y el servicio satélite desde Mall of San Juan, están funcionando con disponibilidad de espacios.

El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones Rivera, confirmó que enfrenta cuatro querellas radicadas en su contra y sostuvo que estas responden a un intento deliberado por removerlo de su posición.

En entrevista con Alexandra Lúgaro, el funcionario aseguró que las denuncias —que incluyen alegaciones de acoso sexual, acoso laboral, discrimen por razón de sexo y represalias— no tienen fundamento.

“Hay cuatro, no de la misma naturaleza, pero todas están relacionadas… son falsas. De hecho, la prueba va a demostrar lo contrario”, expresó.Quiñones

Rivera planteó que las querellas provienen de personas que trabajaban bajo su supervisión en posiciones de confianza y que, desde el inicio de su gestión, buscaban evitar que asumiera o se mantuviera en el cargo.

“Son cuatro personas que han tratado desde el día uno… que este servidor no sea el Secretario de Corrección”, afirmó.

El titular del DCR insistió en que se trata de una “agenda” impulsada por dinámicas internas dentro de la agencia, incluyendo diferencias sobre el manejo administrativo y decisiones tomadas desde su llegada.

“Esto es una agenda… personas por debajo de mí que han querido mandar por encima del secretario y dirigir cosas en una dirección contraria a los mejores intereses del departamento”, sostuvo.

Al ser cuestionado sobre las alegaciones específicas de conducta inapropiada, el secretario las rechazó de forma categórica y aseguró que no existe evidencia que las respalde.

“Totalmente falso… en absoluto”, respondió al preguntársele si podrían surgir mensajes, grabaciones o videos que sustenten los señalamientos.

Por el contrario, indicó que cuenta con comunicaciones que —según dijo— contradicen la versión de una de las querellantes, incluyendo mensajes que, a su juicio, reflejan una relación distinta a la descrita en las denuncias.

Quiñones Rivera también vinculó la controversia a decisiones disciplinarias dentro del DCR, mencionando como ejemplo la destitución de una oficial correccional tras un incidente de agresión a una confinada, lo que —según alegó— generó presiones internas.

El funcionario reiteró que continuará en funciones y defendió su trayectoria de casi tres décadas en el servicio público, asegurando que no se dejará intimidar por las querellas.

La Comisión para la Prevención del Suicidio (CPS), adscrita al Departamento de Salud (DS), desarrolló un manual dirigido a legisladores para que, en procesos legislativos relacionados a salud pública, sea utilizado para proveer datos y contexto de qué determinantes sociales propician un suicidio.

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La doctora Nayda Román Vázquez, directora ejecutiva de la CPS, explicó que el proyecto facilita la coordinación entre la información que genera el DS y las políticas que redacte la Legislatura.

“Llevamos años redactando memoriales explicativos, emitiendo comentarios sobre proyectos de ley y vemos cómo acogen nuestras medidas, pero no hemos podido sistematizar el uso de la información que se genera en nuestra oficina en el trabajo que hace la Legislatura”, expresó la psicóloga a preguntas de la prensa en una conferencia que reunió a la Alianza Multisectorial para la Prevención del Suicidio.

El propósito entonces es que se pueda integrar el Manual para legisladores: Lo que todo legislador debe saber sobre la prevención del suicidio en Puerto Rico en procesos legislativos como referencia, ya sea para que sea citado en exposiciones de motivos, promover capacitación o fortalecer colaboración.

Entre 2000 y 2025, se han registrado 7,395 suicidios en Puerto Rico, lo que representa un promedio de 287 muertes por año, según datos recopilados por la Comisión. El 85% de esas muertes corresponden a hombres mayores de 50 años, de las poblaciones más afectadas continuamente.

Los cuatro componentes clave destacados en el manual son economía, salud, vivienda y medios letales, destacó la directora.

“El estrés económico, dificultades en salud, problemas para obtener vivienda asequible y fácil acceso a medios letales pueden, y hacen, la diferencia cuando una persona decide elegir vivir o elegir morir”, subrayó, tras mencionar que el suicidio no es solo un asunto de salud mental.

Por cada determinante, el manual recomienda soluciones para implementar como, para lo económico, programas de asistencia económica, subsidios de desempleo, capacitación laboral y ampliación de cobertura de servicios psicológicos en momentos de crisis financiera.

En la categoría de salud, se enfatiza que hay un “vínculo estrecho” entre la salud física y mental, por lo que sugieren asegurar servicios de ambos tipos de salud a personas sin seguro médico. “Una no puede existir sin la otra”, puntualizó la psicóloga.

Para atender personas que enfrentan inestabilidad residencial, el manual esboza la implementación de políticas de vivienda asequible, programas de apoyo a inquilinos y servicios de salud mental para personas con dificultades en conseguir o mantener vivienda.

Sobre medios letales, como armas de fuego, Román Vázquez dijo que la impulsividad aumenta la probabilidad de que se intente un suicidio, por lo que la Comisión recomienda almacenarlas en un espacio lejano del hogar y que así sea exigido para todo portador de armas. Actualmente solo se exige cuando tenga más de cinco armas.

El secretario del DS, Víctor Ramos Otero, por su parte, expresó que el suicidio es prevenible y requiere la participación de múltiples sectores de la sociedad. “Desde el Departamento de Salud promovemos iniciativas que acerquen la evidencia científica y los datos de salud pública a los espacios donde se discuten y desarrollan políticas que impactan directamente el bienestar de nuestra población”, planteó.

El representante Carlos “Johnny” Méndez será portavoz liderará una agenda de trabajo para impulsar actividades educativas dirigidas a los legisladores y a sus equipos de trabajo.

Si usted o alguien que conoce necesita apoyo emocional o está en riesgo de suicidio, puede comunicarse con la Línea PAS al 9-8-8, al servicio VRS 787-615-4112 o acceder al chat en lineapas.assmca.pr.gov.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.

El presidente de la Comisión de Transportación de la Cámara de Representantes, José Hernández Concepción, dijo el viernes que citará bajo apercibimiento de desacato a centros de inspección que no comparecieron a una vista pública sobre presuntas irregularidades en multas.

“En primera instancia, esta Comisión va a citar a los centros que no comparecieron hoy con apercibimiento de desacato a una próxima vista”, dijo Hernández Concepción durante la audiencia pública.

“No es posible, y no debe ser así, que en el gobierno de Puerto Rico no haya constancia de ninguno de los procesos. Los procesos deben ser documentados, y deben ser claros”, añadió.

La vista forma parte de una investigación legislativa relacionada con multas impuestas por el Departamento de Transportación y Obras Públicas a centros de inspección y su posterior reducción.

Hernández Concepción indicó que durante el proceso se identificaron casos en los que estaciones enfrentaron multas ascendentes a 300,000 dólares, pero pagaron alrededor de 5,000 dólares.

El legislador sostuvo que la comisión evalúa posibles referidos a las autoridades estatales y federales si se determina la comisión de delitos.

“Definitivamente, este proceso debe continuar. El pueblo de Puerto Rico necesita y debe saber la verdad de lo que pasa con los fondos públicos”, expresó la representante Lisie Burgos Muñiz.

Un hombre de Guaynabo fue acusado el viernes por un gran jurado federal por secuestro y “carjacking” contra un empleado del Servicio Postal de Estados Unidos, informó la Fiscalía federal.

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Según documentos del caso, Ariel Ayala Meléndez, de 59 años, supuestamente secuestró a un cartero el 25 de noviembre de 2025 mientras este realizaba sus labores.

De acuerdo con la acusación, el imputado utilizó un arma blanca para obligar al empleado a conducir el vehículo postal desde San Juan hasta Guaynabo, donde la víctima logró escapar tras chocar el vehículo.

El acusado enfrenta cargos por secuestro, agresión con arma peligrosa contra un empleado federal, robo de correspondencia bajo custodia y apropiación ilegal de vehículo de motor.

Ayala Meléndez compareció ante la jueza magistrada Giselle López Soler en el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico.

De ser hallado culpable, podría enfrentar cadena perpetua por el cargo de secuestro, además de penas de hasta 20 años por los cargos relacionados y hasta 15 años por el de apropiación ilegal de vehículo.

El caso es investigado por el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos con apoyo del Buró Federal de Investigaciones y el Negociado de la Policía de Puerto Rico.

El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, vislumbró que en el año entrante, cuando caduca la paridad de fondos federales que financian el Programa Medicaid, se atendería la continuidad de esos fondos.

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El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) planteó que el Congreso de Estados Unidos deja las cosas “para última hora” y, además, al ser año electoral de medio término, podrían haber cambios en la composición de esa rama legislativa, lo que aplaza negociaciones.

“No quiero que nadie esté el 1 de septiembre de 2027 pensando que, como no se ha logrado (la paridad), no se va a lograr. […] Algunos creen que podría lograrse a finales de este año. Yo lo veo improbable porque si hay un cambio de composición en el congreso y ganan los demócratas, van a decir: ‘Yo no voy a negociar algo desde la minoría si voy a ser mayoría en dos meses’”, abordó en su participación en una conferencia de salud que organizó la Cámara de Comercio.

Hernández Rivera se mostró confiado de asegurar, como mínimo, la paridad existente, pues lo más difícil, dijo, es solicitar más, como una transición al Programa de Asistencia Nutricional Suplementario (SNAP, en inglés) —que los federales excluyeron del proyecto de ley conocido como “Farm Bill”— o incluir en la cubierta de planes Advantage el Long-Term Care para personas con condiciones crónicas.

El funcionario celebró que alcanzó 17 firmas de congresistas para “presionar al Gobierno federal para que tome acción y corrija este problema sin necesidad de legislar”, en comparación con las 14 que se recopilaron el año pasado.

El enfoque “más persuasivo”, mencionó a Metro Puerto Rico, es utilizar estadísticas que sustenten una buena utilización de fondos: “Si tenemos los datos que demuestran cumplimiento, aumentaremos la probabilidad de que nos asignen más fondos o de que mantengamos los que tenemos actualmente”.

Esa información, aclaró, la debe proveer el Departamento de Salud.

“Si no se extiende ese financiamiento, pues las consecuencias sobre nuestro sistema de salud serían devastadoras, porque bajaríamos de cerca de cuatro billones [de dólares] a cuatrocientos millones [de dólares]”, añadió en un aparte con la prensa.

En cuanto a los fondos de Medicare Advantage, aceptó que ha tenido más dificultad que en ocasiones anteriores, por lo que no quiso brindar expectativas “Estamos dando la pelea”, contestó.

Opinó que los fondos bajo Medicaid, que financia el Plan Vital, tengan mayor probabilidad de un desenlace “positivo”.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.

El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) aseguró que ya comenzó la implementación de la Resolución Conjunta 5-2026, medida que ordena detener cargos a clientes con sistemas solares y actualizar el reglamento de interconexión, en medio de cuestionamientos sobre el impacto de estos cambios en la red eléctrica.

Durante una vista pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Víctor Parés Otero, la comisionada asociada del NEPR, Lillian Mateo Santos, detalló el estado de los trabajos regulatorios tras la aprobación de la medida.

La resolución, firmada por la gobernadora Jenniffer González Colón, instruye a LUMA Energy a no cobrar cargos de hasta $300 por estudios suplementarios a sistemas fotovoltaicos de menos de 25 kilovatios, al tiempo que ordena al regulador energético desarrollar un nuevo reglamento de interconexión adaptado a tecnologías modernas.

En ese contexto, el Negociado explicó que su rol como ente independiente abarca funciones de reglamentación, investigación y adjudicación dentro del sistema eléctrico, incluyendo la supervisión del cumplimiento de la política energética.

“El Negociado de Energía de Puerto Rico es el ente independiente y especializado, creado bajo la Ley Núm. 57-2014, según enmendada, conocida como ‘Ley de Transformación y Alivio Energético’ para servir como componente clave para la cabal y transparente ejecución de la Reforma Energética”, expresó Mateo Santos en su ponencia.

La funcionaria indicó de forma indirecta que la agencia mantiene múltiples procesos regulatorios simultáneos —como revisión de tarifas, modernización del sistema e interconexión— lo que obliga a actualizar constantemente el marco normativo conforme evoluciona el sector energético.

En cuanto al cumplimiento específico de la resolución conjunta, el Negociado detalló que ya inició pasos concretos para la creación del nuevo reglamento.

“En cumplimiento con la Resolución Conjunta Núm. 5-2026, informamos que el NEPR, ya seleccionó y contrató al consultor técnico que apoyará en la coordinación de los talleres requeridos por la mencionada Resolución Conjunta, así como con la preparación del nuevo borrador del reglamento de interconexión”, sostuvo.

Además, la agencia confirmó que abrió un proceso de participación pública para recibir insumos de la ciudadanía y sectores interesados, como parte de la revisión del reglamento vigente.

“Así también, el NEPR emitió una resolución, publicando un borrador del reglamento y solicitando comentarios informales al público en general y a las partes interesadas. La fecha límite para que las partes interesadas sometan sus comentarios es el 15 de abril de 2026”, añadió.

Según se desprende de la ponencia, este proceso incluirá talleres participativos con expertos y actores del sector energético, que servirán de base para un nuevo marco regulatorio que incorpore conceptos como planificación de capacidad, compensaciones por restricciones energéticas y criterios de distribución de costos.

El Negociado subrayó que uno de los principios centrales del nuevo reglamento será evitar que los costos asociados a mejoras en la red se transfieran de forma injusta al resto de los abonados.

La agencia también recordó que la resolución conjunta establece plazos específicos: 180 días para presentar un borrador del reglamento y un máximo de 365 días para completar el proceso de adopción final.

El desarrollo de este reglamento ocurre en medio de advertencias de LUMA Energy, que ha planteado que eliminar cargos relacionados a estudios técnicos podría afectar la estabilidad del sistema eléctrico, al limitar evaluaciones necesarias para la integración segura de energía renovable.