Persisten condiciones peligrosas en el mar y las playas durante gran parte de la semana. Siguen avisos para embarcaciones pequeñas y existe alto riesgo de corrientes marinas en muchas playas del norte y este de Puerto Rico.

Un frente con una vaguada asociada aumentará los aguaceros durante el fin de semana.

Hoy domina aire seco en la región. La humedad es limitada, por lo que los aguaceros que se formen serán rápidos y con poca acumulación de lluvia, en general por debajo de 0.20 pulgadas.

Durante la noche y la madrugada del miércoles, el viento disminuirá y llegará un aumento leve de humedad. Esto provocará más aguaceros, principalmente en el este de Puerto Rico y en las Islas Vírgenes. Las cantidades de lluvia seguirán siendo bajas, aunque en algunos puntos aislados pueden acercarse a media pulgada. No se espera riesgo de inundaciones.

Para el jueves aumentará la humedad de forma más notable y el viento será más débil. Esto favorecerá un patrón más activo con mayor cobertura de aguaceros y acumulaciones que podrían acercarse a una pulgada en algunos sectores.

Para hoy, aguaceros aislados. Mayormente soleado. Máxima cerca de 86 grados. Viento del este entre 14 y 18 millas por hora, con ráfagas de hasta 26. Probabilidad de lluvia 20%.

Esta noche, aguaceros dispersos después de las 9:00 p.m. Parcialmente nublado. Mínima cerca de 71 grados. Viento del este entre 7 y 9 millas por hora. Probabilidad de lluvia 40%.

Mañana, aguaceros dispersos entre el mediodía y las 3:00 p.m. Mayormente soleado. Máxima cerca de 86 grados. Viento del este entre 10 y 16 millas por hora, con ráfagas de hasta 22. Probabilidad de lluvia 50%.

La presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, Zoimé Álvarez Rubio, cuestionó la intervención del gobierno en decisiones operacionales de la banca a raíz del Proyecto de la Cámara 1176, que propone aumentar de $500 a $1,000 el límite diario de transferencias electrónicas entre personas.

Durante una entrevista en Metro al Mediodía, que podrás ver hoy martes, Álvarez Rubio sostuvo que la propuesta legislativa representa una intromisión en una operación privada que tradicionalmente se define mediante criterios de negocio, seguridad financiera y análisis de riesgo.

“No es una cuestión de la cantidad… es la intromisión del gobierno a las operaciones de una industria privada que toma muchos factores para descifrar cuál es el mínimo aceptable”, expresó.

Según explicó, los límites actuales responden a evaluaciones internas relacionadas con prevención de fraude, capacidad operativa y manejo de riesgos dentro de las instituciones financieras.

Critican imposición legislativa

Álvarez Rubio indicó que la iniciativa tomó por sorpresa al sector bancario y aseguró que la industria no fue consultada previamente sobre la medida.

La líder del sector sostuvo que elevar el límite podría aumentar los riesgos de fraude y complicar los procesos de monitoreo de transacciones.

“El promedio de las transferencias entre individuos es de $100 o menos, por lo que no existe una necesidad real de elevar el límite”, afirmó.

Añadió que, cuando ocurren incidentes de fraude, son las instituciones financieras las que deben investigar los casos y responder ante los clientes afectados.

“Ahora hay un dolor de cabeza cuando se paraliza una cuenta por $500. Imagínate cuando una persona se vea desprovista de $1,000”, advirtió.

Debate sobre autonomía empresarial

La presidenta de la Asociación de Bancos también señaló que permitir este tipo de regulación podría sentar un precedente de intervención gubernamental en operaciones privadas.

“Esto es una puerta que es muy peligrosa abrir”, sostuvo, al advertir que podría abrir la puerta a regulaciones más detalladas sobre cómo operan las empresas.

A su juicio, los límites de transacciones deben seguir siendo decisiones empresariales basadas en análisis de comportamiento del consumidor, manejo de riesgo y capacidad tecnológica de cada institución.

“Un banco puede decidir subirlo mañana, pero tiene que ser una decisión del negocio”, concluyó.

La ejecutiva dijo estar convencida de que la propuesta no representa la política pública del Ejecutivo, pues señaló se trata de una propuesta típica de modelos de gobiernos con gran control sobre las personas. Recordó que la gobernadora Jenniffer González es republicana y que ha manifestado que su administración es pro desarrollo económico.

El Proyecto de la Cámara 1176 continúa su trámite legislativo y deberá evaluarse en la Cámara de Representantes antes de determinar si se convierte en ley.

El tribunal federal rechazó el reclamo de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que buscaban prioridad de pago por al menos $3,700 millones dentro del proceso de quiebra bajo PROMESA, en una decisión que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) describió como un paso clave para avanzar la reestructuración.

La jueza Laura Taylor Swain concluyó que el reclamo “no procede en derecho” y que ninguna de las teorías legales presentadas por los bonistas justifica otorgar prioridad administrativa, cerrando así una de las disputas más relevantes del caso de la AEE.

La determinación tiene un efecto directo sobre uno de los argumentos centrales de los bonistas: la alegación de que la corporación pública generó miles de millones en ingresos netos tras la quiebra que debían destinarse al pago de la deuda.

En enero pasado, grupos de bonistas solicitaron al tribunal abrir descubrimiento de prueba, alegando que la JSF ocultaba información sobre más de $3,700 millones en ingresos netos reflejados en informes operacionales mensuales (MORs).

Sin embargo, el tribunal resolvió el caso sin entrar a esa controversia fáctica, al determinar que, aun si esos ingresos existieran, no cumplen con los requisitos legales para ser tratados como gastos administrativos con prioridad de pago.

Como consecuencia, solicitudes de descubrimiento relacionadas —incluyendo la petición para obligar la entrega de documentos— fueron declaradas académicas y quedaron sin efecto en órdenes posteriores.

Impulso al plan de ajuste

La JSF sostuvo que el fallo elimina un obstáculo significativo para la confirmación de su plan de ajuste, que busca reducir la deuda de la AEE y culminar el proceso de reestructuración.

“Elimina un obstáculo importante para reducir la deuda de la AEE y dar fin al proceso bajo Título III”, indicó el ente en declaraciones escritas.

El plan propuesto contempla pagos de hasta $2,600 millones para atender las reclamaciones de todos los acreedores, incluidos los bonistas.

Disputa por el valor de la deuda

Los bonistas alegan que la deuda total de la AEE supera los $11,000 millones, incluyendo unos $8,500 millones acumulados antes de la quiebra.

No obstante, la Junta insiste en que el único colateral de esos bonos —los llamados ingresos netos— es limitado o inexistente debido al deterioro del sistema eléctrico y los altos costos operacionales.

El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito determinó en 2024 que los ingresos netos son colateral de los bonistas, aunque no fijó el valor de recuperación.

El manejo de medidas cautelares en el Departamento de Educación —una herramienta administrativa que puede separar a docentes de sus funciones mientras se investigan querellas— será objeto de escrutinio legislativo, ante preocupaciones de que su aplicación prolongada esté dejando a maestros en un limbo sin resolución.

La Comisión de Educación de la Cámara de Representantes celebrará mañana miércoles una vista pública como parte de una investigación ordenada por la Resolución de la Cámara 122, enfocada en examinar el uso, duración y manejo de estas medidas dentro del sistema público.

“Como educadora y como legisladora, me preocupa profundamente que existan maestros separados de sus funciones por años sin una resolución clara. Ningún servidor público debe vivir en un limbo administrativo que afecta su estabilidad emocional, profesional y económica”, expresó la presidenta de la Comisión, Tatiana Pérez Ramírez.

Actualmente, el reglamento del Departamento permite separar temporalmente a un docente como medida preventiva cuando se identifica un posible riesgo para la comunidad escolar.

No obstante, esa figura no tiene un término máximo establecido, lo que ha generado cuestionamientos sobre su impacto en los derechos laborales y el debido proceso del personal docente.

El asunto forma parte del análisis legislativo que se realizará en la vista pública, donde también se evaluará el alcance de propuestas dirigidas a establecer límites a estas prácticas.

De mecanismo preventivo a foco de controversia

Aunque el Departamento de Educación sostiene que las medidas cautelares no constituyen sanciones disciplinarias, su uso ha sido objeto de debate público, particularmente en casos donde docentes han permanecido separados de sus funciones por periodos prolongados.

Uno de los casos que llamó la atención pública recientemente fue el de un maestro en Corozal que fue separado de su escuela tras denunciar condiciones de infraestructura.

El Departamento, por su parte, ha defendido que estas decisiones responden a evaluaciones de riesgo y cumplimiento con reglamentos internos.

La Resolución de la Cámara 122 faculta a la Comisión a investigar múltiples aspectos del sistema educativo, incluyendo la reglamentación, supervisión y operación administrativa del Departamento de Educación.

La presidenta de la Comisión indicó que examinará específicamente el uso de medidas cautelares.

Presión sobre el sistema disciplinario

La discusión legislativa ocurre en medio de cuestionamientos sobre la capacidad del Departamento para procesar casos disciplinarios en un tiempo razonable.

En el contexto de la investigación, también se evaluarán propuestas legislativas dirigidas a establecer límites al uso de medidas cautelares, incluyendo iniciativas que plantean fijar un término máximo para la adjudicación de los casos.