El manejo de medidas cautelares en el Departamento de Educación —una herramienta administrativa que puede separar a docentes de sus funciones mientras se investigan querellas— será objeto de escrutinio legislativo, ante preocupaciones de que su aplicación prolongada esté dejando a maestros en un limbo sin resolución.
La Comisión de Educación de la Cámara de Representantes celebrará mañana miércoles una vista pública como parte de una investigación ordenada por la Resolución de la Cámara 122, enfocada en examinar el uso, duración y manejo de estas medidas dentro del sistema público.
“Como educadora y como legisladora, me preocupa profundamente que existan maestros separados de sus funciones por años sin una resolución clara. Ningún servidor público debe vivir en un limbo administrativo que afecta su estabilidad emocional, profesional y económica”, expresó la presidenta de la Comisión, Tatiana Pérez Ramírez.
Actualmente, el reglamento del Departamento permite separar temporalmente a un docente como medida preventiva cuando se identifica un posible riesgo para la comunidad escolar.
No obstante, esa figura no tiene un término máximo establecido, lo que ha generado cuestionamientos sobre su impacto en los derechos laborales y el debido proceso del personal docente.
El asunto forma parte del análisis legislativo que se realizará en la vista pública, donde también se evaluará el alcance de propuestas dirigidas a establecer límites a estas prácticas.
De mecanismo preventivo a foco de controversia
Aunque el Departamento de Educación sostiene que las medidas cautelares no constituyen sanciones disciplinarias, su uso ha sido objeto de debate público, particularmente en casos donde docentes han permanecido separados de sus funciones por periodos prolongados.
Uno de los casos que llamó la atención pública recientemente fue el de un maestro en Corozal que fue separado de su escuela tras denunciar condiciones de infraestructura.
El Departamento, por su parte, ha defendido que estas decisiones responden a evaluaciones de riesgo y cumplimiento con reglamentos internos.
La Resolución de la Cámara 122 faculta a la Comisión a investigar múltiples aspectos del sistema educativo, incluyendo la reglamentación, supervisión y operación administrativa del Departamento de Educación.
La presidenta de la Comisión indicó que examinará específicamente el uso de medidas cautelares.
Presión sobre el sistema disciplinario
La discusión legislativa ocurre en medio de cuestionamientos sobre la capacidad del Departamento para procesar casos disciplinarios en un tiempo razonable.
En el contexto de la investigación, también se evaluarán propuestas legislativas dirigidas a establecer límites al uso de medidas cautelares, incluyendo iniciativas que plantean fijar un término máximo para la adjudicación de los casos.
