Pese a la asignación de $1.6 millones de dólares por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) a la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM), las organizaciones y albergues dirigidos a proteger y salvaguardar los derechos de las mujeres sobrevivientes de violencia de género cuestionaron hoy, lunes, su eficiencia.

Desde la OGP se transfirió, el pasado viernes, la cantidad interagencial de $1,654,124 millones de dólares en fondos estatales a la OPM con el propósito de reforzar las estrategias de prevención, educación y respuesta frente a la violencia de género en Puerto Rico.

Esta asignación no es un desembolso aislado, sino que eran fondos provenientes de la subvención STOP VAWA, que lleva recibiendo la OPM desde hace unos años y que está obligada a distribuir anualmente a las organizaciones (ONG) que ofrecen servicios a sobrevivientes de violencia de género, no solo a los albergues.

El desembolso de estos fondos ocurre mediante la presentación de propuestas al Departamento de Justicia o a la OPM, y, en este caso, los fondos fueron logrados gracias a las organizaciones sin fines de lucro, sometiendo propuestas y luchando contra otras entidades por una aprobación de dinero que al final busca salvar a las mujeres.

La propuesta fue sometida por las organizaciones Casa de la Bondad, Casa Pensamiento de Mujer del Centro, Casa Protegida Julia de Burgos, Centro de la Mujer Dominicana, Centro de Servicios Comunitarios Vida Plena, Oficina Legal de la Comunidad y Hogar Ruth.

“El dinero que nosotros vamos a desembolsar de inmediato responde a la propuesta sometida por las ONG durante los meses de abril, mayo y junio; hasta junio 30″, indicó la procuradora de las mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez.

“Esta asignación de fondos representa un paso significativo para continuar fortaleciendo la red de apoyo a las víctimas y asegurar que las organizaciones que trabajan directamente con esta población cuenten con los recursos necesarios para sostener y ampliar sus servicios”, añadió Piñeiro Vázquez.

¿Cómo serán distribuidos los fondos?

El desglose contempla $343,224 mil dólares para la continuidad de programas dirigidos a ONG para este año fiscal y $1 millón de dólares destinados a una nueva convocatoria para subvencionar ONG, municipios y agencias gubernamentales.

Así mismo, se destinaron $133 mil dólares para el desarrollo de una plataforma educativa virtual que ofrecerá talleres, certificaciones y capacitaciones, además de recopilar datos estadísticos para mejorar la prevención. Otros $72,900 dólares se utilizaran para actualizar el sistema STREAMLINE, el cual digitaliza los casos para facilitar la labor de los trabajadores sociales y abogados. Finalmente, $105 mil dólares para la capacitación de los primeros respondedores.

Además, desde Justicia se hizo una convocatoria donde otorgarían $2,047,317 millones de dólares a todas las organizaciones que ofrecen servicios a sobrevivientes de violencia doméstica, no solo a los albergues, esto para subvencionar organizaciones, municipios y agencias gubernamentales.

“La prioridad es apoyar servicios directos a víctimas; tanto con servicios psicosociales, vivienda transitoria, ayuda legal y apoyo en salud mental inmediata para garantizar asistencia directa a mujeres víctimas de violencia doméstica, acoso, acecho, violencia sexual no solo con consejería y apoyo psicológico, sino también con servicios de salud y líneas de ayuda 24/7″, indicó la Procuradora.

Ninguna organización conoce si le van a otorgar fondos de Justicia, ya que es una convocatoria abierta a cubrir todas las víctimas del crimen en Puerto Rico desde todas las instancias, no solamente a albergues de emergencias ni a las ONG que atienden mujeres sobrevivientes de violencia.

“La necesidad permanece hasta tanto y hasta cuanto no sepamos cual es la otorgación, así que siempre vamos a estar viviendo en el filo de estar todo el tiempo tambaleándonos. Este año cubrimos y el año que viene no sabemos“, indicó la directora de la organización comunitaria Hogar Ruth, Lisdel Flores Barger.

“Es importante que se conozca y se diga porque somos nosotras las ONG las que estamos protegiendo a las víctimas en el País mientras el Estado está definiendo como resolvemos el asunto”, añadió.

La directora de Hogar Ruth cuestiona la celebración de la Procuradora ante la asignación de fondos

Piñeiro Vázquez se mostró agradecida por haber logrado, desde la OPM, la asignación de fondos, así como el respaldo de la gobernadora Jenniffer González Colón por “atender la solicitud y respaldar los esfuerzos”. Sin embargo, la directora de Hogar Ruth contrastó esta celebración.

“Podemos celebrar y agradecer su gesta, pero es su responsabilidad que los recursos estén disponibles en todo momento. No puedo celebrar cada vez que consigamos un recurso porque realmente es nuestra responsabilidad, y esa es la responsabilidad de la OPM. Podemos agradecer la gesta, pero es la misma gesta que estamos haciendo nosotras desde nuestras organizaciones, así que pues, es mutuo ese trabajo”, indicó Flores Barger.

Por otro lado, reconoció que la Procuradora ha sido muy diligente en mantener una comunicación estrecha con las organizaciones en cuanto a la asignación y el desembolso de fondos.

“Ella sí nos ha indicado todas las gestiones que han estado haciendo, y nosotros proponemos que esa misma diligencia que ella ha hecho en estos meses, se continúe perpetuando para que a junio 30 nosotros no tengamos, o a diciembre, no tengamos la debacle para poder cubrir los fondos”, indicó.

El Senado de Puerto Rico aprobó este lunes en sesión ordinaria el Proyecto del Senado 973, para establecer la “Ley para la Protección Económica de Menores en la Monetización Digital”, que tiene el propósito de establecer la obligación de reservar ingresos en un fondo a favor de los menores que aparezcan de forma sustancial en contenido digital monetizado.

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La medida de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, propone asegurar que parte de los ingresos generados por contenido digital en el que participen menores sea reservado en un fondo a su favor. El proyecto busca crear mecanismos de fiscalización, definiciones claras y remedios legales para garantizar que estos recursos económicos beneficien directamente a los menores involucrados, reconociendo el crecimiento de la economía digital y la participación de menores en la creación de contenido en línea.

“Con la aprobación de esta ley, el Gobierno de Puerto Rico reitera su compromiso con la protección integral de la niñez y la adolescencia, adaptando su ordenamiento jurídico a las realidades tecnológicas y económicas. El Estado es responsable de asumir un rol activo y vigilante, garantizando mediante esta ley que ninguna actividad lucrativa que involucre a menores de edad se realice en detrimento de su dignidad, su intimidad o su derecho a disfrutar plenamente de los frutos de su participación”, cita la exposición de motivos.

También, de la autoría de Rivera Schatz, se le dio paso al Proyecto del Senado 1035, que busca reconocer formalmente al sector de los centros comerciales como parte de la política pública de desarrollo económico y promoción turística de Puerto Rico. La medida propone enmendar varias leyes relacionadas con la promoción económica, incluyendo la Ley para la Promoción de Puerto Rico, la ley que rige la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, y disposiciones relacionadas con Enterprise Puerto Rico.

La exposición de motivos menciona que “esta Asamblea Legislativa determina que es necesario y apremiante que este sector sea integrado formalmente en la política de desarrollo económico, turístico y de inversiones, como parte de la política pública y los diversos programas de promoción y mercadeo, desarrollo económico y atracción de negocios y capital, entre otros esfuerzos relacionados”.

De acuerdo con la propuesta, busca fortalecer su rol como espacios que promueven la inversión, el turismo, la actividad empresarial y la generación de empleos en la Isla.

Igualmente, recibió aval el Proyecto del Senado 861, de la senadora de mayoría, Roxanna Soto Aguilú, para enmendar la “Ley de Registro de la Propiedad” Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. A los fines de disponer que no procederá exigir una Certificación Jurada de Mensura expedida por agrimensor licenciado cuando el promovente de un expediente de dominio alegue carencia de título y presente mensura que cumpla con los requisitos de cabida y colindancias en sistema métrico decimal.

“La presente enmienda incorpora la regla adoptada por el Tribunal Supremo en ambos apartados, asegurando uniformidad judicial, reduciendo litigios repetitivos y facilitando el acceso equitativo al Registro de la Propiedad para familias Puertorriqueñas que dependen de la posesión ancestral”, cita el proyecto.

Confirman nombramientos del Ejecutivo

De otro lado, como parte de los trabajos de la Sesión, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que preside Rivera Schatz, emitió informes positivos a 13 designaciones del Ejecutivo para cargos de procurador, judicatura y Ministerio Público.

Como jueces municipales del Tribunal de Primera Instancia, el Senado confirmó a la licenciada Margieanne Casiano Pérez y el licenciado Francisco Ortiz Caraballo. Al cargo de Procuradores de Asuntos de Familia del Departamento de Justicia la licenciada Ana I. Pérez Camacho, y la licenciada Amalia M. Durán Santiago como Procuradora de Asuntos de la Familia del Departamento de Justicia (DJ). Además, el licenciado Robert Bradley Roque como Procurador de Asuntos de Menores del DJ.

A su vez, fueron confirmados como Fiscales Auxiliares I del DJ la licenciada Gabriela L. Torres Rivera, la licenciada Verónica Ortiz Gil de Lamadrid, licenciada Nátali G. Díaz Matos y el licenciado Emanuel Ramos Martínez. Para la posición de Fiscales Auxiliares II en ascenso recibieron aval la licenciada Frances Bravo Negrón, el licenciado Anthony X. Oyola Martínez, el licenciado Melvin F. Pérez Rodríguez y el licenciado Juan J. Ayala Rivera.

Aprobadas medidas de la Cámara de Representantes

Por otro lado, fue aprobado el Proyecto de la Cámara 653. Tiene el objetivo de decretar en Puerto Rico el 6 de febrero de cada año, como el “Día de la Mujer en la Historia Deportiva Puertorriqueña”, con el propósito de dar a conocer y reconocer las grandes ejecutorias y aportaciones de la mujer en la historia deportiva puertorriqueña.

Igualmente, el Proyecto de la Cámara 767, para enmendar la “Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos”. La medida tiene el propósito de realizar enmiendas técnicas, y añadir a los funcionarios y empleados del Departamento de Seguridad Pública y del Departamento de Educación en la definición de “empleado” con el fin de conformar al estado de derecho vigente.