El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia exigió el miércoles a la Junta de Control Fiscal “que reduzca las barreras que han tenido como consecuencia un aumento en la burocracia y en los costos”.
Pierluisi Urrutia basó su solicitud en la sección 209 de la Ley PROMESA.
“El objetivo declarado por el Congreso para PROMESA y el mandato de la Junta es ayudar a Puerto Rico a lograr la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital. Dicho esto, el plan fiscal no debe fomentar un proceso para micromanejar el gobierno y sus corporaciones públicas, lo que podría resultar en la perpetuación de la existencia de la Junta. Dada la implementación del plan de ajuste del gobierno y las otras reestructuraciones de deuda completadas, creo firmemente que, como una medida fiscalmente responsable, la Junta debe tomar medidas concretas para reducir los costos burocráticos asociados con sus políticas y procedimientos”, dijo el gobernador en la reunión pública virtual de la Junta.
“Aunque reconozco que Promesa ha proporcionado barreras útiles de responsabilidad y transparencia para Puerto Rico, su implementación ha sido y sigue siendo extremadamente costosa y ha creado una burocracia paralela que no ayuda a posicionar nuestra economía en una luz más competitiva”, añadió.
Pierluisi Urrutia también entiende que la Junta con sus requisitos procura mantenerse en Puerto Rico.
“Desde mi punto de vista, estamos en camino de lograr cuatro presupuestos equilibrados para el final del año fiscal 2025. Esto se aclarará con los próximos estados financieros auditados. En cuanto a lograr acceso a los mercados de capital a tasas razonables, me preocupa profundamente los requisitos que se han incluido en el plan fiscal certificado, ya que parecen ser un exceso por parte de la junta. Por ejemplo, la Junta indica que evaluará la capacidad del gobierno para lograr métricas de calificación crediticia de grado de inversión relevantes y/o la capacidad para lograr y mantener una calificación crediticia de grado de inversión en sus deudas. Esta declaración parece requerir que el gobierno logre calificaciones de grado de inversión para poder demostrar acceso al mercado. En mi opinión, esto es mucho más de lo que PROMESA requiere y podría resultar en la existencia de la Junta por mucho más tiempo del razonablemente necesario a expensas del pueblo de Puerto Rico.
Simplemente no hay base ni justificación para que la Junta establezca arbitrariamente requisitos que vayan más allá del lenguaje de PROMESA y que también parezcan estar en desacuerdo con las opiniones de los mercados. También cuestiono la dependencia y referencia de la Junta en el Plan Fiscal Certificado a métricas y criterios de solo una de las agencias de calificación reconocidas a nivel nacional. El concepto de acceso al mercado a tasas razonables es altamente subjetivo, ya que no establece números específicos, puntos de referencia, umbrales o métricas de ningún tipo. Soy un firme creyente en los mercados libres y que el único determinante del acceso al mercado a tasas razonables deben ser los propios mercados. Los mercados determinan cuánto tendrá que pagar un emisor en tasas de interés y cuánto se le permitirá pedir prestado. Digo que dejemos que los mercados hablen”, expresó.
“Quiero dejar claro que PROMESA y la Junta han cumplido el propósito de permitir que Puerto Rico ajuste su balance y logre un nivel sostenible de deuda. Sin embargo, sé con certeza, porque era miembro del Congreso en ese momento, que la intención detrás de PROMESA no era establecer una Junta que se convirtiera en un gobierno paralelo que pudiera prolongar su presencia”, concluyó el gobernador.
Por su parte, el director ejecutivo de la Junta Fiscal Robert Mujica sostuvo que “estamos viendo esto por primera vez. Y creo que es una conversación que tenemos que tener para asegurarnos no solo de que tengamos claro cuáles son los estándares, sino de qué necesitamos para lograrlos. Y todos necesitamos redoblar los esfuerzos para asegurarnos de que eso suceda porque la junta no es indefinida y tiene que desaparecer”.