Transcurridos dos meses desde la muerte de Joan Ivette Meléndez Vega a manos de Hermes Ávila Vázquez, un convicto de asesinato que fue dejado en libertad por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) bajo el privilegio de la Ley 25 para personas con condiciones terminales de salud, la dependencia aún no tiene una auditoría final sobre el manejo interno del caso.
La empresa UTI Corp —que había iniciado una auditoría al proveedor privado del DCR para servicios médicos, Physicians Correctional Services, un mes antes del fatal caso— no ha concluido el proceso de análisis del expediente médico del convicto. Según el DCR, UTI Corp sigue indagando sobre los aspectos de salud física, dental y mental, laboratorios, pruebas psicológicas, estudios especializados, tratamientos y cualquier otro documento pertinente a la Ley 25.
De los 21 casos de confinados que para abril pasado disfrutaban de un pase extendido bajo la Ley 25, nueve reingresaron al sistema correccional, luego que Ávila Vázquez asesinara a Meléndez Vega. Al cierre de esta edición, el DCR no había provisto el dato sobre los delitos por los que fueron convictos los nueve confinados reingresados.
Además, desde el fatal desenlace, a los participantes del Programa de Pase Extendido por Condición de Salud se les instaló brazalete electrónico.
“En los casos que siguen en comunidad se solicitó al Técnico de Servicios Sociopenales que realice visita cada 15 días y remita un informe de supervisión que incluya certificación médica y fotos del participante, opinión de familiares, vecinos, entre otros. Se instruyó a este personal que deben realizar sus visitas cada 15 días como se requiere”, sostuvo el DCR en declaraciones escritas a Metro. No se precisó si en efecto se lleva registro de que las visitas hayan comenzado.
Según la agencia, como parte de las acciones correctivas a raíz del caso que conmocionó la isla, se constituyó un Comité Evaluador en la Secretaría Auxiliar de Programas y Servicios para analizar los reglamentos y normativas vigentes sobre el privilegio de Ley 25.
Desde septiembre del 2023, UTI Corp señaló incongruencias y levantó bandera sobre la necesidad de revisar todos los expedientes de casos bajo la Ley 25.
Al no haber concluido la auditoría de UTI Corp, el DCR aún no puede determinar si enmendará o rescindirá del contrato con Physicians Correctional Services.
Mientras tanto, la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional (OISC) comenzó una pesquisa administrativa, con la que han referido a 15 empleados a la sección Disciplina de Empleados mientras que la empleada señalada por tener vínculos no profesionales con el confinado, fue despedida.
La función de evaluar los pases extendidos continúa delegada en la Secretaría Auxiliar de Programas y Servicios.
Esta semana, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, estimó que para el 15 de septiembre estará listo el informe sobre la investigación que su agencia realiza sobre el caso de Ávila Vázquez. Detalló que se han hecho más de 40 entrevistas, mas no han entrevistado a Ávila Vázquez, quien figura en la lista de los individuos a tomarles declaración.