La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) compareció hoy ante la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, y la Comisión de lo Jurídico y Desarrollo Económico del Senado de Puerto Rico, en respuesta a la Resolución del Senado 933 que ordena una investigación sobre la Ley 25-1992 y su aplicación en el caso del Sr. Hermes Ávila Vázquez.

Noé Maracano Rivera, Administrador de la CFSE, afirmó que más de 40 médicos han estado evaluando y tratando al Sr. Hermes Ávila Vázquez.

“El 4 de diciembre de 2009, la CFSE recibió al Sr. Hermes Ávila Vázquez, quien sufrió una lesión como consecuencia de un accidente mientras realizaba trabajos en el Departamento de Corrección como parte de una brigada de confinados […] Desde esa fecha más de 40 médicos, entre ellos generalistas, especialistas y subespecialistas han estado evaluando y tratando al Sr. Ávila Vázquez”, aseguró.

La comparecencia de la CFSE se realizó en respuesta a una citación recibida el 15 de mayo de 2024, que solicitaba la entrega de los expedientes médicos del Sr. Ávila

Además confirmó que el convicto sigue recibiendo una pensión que, desde 2009, ha acumulado un total de $17,000 debido a un accidente laboral que sufrió mientras estaba encarcelado.

De igual forma, Marcano Rivera, detalló los antecedentes del caso y las acciones tomadas por la corporación. Según Marcano Rivera, el Sr. Ávila Vázquez sufrió una lesión en diciembre de 2009 mientras trabajaba en una brigada de confinados del Departamento de Corrección. Desde entonces, ha sido evaluado y tratado por más de 40 médicos, incluyendo generalistas, especialistas y subespecialistas.

Marcano Rivera explicó que “el 21 de septiembre de 2015, la Corporación otorgó incapacidad total permanente” al Sr. Ávila Vázquez, luego de una serie de evaluaciones y diagnósticos realizados por profesionales médicos. Esta incapacidad le permitió recibir una compensación económica mensual mínima de $130.00.

En abril de 2023, Ávila fue excarcelado tras una recomendación médica y desde entonces ha continuado su tratamiento con la CFSE, asistiendo a cinco citas de seguimiento. Marcano Rivera señaló que “desde la excarcelación del Sr. Ávila, este solo asistió a 5 citas de seguimiento de la Corporación, continuando con su tratamiento médico y farmacológico.”

Debido a la cantidad de documentación requerida y el corto plazo disponible, la CFSE solicitó una prórroga para la entrega de los expedientes. Sin embargo, el 2 de mayo de 2024, la CFSE ya había entregado copia de todos los expedientes médicos al Departamento de Corrección y Rehabilitación, así como al Departamento de Justicia entre el 10 y 13 de mayo de 2024. Marcano Rivera mencionó que “el 2 de mayo de 2024, se entregó copia de todos los expedientes médicos del Sr. Hermes Ávila al Departamento de Corrección y Rehabilitación”.

El senador independiente José Vargas Vidot, quien preside la comisión, cuestionó al fisiatra Eduardo Nadal sobre las diferentes capacidades de movilidad dentro del espectro de la paraplejia. “En el espectro de pacientes con paraplejia, tenemos algunos que deambulan, que utilizan silla de ruedas y equipo asistido para caminar. El término ‘paraplejia’ no significa no caminar”, estableció el médico.

El especialista explicó que “paraplejia” es un término general que abarca varias condiciones con grados variados de severidad. “Un parapléjico es un paciente que tiene una lesión torácica desde el pecho hasta el ombligo; es en el área lumbar, que es la espalda baja y en el área sacral, que es donde están los genitales y los intestinos”, precisó.

Línea de tiempo del paso de Ávila Vázquez por el sistema correcional según el memorial de Escobar Pabón

  • Ávila Vázquez ingresó al Sistema Correccional el 14 de febrero de 2005 como sumariado y luego resultó convicto el 15 de junio de 2005.
  • En el 2009 sufrió un accidente mientras realizaba unos trabajos en la institución correccional. A consecuencia de dicho accidente, fue tratado por médicos en la Corporación del Fondo de Seguro del Estado resultando en los siguientes diagnósticos: paraplejia, vejiga neurogénica y asma bronquial.
  • Estos diagnósticos fueron incluidos el 13 de septiembre de 2013 en la evaluación inicial que realizó al confinado Correctional Health Services Corporation, entidad que para dicha fecha prestaba los servicios de salud correccional.
  • Posteriormente, Correctional Health realizó otra evaluación el 21 de agosto de 2015, manteniendo los diagnósticos anteriores y, a su vez, ampliando los mismos para incluir Hepatitis C y Síndrome Degenerativo Cervical Severo.
  • Eventualmente, el 7 de febrero de 2019 las condiciones de salud de Ávila Vázquez fueron evaluadas nuevamente, en esta ocasión por Physician Correctional, para analizar su elegibilidad para un pase extendido por condición médica. A pesar de que no modificó los diagnósticos médicos anteriores, en ese entonces Physician Correctional no recomendó su salida por considerarlo estable dentro de dichacondición médica. En esa evaluación se incluyó que el señor Ávila utilizaba una silla de ruedas para su movilidad.
  • Finalmente, el 9 de febrero de 2022, un panel médico de Physician Correctional recomendó su salida. En su análisis y criterio profesional-médico, caracterizaron la sintomatología de la paraplejia como una severa e indicaron que los hallazgos físicos justifican la solicitud de salida por enfermedad incapacitante con lesiones irreversibles. Hasta dicho momento, al menos 3 entidades médicas diferentes habían sostenido y mantenido los diagnósticos médicos anteriores.
  • El 7 de marzo de 2022, el Departamento recibió la recomendación positiva.
  • Para el 19 de abril de 2023, Ávila Vázquez se integró al Programa de Pase Extendido por Condición de Salud. Surge del expediente de Supervisión de la Oficina de Arecibo que Ávila Vázquez fue supervisado desde su salida por la Sociopenal asignada. Detallaron en el memorial que en las visitas de supervisión realizadas al participante y las entrevistas realizadas a los miembros de la comunidad, nunca se le observó fuera de su silla de ruedas.



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Rivera Schtaz solicita “inmunidad transaccional” para que Hermes Ávila hable en vista ante el Senado

El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz solicitó a la comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado que considere ofrecer mediante una Resolución una inmunidad transaccional para que tanto la directora del programa de Desvió, Celia Cosme, como el convicto Hermes Ávila para que ambos declaren ante el cuerpo.

“Estoy proponiendo a la Comisión que considere ofrecerle, mediante una resolución, una inmunidad transaccional para que no pueda invocar ese derecho constitucional y declare todo lo que sabe sobre los acontecimientos que esta comisión está investigando”, dijo el senador.

Así los comparecientes no podrán invocar ampararse en la 5ta enmienda.

“Solicito a la comisión que solicite el mismo remedio para Hermes Ávila para que declare sobre la excarcelación. Ese señor tiene ya 123 años de sentencia que no se los despinta nadie. Tiene también una acusación por otro asesinato así que si se le considera inmunidad transaccional para que diga lo que sabe en cuanto a la excarcelación, no tendría ningún aspecto de enviarlo a la calle o darle algún tipo de protección que pueda moverlo hacia la libre comunidad”, dijo el portavoz del Partido Nuevo Progresista del Senado.

A Hermes Ávila se le imputa el asesinato de Ivette Joan Meléndez Vega el mes pasado en el municipio de Manatí.

La solicitud fue acogida por el presidente de la Comisión de Salud Mental, José Vargas Vidot.

Por otra parte, Celia Cosme, quien en la vista del pasado jueves por recomendación de su abogado, Héctor Castro Pérez, se amparó bajo su derecho constitucional a no autoincriminarse, está citada nuevamente para comparecer el próximo 21 de mayo.

“Invoco mi derecho a no autoincriminarme conforme a la constitución federal y estatal”, repetía Celia Cosme luego de cada pregunta.

Según explicó la secretaria de Corrección, Cosme tenía la autoridad para liberar a Hermes Ávila. Esto pese a que la Ley 25-1992 otorga exclusivamente al secretario de la agencia la facultad de realizar liberaciones anticipadas.

Escobar Pabón había declarado que no revocó dicha delegación que había sido otorgada por el exsecretario interino de Corrección, Eduardo Rivera Juanatey, el 2 de agosto de 2019.



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La directora de Programas de Desvío, Celia Cosme, se presentó en una vista senatorial en respuesta a una citación para discutir los detalles relacionados con la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez bajo la Ley 25-1992. Sin embargo, se acogió a la Enmienda V para no autoincrminarse y no contestó ninguna de las preguntas.

“Invoco mi derecho a no autoincriminarme conforme a la constitución federal y estatal”, repetía Celia Cosme luego de cada pregunta.

La directora se amparó en el derecho de todo ciudadano a no auto incriminarse está protegido constitucionalmente. Como lo establece la Sección 11, Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Enmienda V de la Constitución de los Estados Unidos de América.

Según explicó la secretaria de Corrección, Cosme tenía la autoridad para liberar a Hermes Ávila. Esto pese a que la Ley 25-1992 otorga exclusivamente al secretario de la agencia la facultad de realizar liberaciones anticipadas.

Escobar Pabón había declarado que no revocó dicha delegación que había sido otorgada por el exsecretario interino de Corrección, Eduardo Rivera Juanatey, el 2 de agosto de 2019.

Ávila Vázquez salió de la cárcel en virtud del Artículo 16 del Plan de Reorganización Núm. 2-2011 por condición fisiológica limitante y no al amparo de la Ley 25.

Por otra parte, el presidente de la empresa privada de servicios de salud correccional, Physician Correctional, Raúl Villalobos Díaz, aseguró en vista pública que Hermes Ávila no fue evaluado por el panel de la empresa debido a que fue examinado por el médico evaluador.

“El panel médico revisa esa determinación médica del médico evaluador. Ve el récord medico lo discute son médicos con más de 25 años de experiencia en el sistema correccional. Pero no, en este caso no lo vió […] no lo vio ni es lo usual”, contestó Villalobos a preguntas del senador y presidente de la comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, José Vargas Vidot.

El presidente explicó que, de ser necesario, el panel podría realizar una evaluación física. Sin embargo, no pudo contestar cuántos casos fueron examinados por el panel de médicos.

De igual forma el presidente de Physician Correctional, brindó información sobre el proceso de evaluación médica que llevó a la excarcelación de Ávila Vázquez, convicto por el asesinato de Ivette Joan Meléndez Vega el mes pasado en el municipio de Manatí. Villalobos explicó que la empresa ha administrado el Programa de Salud Correccional del Departamento de Corrección y Rehabilitación desde octubre de 2018, tras ganar dos procesos formales de licitación.

Durante la audiencia, se aclaró que el panel médico requerido por la Ley 25-1992, encargado de evaluar las solicitudes de pase extendido por condiciones de salud, se compone de tres médicos del Programa de Salud Correccional. Estos médicos, empleados contratistas de Physician Correctional, revisan el estado de salud del solicitante antes de emitir una recomendación.

En el caso de Hermes Ávila Vázquez, los representantes detallaron que la evaluación determinó que Ávila Vázquez padecía de una condición incapacitante progresiva, incluyendo paraplejia y vejiga neurogénica, lo cual fue validado por informes de múltiples instituciones médicas. “El paciente presentaba un proceso progresivo en las patologías relacionadas con su condición incapacitante de paraplejia”, afirmó el informe presentado.

Desde el 14 de febrero de 2005, Ávila Vázquez cumplía una condena de 122 años de cárcel por delitos que incluían asesinato en primer grado, secuestro, agresión sexual y violación de la Ley de Armas.

Según expedientes, Ávila presentaba paraplejia desde el 2009. Además, en el 2013 el confinado se certificó, dentro de las evaluaciones realizadas por Correctional Health Service Corporation y por los médicos que lo atendieron en el Fondo del Seguro de Estado, que esta persona presentaba paraplejia, vejiga neurogénica y asma bronquial.

En una segunda evaluación, en el 2015, se confirmaron las condiciones anteriores y se le añadió hepatitis c, y el síndrome degenerativo cervical severo a consecuencia de una caída sufrida dentro de una institución penal.

Luego, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) lo liberó temporalmente el 19 de abril de 2023, amparándose en la Ley Núm. 25-1992, que permite la liberación de pacientes con enfermedades terminales, como el SIDA, que se encuentran en instituciones penitenciarias. Esta decisión se tomó luego de evaluaciones realizadas por un panel médico de Physician Correctional, que administra el Programa de Salud Correccional.



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El presidente de la empresa privada de servicios de salud correccional, Physician Correctional, Raúl Villalobos Díaz, aseguró en vista pública del Senado que Hermes Ávila no fue evaluado por el panel de la empresa debido a que fue examinado por el médico evaluador.

“El panel médico revisa esa determinación médica del médico evaluador. Ve el récord medico lo discute son médicos con más de 25 años de experiencia en el sistema correccional. Pero no, en este caso no lo vió […] no lo vio ni es lo usual”, contestó Villalobos a preguntas del senador y presidente de la comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, José Vargas Vidot.

El presidente explicó que, de ser necesario, el panel podría realizar una evaluación física. Sin embargo, no pudo contestar cuantos casos fueron examinados por el panel de médicos.

Ávila Vázquez salió de la cárcel en virtud del Artículo 16 del Plan de Reorganización Núm. 2-2011 por condición fisiológica limitante y no al amparo de la Ley 25. El mismo es sospechoso del asesinato de Ivette Joan Meléndez Vega el mes pasado en el municipio de Manatí.

Por otra parte, el administrador de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), Noé Marcano, afirmó que la empresa Physician Correctional solicitó a la agencia que dirige el expediente médico de Hermes Ávila Vázquez días después de que ocurriera el asesinato de Ivette Joan Meléndez.

“Como he dicho anteriormente, nosotros recibimos una carta del 23 abril del 2024, la cual recibimos la semana pasada […] ¿Hermes Ávila lleva fuera cuánto? No fue que salió en mayo, ni en abril. ¿Qué expediente evaluó Physician Correctional para dar la excarcelación a este individuo? Esa es la pregunta y yo tengo la carta en nuestro poder”, expresó Marcano en entrevista con Radio Isla 1320.

Desde el 14 de febrero de 2005, Ávila Vázquez cumplía una condena de 122 años de cárcel por delitos que incluían asesinato en primer grado, secuestro, agresión sexual y violación de la Ley de Armas.

Según expedientes, Ávila presentaba paraplejia desde el 2009. Además, en el 2013 el confinado se certificó, dentro de las evaluaciones realizadas por Correctional Health Service Corporation y por los médicos que lo atendieron en el Fondo del Seguro de Estado, que esta persona presentaba paraplejia, vejiga neurogénica y asma bronquial.

En una segunda evaluación, en el 2015, se confirmaron las condiciones anteriores y se le añadió hepatitis c, y el síndrome degenerativo cervical severo a consecuencia de una caída sufrida dentro de una institución penal.

Luego, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) lo liberó temporalmente el 19 de abril de 2023, amparándose en la Ley Núm. 25-1992, que permite la liberación de pacientes con enfermedades terminales, como el SIDA, que se encuentran en instituciones penitenciarias. Esta decisión se tomó luego de evaluaciones realizadas por un panel médico de Physician Correctional, que administra el Programa de Salud Correccional.

Durante una audiencia pública anterior, la secretaria del DCR, Ana Escobar dijo que está sobre la mesa una posible evaluación al contrato de Physician Correctional.

“Si en efecto nosotros encontramos, dentro de este análisis y la revisión del Departamento de Justicia, que aquí ha habido un fallo propiamente de la compañía estaremos en disposición de la cancelación de este contrato”, indicó la secretaria del DCR.



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Mayo es el mes de la radio y este año llega en un panorama mediático en constante evolución. Varios ejecutivos de emisoras de radio puertorriqueña coincidieron que los podcasts y canales de YouTube son un complemento para la radio y no necesariamente el enemigo.

El gerente de WKAQ 580, Joel Lago, ofreció su perspectiva sobre si los espacios digitales podrían desplazar a los programas tradicionales de radio. “No vemos los podcasts necesariamente como algo negativo. Al contrario, los vemos como una herramienta que está disponible para nosotros también”, comentó.

Lago explicó que WKAQ ha adoptado un enfoque proactivo al integrar el concepto de broadcast podcast en su estrategia. Esto implica adaptar segmentos de sus programas más destacados a formatos compatibles con el consumo on-demand, característico de los podcasts. Esta estrategia permite a la estación llegar a audiencias que prefieren consumir contenido a su conveniencia, fortaleciendo así su presencia en el ámbito digital.

“Estamos trabajando en subir contenido propio de la estación a estas plataformas digitales. La oferta dentro de podcasts y YouTube siempre será mayor que la de la radio, debido a su diversidad y alcance global. Sin embargo, vemos esto como una oportunidad para prolongar la existencia de la radio como generadora de contenido”, afirmó el ejecutivo.

Por su parte, el gerente general de Radio Isla 1320, Armando Valdés, comentó que los podcasts pueden ser beneficiosos para complementar la oferta radial y enfatizó la necesidad de adaptarse a las preferencias cambiantes del público.

Explicó que Radio Isla ya cuenta con una audiencia diversa, distribuyéndose entre plataformas digitales y las ondas radiales. “Para nosotros ser relevantes tenemos que estar donde está el público,” afirmó.

Valdés no ve a los nuevos medios como competencia, sino como una oportunidad para enriquecer el contenido y llegar a nuevas audiencias. “Podemos tener un programa de radio y crear contenido adicional en formato de podcast sin que una cosa canibalice a la otra. De hecho, esto refleja la demanda del público por nuestros talentos”, aseguró.

En cuanto al futuro de las personalidades de radio que migran a plataformas digitales, Lago destacó que no todos los tránsitos entre radio y digital son exitosos. “No siempre el que triunfa en radio necesariamente va a triunfar en plataformas digitales y viceversa. Las audiencias son distintas y, a menudo, se sostienen unas a otras. Este tráfico cruzado es crucial y plantea desafíos y oportunidades para ambos medios”.

Lago también se refirió a casos específicos, como el de Jorge “Molusco” Pabón, que dejó la radio para enfocarse en sus plataformas digitales. “Muchos de ellos utilizan inicialmente la radio como trampolín para crecer en plataformas digitales. Las estaciones de radio y los talentos tendrán que negociar y adaptar sus contratos para reflejar esta nueva realidad de mercado”, señaló.

Con respecto a las diferencias operativas entre radio y plataformas digitales, el ejecutivo reconoció que “el mundo digital tiene un costo operativo mucho más bajo y ofrece mayor flexibilidad a los creadores de contenido. En la radio, aunque existe cierta libertad creativa, esta debe estar enmarcada dentro de la estructura y horarios de la estación”.

Por esa misma línea, el gerente de Radio Isla mencionó como ejemplo a Luis Herrero, un talento que comenzó en el podcasting y ahora también tiene presencia en la radio. Además, subrayó cómo la demanda por contenidos de calidad impulsa esta convergencia. “Esto no es solo consumo de contenido; es una relación íntima entre el público y los creadores”.

De igual forma, enfatizó la importancia de que las estaciones de radio se vean a sí mismas como plataformas integrales de generación de contenido, adaptándose a las tendencias del mercado para no quedar obsoletas. “Quien no reconozca esta realidad de mercado actual está condenado a que su estación de radio y su mercado atendido desaparezca”, advirtió. Valdés concluyó que la radio y los nuevos formatos digitales están en una posición única para aprovechar el creciente interés en el contenido hablado. “Estos nuevos medios le dan nueva vida al modelo de negocio de una emisora de radio”, afirmó.

Relevancia de la radio

Por otro lado, Roselyn Erazo, administradora de la emisora Sacra FM, reafirmó la importancia de la radio tradicional. Erazo destacó las ventajas únicas que ofrece la radio en comparación con los podcasts y canales de YouTube .

“Diría que, aunque comparables por el tipo de dinámica que traen, la radio seguirá siendo el primer recurso a utilizar para adquirir información o entretenimiento,” afirmó.

Según la administradora, la radio mantiene una inmediatez que los formatos digitales aún no han superado. “Los podcasts y canales de YouTube están diseñados para el futuro, o sea, un contenido al que puedo acceder luego. La radio sigue conservando y trabajando para ‘el ahora’ y permite la actualización en el momento”, reiteró.

Además, Erazo señaló la resiliencia de la radio en situaciones donde otros medios podrían fallar. “Si fallara el internet, la radio sigue estando presente”, subrayó.

Aunque reconoce el valor de los nuevos formatos, Erazo ve los podcasts y los canales de YouTube como extensiones complementarias del contenido radial. “Los podcasts y canales de YouTube vendrían siendo una extensión útil, pero como esencia tienen lo que se trabaja en la radio tradicional,” concluyó.



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El equipo legal del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) entregó hoy sus escritos de oposición ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en respuesta a la solicitud de varios candidatos del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP) para revocar una decisión del Tribunal Apelativo.

La decisión validó las candidaturas de MVC, cuestionadas por una demanda que la organización califica de “frívola y antidemocrática”.

Ana Irma Rivera Lassén, candidata de MVC a la comisaría residente, calificó la demanda como un atentado contra los derechos constitucionales de asociación de los afiliados del movimiento y contra el electorado que busca opciones distintas al bipartidismo y la corrupción. Rivera Lassén enfatizó que la resolución del Tribunal Supremo tendrá un impacto significativo en la ya deteriorada confianza del público en las instituciones.

“Ésta demanda frívola es un atentado contra las personas afiliadas a nuestro movimiento, ya que intenta vulnerar nuestro derecho constitucional de asociación; es un atentado contra todo el electorado del país que merece tener en la papeleta opciones que representen alternativas al bipartidismo y la corrupción que nos arropa; y es un atentado contra las más de 200 mil personas que votaron por nuestras candidaturas legislativas en el 2020″, aseguró Rivera Lassén.

La también senadora por acumulación puntualizó que “la decisión que tomen los jueces y juezas del Tribunal Supremo va a marcar un antes y un después en la ya maltrecha confianza que el pueblo tiene en sus instituciones”.

Por su parte, Lillian Aponte Dones, comisionada electoral de MVC, defendió el uso de métodos alternos para la selección de candidaturas, los cuales no requieren la presentación de endosos. Según Aponte Dones, estos métodos están permitidos tanto por la tradición como por las leyes de Puerto Rico, y el requisito de endosos no es aplicable en estos casos.

“Sostenemos que los métodos alternos no vislumbran el requisito de presentación de endosos, ni podrían vislumbrarlo, dado que el interés del estado que justifica el requisito de endosos para primarias de ley no aplica en los procesos de selección de candidaturas mediante métodos alternos”, señaló Aponte Dones.

Rivera Lassén anunció que el MVC “continuará su lucha por la democracia en todos los foros pertinentes, incluyendo la legislatura, los tribunales y en la calle”. En este sentido, convocó a una Jornada por la Democracia el próximo 23 de mayo en los predios del Tribunal Supremo, invitando a la ciudadanía a unirse.

Anteriormente, el senador por acumulación del MVC, Rafael Bernabe calificó la demanda como un “atentado contra la democracia”.

Sobre el posible curso del caso en el Supremo, Bernabe indicó que “las opiniones de la minoría son esperanzadoras, pues reconocen la justicia de nuestro reclamo y el atentado a la democracia que implica sacar cinco candidatos de la papeleta, incluyendo a tres incumbentes. La mayoría, sin embargo, no parece pensar lo mismo. En cuanto a esa mayoría, la gente me conoce y sabe que hablo claro: ojalá que esa mayoría o, el menos algunos de ellos me hagan quedar mal. Lo digo porque su historial demuestra que han tomado decisiones basadas más en preferencias políticas que en derecho. Pero como dije, ojalá que me desmientan y en este caso dejen a un lado sus afiliaciones partidistas y decidan de acuerdo con el derecho”.

El pasado 2 de mayo aspirantes de la Pava y la Palma radicaron ante el Tribunal Supremo un recurso de revisión, luego de que el 30 de abril el Tribunal de Apelaciones permitió el regreso de los aspirantes a la papeleta.

Durante el mes de marzo, el juez superior Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de Primera Instancia de San Juan declaró “ha lugar” la querella presentada por candidatos del PPD para descalificarlos los aspirantes de MVC y Proyecto Dignidad a la Legislatura que no recogieron endosos por participar en un método alterno de primarias.

Por esa razón, el pleito escaló hasta el Tribunal de Apelaciones y este falló a favor de los candidatos previamente descalificados.

El caso inicial fue presentado por los aspirantes de la Pava a la Legislatura Jorge Alfredo Rivera Segarra, Héctor Santiago Torres, Yulixa Paredes Albarrán y Jorge Quiles Gordillo.

Luego, se unieron al caso los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Pichy” Torres Zamora y Keren Riquelme Cabrera.



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El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte atribuyó la baja inscripción de nuevos electores a la oposición política y a decisiones administrativas que han “obstaculizado los esfuerzos de registro”.

Según el funcionario del PIP, la inscripción de nuevos electores ha experimentado una tendencia a la baja, atribuida en parte a la oposición política y a decisiones administrativas que han obstaculizado los esfuerzos de promoción y registro electoral. En particular, señaló el cierre de la mayoría de las Juntas de Inscripción sin tener preparada la plataforma electrónica de registro (eRE), lo que ha limitado el acceso de los ciudadanos a la inscripción electoral.

“Es preocupante observar cómo, a lo largo de este cuatrienio, hemos perdido una cantidad considerable de tiempo y oportunidades para fomentar la participación electoral”, expresó Aponte durante su intervención. “La falta de acción y la oposición obstinada de algunos sectores políticos han contribuido a este declive en la inscripción de nuevos electores, lo cual pone en riesgo la salud democrática de nuestro país”.

Estas expresiones se dieron en una vista pública para discutir el Plan de Trabajo de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para el proceso electoral de 2024.

El comisionado electoral del PIP también hizo hincapié en la importancia de implementar estrategias efectivas para alcanzar a los jóvenes y aumentar su participación en el proceso electoral. Este propuso revisar y fortalecer los programas de registro electoral en escuelas superiores y universidades, como una medida para revertir la tendencia de baja inscripción.

“Es fundamental que aprovechemos todas las oportunidades para fomentar la participación cívica y electoral, especialmente entre las generaciones más jóvenes”, afirmó Aponte. “Debemos redoblar nuestros esfuerzos para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a un proceso electoral justo y transparente”, añadió.

De igual forma, a la audiencia pública compareció la comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró González, Vannessa Santo Domingo Cruz por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y la comisionada del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte Dones.

Por su parte, la comisionada del PPD explicó que, en cuanto a la inscripción de nuevos electores, rondaban en 51,935 hasta el 10 de mayo de 2024. “En comparación con el 2020 para dicho ciclo electoral, hubo 121,358 nuevas inscripciones representando una merma sustancial entre el 2024 y 2020″, expresó.

También expresó preocupación por el retraso en la implementación del sistema electrónico de registro electoral (eRE), destacando los problemas técnicos y operacionales que han surgido. “La implementación del sistema eRe ha enfrentado múltiples dificultades técnicas y operacionales, lo que ha generado retrasos significativos y ha afectado la capacidad de los electores para realizar transacciones electorales de manera eficiente”, explicó.

Angleró González también señaló los desafíos derivados de la reducción de las Juntas de Inscripción Permanente, especialmente para ciertos grupos vulnerables. “La eliminación de las Juntas de Inscripción Permanente ha creado dificultades de acceso para muchos electores, particularmente personas de la tercera edad, quienes se han visto impedidos de realizar transacciones electorales de manera efectiva”, advirtió.

En cuanto al voto adelantado, la comisionada subrayó la necesidad de garantizar la capacidad de la CEE para gestionar este proceso de manera efectiva, especialmente para los electores mayores de 60 años. “El voto adelantado es crucial para garantizar la participación de todos los ciudadanos en el proceso electoral. Sin embargo, es necesario asegurar que la CEE cuente con los recursos necesarios para gestionar este proceso de manera adecuada, especialmente para los electores mayores de 60 años”, enfatizó.

La comisionada también hizo hincapié en la necesidad de una mayor participación de los comisionados electorales en la toma de decisiones presupuestarias. “Es crucial que los comisionados electorales participen activamente en la elaboración del presupuesto para los eventos electorales. Su conocimiento y experiencia son fundamentales para garantizar que se asignen los recursos adecuados para llevar a cabo elecciones justas y transparentes”, afirmó.

Angleró Gonzalez expuso que referente al presupuesto presentado por la CEE para la celebración de eventos electorales, el Código Electoral de Puerto Rico 2020, eliminó la participación de los Comisionados Electorales de los distintos partidos políticos de la toma de decisiones de las partidas presupuestarias. El asunto fue delegado a la Presidencia de la CEE.

‘’En lo que respecta a nuestra oficina, se asigna un total de $95,000 y para el primer semestre de julio a diciembre de 2023 se contó con un balance de $46,312′’, dijo Angleró Gonzalez.

Asimismo, Angleró González destacó que el presupuesto solicitado por la CEE para la celebración del evento electoral es de $29 millones. Sin embargo, la Junta de Control Fiscal (JCF) recomendó un presupuesto de $5 millones. En las Elecciones Generales de 2020, el presupuesto fue de $22 millones.

‘’A pesar de que en varias ocasiones hemos solicitado que se nos brinde participación en reuniones con la OGP así como con la JCF en lo que respecta al presupuesto para el evento eleccionario, no se nos ha dado participación’, sostuvo Angleró González.

Por último, la comisionada del PNP expresó que los retos retos más importantes que confrontan, tanto a nivel de las próximas primarias como para las Elecciones Generales lo es la necesidad de proveer más recursos presupuestarios a la CEE, tener los equipos de resguardo (“backup”) para poder mantener funcionando el listado electrónico de electores por unidad (e-poll book) durante estos eventos y completar las solicitudes de normalización de direcciones solicitados bajo el sistema eRe, el cual estrena este año electoral.

En el caso del e-poll book, Santo Domingo afirmó que “hemos llevado meses de lucha con la Junta de Supervisión Fiscal para que nos aprobara el presupuesto, que desde el año anterior se había solicitado para poder comprar esos e-poll books. A finales de diciembre fue que nos aprobaron el presupuesto”.



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La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón aseguró que Hermes Ávila, pasó por un exhaustivo proceso de evaluación para su liberación y a pesar de ello “burló el sistema”.

Ávila Vázquez, es sospechoso del asesinato de Ivette Joan Meléndez Vega el mes pasado en el municipio de Manatí.

“Estamos bajo una persona que podríamos catalogar como una persona maquiavélica que programó, que coordinó, que fingió, que burló todo un sistema correccional”, sentenció Escobar.

Escobar Pabón compareció en la mañana de hoy ante las comisiones de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción; y de lo Jurídico y Desarrollo Económico, luego de que el juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Alfonso Martínez Piovanetti, ordenara la comparecencia de la secretaria.

La vista se lleva a cabo para realizar una investigación sobre la Ley 25-1992, conocida como “Ley para el Egreso de Pacientes de SIDA y de otras enfermedades en su etapa terminal que están confinados en las Instituciones Penales o internados en las Instituciones Juveniles de Puerto Rico”.

Desde el 14 de febrero de 2005, Ávila Vázquez cumplía una condena de 122 años de cárcel por delitos que incluían asesinato en primer grado, secuestro, agresión sexual y violación de la Ley de Armas.

Escobar explicó que, según expedientes, Ávila presentaba paraplejia desde el 2009. Además, en el 2013 el confinado se certificó, dentro de las evaluaciones realizadas por Correctional Health Service Corporation y por los médicos que lo atendieron en el Fondo del Seguro de Estado, que esta persona presentaba paraplejia, vejiga neurogénica y asma bronquial.

En una segunda evaluación, en el 2015, se confirmaron las condiciones anteriores y se le añadió hepatitis c, y el síndrome degenerativo cervical severo a consecuencia de una caída sufrida dentro de una institución penal.

Luego, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) lo liberó temporalmente el 19 de abril de 2023, amparándose en la Ley Núm. 25-1992, que permite la liberación de pacientes con enfermedades terminales, como el SIDA, que se encuentran en instituciones penitenciarias. Esta decisión se tomó luego de evaluaciones realizadas por un panel médico de Physician Correctional, que administra el Programa de Salud Correccional.

“Yo no firmé para que esta persona (Hermes Ávila) fuera excarcelada. De hecho, ese caso no se discutió conmigo”, constató Escobar.

“Causa una sensación de incredulidad, cuando varios paneles de médicos de entidades distintas y de agencias diferentes y todos coincidieron que esta persona tenía paraplejia. Ponerlo en duda cuando recibimos este informe, obviamente no vamos a cuestionar la pericia de los médicos así que sería importante poder obtener esa información pericial para tener un cuadro más amplio para saber cómo se llegó a esa conclusión. Todos los médicos dieron la misma información y resulta que la persona podía caminar”, señaló la secretaria del DCR.

La Ley 25 establece que la persona debe tener hasta 6 meses de vida. Sin embargo, el Plan de Reorganización del DCR establece condiciones fisiológicas limitantes, que en el caso de Ávila era la paraplejia.

La titular explicó que toda persona que es liberada bajo la Ley 25 tiene que ser supervisada en comunidad y para ello, se asigna a los técnicos sociopenales del programa de comunidad, quienes realizan las visitas de campo ya sea en su hogar o en un hospital.

En el caso de Hermes Ávila, la secretaria confirmó que, en los expedientes evidencian cuatro visitas a su residencia y cuatro visitas a las oficinas del programa de comunidad.

“(Los expedientes) mencionan que esta persona (Ávila Vázquez) cumplía con las condiciones impuestas, esta persona nunca la vieron, de acuerdo con la investigación realizada, nunca vieron a esta persona caminando en la comunidad a donde fue a residir. No hubo quejas de los vecinos del comportamiento de esta persona y no tenemos señalamientos en contra de esta persona con relación al cumplimiento de las condiciones”, dijo Escobar ante preguntas del presidente del Senado, José Luis Dalmau.

No obstante, el pasado 7 de mayo Ávila Vázquez, llegó caminando y sin asistencia de silla de rueda al Tribunal de Arecibo para el comienzo de la vista preliminar en su contra por el asesinato de Ivette Meléndez Vega.

El presidente del Senado, José Lui Dalmau, preguntó cuántas personas se han beneficiado por la Ley 25 y el Plan de Reorganización del DCR, Escobar respondió que desde el año 2000 se han beneficiado 135 personas privadas de libertad.

Desde el año 2000 solo dos excarcelaciones fueron revocadas, contando la del antes mencionado, Hermes Ávila Vázquez.

Por otra parte, la secretaria de Corrección detalló que como parte del proceso de excarcelación se le tiene que notificar a las víctimas y/o sus familiares sobre la liberación del confinado. Añadió que, en este caso, se le notificó al viudo de la terapista física Celia López García, a quien Ávila privó de la vida en el año 2005. “Se trató de conseguir a las víctimas y no se consiguieron”, aseveró Escobar.

“Una de las cosas que hemos estado añadiendo en el reglamento en el 2023, no es únicamente notificar el egreso, sino que también se entrevisten y se certifiquen la posición de cada una de las víctimas”, indicó.



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Un grupo de expertos y líderes que hasta hace unas semanas formaban parte de las mesas de trabajo para el proyecto de Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (IDEAR) del Departamento de Educación (DE), hicieron un llamado a una revisión exhaustiva del proceso de descentralización propuesto para el sistema de educación.

Las expresiones se dieron en vista pública de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, para ordenar a las Comisiones de Proyectos Estratégicos y Asuntos de Energía: y de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el programa de Iniciativa de Descentralización

Janice Petrovich, consultora en política educativa; Enery López Navarrete, representante de la Liga de Ciudades; Cecille Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos; y Enrique Colón Bacó, consultor en política pública, renunciaron al Comité IDEAR el pasado 16 de abril, argumentando que el desarrollo del proyecto contradecía los principios acordados.

“Lograr un proceso de presupuesto que sea objetivo. justo y que refleje nuestros valores como sociedad, sin embargo, es una condición necesaria, pero no suficiente para el éxito del sistema”, aseguraron.

Según la ponencia presentada, las recomendaciones de los expertos incluyen la paralización del proceso de descentralización, la publicación de los criterios utilizados para la constitución de la Local Education Agency (LEA), la priorización de un sistema de mérito en los nombramientos, una mayor transparencia en el presupuesto educativo, y la evaluación exhaustiva del proceso de descentralización.

Los expertos señalaron que el modelo de gobernanza actual del Departamento de Educación es incompatible con la descentralización propuesta, solicitada mediante una Orden Ejecutiva en 2023. Afirmaron que Puerto Rico necesita una reestructuración administrativa urgente debido a un déficit presupuestario significativo.

Dado a que IDEAR no cumple con los elementos básicos de buena gobernanza, recomendaron la paralización del proceso de descentralización, la publicación de los criterios utilizados para la constitución de la Local Education Agency (LEA). También, priorizar un sistema de mérito a la hora de realizar nombramientos, transparencia amplia para un presupuesto basado en los costos para educar a los estudiantes, y la evaluación del proceso de descentralización.

La ponencia del tercer sector lee que el Departamento de Educación (DE) tiene un modelo de gobernanza que es lo opuesto a la descentralización. Asimismo, la propuesta de descentralización, solicitada mediante la Orden Ejecutiva 2023-014 del 22 de mayo del 2023, se propone desburocratizar su compleja maquinaria administrativa para lograr mayor eficiencia y calidad de los servicios que se ofrecen.

“Yo quiero establecer la importancia de este proyecto en aras de que Puerto Rico tiene que reestructurarse administrativamente y no puede utilizar la estructura de Gobierno vigente. El presupuesto no da, y tenemos un déficit presupuestario entre 400 y 500 millones de dólares […] Ustedes hacen unas recomendaciones y renuncian a este proceso porque entienden que no se están realizando las cosas como dicen las reglas”, indicó el presidente de la comisión, Javier Aponte Dalmau, al tiempo que preguntó qué contenían los informes que se realizaban luego de las reuniones del comité.

Asimismo, hicieron hincapié en la importancia de una discusión pública amplia sobre el presupuesto educativo y la necesidad de establecer un sistema de distribución de recursos basado en una fórmula que tenga en cuenta las necesidades individuales de cada estudiante.

Según López Navarrete, estos informes presentan pilares del proyecto, iniciativas llevadas a cabo, y decisiones de cómo implantar el proceso de descentralización. Además, planteó que estos informes eran preparados por la oficina de IDEAR, y añadió que ellos, como miembros del tercer sector, eran parte de las mesas de implementación del proyecto.

“Yo no tengo claro cómo yo terminé en estas mesas de implementación. Alguien de IDEAR nos invitó y me presenté. No hubo un proceso de deliberación, que yo sepa”, dijo Colón Bacó, y añadió que entiende que su nombre se presentó por su trabajo en asuntos educativos.

La directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet, dijo que la participación de Espacios Abiertos se dio para fortalecer la transparencia fiscal en el gobierno y “para que haya mayor participación ciudadana en la toma de decisiones […] Aquí nadie tiene contratos con Educación, y nuestro único interés era mejorar el sistema, la calidad de la educación pública y de qué manera podíamos aportar en el proceso de descentralización”.

El presidente de la comisión, Javier Aponte Dalmau, cuestionó la inclusión del tercer sector en el proceso, a lo que Petrovich respondió que buscaban aportar voces externas con experiencia fuera del Departamento de Educación para mejorar el proceso.

Ante la pregunta de la senadora María de Lourdes Santiago Negrón sobre la posibilidad de crear una comisión independiente para el proceso, Colón Bacó sugirió que esta debería operar fuera del Departamento de Educación.



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Un grupo de expertos y líderes que hasta hace unas semanas formaban parte de las mesas de trabajo para el proyecto de Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (IDEAR) del Departamento de Educación (DE), hicieron un llamado a una revisión exhaustiva del proceso de descentralización propuesto para el sistema de educación.

Las expresiones se dieron en vista pública de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, para ordenar a las Comisiones de Proyectos Estratégicos y Asuntos de Energía: y de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el programa de Iniciativa de Descentralización

Janice Petrovich, consultora en política educativa; Enery López Navarrete, representante de la Liga de Ciudades; Cecille Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos; y Enrique Colón Bacó, consultor en política pública, renunciaron al Comité IDEAR el pasado 16 de abril, argumentando que el desarrollo del proyecto contradecía los principios acordados.

“Lograr un proceso de presupuesto que sea objetivo. justo y que refleje nuestros valores como sociedad, sin embargo, es una condición necesaria, pero no suficiente para el éxito del sistema”, aseguraron.

Según la ponencia presentada, las recomendaciones de los expertos incluyen la paralización del proceso de descentralización, la publicación de los criterios utilizados para la constitución de la Local Education Agency (LEA), la priorización de un sistema de mérito en los nombramientos, una mayor transparencia en el presupuesto educativo, y la evaluación exhaustiva del proceso de descentralización.

Los expertos señalaron que el modelo de gobernanza actual del Departamento de Educación es incompatible con la descentralización propuesta, solicitada mediante una Orden Ejecutiva en 2023. Afirmaron que Puerto Rico necesita una reestructuración administrativa urgente debido a un déficit presupuestario significativo.

Dado a que IDEAR no cumple con los elementos básicos de buena gobernanza, recomendaron la paralización del proceso de descentralización, la publicación de los criterios utilizados para la constitución de la Local Education Agency (LEA). También, priorizar un sistema de mérito a la hora de realizar nombramientos, transparencia amplia para un presupuesto basado en los costos para educar a los estudiantes, y la evaluación del proceso de descentralización.

La ponencia del tercer sector lee que el Departamento de Educación (DE) tiene un modelo de gobernanza que es lo opuesto a la descentralización. Asimismo, la propuesta de descentralización, solicitada mediante la Orden Ejecutiva 2023-014 del 22 de mayo del 2023, se propone desburocratizar su compleja maquinaria administrativa para lograr mayor eficiencia y calidad de los servicios que se ofrecen.

“Yo quiero establecer la importancia de este proyecto en aras de que Puerto Rico tiene que reestructurarse administrativamente y no puede utilizar la estructura de Gobierno vigente. El presupuesto no da, y tenemos un déficit presupuestario entre 400 y 500 millones de dólares […] Ustedes hacen unas recomendaciones y renuncian a este proceso porque entienden que no se están realizando las cosas como dicen las reglas”, indicó el presidente de la comisión, Javier Aponte Dalmau, al tiempo que preguntó qué contenían los informes que se realizaban luego de las reuniones del comité.

Asimismo, hicieron hincapié en la importancia de una discusión pública amplia sobre el presupuesto educativo y la necesidad de establecer un sistema de distribución de recursos basado en una fórmula que tenga en cuenta las necesidades individuales de cada estudiante.

Según López Navarrete, estos informes presentan pilares del proyecto, iniciativas llevadas a cabo, y decisiones de cómo implantar el proceso de descentralización. Además, planteó que estos informes eran preparados por la oficina de IDEAR, y añadió que ellos, como miembros del tercer sector, eran parte de las mesas de implementación del proyecto.

“Yo no tengo claro cómo yo terminé en estas mesas de implementación. Alguien de IDEAR nos invitó y me presenté. No hubo un proceso de deliberación, que yo sepa”, dijo Colón Bacó, y añadió que entiende que su nombre se presentó por su trabajo en asuntos educativos.

La directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet, dijo que la participación de Espacios Abiertos se dio para fortalecer la transparencia fiscal en el gobierno y “para que haya mayor participación ciudadana en la toma de decisiones […] Aquí nadie tiene contratos con Educación, y nuestro único interés era mejorar el sistema, la calidad de la educación pública y de qué manera podíamos aportar en el proceso de descentralización”.

El presidente de la comisión, Javier Aponte Dalmau, cuestionó la inclusión del tercer sector en el proceso, a lo que Petrovich respondió que buscaban aportar voces externas con experiencia fuera del Departamento de Educación para mejorar el proceso.

Ante la pregunta de la senadora María de Lourdes Santiago Negrón sobre la posibilidad de crear una comisión independiente para el proceso, Colón Bacó sugirió que esta debería operar fuera del Departamento de Educación.



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