El domingo Jackeline Santiago Rodríguez acudió al cuartel de la policía de Morovis en busca de ayuda. Estaba en peligro. Su expareja amenazaba su vida. Allí, frente ese mismo cuartel, Jackeline fue asesinada.

Parece un chiste de mal gusto. Un cuento inverosímil. ¿Cómo es que alguien puede ser asesinado frente al lugar donde busca protección? Quizá por eso este, el octavo feminicidio íntimo del año ha provocado que la atención del país se vuelque, aunque sea por un minuto, sobre el estado de la lucha contra la violencia de género. Porque cuando no es que no se expide correctamente una orden de protección, es que no se diligencia correctamente. Y si no, es que la víctima llama a querellarse y nadie contesta; o ponen en duda su versión en el cuartel; o en el tribunal. O una cosa, o la otra, pero siempre hay algo. Entonces, cabe preguntarse, ¿Cuántas veces más puede el Estado hablar de errores? ¿Cuántas veces puede repetirse el mismo error sin que se convierta en negligencia?

En este caso, el ojo debe colocarse sobre varios factores, entre ellos el elemento del privilegio de un programa de desvío del que gozaba el asesino. Según ha trascendido, Luis Cruz Santiago es un reincidente en toda regla. El individuo tuvo un caso por violencia de género en 2020 y luego otro en 2022. En este último, según el alegato de las autoridades, el feminicida persiguió a su expareja con un cuchillo con la intención de matarla. En mi libro, un intento de asesinato. Pero a pesar de ello, se le permitió el privilegio de entrar a un programa de desvío. A lo anterior, sume que en su contra pesaba una orden de protección vigente hasta octubre de este año. ¿Es posible entender cómo se permitió el beneficio de un programa de desvío? Ese tracto de hechos nos lleva inevitablemente a cuestionar más de un asunto.

Entre otras cosas, ¿Cuáles son los criterios para decidir que una persona debe ser beneficiada con el privilegio de un programa de desvío en lugar de pasar tiempo en la cárcel? Una vez dentro de uno de estos programas, ¿Quién evalúa a los beneficiados? ¿Quién evalúa a los programas de desvío? Las respuestas a estas preguntas pueden arrojar luz sobre la crisis actual con estos programas, tal y como ha sido denunciado desde 2019 por varias organizaciones sin fines de lucro. La primera denuncia es que el gobierno, que se supone está en medio de una declaración de estado de emergencia, ha fallado en nombrar y confirmar a los integrantes de una junta que se encarga de fiscalizar estos programas. La falla aquí no es solo del Ejecutivo, sino también del Senado, puesto que la procuradora interina de las mujeres, Madeline Bermúdez, y la exdesignada procuradora Vilmarie Sierra han coincidido en señalar que la “cámara alta” ha arrastrado los pies a la hora de bajar a consideración las designaciones realizadas para llenar los puestos de esa junta. De igual forma, hay puestos que no han sido designados y, por lo tanto, no pueden bajar a confirmación.

Según las expertas, la Junta –ahora inexistente- tendría a su cargo determinar si los beneficiarios de los programas de desvío están listos para salir a la libre comunidad, si están cumpliendo con los requisitos del programa y si los programas en sí mismos están siendo efectivos. Entonces, si la Junta no ha sido nombrada, entonces ¿Quién está fiscalizando estos programas? Por lo que ha trascendido y ha sido discutido por líderes feministas en el programa “Dígame la verdad” conducido por la periodista Milly Méndez en Radio Isla 1320, una sola oficial del Departamento de Corrección tiene la encomienda de fiscalizar a cerca de 20 programas de desvío, su operación y participantes. Indudablemente, un enorme mal chiste que no ha sido denunciado por la oficial de cumplimiento nombrada por Fortaleza para hacer cumplir las recomendaciones del Comité PARE.

No hay nada más que estudiar. Nada. Las recomendaciones de los expertos están sobre la mesa y son el producto de un esfuerzo gratuito y bien intencionado de múltiples voces del sector privado. Ahora la bola está en la cancha del Gobierno. Lo está hace mucho tiempo. Actúen. Que las excusas y admisiones de error ya resultan poco creíbles.



Source link

El alcance de las redes sociales es innegable. Lo mismo que la forma en la que su llegada ha cambiado el juego en múltiples frentes. Desde la manera en que nos informamos hasta aquella en la que tomamos decisiones cotidianas como dónde comer, dónde vacacionar y hasta por quién votar son asuntos para los que lo publicado en plataformas sociales tiene un peso enorme en la actualidad sociedad de consumo.

Pero aunque el alcance de muchas de estas cuentas es poderoso como pocos y las recomendaciones de los administradores detrás de estas cuentas tienen el poder de mover a la acción a miles, no queda claro que todos tengan clara la enorme responsabilidad que trae consigo poder mover a las masas. Ese mundo que compite (y a veces supera) en alcance a medios tradicionales y que en muchos casos coquetea con un lenguaje y funciones cercanos al periodismo, no siempre se rige por sus preceptos éticos. ¿Para qué tendría que hacerlo?, se preguntará usted. Después de todo, publicar información sobre la comida que nos gusta o la playa que visito es un asunto sencillo, ¿no? Pues el problema es que no siempre lo es.

Conviene entonces que influencers y creadores de contenido recuerden que, como norma general, un gran alcance trae consigo una gran responsabilidad. Un par de ejemplos.

Tome usted el caso de la familia que visitaba una playa no apta para bañistas en Fajardo el pasado mes de marzo. O los múltiples casos de personas extraviadas en las veredas y túneles que rodean al Río Guajataca. Según Nino Correa, jefe del Negociado para el Manejo de Emergencias, así como un buen número de directores municipales con los que he podido conversar, se ha convertido en un problema recurrente que múltiples cuentas en las redes sociales con enorme cantidad de seguidores invitan a su público a aventurarse y visitar “rutas secretas”, rincones “escondidos” o “playas cristalinas” sobre las que acompañan videos que hacen de esos destinos francamente apetecibles.

El problema estriba en que la exhortación a la visita pocas veces llega acompañada de información importante como nivel de peligrosidad. En Quebradillas, por ejemplo, el jefe municipal de Manejo de Emergencias, nos comentaba que en múltiples ocasiones han tenido que acudir al rescate de visitantes extraviados que llegaron solos a visitar el paraje escondido sugerido por su influencer favorito, sin saber que la zona sugerida podría nos ser apta para visitantes.

En el caso de la familia cuyo padre se ahogó en Fajardo, el suegro explicaba a los periodistas en la escena que el grupo llegó motivado por “una página de Instagram” que presentaba la playa como idílica y buena para un chapuzón. Nada más lejos de la realidad. Según Manejo de Emergencias, se trata de una playa no apta para bañistas que ha sido escenario de múltiples rescates y ahogamientos.

Pero el problema con el contenido no contextualizado publicado en redes sociales no se limita a la peligrosidad, sino que también alcanza el asunto de la destrucción del medio ambiente y potencialmente, la destrucción de la calidad de vida de las comunidades en donde los destinos sugeridos están ubicados. En la práctica, pasar del “sugerir para ganar likes” a sugerir, contextualizar y reconocer incluso cuando recomendar no es adecuado.

Múltiples visitantes de parajes “revelados” desde algunas de estas plataformas denuncian cómo la belleza de estos parajes se ha visto afectada dramáticamente después que “el secreto sale a la luz”. Incluso, como los vecinos de las comunidades en donde estos parajes están ubicados han comenzado a verse afectados negativamente por la basura, estacionamientos no planificados, ruidos y destrucción ambiental.

Precisamente en estos días me topaba con un podcast en el que el amigo Alan Taveras del Centro Unido de detallistas conversaba con Francisco Amundaray de Natura Puerto Rico Tours. En la discusión, Amundaray destacaba la necesidad de  crear conciencia ambiental y social entre el creciente número de influencers que publican contenido donde promueven la “visitación” a destinos locales de amplia riqueza ecológica para evitar que la falta de gestión termine por destruirlos o, ya bien, motivando a sus seguidores a conductas que pueden ponerles en riesgo.

“No solamente se afecta el medioambiente si hay exceso de visitación, sino que también se afecta la calidad de vida de las comunidades donde están estos recursos.  Así que yo creo que hay que comenzar un diálogo, y este diálogo tiene que ir de la mano con proveerle de las herramientas a estos influencer para que asuman no solamente los beneficios económicos que tienen sus ‘views’ sino que asuman una responsabilidad respecto los lugares que están visitando. En incluso, que ellos tengan la suficiente madurez de omitir publicar ciertos lugares en sus redes sociales porque simplemente no están preparados para ser visitados”, explicaba.

Ojalá que ese diálogo comience. El Estado, podría ser el promovente de esa conversación con la que ganamos todos. Influenciar y ganar dinero con ello es válido, pero no siempre responsable si lo hacemos de manera inconsciente con quienes nos siguen y con el país que nos ha tocado habitar.



Source link

El mes de abril ya hizo su entrada formal y, con ello, la cercanía del proceso primarista es aún más estrecha. Una cercanía que magnifica los importantes asuntos pendientes por resolver que ha heredado la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessika Padilla Rivera.

La funcionaria ha desempeñado un papel de apertura y accesibilidad ante los cuestionamientos de la prensa en un periodo de controversias crecientes, que solo continuarán en aumento en la medida en que la elección arrecie. Dicho eso, sin embargo, es preciso levantar bandera de varios asuntos que podrían empañar el proceso electoral si no se resuelven de manera clara a tiempo para el periodo electoral. Para comenzar, los muertos que votan. O, al caso, que podrían hacerlo.

En días recientes, Padilla Rivera aceptó que la CEE tiene una lista “final” pero “no certificada” de 36 mil 581 personas que aparecen en las listas como electores registrados y hábiles para votar pero que, según el Registro Demográfico, están muertos. Esas personas fallecidas, a pesar que se ha confirmado que lo están, continuaban hasta el comienzo de la semana como electores hábiles y no habían sido excluidos de las listas. Un asunto que podría parecer inocuo para algunos, pero que resulta claro que podría servir como madera para quien quiera dar forma a algún chanchullo, de esos que no faltan en época electoral. Padilla aseguró que se trabaja para lograr depurar las listas. Pero la pregunta es si se lograra esa depuración antes del periodo primarista.

A los “muertos hábiles para votar” añada otro renglón: el de los que cambiaron de domicilio pero siguen en las listas. Sobre esto no hay cifras finales, pero una investigación publicada a inicios de año por el Centro de Periodismo Investigativo revela que la CEE no ha inactivado a los electores que ahora están inscritos en los Estados Unidos, a pesar de que así lo dispone el Código Electoral. Y esa disposición hace toda la lógica del mundo. Es decir: ¿Por qué habría de permanecer activo como votante un elector que se mudó y que, por lo mismo, tiene un domicilio fuera de la isla? La única respuesta válida a esa pregunta es que se le deje activo con la única intención de que pueda votar allá y aquí también.

La historia de las colegas Damaris Suarez y Vanessa Colon Almenas, establece que la CEE recibe información de al menos 15 jurisdicciones con las que tiene acuerdo y que esa información en manos de la agencia les permite saber quiénes se mudaron y cambiaron de domicilio. Sin embargo, aunque esa información está a la mano, la CEE no interviene. Para recusar esos votantes (potencialmente cientos o miles de mudados aun activos) se descansa en que  ese elector sea recusado por alguien que tenga propio y personal conocimiento o por un oficial de un partido político. Si la CEE cuenta con la información de al menos 15 jurisdicciones y claramente votar localmente si se tiene domicilio fuera de la isla es altamente irregular e inmoral, ¿Por qué la CEE no inicia el proceso para sacar a esos votantes de las listas aun sin querellas de ciudadanos?

Mientras muertos y mudados siguen en las listas, aún faltan miles de potenciales nuevos electores que aún no han sido impactados por la CEE en los esfuerzos tradicionales para inscribir nuevos electores en escuelas superiores. El asunto ha sido denunciado por comisionados electorales de los partidos de oposición (que ahora son cuatro) pero aunque se asegura que se está trabajando con el asunto, la cosa sigue en ascuas.

En fin, que la CEE tiene mucho que hacer, poco tiempo para conseguirlo y, de paso, menos presupuesto y personal que en años anteriores. Un reto monumental que deberá ser acometido con deseo, templanza y ánimo de transparencia. De esa que antes revestía a la comisión y que desde hace un cuatrienio ha ido perdiendo lustre. A meterle ganas. Que de papelones electorales y dudas ya hemos tenido suficiente y con ellas la democracia siempre es la gran perdedora.



Source link

El primer gran round del año electoral se produjo la pasada semana con la decisión del juez Anthony Cuevas que tiene como efecto primario descarrilar a los candidatos nacionales del partido Movimiento Victoria Ciudadana y uno de los candidatos de Proyecto Dignidad. Y les descarrila, porque salvo que MVC consiga vencer en el proceso apelativo, la victoria de los demandantes de los partidos Popular Democrático y Nuevo Progresista conseguiría no solo dejar a ese partido sin candidata a Comisionada Residente sino que además sin alternativa para sustituirle. A lo anterior, añada que lo ocurrido propina una golpiza a las posibilidades electorales de La Alianza entre esa colectividad y el Partido Independentista Puertorriqueño.

Si el requisito de solicitar endosos estaba claro o no, es algo que está por ser adjudicado y, con ello, si los nuevos partidos fallaron monumentalmente o no en el proceso de certificar a sus candidatos. Pero, al margen de ese asunto aún pendiente, están las intenciones del pleito que resultan más que evidentes. No es posible sustraernos del contexto actual para comprender las potenciales motivaciones de los demandantes y quienes posteriormente se unieron a la demanda. Los primeros son Jorge Alfredo Rivera, Jorge Quiles Gordillo y Yulixa Paredes, aspirantes a puestos legislativos bajo la Pava, y el senador Héctor Santiago Torres. Los segundos, los legisladores del PNP José “Pichy” Torres Zamora, Keren Riquelme quienes se unieron al reclamo después de radicado. Resulta interesante que sin la llegada de los legisladores del PNP a la demanda, según el juez, los demandantes del PPD no habrían tenido legitimación activa. Así que esta es una victoria del partido azul.

Conocer los protagonistas de la demanda es pertinente porque el pleito legal que hasta ahora ha conseguido quitarle fuerza (en diferente proporción) a los partidos nuevos, como decíamos, arroja luz sobre las potenciales motivaciones de fondo. El meollo del asunto es el balance de los electores. No es secreto que desde hace un par de elecciones, el PPD y el PNP han experimentado un desgaste de sus bases electorales. Tampoco que un importante número de los electores que les han dejado lo han hecho o bien para Victoria Ciudadana o para Proyecto Dignidad. Ejemplo de ello son el exrepresentante Manuel Natal, portavoz del MVC, quien militó en el PPD y el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, quien fue electo por el PNP. ¿Cómo puedo herir a quien me ‘roba’ electores? Hiriendo al “ladrón”, parece pensar un sector de ambos partidos para el que una demanda de este tipo que pueda tener el efecto de desinflar ambos movimientos políticos pueda ser la cura para su enfermedad.

Sin embargo, si bien los efectos del pleito parecen evidentes, los partidos históricos tendrán que hacer algo más para frenar la fuga. Porque la fuga en cuestión tiene muy poco de “robo” de votantes, a juzgar por quienes han hablado públicamente de su migración de la Pava y la Palma. Hastío por casos recurrentes de corrupción, necesidad de seriedad en el tono y menor estridencia, así como la búsqueda de propuestas serias para los serios problemas que enfrenta el país son razones citadas por muchos de los desafectos que han buscado cobijo bajo estos dos nuevos templos. Así que para esos, para los afectados por la desilusión, poco importa si hay partidos nuevos a los que unirse u opciones distintas por las que botar en la papeleta. Si no existen fuera de sus partidos históricos y tampoco dentro de ellos, entonces seguro harán lo que ya han hecho en el pasado: abstenerse. No participar. Solo mire los resultados de las elecciones recientes en las que el gobernador apenas alcanzó el 33% de los votos de los electores. ¿Victoria? Claro que lo es bajo la ley. Pero llega débil y sin el respaldo de la mayoría del voto  popular que no se vio motivado a votar en masa por el ganador. Si los partidos históricos quieren recuperar votantes parece que tendrán que hacer mucho más que impugnar la validez de las más recientes o futuras alternativas de partidos políticos. Deberán re enamorar y volver a convencer. Recuperar el terreno perdido. Está por verse si han entendido que para conseguirlo la ruta no se encuentra en los tribunales sino en un exhaustivo autoanálisis. En la necesidad de una mirada humilde y desapasionada que les permita entender por qué se fueron los que ya se han ido.

Su pérdida no fue robo sino desilusión.



Source link

No sé si a usted le pasa lo mismo, pero en lo que a mí respecta, extraño escuchar ideas. De las específicas. De esas que contestan preguntas que todos –o la mayoría tenemos- sobre asuntos puntuales del país. Y no hablo de las generalidades de siempre. Ya sabe. De propuestas como “hay que combatir el crimen” o “hay que incentivar la economía local” o “tenemos que atender el problema de vivienda” o “me preocupa la baja natalidad”. A todos nos preocupan esos temas. Pero de quienes aspiran a dirigir los destinos del país hace falta escuchar más que una lista de deseos o temas pendientes. Antes de pedirnos el voto, que nos expliquen “cómo”.

Porque lo que hay que hacer lo tenemos claro todos y todas en mayor o menor grado. El “cómo atender” esos asuntos es lo que necesita mayor discusión. Claro que por estas fechas pocos candidatos quieren debatir. Muchos porque enfrentan primarias y recurren al histórico “con los míos no debato” para evitar enfrascarse en una batalla de ideas que levante ronchas al interior de sus partidos. Pero el tiempo para escudarse en el “con los míos no” va terminándose. O debería. ¿O es que acaso usted que me lee está dispuesto a votar a lo adivino en este momento en el que el país precisa de ideas específicas para problemas puntuales? Si ese es su caso, lo lamento. El voto desinformado anclado en lo bien o mal que le cae un candidato no es otra cosa que un voto altamente irresponsable. Y lo es también aquel en el que usted presta su voto a candidatos de su partido solo porque, pues, son de su partido. Así, sin mayores contemplaciones. Sin exigir, como mínimo, que esa persona le convenza con sus ideas. Porque usted tendrá que coincidir conmigo que dirigir debe ser mucho más un asunto de lo que pienso y qué propongo que dé como me veo, como están mis niveles de simpatía y cuan bonita es mi sonrisa. O eso pienso yo.

En esa misma línea, le invito a pensar en lo siguiente.

Si ya me decidí a votar por un candidato o candidata, ¿Cuáles de sus propuestas o ideas han hecho que se gane mi voto?

¿Qué propone hacer ese candidato o candidata para atender el problema de Vivienda que vive el país en el que para muchos es casi prohibitivo comprar vivienda?

¿Qué proponen hacer esas personas por las que usted apuesta para enfrentar de manera efectiva el problema del crimen vinculado al narcotráfico que nos arrebata todas las semanas cerca de diez vidas de hombres jóvenes?

¿Qué ideas han presentado sus candidatos favoritos para asegurarse de que el país no sufra de escasez si se presentara un problema de suministro de alimentos a nuestros puertos?

¿Cómo harán esos candidatos para atender el asunto del alza constante en el costo de vida? ¿Qué piensan sobre el Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y la posibilidad de que se nos establezca un cargo por 35 años que no solo usted sino sus hijos terminarán pagando?

¿Cómo se proponen esos candidatos atender el grave problema de acceso a la Salud que vive la isla? ¿Están dispuestos a impulsar las recomendaciones que aún esperan legislación para prepararnos a enfrentar los efectos del Cambio Climático? ¿Ha propuesto ideas concretas para frenar el envejecimiento de nuestra población e incentivar a las personas en edad reproductiva no solo a que se queden en la isla sino a que tengan hijos?

Si no puede producir una respuesta, el problema lo tiene usted que se conforma con muy poco. Si no puede producir respuestas a esas preguntas y, aun así, piensa votar por ellos, entonces parece que tiene razón aquel que dijo que los países tienen los gobiernos que merecen.

¡Claro que hay que debatir! ¡Claro que hay que confrontar propuestas e ideas! ¡A ponernos las pilas, que proteger lo que nos queda de país no es cosa pequeña!



Source link

Solo hay que abrir bien los ojos cuando se transita por cualquier casco urbano del país. Se han convertido en enormes espacios abandonados, en el mejor de los casos con alguna que otra actividad comercial que ha logrado sobrevivir. Eso y una amplia proliferación de templos que han encontrado allí espacio de alquiler barato donde reunir feligreses. Son espacios muertos, con actividad económica limitadísima y, en contraste, un amplio catálogo de estructuras en desuso gracias a aquella idea del progreso que se nos vendió por años en la que “echar pa’ lante” al pueblo era sinónimo de abrir centros comerciales en la periferia y construir urbanizaciones lejos del centro tradicional. Ahora, sin vecinos que ocupar los cascos antiguos y sin clientela que sustente los negocios tradicionales, pocos han sobrevivido dejando como herencia ciudades fantasma. Verdaderas bocas de lobo cuando cae la noche.

El panorama es similar cuando nos movemos a decenas de urbanizaciones, de esas que nacieron para allá para la década de 1970 y que sirvieron de hogar para las familias que lograron movilidad social y entraron por la puerta ancha de la clase media. De lado a lado hay cientos, sino miles de propiedades vacías. Algunas, porque no tienen herederos. Otras, porque son la manzana de la discordia en disputas por herencias. Otras porque aunque tienen herederos, no están interesados en vivirlas. Sus vidas están o fuera de allí o, incluso, fuera del país.

Y si a la fórmula añadimos las decenas de escuelas públicas que fueron cerradas en los pasados cuatrienios, redondeamos el asunto. Espacios en concreto con cientos de salones vacíos y áreas comunes. Lugares que muy bien podrían ser reutilizados pero que, en su lugar, hemos decidido que su mejor uso es como potreros improvisados y criaderos de sabandijas. Piénselo con detenimiento. ¿Cómo tiene sentido que tengamos tantas estructuras vacías, en desuso o subutilizadas mientras repetimos hasta el cansancio que hace falta vivienda asequible? En un país donde resulta cada vez más complicado adquirir una propiedad, incluso para personas con salarios fijos y estudios universitarios, el Gobierno y muchos de quienes aspiran a serlo han fallado en producir propuestas para atender este asunto, a pesar de la cercanía con el periodo electoral y a pesar de que es uno de esos temas de futuro en los que se nos va la vida. Seguro que localmente la reutilización de estructuras y espacios ya impactados por la construcción es un tema nuevo o poco discutido. Sin embargo, basta echar una mirada a la experiencia internacional para ver que si hay interés podríamos encontrar ideas para desarrollar nuestro propio modelo de reutilización de estructuras, si es que al hacerlo reducimos tanto costos como la huella de construcción en un territorio como el nuestro que es limitado por su extensión geográfica. Si no queremos mirar muy lejos, en Nueva York se ha trabajado la idea de reutilizar, por ejemplo, escuelas, para convertirlas en vivienda. Un caso que conozco porque lo he visitado en varias ocasiones es “Art Space”, que ubica en el corazón de El Barrio. Una antigua escuela que ha sido reformada para convertirla en un espacio de vivienda a bajo costo en medio de una ciudad con costos altísimos de renta. Solo imagínelo. Lo que eran aulas, fueron repensadas como pequeños estudios. Los auditorios en centros comunales. Y todo sin necesidad de impactar nuevos espacios para construcción y dándole forma a una escuela que ya no era viable. ¿Por qué no estudiar ese modelo localmente?

En otras jurisdicciones, como en España, ya se habla de la “Arquitectura del reciclaje” en donde se reutilizan espacios ya impactados para darle nuevos usos o se reutilizan materiales que antes no eran pensados como herramientas de construcción… Recuerdo que para allá para el 2022 en Barcelona, España, se había experimentado con la utilización de módulos/ contenedores para edificar 77 viviendas de bajo costo y totalmente funcionales. En fin, que los nuevos problemas requieren nuevas soluciones. Pero para encontrarlas es preciso comenzar a buscarlas. ¿Para cuándo lo dejamos?



Source link

El impacto del calor extremo en el proceso lectivo del país fue primera plana constante durante semanas en los medios de comunicación del país. Un asunto que inició como un reclamo a través de las redes sociales. Diariamente, estudiantes y personal escolar acudían a las distintas plataformas para denunciar que tomar e impartir clases bajo condiciones de temperaturas extremas era un reto monumental. Y los reclamos llegaron a los medios de comunicación. Y las historias reseñadas provocaron el interés del Estado (que no podía darse por enterado del calor porque por la pasada década el asunto ha estado advertido por la comunidad científica), y cumbres para discutir y re-discutir el asunto. Y reuniones para dar seguimiento a reuniones en las que, reunidos, reunían ideas sobre cómo atender el asunto. ¿Qué ideas? Pues comprar acondicionadores de aire, poner a funcionar fuentes de agua(que se supone funcionen en condiciones normales). Pero también establecer “puntos de hidratación” que estarían “ubicados en lugares estratégicos”, alimentación saludable (faltaba menos) y hasta “entrenar a las enfermeras” para que supieran identificar y manejar síntomas de calor extremo. Vamos, como si por su educación en la enfermería no eran ya capaces (¿cierto?) de identificar personas que experimentaban consecuencias del calor extremo. Toda una lista de medidas que, juntas, se supone que conformaban un “plan integral” y “exhaustivo” para atender el asunto. A todo lo anterior se añadió una parte fundamental: las mejoras a la infraestructura. Un asunto que requeriría de un estudio de necesidad para establecer qué habría que hacer en cada plantel escolar. Desde la potencial colocación de acondicionadores de aire, la instalación de subestaciones eléctricas que permitieran conectar esos acondicionadores y/o abanicos, entre otras cosas.

Pero seis meses después de las reuniones, las vistas, las cumbres e incontables primeras planas, aún no hay un plan. No lo hay a punto de comenzar una nueva ola de calor que según todo pronóstico superará la del año pasado. Y, con toda probabilidad, no lo habrá cuando comience el calor en todo su apogeo. Ya me los sospechaba. Por eso arranqué esta semana mi programa “Pega’os en la mañana” por Radio Isla 1320 solicitando una entrevista con la secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces y con la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, Deborah Soto. Esta última me concedió la entrevista y en ella me confirmó que las recomendaciones producto de las vistas públicas que sobre el tema se llevaron a cabo el pasado año en la comisión no fueron implementadas. Aunque se aprobó un proyecto que ordenaba un estudio de viabilidad y se estableciera un plan para determinar cuáles salones requerían acondicionadores de aire o cambios en la infraestructura para atender este problema que llegó para quedarse, el proyecto fue vetado por el Gobernador por entender que resultaría muy costoso.

También el lunes en Radio Isla 1320 el director de Infraestructura del Departamento de Educación, José Basora Fagundo, le confirmó a Milly Méndez que este año no se hará nada distinto a lo que se hizo el pasado año para atender el problema del calor extremo. ¿La razón? A estas alturas aún no han comenzado los estudios necesarios para determinar la viabilidad de medidas como la instalación de acondicionadores de aire. O lo que es lo mismo, todavía el Departamento no ha comenzado el proceso que le permitiría decidir qué es lo que tiene que hacer. En concreto, el comité evaluador de Educación se encuentra evaluando “as we speak” diferentes propuestas de estudios de viabilidad para la instalación de acondicionadores de aire en algunas escuelas. El análisis debe terminar este viernes.

Es decir, que seis meses después que se dijo que comenzarían los estudios para elaborar un plan, el análisis continúa y la ausencia de plan también. Que cuando comience la ola de calor de 2024 (que será más intensa que la del año anterior) estaremos en la misma posición que con la ola de calor de 2023. Que parecería que la acción para atender los problemas y promover planificación para atenderlos está supeditada al nivel de atención pública que esos problemas reciben. Una fórmula en la que a más interés público, más atención del estado. Y viceversa.

Pues eso. Que no ha pasado nada. Que seguimos caminando en círculos. Que arrastramos la misma calentura. Que hay que tener paciencia.



Source link

No sé si usted se ha puesto a pensarlo, pero aquí, en este país sujeto a las más raras de las rarezas, presumimos de tener mucho dinero mientras nuestras agencias viven en la más absoluta precariedad. Y me explico.

Antes de abandonar su cargo, Francisco Pares presumía ante los contribuyentes lo abultado de los recaudos. Afirmaba a finales del pasado año que la isla estaba a punto de recibir la mayor cantidad de recaudos en la historia del fisco. Dinero por todas partes que, en el mundo al derecho, debería funcionar para atender las necesidades de los ciudadanos. Garantizar servicios donde hagan falta y acercar al país un escenario óptimo, alejado de la precariedad de más de una década de recortes y austeridad. Pero no. La realidad diaria nos recuerda que tener mucho dinero en la cartera no es equivalente a tener mucho dinero para usar. Al menos no en el mundo que nos ha tocado vivir con la todopoderosa Junta Fiscal que se nos dice que supervisa pero en realidad controla.

Mire nuestro escenario local, desde lo más sencillo hasta lo más complejo y podrá confirmar que tenemos mucha plata pero no el permiso para gastarla. Tome el caso del cazador desaparecido en Isla de Mona. Aunque el Departamento de Recursos Naturales asumió de inmediato la responsabilidad primaria de la búsqueda, poco tiempo tendría que pasar para que el país tuviera claves adicionales sobre la precariedad de la agencia. Los vehículos siguen sin mantenimiento adecuado. Lo mismo que ocurría hace unos años cuando otro incidente requirió la activación del personal de la agencia para iniciar una búsqueda en Mona. No es para menos, según reportó hace unos años el desaparecido periódico digital Diálogo, de la Universidad de Puerto Rico, Recursos Naturales tenía en 2016 poco más de $8 millones de dólares en presupuesto operacional. Tras la llegada de la Junta Fiscal la agencia ha experimentado recortes constantes que han llevado su presupuesto actual a cerca de $1 millón. A eso añada que esa dependencia fue fusionada en 2018 a la Junta de Calidad Ambiental, de esa forma “pasando por agua” los poderes de ambas agencias, ahora solo una, y sin chavos.

De Recursos Naturales pasemos a hablar sobre la Universidad de  Puerto Rico. A pesar que el indudable principal centro decente del país no es responsable de la deuda de la isla, la Junta de Control Fiscal le ha quitado $700 millones, o lo que es igual, más de la mitad de su presupuesto. Tras más de una década sin aumentos salariales, la matrícula de la Hermandad de Empleados Exentos no docentes ha aprobado un voto de huelga luego que la Junta se negara a aprobar el desembolso de un bono de $3,000 que ya ha sido ratificado por la administración. La Junta se ha negado además a ratificar los términos del convenio colectivo que ya ha sido acordado con la gerencia de la institución.

De allí, pasemos a Centro Médico, en donde otro voto de huelga amenazaba en estos días con paralizar parte de las operaciones de la institución. ¿La razón? La Junta Fiscal no aprobaba la mejora salarial que requieren los empleados que denuncian estar mal pagos y estar expuestos a un escenario laboral de escasez de recursos y mano de obra, provocada precisamente porque no hay dinero suficiente. Dinero que no hay para la adecuada operación del hospital y garantizar el personal adecuado, pero sí hay en Hacienda, guardado, posiblemente para el pago a bonistas.

A todo lo anterior, cuente el caso del Departamento de la Familia. Su secretaria, Ciení Rodríguez, lleva meses conversando con los integrantes de la Junta para convencerles de lo evidente para cualquiera que viva en la isla: no hay recursos suficientes para atender el número creciente de viejos y viejas abandonados en hospitales o solo en sus hogares. Abandonados por familiares que han abandonado la isla y no están aquí para cuidar de ellos. Según Rodríguez, solo para el próximo año fiscal hacen falta $40 millones adicionales solo para ese asunto. Dinero que podría salir de los “recaudos históricos” de los que presume el Estado en plan mirar pero no tocar. Que nos llueve el dinero pero no nos toca. Lo que tiene la vida en tiempos de la Junta.



Source link

La Policía ha vuelto a ocupar titulares. Pero no por el grueso de sus integrantes. Después de todo, como sucede con todos los ámbitos del quehacer humano, en ese cuerpo los buenos superan a quienes cometen faltas. Hablo en este caso sobre su dirección. La misma que puso el grito en el cielo tras los resultados de un análisis estadístico publicado por la organización no gubernamental “Kilómetro cero”.

En el estudio, sus analistas concluyen que proporcionalmente dentro de la policía hay más feminicidas que en el resto de la población. Una conclusión controvertible que se ancla en el hecho que desde 2018 hasta el presente cinco policías acabaron con las vidas de parejas o exparejas. Y ello, según el análisis de “Kilómetro cero”, es proporcionalmente mayor a la cifra total de feminicidios en el resto de la población. Para la dirección de la Policía las conclusiones del estudio son poco menos que un insulto.

En declaraciones enviadas por su equipo de prensa aseguran que sus propios analistas revisaron las estadísticas y no llegaron a esa conclusión.

“Las supuesta investigación y expresiones públicas de los creadores de Kilómetro Cero, no solo representa una falta de respeto a los sobre 11 mil policías que se levantan todos los días a proteger la vida y propiedades de todos los ciudadanos, sino que afecta a sus familias, padres, parejas e hijos que sacrifican sus vidas para que estos puedan servir a otros”, leían las declaraciones enviadas por el equipo de prensa de la uniformada. Unas declaraciones en las que no se niega el hecho de los cinco feminicidios adjudicados a agentes desde 2018 pero, en su lugar, se opta por plantear que el informe acusa a los 11 mil miembros de la fuerza, sus familiares, padres y parejas de ser delincuentes.

Evidentemente, el texto del informe no estira el chicle en direcciones tan intrépidas. Por lo contrario, me parece que ayuda a volver a colocar sobre la mesa un asunto que ya ha sido planteado durante años, incluso en el contexto de la reforma de la Policía: precisamente para no afectar a los 11 mil hombres y mujeres que forman parte de la fuerza y realizan su trabajo de manera comprometida y ética, la Policía debe reconocer que ha tenido durante años un problema con el procesamiento de las querellas contra agentes acusado por sus parejas o exparejas de violencia de género. Es decir, olvidemos por un momento la controversia sobre la proporción de feminicidas. ¿Se han reportado cinco casos dentro de la fuerza desde 2018? Sí. ¿Algunos de los casos involucran a agentes contra quienes existían querellas, pero no fueron atendidas de manera adecuada? Sí. ¿Durante años prácticamente todos los organismos observadores consultados han sugerido a la policía que delegue en un ente externo la evaluación de querellas por violencia de género contra agentes? Sí. Entonces, indudablemente, hay asuntos que atender. La resistencia en reconocer que el problema existe provoca que la dirección de la policía no consiga sacar las manzanas podridas del resto del barril. Y ese es un daño autoinfligido. No. La dirección de la policía no ha sido eficiente a la hora de autoevaluarse.

Según datos de la policía publicados por el Centro de Periodismo Investigativo, de enero de 2017 hasta el 2 de noviembre de 2022 se habían radicado 371 querellas de violencia de género contra agentes. De esas el 242 no habían sido sometidas. De igual manera, entre 2010 y 2021 se habían reportado 960 incidentes de alegada violencia doméstica contra agentes, según ese medio. Solo 36 terminaron en convicciones. Y según grupos de derechos humanos, derechos de la mujer, el Monitor Federal de la Policía y hasta la Cámara de Representantes, esa cifra tan baja no es casualidad sino el efecto directo de aquello que se conoce como “el cabro velando las lechugas”. O lo que es lo mismo, la policía no evalúa adecuadamente querellas contra sus propios miembros.

Precisamente, tras varios casos reportados el pasado año en los que agentes habían sido acusado de agredir o matar a sus parejas o exparejas, se realizaron vistas públicas para estudiar el asunto. La Comisión de la Mujer de ese cuerpo concluyó que la Policía (su dirección, no sus agentes) arrastraba los pies a la hora de investigar las querellas. Por ello surgieron la creación de una procuraduría especial que se encargue de analizar e investigar esos casos, quitando de las manos de la uniformada la responsabilidad de investigarse a sí misma. ¿Qué depuso la dirección de la Policía en las vistas convocadas por la Cámara? Como con los hallazgos de Kilómetro cero, desmintieron la existencia de un problema y se opusieron a que un organismo externo investigue las querellas.

Y ese es realmente el problema. Esa es precisamente la falta de respeto a los integrantes honestos y comprometidos de ese cuerpo. Negar la existencia del problema y oponerse a trabajarlo con un enfoque recomendado por los expertos en y fuera de Puerto Rico; meter la cabeza bajo la tierra e intentar culpar a todos menos a sí mismos por la falta de mecanismos adecuados. Todo lo anterior hace un flaco servicio a los agentes honestos que, con toda seguridad, repudian que compañero incurran en actos de violencia y que esos actos sean barridos bajo la alfombra.

En esto, como en tantas otras cosas, aplica aquello de que quien nada debe, nada teme. Más transparencia señores. Que nadie gana al perpetuar mecanismos ineficientes que solo encubren conductas que todos y todas deben repudiar. Dar paso a estas medidas no ofende a agentes honestos, sus familiares, padres o parejas. Por lo contrario permitiría sacar de raíz a aquellos que no merecen llevar tan honroso uniforme.



Source link

En tiempo reciente el Departamento de Educación ha revivido una campaña gloriosa, llena de nostalgia. Era un niño cuando se hizo popular por allá por la década de 1980. “Esta es mi escuela, y yo la quiero y la defiendo” cantaba la voz del anuncio (que según mi recuerdo era la mismísima Lunna) mientras se veía a un grupo de alumnos caminar orgullosos por su plantel escolar tomando en sus manos la tarea de proteger y embellecer su lugar de estudios. Para quienes vivimos aquella época la escena se volvió mítica. Una oda al compromiso con la escuela. Un llamado a hacerla suya y protegerla. La presente administración echó manos de la campana y se la presentó a las nuevas generaciones en una nueva serie de cuñas publicitarias que apostaban, de seguro, a revivir aquel sentimiento de compromiso con los planteles escolares.

Poco imaginaría el Departamento de Educación que aquel famoso estribillo tomaría forma de activismo. ¿El arma? La red social Tik Tok. Desde ella, un grupo de alumnos de la Escuela Superior Luis Felipe Crespo mostraban las imágenes de los baños, la cancha y otras áreas en pésimas condiciones. Las fuentes de aguas adquiridas durante la pandemia, inservibles. La denuncia se hizo viral, pero la reacción del Gobierno dejó mucho que desear.

En lugar de aceptar la situación captada por las imágenes, la oficialidad del Departamento de Educación decidió antagonizar con los alumnos. Ignorar lo evidente. Plantear que sus reclamos, aunque respaldados por imágenes y testimonios, era falso y probablemente malintencionado. Seguro motivado por la oposición, pensarían aquellos que asesoran desde la idea de que el mundo es rojiazul y que cualquier crítica debe ser vista desde las gafas del partidismo. Como era anticipable para cualquiera que veía los reclamos desde “afuera” el favor de la prueba pesó a favor de los estudiantes que no solo se reafirmaron en sus denuncias y rebatieron con datos las posturas del Departamento, sino que motivaron toda una oleada de nuevos videos. Todos comenzando con aquella frase de “El uniforme completo jóvenes”, en clara referencia a que a los alumnos se les exige presentarse vestidos con el uniforme pero las escuelas pueden darse el lujo de no cumplir con su parte del acuerdo: planteles en buen estado, aptos para cumplir con el esperado proceso educativo en condiciones.

Entonces, ¿ahora qué? ¿Todos son mentirosos? ¿O es que acaso quién miente es el Estado?

Luego de varios días de silencio en los que no estuvo disponible para reaccionar al contenido de los videos, a secretaria de Educación, Yanira Raíces, se unió al discurso contra los alumnos. Probablemente, como ha pasado con otros secretarios, desde el desconocimiento y la información a medias que le brindan sus asistentes y el personal regional. Después de todo, ningún secretario o secretaria puede estar en todas las escuelas del país y, descansan en la información que les llevan sus personas de confianza.

Es este caso, lo dicho por la titular de la agencia apuntaba a que los alumnos mentían. Aseguraba que ella había visitado a manera de sorpresa la escuela eje de las denuncias para constatar que todo estaba en orden. Que contra los estudiantes no habría consecuencias negativas o represalias. Pero el lunes en “Pega’os en la mañana” por Radio Isla 1320 la presidenta de la clase graduanda aseguró que de visita sorpresa hubo poco. Que antes de la llegada de la secretaria se le adelantó una comitiva de cinco vehículos y una brigada que reabrió los baños y puso la escuela en condiciones justo a tiempo para la llegada de la Secretaria. Que las represalias ya se habían producido con la cancelación de las actividades del Día de San Valentín y un par de “color days” para recaudar fondos. En fin que la versión oficial quedaba en entredicho. ¿Y que ganaba con ello el Departamento? Fuera de una nueva ola de críticas, muy poco. La constatación que muy pocas veces el Estado admite sus faltas y propone enmiendas. Que para querer y defender la escuela hace falta mucho más que una campaña publicitaria. Por lo menos, admisión de faltas y propósito de enmendarlas. Que no hay sistemas infalibles. ¡Claro que no! Pero los problemas se resuelven sólo después de admitir que existen.