Otro feminicidio, un secuestro de una mujer y más manejos cuestionables del gobierno están ante nuestra consideración. El suceso de Morovis en el que una mujer fue asesinada en pleno cuartel policiaco por su pareja destapó, no solo que el problema sigue ahí sin una merma notable, sino que el gobierno tiene que revisar cómo los atiende. Resulta que en este caso el victimario tenía un caso previo y que el gobierno le permitió negociarlo para una rebaja a los delitos imputados lo que le permitió ser elegible a un programa de desvío sin mayores consecuencias, aparentemente.
En otro caso de esta semana, también en Morovis, un hombre supuestamente secuestró a su parera y resulta que se trata de un individuo que fue acusado de asesinato, pero salió de la cárcel mediante un habeas corpus, es decir al no ser enjuiciado en el término que dispone la Constitución posterior a su acusación.
Ante el historial del primer caso, la Procuradora de las Mujeres me dijo que está proponiendo legislación en la que se le elimine la discreción que tienen los jueces para resolver en casos así y que el Departamento de Justicia no entre en estas negociaciones.
Es típico que los fiscales negocien casos para evitar ir a juicio lo que le supone al gobierno una economía en dinero y procesal. Pero al final, deja espacio para la reincidencia si no hay el seguimiento adecuado, como no lo hay en el país para nuestros problemas sociales cotidianos.
Ahora bien, ¿es la solución eliminar la discreción de los jueces para que no tengan oportunidad de tener variados escenarios ante las particularidades de los casos que se presentan ante ellos? Eso puede ser peligroso. De ahí a plantearnos la siguiente pregunta es un pequeño paso, ¿por qué no ponemos de una vez computadoras sustituyendo a los jueces para que decidan fianzas, sentencias y resuelvan los casos en los tribunales?
A los tribunales llegan problemas humanos y son otros seres humanos, presumiblemente capacitados, los que deben resolver esos conflictos. ¿No es mejor lograr una mejor selección de jueces y que se nominen personas capacitadas al máximo para tomar las decisiones más sensatas según les permita la ley? Creo que ese es un debate que debe ocurrir a nivel de las escuelas de derecho y las organizaciones que reúnen los abogados puertorriqueños.
Lamentablemente recurrimos a soluciones inmediatas livianas para problemas profundos. En la Legislatura lo vemos también. Hablan de registros de ofensores y cosas parecidas, como si esos cambios pequeños fueran a hacer cambios.
La educación es la clave de todo. Dirijamos nuestras miradas a la formación de nuestros niños y jóvenes, y preparémoslo para enfrentar las crisis hogareñas con sensatez.
En los tribunales se deben procurar los nombramientos más adecuados, y en el Departamento de Justicia el manejo más rápido y correcto de sus casos.
En el caso del joven que supuestamente secuestró a su pareja, fue arrestado en Alabama y traído en marzo del 2023, sí hace más de un año, para enfrentar cargos de asesinato. El caso se cayó en vista preliminar por la ausencia de un informe pericial del Instituto de Ciencias Forenses. El juez del caso lo desestimó porque le asistía al hombre el derecho constitucional de un juicio rápido.
No vengamos ahora a pretender cambiar la Constitución. Preguntemos, por qué no fue presentado el informe a tiempo, por qué no se ha sometido nuevamente el caso por alguna otra vía legal y qué se ha hecho para remediar ese terrible error que pudo haber terminado en otra muerte violenta.
Busquemos soluciones grandes para problemas grandes. Hay que dejarse de chiquilladas.
