El concepto de Lawfare ha sido utilizado para identificar una estrategia política, principalmente de la derecha, en la que el sistema jurídico es el protagonista de lo que tradicionalmente llamamos un golpe de estado o actúa como sustituto de una determinación electoral. En el caso de América Latina tenemos el ejemplo del uso del sistema penal para bloquear las aspiraciones electorales de Lula, el golpe de estado contra Dilma Rousseff, que además se disfrazó con un manto evangélico, o el caso de los procesos jurídicos impulsados contra la expresidenta Cristina Elisabet Fernández de Kirchner. En Estados Unidos el expresidente Donald Trump, al ser derrotado por su rival Joe Biden, en 2020, utilizó la estrategia para intentar revertir el resultado electoral.
Recientemente el presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, alegó haber sido víctima de esta estrategia cuando un grupo conservador presentó acusaciones por corrupción en contra de su esposa. No es extraño que esta estrategia político legal esté combinada con un discurso anticorrupción que es utilizado tradicionalmente como una excusa para deslegitimar gobiernos progresistas o de izquierda y promover agendas golpistas en distintos países.
En el caso de Puerto Rico, la derecha recientemente ha utilizado esta estrategia para tratar de desplazar la amenaza política que representa el Movimiento Victoria Ciudadana y la posible alianza de este con el partido independentista puertorriqueño. El ejemplo más claro es el caso de Mariana Nogales, que está siendo procesada por el fiscal especial independiente, un organismo gubernamental controlado por los mismos partidos políticos que han controlado la política puertorriqueña por los últimos 70 años, y que ha perdido en todos los tribunales posibles. La persecución por medio del fiscal especial independiente contra Mariana Nogales es una secuela de la persecución política que en Puerto Rico ha caracterizado a la derecha en contra de sectores progresistas o de izquierda. El evento más reciente de esta historia es la intervención del Tribunal Supremo, en un proceso en el que a todas luces no tienen jurisdicción, pero que, estando bajo el control del Partido Nuevo Progresista, ha decidido intervenir. Para el común de los mortales, el proceso contra Mariana Nogales, que podría haberse resuelto como un asunto administrativo, es un claro ejemplo del uso de las instituciones jurídicas por parte de los partidos tradicionales en sustitución del proceso electoral.
Otro ejemplo contra el MVC lo vemos en la impugnación de las candidaturas de su comisionada residente y otros, por parte, primero de candidatos del Partido Popular Democrático, temerosos de ser desplazados por esa nueva fuerza política y luego por integrantes del PNP que ven una amenaza en las candidaturas del Proyecto Dignidad. En este caso, un tribunal decidió que estos candidatos del MVC no podían participar en la elección, porque no habían recogido unos endosos, que aparentemente habían sido informados que no los necesitaban. La descalificación de estos candidatos rompía la estructura de la alianza entre el MVC y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y colocaba a la alianza en precario. Esa determinación fue revocada por el circuito de apelaciones. Queda por ver si el Tribunal Supremo se presta o no para seguir utilizando la ley y el aparato judicial en una estrategia político partidista.
Recientemente escuchamos las noticias sobre el uso, una vez más, impropio de las normas relacionadas a la posibilidad de excluir a votantes del registro electoral. Esta estrategia sin lugar a dudas de naturaleza política pone una vez más en evidencia la debilidad de un sistema electoral que está controlado por un partido que no representa ni al 50 % de la población. La Comisión Estatal de Elecciones pone en peligro el derecho al voto de los ciudadanos, cuando delega en funcionarios, que son empleados de los partidos políticos tales como el PNP la posibilidad de excluir del registro electoral a cualquier ciudadano. En casos recientes hemos visto como se han presentado declaraciones juradas con información falsa y se ha puesto en precario el derecho a voto de muchos electores. Esto pone en evidencia también la debilidad del PNP, principalmente en el área de San Juan, donde actúan con desesperación ante la amenaza de la candidatura de Manuel Natal. El uso de normas diseñadas para proteger el proceso electoral con el objetivo de seleccionar las posibilidades legítimas de triunfo de la alianza es una manera burda de debilitar las normas electorales y los derechos constitucionales en Puerto Rico.
Aparentemente en Puerto Rico hay muchas personas que no se han percatado de que los tiempos de la persecución política han terminado. Es necesario asegurarnos que las instituciones judiciales, los instrumentos jurídicos y las normas legales estén al servicio de la protección de los derechos civiles de los ciudadanos y no hay servicio de los intereses electorales de algunos partidos que se han apropiado de la infraestructura de Puerto Rico. Para que podamos hablar de libertad real es necesario un compromiso con la justicia, la equidad y la libertad por medio de una lucha constante, en contra del uso de las instituciones del Estado con objetivos electorales.
