El director de finanzas (CFO, en inglés) de la compañía Airbnb, Dave Stephenson, conversó con Metro Puerto Rico acerca de cómo la plataforma está contribuyendo a dispersar el turismo desde el área metropolitana hacia diversas regiones de la isla, lo que aseguró ayuda a mitigar el problema del sobreturismo en la capital.

“El sobreturismo es un problema. Tener a todos en un solo lugar es un problema. Entonces, si podemos distribuirlo más, es muy útil”, dijo Stephenson al ser abordado sobre las prácticas sostenibles que la empresa emplea para garantizar un turismo responsable.

“Cuando vas a Airbnb, y haces una búsqueda, resaltamos lugares donde puedes quedarte que no son tradicionales. Puede ser una increíble cabaña o una increíble villa que esté fuera de tu área de búsqueda inicial, vamos a destacar eso para intentar redistribuir los viajes a áreas menos populares o a áreas menos típicamente turísticas”, continuó.

Otras formas en las que la empresa de alquiler de alojamientos a corto plazo promueve un menor impacto al ambiente, según el jefe de Experiencia del Empleado en Airbnb, es facilitando los viajes en grupo, al ofrecer una amplia gama de servicios dirigidos a colectivos.

Sobre las medidas propuestas por varios sectores de la isla —incluyendo al profesor de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, Raúl Santiago Bartolomei— para frenar la proliferación desmedida de esta industria, el CFO sostuvo que la empresa está muy a favor de la “regulación inclusiva”, la cual permite a los propietarios individuales compartir su hogar y beneficiarse económicamente, al tiempo que las comunidades también sean favorecidas.

Para esto, la plataforma cuenta con una herramienta llamada City Portal (Portal de la Ciudad), donde las comunidades pueden encontrar información sobre las tendencias de viaje locales y recursos para ayudar a desarrollar y hacer cumplir regulaciones sobre alquileres a corto plazo.

Además, el ejecutivo enfatizó que Airbnb es el mayor recolector de impuestos turísticos en todo el mundo —con sobre $10 billones a la fecha— devolviéndoles así a las comunidades.

“Y porque la mayoría de nuestros propietarios son propietarios individuales y están en estas comunidades locales, los beneficios económicos están en esas comunidades en vez de ir a las corporaciones o ir a otro lugar”, expresó, mientras recalcó que el 92 % de los anfitriones en Puerto Rico son puertorriqueños.

Sin embargo, este mes, Santiago Bartolomei comunicó escepticismo respecto a dicho dato, pues sostuvo que los anfitriones “pueden poner el nombre que sea”.

“Siento que esa es una afirmación que ha traído por ejemplo a la empresa Airbnb, pero yo siento que no hay manera de determinar eso. Aún cuando la localización de la dirección electrónica de donde someten información o llega la solicitud puede ser que sea de Puerto Rico, eso no es indicativo de que la persona sea de aquí o venga de afuera”, dijo el investigador en entrevista con este medio más temprano en el mes.

Aunque, en Puerto Rico, existe un proyecto de ley dirigido a regular el mercado de alquileres a corto plazo— el Proyecto de la Cámara 1557— Santiago Bartolomei opinó que el mismo “se queda sumamente corto”, al tiempo que recomendó legislar la cantidad de noches al año que un arrendador puede alquilar una propiedad.

En cuanto a dicha propuesta, Stephenson indicó apoyo a ese tipo de regulación.

No obstante, referente a las repercusiones que ha tenido la legislación implementada el año pasado por el estado de Nueva York, Stephenson replicó que este es un ejemplo de una regulación “no inteligente”.



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Airbnb ya tiene disponibles experiencias que previamente solo residían en la imaginación de las personas, con el lanzamiento de la nueva categoría, llamada “Icónicos”.

La plataforma anunció ayer los primeros 11 alojamientos que serán incluidos, durante 2024, bajo este concepto, cuyas estadías serán sorteadas entre 4,000 ganadores, quienes recibirán boletos dorados digitales.

“Icónicos son experiencias extraordinarias de los íconos más grandes del mundo”, expresó el director ejecutivo de la empresa, Brian Chesky, en una presentación a la prensa desde Los Ángeles, California, de la que Metro Puerto Rico formó parte.

Anteriormente, la empresa había presentado experiencias como el tráiler de la gira El Último Tour Del Mundo de Bad Bunny, en 2022, y la casa de ensueño de Malibú Barbie y el pantano de Shrek, en 2023, entre otros.

“Tuvimos a un millón de personas que visitaron la página del (tráiler) de Bad Bunny. Eso fue enorme. Él inspiró, en gran parte, lo que estamos haciendo aquí hoy. Fue tan exitoso que es como ‘wow, podemos hacer esto más’. Y fue importante tener a Bad Bunny”, expresó el director de finanzas (CFO, en inglés) de Airbnb, Dave Stephenson, en entrevista con este medio.

Los primeros 11 Icónicos en Airbnb incluyen la casa de la película Up de Disney Pixar, en Nuevo México; el Museo Ferrari, en Italia; el mundo de los X-Men ‘97, en Nueva York; el Museo Orsay, en París; el cuartel general de la película Intensa-Mente 2 de Disney Pixar; y la casa Purple Rain de Prince, en Mineápolis.

También, listarán experiencias con cantantes, actores, comediantes y otras figuras conocidas como lo son Doja Cat, Feid, Kevin Hart, Khaby Lame y Janhvi Kapoor.

La mayoría de los Icónicos son gratuitos o tienen un precio inferior a $100 por huésped.

Bajo dicha categoría en la plataforma digital, se encuentra una cuenta regresiva, que muestra el tiempo restante para que se abra la convocatoria de cada uno de los Icónicos.

Los interesados pueden solicitar la participación para la reservación a través de la aplicación. Los afortunados huéspedes que sean seleccionados recibirán un boleto dorado digital. Más de 4,000 boletos dorados estarán disponibles en 2024.



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Lejos de los tradicionales resorts y las cadenas hoteleras, se alzan espacios únicos y acogedores: cabañas rústicas en las montañas, casas junto a un río o mansiones con vista al mar.

Estos son ejemplos de la oferta que los viajeros encuentran en las plataformas de alquiler a corto plazo, una tendencia que ha revolucionado la forma en que se experimenta el turismo en la isla, tanto para los puertorriqueños, como para los turistas.

Pero detrás de la fiebre por estas experiencias, surge una creciente preocupación: la proliferación desmedida de dichos alojamientos y la necesidad urgente de regulación para preservar el equilibrio entre la oferta turística, la accesibilidad a vivienda y la sana convivencia.

“Se está convirtiendo en un problema en las urbes metropolitanas, donde están llegando especuladores a comprar edificios en efectivo, que están rompiendo las comparables de las demás propiedades, aumentando el valor en una burbuja— que en algún momento va a reventar”, expuso el representante José Rivera Madera, uno de los autores de una pieza legislativa que propone regular esta industria en Puerto Rico.

Para Rivera Madera, urge la aprobación del Proyecto de la Cámara 1557, el cual establecería un registro de los dueños de alquileres a corto plazo, con el fin de que la Compañía de Turismo tenga más visibilidad sobre este tipo de negocio en la isla.

El legislador explicó que la medida no entra en especificaciones, como lo sería determinar el porcentaje de alquileres a corto plazo permitido por municipio, pues “encajonarlo todo en una sola legislación puede ser contraproducente para algunos (municipios)”.

“Lo que estamos buscando aquí no es que desaparezca la industria, es que se regule, que no haya proliferación al punto de que se afecten las rentas a largo plazo, como está sucediendo hoy”, continuó.

El proyecto de ley además busca prohibir el uso exclusivo de edificios de más de seis unidades para alquileres a corto plazo y establecer estándares de operación para garantizar la seguridad y la sana convivencia.

Aunque esta propuesta es vista como un primer paso importante por algunos, otros, como Raúl Santiago Bartolomei, profesor de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico (UPR), consideran que el alcance de la medida se queda sumamente corto, debido a que no atiende el problema del todo.

“Si esto (el Proyecto de la Cámara 1557) es lo único que hay, quiere decir que Puerto Rico tendría uno de los marcos reglamentarios más tímidos y limitados en todas las jurisdicciones de Estados Unidos en este tema”, expresó el catedrático.

Entre las regulaciones que propone Santiago Bartolomei está establecer topes en el número de unidades destinadas a esta práctica en un vecindario específico, limitar el número de inquilinos que se permiten en una unidad y el número de noches al año disponibles para alquilar a corto plazo.

¿Actividad comercial o residencial?

Una de las críticas principales del profesor universitario y de la Hispanic Federation es que la pieza legislativa reconoce esta práctica como una actividad comercial únicamente para fines contributivos.

“Se queda bien corto, especialmente cuando consideras ese uso como una actividad residencial en vez de comercial, que es un privilegio reglamentario que no tiene ningún hotel ni parador”, comentó.

Sobre esta disyuntiva, Rivera Madera destacó que no todos los arrendadores son grandes inversionistas, sino que muchos son personas que alquilan una segunda residencia para generar otro ingreso.

“Cuando la gente habla de una actividad comercial, estamos hablando de que se le exige un permiso único, y un permiso único es sumamente oneroso. Está bien para personas que tienen dos, tres, cuatro (alquileres a corto plazo), que tienen una industria de esto, pero aquí también hay que pensar que hay gente que tiene una casita extra y que con eso está cuadrando sus ingresos mensuales”, sostuvo.

No obstante, los hallazgos del estudio “El impacto de los alquileres a corto plazo en Puerto Rico: 2014-2020″ —realizado por Santiago Bartolomei, Deepak Lamba-Nieves, Ysatis Santiago Venegas y Enrique Figueroa Grillasca— contradicen la aseveración del legislador.

Conforme al análisis, aunque el número de anfitriones individuales con una sola propiedad ha aumentado en el archipiélago, son los anfitriones con múltiples propiedades quienes han acumulado la mayoría de las cotizaciones y los ingresos.

“Como lo demuestran claramente los datos, el mercado de Short Term Rentals se ha inclinado fuertemente hacia anfitriones profesionales o comerciales con múltiples listados bajo su nombre”, establece la investigación.

Mientras el representante comunicó su disposición para considerar la clasificación como actividad comercial cuando se trate de un arrendador con más de dos propiedades, este recalcó que su mayor interés es que el proyecto sea firmado por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

“El gobernador tiene que estampar su firma. ¿Qué queremos? ¿Algo que se vea bonito en el papel, y que le llene las expectativas a unos cuantos, o algo que sea firmable y podamos comenzar a regular? Porque, si no, no va a suceder nada; se acaba la sesión y esto va a quedar por la libre”, subrayó.

Rivera Madera señaló que una de las enmiendas que el proyecto de ley sufrió en la Cámara —“a contra de voluntad”— fue la eliminación de un aumento del impuesto al alojamiento al 9 %, con el fin de destinar esos fondos a los municipios para actividades como la recolección de basura y el mantenimiento de carreteras.

“La delegación de la Cámara del PNP nos dijo que si había algún aumento, que eso era un tax que le iban a votar en contra”, dijo el político.

Tras su aprobación por el cuerpo cameral, el proyecto de ley pasó a manos de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado, donde será discutido en vistas públicas.

En cuanto a otros esfuerzos necesarios para atender los efectos de los alquileres a corto plazo en el acceso a vivienda, Santiago Bartolomei enfatizó la importancia de implementar medidas de estabilización de renta, fortalecer los derechos de los inquilinos, y explorar la conversión de algunos espacios a cooperativas de vivienda o fideicomisos de tierra comunitaria.

“Una actividad comercial turística no puede tener prioridad sobre la disponibilidad de vivienda”, puntualizó Santiago Bartolomei.



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Lejos de los tradicionales resorts y las cadenas hoteleras, se alzan espacios únicos y acogedores: cabañas rústicas en las montañas, casas junto a un río o mansiones con vista al mar.

Estos son ejemplos de la oferta que los viajeros encuentran en las plataformas de alquiler a corto plazo, una tendencia que ha revolucionado la forma en que se experimenta el turismo en la isla, tanto para los puertorriqueños, como para los turistas.

Pero detrás de la fiebre por estas experiencias, surge una creciente preocupación: la proliferación desmedida de dichos alojamientos y la necesidad urgente de regulación para preservar el equilibrio entre la oferta turística, la accesibilidad a vivienda y la sana convivencia.

“Se está convirtiendo en un problema en las urbes metropolitanas, donde están llegando especuladores a comprar edificios en efectivo, que están rompiendo las comparables de las demás propiedades, aumentando el valor en una burbuja— que en algún momento va a reventar”, expuso el representante José Rivera Madera, uno de los autores de una pieza legislativa que propone regular esta industria en Puerto Rico.

Para Rivera Madera, urge la aprobación del Proyecto de la Cámara 1557, el cual establecería un registro de los dueños de alquileres a corto plazo, con el fin de que la Compañía de Turismo tenga más visibilidad sobre este tipo de negocio en la isla.

El legislador explicó que la medida no entra en especificaciones, como lo sería determinar el porcentaje de alquileres a corto plazo permitido por municipio, pues “encajonarlo todo en una sola legislación puede ser contraproducente para algunos (municipios)”.

“Lo que estamos buscando aquí no es que desaparezca la industria, es que se regule, que no haya proliferación al punto de que se afecten las rentas a largo plazo, como está sucediendo hoy”, continuó.

El proyecto de ley además busca prohibir el uso exclusivo de edificios de más de seis unidades para alquileres a corto plazo y establecer estándares de operación para garantizar la seguridad y la sana convivencia.

Aunque esta propuesta es vista como un primer paso importante por algunos, otros, como Raúl Santiago Bartolomei, profesor de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico (UPR), consideran que el alcance de la medida se queda sumamente corto, debido a que no atiende el problema del todo.

“Si esto (el Proyecto de la Cámara 1557) es lo único que hay, quiere decir que Puerto Rico tendría uno de los marcos reglamentarios más tímidos y limitados en todas las jurisdicciones de Estados Unidos en este tema”, expresó el catedrático.

Entre las regulaciones que propone Santiago Bartolomei está establecer topes en el número de unidades destinadas a esta práctica en un vecindario específico, limitar el número de inquilinos que se permiten en una unidad y el número de noches al año disponibles para alquilar a corto plazo.

¿Actividad comercial o residencial?

Una de las críticas principales del profesor universitario y de la Hispanic Federation es que la pieza legislativa reconoce esta práctica como una actividad comercial únicamente para fines contributivos.

“Se queda bien corto, especialmente cuando consideras ese uso como una actividad residencial en vez de comercial, que es un privilegio reglamentario que no tiene ningún hotel ni parador”, comentó.

Sobre esta disyuntiva, Rivera Madera destacó que no todos los arrendadores son grandes inversionistas, sino que muchos son personas que alquilan una segunda residencia para generar otro ingreso.

“Cuando la gente habla de una actividad comercial, estamos hablando de que se le exige un permiso único, y un permiso único es sumamente oneroso. Está bien para personas que tienen dos, tres, cuatro (alquileres a corto plazo), que tienen una industria de esto, pero aquí también hay que pensar que hay gente que tiene una casita extra y que con eso está cuadrando sus ingresos mensuales”, sostuvo.

No obstante, los hallazgos del estudio “El impacto de los alquileres a corto plazo en Puerto Rico: 2014-2020″ —realizado por Santiago Bartolomei, Deepak Lamba-Nieves, Ysatis Santiago Venegas y Enrique Figueroa Grillasca— contradicen la aseveración del legislador.

Conforme al análisis, aunque el número de anfitriones individuales con una sola propiedad ha aumentado en el archipiélago, son los anfitriones con múltiples propiedades quienes han acumulado la mayoría de las cotizaciones y los ingresos.

“Como lo demuestran claramente los datos, el mercado de Short Term Rentals se ha inclinado fuertemente hacia anfitriones profesionales o comerciales con múltiples listados bajo su nombre”, establece la investigación.

Mientras el representante comunicó su disposición para considerar la clasificación como actividad comercial cuando se trate de un arrendador con más de dos propiedades, este recalcó que su mayor interés es que el proyecto sea firmado por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

“El gobernador tiene que estampar su firma. ¿Qué queremos? ¿Algo que se vea bonito en el papel, y que le llene las expectativas a unos cuantos, o algo que sea firmable y podamos comenzar a regular? Porque, si no, no va a suceder nada; se acaba la sesión y esto va a quedar por la libre”, subrayó.

Rivera Madera señaló que una de las enmiendas que el proyecto de ley sufrió en la Cámara —“a contra de voluntad”— fue la eliminación de un aumento del impuesto al alojamiento al 9 %, con el fin de destinar esos fondos a los municipios para actividades como la recolección de basura y el mantenimiento de carreteras.

“La delegación de la Cámara del PNP nos dijo que si había algún aumento, que eso era un tax que le iban a votar en contra”, dijo el político.

Tras su aprobación por el cuerpo cameral, el proyecto de ley pasó a manos de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado, donde será discutido en vistas públicas.

En cuanto a otros esfuerzos necesarios para atender los efectos de los alquileres a corto plazo en el acceso a vivienda, Santiago Bartolomei enfatizó la importancia de implementar medidas de estabilización de renta, fortalecer los derechos de los inquilinos, y explorar la conversión de algunos espacios a cooperativas de vivienda o fideicomisos de tierra comunitaria.

“Una actividad comercial turística no puede tener prioridad sobre la disponibilidad de vivienda”, puntualizó Santiago Bartolomei.



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El vaivén de las olas y el cálido resplandor del sol, una vez tranquilizadores, ahora provocan una ansiedad latente en la mente de los puertorriqueños.

Donde antes se extendía una franja dorada de arena, ahora el agua avanza, devorando la costa, debido al alza en el nivel del mar y la erosión costera.

Las altas temperaturas, desafiando récords mes tras mes, han trastocado la cotidianidad de la isla. En las aulas escolares, el calor perturba la concentración de los estudiantes y dificulta su aprendizaje.

Estas transformaciones son ejemplos de la nueva realidad que enfrenta Puerto Rico ante la crisis climática.

Resulta ser que el cambio climático, en un pasado visto como un problema distante, ya ha tocado la puerta de prácticamente todos en el mundo, incluyendo a los puertorriqueños.

Sin embargo, al tiempo que expertos exigen urgencia de parte del gobierno y las entidades privadas para atender la crisis climática, estos señalan un despertar en la conciencia de una gran cantidad de boricuas.

“Yo recuerdo que hace, qué sé yo, siete u ocho años, la gente hablaba del cambio climático en futuro. ‘Eso va a pasar, eso va a pasar’. Pero creo que ahora la gente, precisamente porque lo está viviendo constantemente, pues ya finalmente estamos hablando en presente. Estamos siendo impactados por el calentamiento global”, expresó el director del programa El Puente-Enlace Latino de Acción Climática en Puerto Rico, Federico Cintrón Moscoso.

Si bien el antropólogo sostuvo que las personas están más conscientes de la conexión entre el calentamiento global y fenómenos como, por ejemplo, la sequía, los huracanes y el calor, aún queda mucho camino por recorrer.

Particularmente, Cintrón Moscoso denunció la poca atención que percibe del gobierno para atender la situación en la isla.

“Hay una laguna muy grande entre lo que la ciudadanía espera que el gobierno esté haciendo y lo que el gobierno está llevando a cabo. Son bien pocas las iniciativas serias que el gobierno está llevando para atender la crisis climática. Sobre todo porque los fenómenos climáticos se están mirando desde una perspectiva de la emergencia. Eso quiere decir que no es hasta que ocurren que entonces el gobierno emite estados de emergencia”, estableció el director del El Puente en Puerto Rico.

Además de exigir que se aborden los desafíos ambientales desde una mirada proactiva de preparación, el profesor universitario lamentó que el gobierno no haya establecido una moratoria en las construcciones en la costa, y que por el contrario, continúe facilitando el desarrollo en zonas marítimo terrestres.

Respecto a las problemáticas ambientales en la zona costanera, la organización Amigxs del Movimiento Ambiental Revolucionario (M.A.R.) recopiló, el año pasado, información sobre el estatus de las costas, a través de 231 denuncias de ciudadanos.

Durante tres meses, el colectivo realizó viajes de campo para verificar los datos, completar un análisis y un mapa de costas.

Se identificaron, alrededor de la isla, 38 playas cerradas o con bloque de acceso, 22 terrenos en la zona costanera a la venta y 67 zonas cerca de la costa con proyectos de construcción en curso.

Los municipios con mayores denuncias fueron Patillas, con 43; y Yabucoa, Loíza y San Juan, con 13 cada uno.

“Esto tiene que ocurrir ya”

Ante el panorama, la científica climática y fundadora de la organización Climate Trace PR, Isatis Cintrón Rodríguez, se mostró esperanzada, pues resaltó las iniciativas que se ejecutan alrededor del 100×35, como la siembra de mangles y de corales, y la instalación de placas solares en los techos de hogares.

“Me da bastante esperanza las historias de las personas que están trabajando. Aunque lamentablemente, sí, se necesita poder escalar esos esfuerzos y tener un apoyo más institucional, pero esas historias definitivamente te tocan el corazón”, dijo la investigadora postdoctoral en la Universidad de Columbia.

Para aumentar las luchas ambientales, Cintrón Rodríguez indicó que es fundamental atender primero las barreras que se interponen, como lo es la falta de espacios de participación ciudadana en los procesos gubernamentales.

Asimismo, la directora ejecutiva de Climate Trace PR mencionó la necesidad de la rendición de cuentas en los temas ambientales.

Por su parte, el catedrático Cintrón Moscoso enumeró los pasos que considera primordiales para enfrentar el cambio climático en el archipiélago, tales como acelerar la transición energética, aprobar una nueva ley de costas para replanificar estas zonas, implementar el concepto de infraestructura verde y habilitar refugios de calor en los centros urbanos, entre otros.

“Necesitamos una acción combinada”

Aunque sembrar corales, por ejemplo, no solucionaría el problema del todo si las grandes corporaciones y gobiernos continúan permitiendo la emisión de contaminantes, la científica explicó que, a corto plazo, contribuye a salvaguardar las costas y restaurar los ecosistemas.

“No es un ‘esto o lo otro’. No es como una sola manera en la cual actuar, pero necesitamos todos los niveles actuando”, enfatizó Cintrón Rodríguez sobre la imperatividad de asumir todos los frentes.

Desde la organización que lidera, la doctora en Química Atmosférica y Climatología facilita el intercambio regional e internacional, al participar en asambleas climáticas, como la Conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Además, Climate Trace PR lanzará, entre mayo y junio, un proyecto colaborativo con la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y la Sociedad Ambiente Marino, en el que trabajarán directamente con tres comunidades —ubicadas en Salinas, Loíza y Culebra— para desarrollar planes de adaptación al cambio climático a nivel local.



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Cuando Blanca Marrero Rosario, de 71 años, se jubiló —después de dedicar 35 años como sargenta en el Negociado de la Policía de Puerto Rico— decidió continuar trabajando, debido a que aún se sentía productiva y quería seguir sirviendo a la comunidad.

Con su salud y visión aún en óptimas condiciones, la jubilada optó por trabajar como conductora de Uber, pues le resultó atractiva la flexibilidad en el horario, mas disfruta de ayudar a las personas en tareas como subir y bajar la compra del vehículo.

“Trabajé 35 años, y no estoy acostumbrada a estar en la casa, ni levantarme tarde, ni estar viendo televisión todo el día. Entonces, yo vivo sola y, cuando uno está en un trabajo casi militar, como es lo de la policía, uno es bien organizado. Por lo tanto, mi casa está limpia, está organizada, ¿qué yo voy a hacer en la casa?”, explicó Marrero Rosario, quien lleva siete años trabajando como conductora para la plataforma de transporte.

Esto a pesar de tener una pensión que le aseguraba una vida tranquila, ya que desde temprano en su carrera se preparó para el retiro, y mantuvo un segundo trabajo por una década para aportar al Seguro Social.

“Me visualizo trabajando tal vez hasta los 80 [años], fácil”, dijo.

Como Marrero Rosario, en Puerto Rico hay alrededor de 47,000 personas de 65 años o más activas en la fuerza trabajadora.

Particularmente, en la plataforma de Uber, el 15 por ciento de los más de 5,000 socios conductores activos en la isla son personas mayores de 55 años.

“La plataforma de Uber ha tenido un impacto positivo en la vida de muchos adultos mayores en Puerto Rico. Para algunos, representa una oportunidad de generar ganancias adicionales de forma flexible, incluso después de la jubilación”, estableció Carolina Coto, gerente de Comunicaciones de Uber en Centroamérica y el Caribe.

El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Gabriel Maldonado González, expuso que las recientes tendencias apuntan a un aumento en las personas que han alargado sus vidas de trabajo, por múltiples razones, ya sea por necesidad económica o porque les apasiona trabajar y sentirse productivos.

“Contrario a otras épocas en la historia, hoy día, no necesariamente todo el mundo está listo para poder retirarse. Cuando tiras la matemática entre lo que guardaste para el retiro, si es que guardaste algo, y el Seguro Social, por ejemplo, pues tal vez ese ingreso que vas a tener posterior al retiro no te da para tú poder seguir sufragando los gastos que sea que tengas”, dijo Maldonado González.

“Por otro lado, también puede haber personas que simplemente quieran seguir trabajando y quieran seguir siendo productivos y que tengan la capacidad para seguir haciéndolo”, añadió.

Una fuerza laboral intergeneracional

Para el director estatal de la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP, en inglés), José Acarón, de 63 años, el retiro no es algo que ve en su futuro cercano, pues todavía goza de la misma pasión por trabajar que tenía a sus 30 años.

“La pasión, la innovación, nada de eso caduca con la edad. Es importante para el ser humano, para su salud integral, mantenerse productivo”, reiteró Acarón.

Dicha organización sin fines de lucro ofrece, entre otros servicios, apoyo a las personas de 55 años o más que buscan empleo, al tiempo que aboga por los derechos laborales de este sector.

Ante el impacto del envejecimiento poblacional en la fuerza trabajadora, el director estatal de AARP señaló que “el mensaje a las empresas y a los gerentes de Recursos Humanos es: tienes que aprender a manejar una fuerza laboral intergeneracional”.

“Cada grupo generacional trae algo diferente al ambiente laboral y eso es lo que fortalece la toma de decisiones y la creatividad, la innovación”, continuó.

Acarón informó que, conforme a recientes encuestas de AARP en Puerto Rico, la mayoría de las personas afirman que se visualizan trabajando luego de alcanzar su edad de retiro.

Asimismo, los adultos mayores tienden a inclinarse por cambiar del campo de trabajo en el que ejercieron previo a su jubilación, recurrir al empresarismo o buscar opciones flexibles de empleo.

“Porque después de los 50 años se hace difícil el reclutamiento, está la tendencia a hacer empresarismo para ser dueño de tu propio tiempo. Estamos viendo una alta tasa en la parte de gente mayor en programas de empresarismo”, sostuvo.

Al ser abordado sobre cómo visualiza la fuerza laboral en la isla a futuro, el líder ciudadano compartió que la imagina “cada vez más diversa”, puesto que ya el 24 % de la población tiene más de 65 años y se estima que esa tendencia persista.

Incertidumbre para los próximos a retirarse

Mientras el 6.3 % de la población de adultos mayores permanece activo en el mercado laboral, una portavoz del sector próximo a cumplir los 50 años no anticipa que se jubilará una vez alcance la edad de retiro.

“Las dos únicas formas que yo me veo jubilada es o porque llegó el Seguro Social o porque me pegué en la loto”, expresó la trabajadora social y profesora universitaria Astrid Santiago.

La también gerontóloga, quien lleva 27 años trabajando en asuntos de la vejez, articuló que la perspectiva en cuanto a la edad de retiro ha cambiado a través del tiempo, pues “antiguamente todo el mundo pensaba que, una vez tú cumplías los 60 años o 62, era como tu condena”.

“En el caso mío, yo quiero seguir siendo productiva, pero yo no quiero verme produciendo porque tenga una necesidad económica, sino porque tengo la capacidad de aportar al país con los conocimientos, con las destrezas y con todas las capacitaciones que uno tiene”, añadió.

Por esto, la educadora en Salud apuntó a la importancia de que las personas tengan acceso a educación financiera desde temprana edad.

“Si a mí me lo hubiesen dicho antes, créeme que hubiese tenido más dinero invertido”, aseguró.

Sobre la posibilidad de que persista una fuerza laboral más madura a través de los próximos años, el secretario del DTRH estableció que “si la tendencia se queda como está hasta el día de hoy, la respuesta es que sí”.

“La meta es poder revertir esa tendencia, en cuestión de que, a largo plazo, esa no sea la situación. Eso es algo que diferentes componentes del gobierno, organizaciones sin fines de lucro y del sector privado están muy atentos y hay una discusión continua de cómo podemos revertir estas tendencias. Definitivamente, en el corto plazo, pues, sí, la mediana de edad en Puerto Rico debería seguir aumentando”, puntualizó.



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Para Henry Correa, presidente de la Asociación de Comerciantes del poblado de Boquerón, el balneario de Boquerón es la vena arterial del comercio en la zona, así como un icono tanto para el disfrute de turistas como del sector local.

Correa, quien lleva frecuentando la zona hace más de 25 años y ha operado su negocio en el poblado por los últimos 12 años, recordó cuando el balneario estaba en su esplendor, con todas las cabañas operativas y una gran afluencia de personas.

“La diferencia es mucha comparado a cuando tienes un balneario donde, cuando está en su tope lleno—estamos hablando de, entre villas y cabañas, que son sobre 300— eso tiene un impacto ahí que, cuando eso está lleno, tienes ahí de 2,000 a 3,000 personas”, contó el comerciante.

Sin embargo, tras los huracanes Irma y María, en 2017, y Fiona, en 2022, lo que aseguran ya era un área poco mantenida por el gobierno estatal, terminó en críticas condiciones.

Al respecto, el alcalde de Cabo Rojo, Jorge Morales Wiscovitch, señaló que “antes de María estaba abandonado. María y Fiona lo remataron”.

Debido a la importancia que representa el espacio para el municipio, tanto Morales Wiscovitch y la Asociación, así como un grupo de 450 voluntarios unieron esfuerzos el año pasado para revitalizar las facilidades del balneario mediante la actividad Boquerón 2.0.

Así, el municipio se mantuvo firme en sus continuos reclamos para obtener la administración del área, de forma que pudiesen asegurar su mantenimiento diario.

“Ejercimos una presión pública respetuosa a mi gobierno. Yo soy del gobierno del gobernador Pedro Pierluisi, pero hicimos una presión bien fuerte, y (con) reuniones en Fortaleza, y se logró el objetivo”, sostuvo el primer ejecutivo municipal.

Este mes, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) llegó a un acuerdo de colaboración con el municipio de Cabo Rojo, bajo el cual le cede la administración de la mayoría de los edificios, el estacionamiento y las áreas verdes, comunes y deportivas del balneario de Boquerón.

En cuanto a las cabañas que permanecen en la zona, Morales Wiscovitch aclaró que, aunque la petición incluía su traspaso, debido a su mal estado, se necesitará un esfuerzo mayor previo para su reparación.

El alcalde comunicó que se identificaron unos fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) que el gobierno estatal utilizará para las reparaciones de unas 290 cabañas, y, posteriormente, se transferirá su mantenimiento al municipio.

Por su parte, la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, destacó que este tipo de pacto con los ayuntamientos ha permitido reforzar la plantilla de personal necesario para administrar dichas áreas.

“Lo que aspira el Departamento es que cada uno de estos espacios sean coadministrados para que, al final del día, estén en las mejores condiciones para el uso y disfrute de cada uno de los ciudadanos y los turistas que nos visitan; sea en manos del Departamento, o sea en manos municipales”, dijo la jefa de agencia.

“Por eso es que hay que hacer un ejercicio con conciencia y un ejercicio inteligente de que a quien se le está cediendo la administración cuenta con la capacidad económica, cuenta con el personal necesario y cuenta con el capital para hacer las mejoras de infraestructura de manera inmediata”, añadió.

Entre los municipios que han firmado acuerdos colaborativos con el Departamento para la administración de sus balnearios se encuentran Toa Baja, Vieques, Añasco y Fajardo.

Peticiones infructuosas y esfuerzos continuos

Mientras tanto, otros municipios, como Vega Alta y Guánica, también han reclamado, por los pasados años, la transferencia de sus balnearios, que consideran abandonados por la agencia gubernamental.

La alcaldesa de Vega Alta, María Vega Pagán, ha peticionado infructuosamente, desde 2021, el traspaso, al municipio, de la administración del balneario Cerro Gordo.

“Es una situación de que Recursos Naturales pues lamentablemente no tiene en condiciones el inventario que tiene, no solamente en Vega Alta, sino en todas las facilidades que administra. Ejemplo de ello, que también tienen el bosque en Vega Alta, y que también tiene dinero en FEMA y que ahora mismo no se encuentra en las mejores condiciones también porque no hay personal”, estableció la primera mandataria municipal.

La alcaldesa compartió que, entre los planes que tiene para revitalizar el área, se encuentra restaurar las intalaciones existentes y añadir nuevos servicios, como apartamentos vacacionales y un restaurante ecoamigable.

“Nosotros queremos hacer glamping, camping, campers y un restaurante ecoamigable, y seguir promoviendo el deporte como lo hemos hecho con Recreación y Deportes estatal, que hemos hecho eventos a nivel isla de competencia de todas las modalidades deportivas en playa, como lo es el beach tenis, judo en playa, waterpolo, softbol de playa, entre otros”, desglosó la funcionaria.

La secretaria del DRNA aseguró que se han identificado recursos bajo FEMA y la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés) para la reconstrucción de los balnearios, incluyendo el de Cerro Gordo, para el cual ya se han lanzado varias solicitudes de propuestas.

Además, la funcionaria especificó que se adquirió la maquinaria específica diseñada para tratar y trabajar el manejo del sargazo en dicho espacio.

En Guánica, el alcalde Ismael Rodríguez Ramos se encuentra en una situación similar, pues persistió en su reclamo de que el balneario Caña Gorda pase a manos del municipio.

“El balneario recibió daños por los terremotos y el huracán María, pero mucho más daño por el huracán Fiona por la marejada, que entró al balneario”, explicó, al mismo tiempo que indicó que el espacio ha permanecido cerrado durante cuatro años.

No obstante, Rodríguez Ramos estableció que un acuerdo colaborativo, similar al que alcanzó el municipio de Fajardo con el DRNA, no resultaría costo efectivo para su ayuntamiento, por lo que recurrirá a la Legislatura para solicitar que el traspaso del balneario se efectúe mediante legislación.

“Ya estamos en Semana Santa y todavía está cerrado por procesos burocráticos de la agencia”, dijo el primer ejecutivo municipal.

La jefa de la agencia gubernamental ilustró que el balneario Caña Gorda sufrió graves daños a consecuencia de los terremotos que impactaron la zona en 2020, y la erosión costera severa.

Sobre el estatus de las reparaciones, Rodríguez Vega sostuvo que “estamos solamente en espera de la reparación de la línea sanitaria para poder abrir al público. No se pudo abrir al público porque sería irresponsable no contar con el sistema sanitario en orden”.

Tanto el municipio de Guánica como el de Vega Alta argumentan que son más efectivos en la gestión y solución de problemas diarios de los balnearios, y esperan obtener el apoyo necesario para recuperar estos espacios, que son claves para el turismo y los comercios colindantes.

A su vez, la secretaria del DRNA afirmó que la agencia continúa atendiendo las mejoras y el mantenimiento de los balnearios con la urgencia y responsabilidad necesaria.

“No es abrir por abrir espacios para que estén abiertos, sino que, cuando abran cada uno de estos espacios, las personas que nos visiten cuenten con las mejores instalaciones y de eso nos estamos asegurando”, puntualizó Rodríguez Vega.



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Para que la economía avance, unas agentes, invisibles para las cuentas oficiales, trabajan incansablemente. Sin su servicio no remunerado, la producción –y reproducción– en la sociedad no serían del todo posibles.

Son las personas que se encargan de las tareas domésticas, y del cuidado de los niños y niñas, envejecientes, enfermos, e individuos con diversidad funcional, así como del trabajo de subsistencia y de servicio a la comunidad.

Alrededor del mundo, las caras que cuidan y llevan a cabo las labores del hogar son, en su mayoría, mujeres.

En sobre 27 países repartidos en seis continentes, las mujeres dedicaron, al día, por lo menos el doble de tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en comparación con los hombres, conforme a datos compilados por la Organización de las Naciones Unidas y procesados por Our World in Data.

Al respecto, la economista y abogada Heidi Calero sostuvo que “eso no quiere decir que no haya hombres que también se quedan en el hogar y cuidan a los niños, pero la mayor parte de la carga, sin lugar a dudas, es discriminatoria y recae sobre la mujer”.

En Puerto Rico, estas personas continúan invisibilizadas, pues no existen estudios que cuantifiquen de manera directa el trabajo no remunerado.

Para atender la necesidad de una Encuesta de Uso del Tiempo en la isla, los legisladores María de Lourdes Santiago Negrón, Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkohl radicaron, en 2021, el Proyecto del Senado 223.

En enero de 2023, tras ser avalada por ambos cuerpos legislativos, la medida llegó al escritorio del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, pero esta no fue aprobada en el término de 30 días, resultando en un veto de bolsillo.

La socióloga y copresidenta de la Fundación de Mujeres en Puerto Rico, Sara Benítez Delgado, lamentó el veto del primer ejecutivo y resaltó la importancia de reconocer el trabajo no remunerado e incorporarlo en el presupuesto del país.

“No entiendo la posición del gobernador que no sea una que no quiere enfrentarse a la problemática que es eso en Puerto Rico. Obviamente, una vez tú tienes las estadísticas, tienes que tomar acciones concretas para atender esa situación”, dijo la profesora jubilada del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Humacao.

Por su parte, la senadora Santiago Negrón apuntó a la continua resistencia institucional a atender las muchas dimensiones de la perspectiva de género, incluyendo la documentación de la desproporción en las labores no remuneradas.

“En Puerto Rico, como en muchas jurisdicciones, el valor del trabajo no remunerado, al no ser cuantificado, al no asignarle un valor monetario, tiende a ser enormemente subestimado y, en la medida en que ese trabajo lo realizan en una proporción abrumadora las mujeres, se convierte también en una manera de restarle valor a la aportación de la mujer en la familia, en la sociedad, en su comunidad, y a veces, como un trabajo de inferior importancia”, expuso la legisladora.

Necesaria la gestión gubernamental de apoyo

En países como Suecia y Francia, por ejemplo, se reconoce el trabajo no remunerado mediante políticas como el permiso parental remunerado y beneficios para cuidadores.

Las partes entrevistadas coincidieron en que, en Puerto Rico, el primer paso para la valoración de las labores no remuneradas sería la realización de la encuesta para medir el tiempo dedicado a dichas tareas.

Asimismo, compartieron que se necesitan espacios de cuidado diurno tanto para menores, como para los adultos mayores, de forma que las cuidadoras que deseen adentrarse en la fuerza laboral puedan hacerlo.

“Eso requiere una política bien fuerte de centros de cuidado basados en modelos de desarrollo integral en las comunidades, no solamente para la niñez y los menores, sino también las personas adultas mayores”, estableció Benítez Delgado.

Santiago Negrón recalcó el rol de las amas de llaves para asistir en el cuidado de las personas con diversidad funcional y los envejecientes. “Las amas de llaves permiten ese respiro que también protege a las cuidadoras, que también permite que atiendan su salud”.

A su vez, Calero sostuvo que “algún incentivo adicional tiene que venir para que se le reconozca esa contribución que hacen las mujeres a que esta sociedad pueda sobrevivir”.

La economista planteó ciertas soluciones, como el subsidio del cuidado de menores y adultos mayores por parte del gobierno, y la implementación de un subsidio de electricidad utilizando gas natural.

Además, sugirió el desarrollo de políticas favorables en los lugares de trabajo, como flexibilidad de horarios, licencias remuneradas y trabajo remoto, de forma que se les facilite, a las empleadas, el cuidado de sus hijos y familiares enfermos.

El ciclo vicioso de la brecha salarial

El 42 % de los hogares en Puerto Rico están encabezados por mujeres, de los cuales el 57 % están bajo el índice de pobreza, conforme a datos, de 2019, provistos por el Instituto de Estadísticas.

“Definitivamente la pobreza tiene cara de mujer, sin lugar a dudas. Están condenadas muchas de ellas a no poder sobrepasar esa frontera de pasar a un trabajo que le dé suficiente remuneración para, en sus casos, si tiene niños, oye, ¿cómo pago el cuidado de los menores?”, indicó Calero.

Comúnmente, la brecha salarial promueve el que las mujeres sean quienes se queden en el entorno doméstico, mientras el hombre del núcleo familiar sea quien se adentre formalmente a la fuerza laboral.

El hecho de que la responsabilidad del trabajo no remunerado recaiga desproporcionadamente en las mujeres, puede impactar el desarrollo profesional y económico de estas, agravando la inequidad salarial.

Así lo expuso Benítez Delgado, al explicar que “una vez las mujeres se retiran del trabajo remunerado para parir y para cuidar –aquí en Puerto Rico, en la mayor parte de las empresas y el gobierno– deja de contarse ese tiempo, por ejemplo, para aumentos salariales, para evaluaciones de productividad, para evaluaciones para ascenso en sus posiciones”.

La socióloga destacó la importancia de que, cuando una mujer se aparte de la fuerza laboral para dedicarse a la crianza, se reconozca el valor económico y social que esto representa, y se le aseguren sus derechos y oportunidades de ascenso.

Más allá de cuantificar y compensar el trabajo no remunerado, la profesora señaló el rol de la educación para que las tareas que socialmente recaen principalmente en las féminas, por cuestión de género, sean redistribuidas equitativamente entre hombres y mujeres.

Mientras, Santiago Negrón comentó que continuará priorizando los esfuerzos para justipreciar el trabajo del que, en última instancia, depende la economía.

“Si no hay quien cuide, a los niños o los mayores, o quien haga la compra, o quien cocine o se encargue de las tareas domésticas o de supervivencia, quien aporte al trabajo comunitario, pues entonces tampoco es posible que haya una persona de ese núcleo que salga a ejercer una tarea por la que, sí, se recibe remuneración”, puntualizó.



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Por primera vez, la vigilancia en las Fiestas de la Calle San Sebastián estará complementada por la inteligencia artificial (IA), con el propósito de implementar herramientas adicionales para asegurar la seguridad de los ciudadanos en los espacios públicos, así como la respuesta rápida en casos de emergencia y en la resolución de delitos.

Sin embargo, la utilización de la tecnología inteligente, como lo es el reconocimiento facial, en la seguridad pública abre la discusión sobre los derechos a la intimidad y el perfilamiento policial.

La semana pasada, el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, informó que todas las Tower Cams (cámaras de torre), cámaras regulares y call boxes (estaciones de botón de emergencia), durante las Fiestas de la SanSe, operarán con herramientas de IA para agilizar búsquedas como, por ejemplo, de un menor separado de sus padres.

“Además de que evidencia cualquier situación que ocurra, y que pueda identificar una persona, rasgos, una tablilla de un automóvil, en ocasiones, hay papás que se les pierden a los hijos. Pues, con la identificación del niño, la estatura, los colores que está utilizando, si lleva gorra, si lleva gafas, con ese reconocimiento facial y de particularidades, podemos ayudar a que, en ese tipo de situación, se minimicen los riesgos”, sostuvo Romero Lugo.

El primer mandatario municipal comunicó además que, tras la implementación inicial de la herramienta en las Fiestas, este pretende utilizar la IA en otras áreas de seguridad en conjunto con el Estado.

“Esta (tecnología de) inteligencia artificial que adquirió el Municipio de San Juan a un costo $130 mil dólares aproximados para sus licencias y actualizaciones de programación, será inaugurada en este evento para ayudar con la detección automática de comportamientos sospechosos, reconocimiento de patrones y alertas tempranas ante posibles amenazas”, detalló ayer el primer ejecutivo municipal.

Mientras el alcalde apuesta por la IA para maximizar el valor añadido de las cámaras de seguridad, organizaciones como, por ejemplo, Amnistía Internacional, han solicitado la “prohibición total del uso, desarrollo, producción y venta de tecnología de reconocimiento facial con fines de vigilancia masiva por parte de la policía y otros organismos públicos”.

Al ser cuestionado sobre si la utilización de la IA en la vigilancia podría rayar en lo inconstitucional, Romero Lugo negó dicha premisa, y enfatizó que las grabaciones ocurren en lugares donde no hay expectativa de intimidad alguna, como en las plazas públicas y las calles.

“Es algo que lleva ya mucho tiempo, que ha pasado el rigor legal y, de nuevo, el área donde opera esta tecnología es en las cámaras que el municipio tiene, al igual que en otras áreas que otros municipios del estado tienen, y no interviene nada con el derecho a la intimidad”, expresó el funcionario.

En Puerto Rico, la IA ya forma parte de sistemas de vigilancia; un ejemplo de ello es la implementación, en diciembre de 2023, de un sistema tecnológico de fotolectura de tablillas, en el municipio de Bayamón, para reforzar la seguridad preventiva e identificar vehículos hurtados.

Durante esta edición de las Fiestas de la SanSe, del 18 al 21 de enero, la IA también podrá ser utilizada para identificar matrículas de vehículos.

Romero Lugo aclaró que los vehículos y sus tablillas ya de por sí eran grabados por el municipio, pero, ahora, la tecnología inteligente permitirá a las autoridades buscar más ágilmente entre las imágenes, al identificar números, colores, y otros detalles en los vídeos.

“¿En qué ayudan los sistemas de inteligencia artificial? Por ejemplo, si hay un hit and run y en una cámara se capta la matrícula de un automóvil, o el rasgo o el color, eso ayuda a identificar dónde está ese vehículo, si fue identificado en otra cámara, si pasó por otro lado”, explicó el alcalde de la capital.

“La inteligencia artificial ayuda a que esa grabación que ya está y que se ha hecho siempre, la identifique. Por ejemplo, si el vehículo que pasa es un vehículo que estuvo involucrado en un accidente y su tablilla termina con el número 123, la inteligencia artificial […] te puede identificar esas tablillas”, continuó.

El Plan “San Juan Smart”, contenido en el documento del presupuesto municipal para el año fiscal 2023-2024, establece que la IA, además podrá ayudar al municipio a mejorar la seguridad, al predecir y prevenir delitos mediante el análisis de datos históricos y la identificación de patrones delictivos y de posibles actividades sospechosas, identificar vehículos robados o buscar personas desaparecidas, “lo que permite una respuesta más rápida y eficiente por parte de la Policía Municipal”.

La edición 54 de las Fiestas de la SanSe, contará con 27 Tower Cams energizadas con placas solares, para una visión 360 de su localización, 198 cámaras regulares para asistir en la vigilancia y seguridad de los asistentes, y 10 estaciones de botón de emergencia distribuidas por las plazas y puntos estratégicos a través de la calle San Sebastián.

Conforme a la investigación titulada Avanzando en la seguridad humana a través de la inteligencia artificial, por la doctora en ciencias políticas Heather M. Roff, la IA es una forma potencial de permitir respuestas en tiempo real, rentables y eficientes a una variedad de cuestiones relacionadas con la seguridad humana.

Sin embargo, el estudio enfatiza la importancia de continuar utilizando principios normativos para interrogar el propósito y los efectos de las aplicaciones de IA en su relación con el empoderamiento y la seguridad humana.

El municipio de San Juan coincidió con que es importante “tener en cuenta que la transformación hacia una Ciudad Inteligente debe ser cuidadosamente planificada y su implementación debe asegurar que los beneficios superen los costos y evitar posibles desventajas, como la exclusión digital y la pérdida de privacidad”, según la sección titulada “San Juan, ciudad con tecnología inteligente”, contenida en el presupuesto de la capital para 2023-2024.

1,300 efectivos de seguridad

Un total de 1,350 efectivos compuestos de 550 municipales, 400 oficiales privados de Génesis y Sheriff Security Services (100 armados y 300 desarmados), y 400 de la Policía Estatal trabajarán desde hoy en las Fiestas de la Calle San Sebastián, informó ayer el alcalde Miguel Romero.

Estos trabajarán turnos de 12 horas para vigilar propiedad, las áreas de las tarimas, apoyo con los controles de tránsito y las estaciones de transporte colectivo municipal.

Tanto comerciantes como residentes insistieron esta semana en su oposición al Código de Orden Público de San Juan implementado hace dos meses, pues sostienen que no es efectivo en asegurar la sana convivencia, más afecta la economía de los comercios y del propio municipio.

A pesar de la disminución de delitos reportada por las autoridades municipales, los dueños de negocios catalogaron la criminalidad como una “excusa” para justificar las nuevas normativas, mientras que los vecinos de la capital aseguran que continúan los problemas de ruidos excesivos y peleas.

El Código de Orden Público del municipio de San Juan, que entró en vigor el 9 de noviembre de 2023, establece nuevas regulaciones y agrupa medidas ya vigentes para “garantizarle, a las comunidades, un ambiente sereno, seguro, limpio y saludable, en el cual se pueda convivir tranquilamente y de forma civilizada”.

Entre las normativas recogidas en el estatuto municipal, está la regulación del horario de venta de bebidas alcohólicas y de ruidos excesivos, el manejo de los desperdicios, el uso adecuado de los espacios públicos y el control del tránsito vehicular.

El código permite la venta de bebidas alcohólicas de domingo a jueves, de 6:00 a.m. a 1:00 a. m., y de viernes a sábado hasta las 2:00 a.m. Si el lunes es feriado, el horario del domingo se extiende hasta las 2:00 a.m.

“Todo San Juan fue víctima de un código tipo toque de queda”, expresó la dueña de Tabú Club, ubicado en la avenida John F. Kennedy, Grisel Figueroa Casas, quien tiene 30 años de experiencia como comerciante.

Figueroa Casas afirmó que las nuevas normativas no benefician a nadie, “ni siquiera al mismo (alcalde de San Juan) Miguel Romero.

Previo a tener un solo código, existían ocho ordenanzas municipales, aprobadas entre 1997 y 2007, que cubrían solamente ciertas áreas del municipio.

Controversia por el nuevo horario para la venta de bebidas alcohólicas

Con el estudio “Impacto Económico de Establecer un Nuevo Código de Orden Público”, entregado en 2022, se establecieron las disposiciones aplicables por el municipio como, por ejemplo, los horarios de operación para los establecimientos comerciales que vendan o expendan bebidas alcohólicas.

Según dicho análisis, a la 1:00 a.m. los negocios han realizado el 84 % de las ventas de bebidas alcohólicas del día, y, para las 2:00 a. m., el total de ventas está en el 94 %.

No obstante, la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan, Diana Font, señaló que el estudio de impacto económico se realizó durante la pandemia del COVID-19, siendo una temporada atípica para los negocios.

Font y Figueroa Casas aseguraron que las horas pico de los negocios nocturnos son desde la 1:00 a.m. hasta las 4:00 a.m., por lo que el horario impuesto por el código representa una pérdida económica tanto para los comerciantes, como para el municipio.

“Obviamente los recados de esas horas, que son las horas pico donde más chavos hacen, si tú cortas eso, ¿cómo vas a pagar por la Policía? Si estás limitando tus recados. Estás limitando el IVU”, sostuvo Font.

La dueña de Tabú Club compartió que, al comparar la segunda edición de su evento de música electrónica, realizado tras la implementación del código, con la primera edición, realizada en la misma fecha el año anterior, obtuvo un tercio de las ganancias.

“Me fue la misma gente, abrí a la misma hora– a las 8:00 p.m. Cerré a las 2:00 a.m. Hice una tercera parte del dinero que hice el año pasado”, indicó.

Debaten sobre la relación entre el código y la criminalidad en San Juan

Por su parte, el comisionado interino de la Policía Municipal de San Juan, Juan Jackson, apuntó a la baja en los delitos, al comparar las fechas en las que el estatuto ha estado vigente con las mismas fechas de 2022, más aclaró que “no le queremos atribuir en su totalidad que ha sido por el Código de Orden Público”.

“Es un aditamento para que la comunidad y los comerciantes puedan convivir y haya un pacífico vivir en la ciudad”, explicó el portavoz de la uniformada municipal.

Desde el 9 de noviembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023, se reportaron cinco asesinatos en San Juan, mientras que, durante el mismo periodo en 2022, se contabilizaron 13.

Asimismo, la comparativa reveló 69 delitos menos, en San Juan, en dichas fechas para 2023.

Sin embargo, Figueroa Casas coincidió con Font en que las restricciones impuestas a los comercios no solucionarán los problemas de criminalidad.

“El tema de la criminalidad es un tema que, a punto y aparte, fue una excusa”, estipuló Figueroa Casas.

Incluso, un residente del Viejo San Juan, que prefirió no ser identificado, quien favorece los nuevos horarios de venta de bebidas alcohólicas, admitió que el Código de Orden Público de la capital no ha sido efectivo, debido a la falta de fiscalización.

“Toda la madrugada aquí tenemos voceteo, gritería, peleas de gente que viene de afuera”, dijo el vecino de la Ciudad Amurallada.

“Pueden dar 500 boletos, 1,000 boletos, pero, si el problema se recrudece, pues eso proporcionalmente, estadísticamente no están haciendo nada”, continuó.

Jackson informó que, en los dos meses desde que entró en vigor el estatuto municipal, la uniformada impuso 35 multas a negocios por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.

Conforme al comisionado interino de la Policía Municipal de San Juan, “el cumplimiento de los comerciantes ha sido uno de primera. La gran mayoría de los comerciantes están cumpliendo con el Código de Orden Público. Los que no cumplen, pues obviamente han sido multados”.

La residente del casco histórico de San Juan y miembro del Comité Timón de la Asociación de Vecinos de Viejo San Juan (AVISAJ), Lourdes Suárez, aseguró que “el código es letra muerta”, ya que continúan los problemas que los vecinos de la zona experimentaban antes de su puesta en vigor, “que son el problema del ruido excesivo, el voceteo, el problema de la basura, montones de basuras en la calle, el problema del estacionamiento, la falta de seguridad”.

“Todo se reduce a que no hay policías. Hay muy pocos policías”, expresó Suárez.

El portavoz de la Policía Municipal refutó tales expresiones, y explicó que cuentan con un grupo especializado de agentes que atienden la fiscalización del Código de Orden Público.

En cuanto a las multas por ruidos excesivos, el comisionado interino no proveyó el dato, debido a que se encuentran en un proceso de revisión de este tipo de faltas.

Aunque Jackson apuntó a la baja en los delitos, este admitió que ha escuchado las inquietudes de los comerciantes. “Me he reunido con algunos de ellos, he tomado las inquietudes y algunas de ellas las voy a estar llevando al Comité Evaluador del Código de Orden Público porque, en algunas cosas, puedo coincidir con algunos comerciantes”.

El capitán optó por reservarse los reparos al código que presentará ante el grupo.

El Comité Evaluador del Código de Orden Público del Municipio de San Juan, integrado por cinco miembros designados por el alcalde, evaluará los resultados de la implementación del estatuto luego de 90 días desde su vigencia.