La semana pasada representantes del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP), radicaron en la Cámara de Representantes un grupo de medidas legislativas dirigidas a enmendar la Ley de Permisos. Dicha acción ocurrió como consecuencia de un veto del gobernador a un proyecto original que las agrupaba. Pero juntas, o separadas, las mismas constituyen un atentado directo a la planificación urbana y a la función regulatoria indelegable del estado.

Hablamos de la flexibilización del proceso de evaluación de las distintas agencias para la otorgación de permisos incluyendo proyectos de construcción; del reemplazo de una visión gubernamental de evaluar con rigurosidad cada proyecto por una visión de trámite rápido o fast track; y de la exclusión deliberada de la participación ciudadana, entre algunos ejemplos.

Estas medidas representan la privatización de la planificación urbana y los permisos en Puerto Rico. Son el traslado de funciones del gobierno, como el acto de emitir licencias y certificaciones, a entes privados con intereses particulares alejados de los intereses del medioambiente y el bien común.

El gobierno no puede renunciar a la responsabilidad de analizar concienzudamente los impactos urbanos, los impactos al medioambiente y a los recursos naturales. Menos aún no se pueden establecer amarres de tiempo absurdos para evaluar las diversas propuestas de permisos, limitar una evaluación rigurosa de diversos proyectos contrario al bien común y la sociedad.

Por su puesto que puede y debe haber desarrollo económico, pero tiene que ser dentro de una dinámica de sustentabilidad con un balance de intereses. No obstante, lo que pretenden con estos proyectos de ley, que excluyen evaluaciones rigurosas y científicas de la mano con una amplia participación ciudadana, es repetir los graves errores que se siguen cometiendo en este país y que desembocan en desastres ambientales.

Son proyectos malos y nefastos. Establecerían una política pública desastrosa con incalculables e irreparables daños ambientales. Además, a estas alturas es imperativo que el gobierno entienda ya la importancia de la inclusión y participación ciudadana en todos los asuntos que les afecta. Desde nuestro escaño legislativo continuaremos trabajando intensamente en defensa de la correcta planificación y el desarrollo económico sustentable.

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Hace casi dos años la Senadora María de Lourdes Santiago y este servidor denunciamos la otorgación de un rescate económico a la empresa carbonera AES por parte del gobierno de Puerto Rico. En otras palabras, el gobierno rescata a una entidad que durante años ha contaminado y enfermado a diversas comunidades en Guayama con sus cenizas tóxicas, al igual del daño ambiental causado en otras áreas de Puerto Rico. Además de ser un negligente e inconcebible mal negocio para el país, el gobierno le da dinero para manejar sus cenizas lo que provocará un aumento sustancial en la tarifa y sin rendición de cuentas por los daños ambientales causados.

Para AES se abrieron las puertas para construir parques industriales con placas solares. Esto ha significado que, tanto esa corporación como varias otras, han utilizado miles de cuerdas de terrenos con valor ecológico y/o con potencial para la producción agrícola para, literalmente, sembrarlas de paneles solares, dizque como parte de su agenda a favor de una “transición energética” hacia fuentes renovables.

En aquella ocasión anticipamos que movidas como la descrita, entre otras posteriores, resultarían en un aumento en la tarifa de energía eléctrica. Esta semana, como parte del proceso de discusión del Plan de Ajuste para el pago de la deuda de la AEE, el doctor en Ingeniería Eléctrica y Profesor del RUM-UPR, Agustín Irizarry, y los doctores en Economía, y también profesores de la UPR, Ramón Cao y José Alameda, presentaron hallazgos de sus estudios ante la Jueza Taylor Swain. Los tres expertos concluyen que dicho Plan de Ajuste tendrá “múltiples efectos adversos sobre nuestra economía y sobre la confiabilidad del sistema eléctrico”. Además — y esto es lo más preocupante— los catedráticos afirmaron que, como consecuencia de la aprobación del plan, aumentará la “pobreza energética” en los hogares de aproximadamente medio millón de familias puertorriqueñas. A esto se añade la posibilidad muy real de que el servicio de energía eléctrica sea incosteable para las familias que continuarán dependiendo de la conexión con el sistema eléctrico, administrado ahora por Luma.

Continuaremos nuestra labor de alertar, denunciar y fiscalizar conscientes de que solo en la Patria Nueva lograremos encaminar una política pública fundada en fuentes de energía renovables en armonía con el medioambiente.

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El ritmo del envejecimiento poblacional en Puerto Rico durante la última década es motivo de reflexión. Aunque el envejecimiento poblacional no es nuevo y ha sido señalado anteriormente, durante la pasada década, del 2010 al 2019, el número de personas de 60 o más años aumentó de 760,075 a 888,786. Es decir, las personas mayores de 60 años constituyen hoy el 27 % de la población puertorriqueña. Si a ello le sumamos la disminución del 14.3 % en la población de 0 a 14 años para el mismo periodo, podemos entender el cuadro del aumento desproporcional de la población de adultos mayores que presenta el país.

Recientemente han trascendido públicamente noticias sobre el abandono de pacientes en hospitales públicos y privados de Puerto Rico —en su mayoría adultos mayores de 60 años o más— que evidencian, precisamente, la ausencia de una visión y un entendimiento real de nuestra situación poblacional. Para tener una idea, del 2017 al presente, se han reportado 3,763 de casos de abandono y, durante el año fiscal corriente, cerca de 500. La inhumanidad que esta estadística proporciona tiene que llevarnos a la acción inmediata.

Hace poco más de dos décadas la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció la urgente necesidad de adoptar una nueva visión sobre el envejecimiento mediante el establecimiento de políticas públicas que reconozcan al adulto mayor como un ser productivo que aporta al quehacer socioeconómico de su entorno.

En Puerto Rico para lograr una nueva política pública con relación a los adultos mayores, es necesario comprender esta realidad estadística, pero sobre todo social. Es necesario que el Departamento de la Familia tenga primero la voluntad de reconocer la crisis en los servicios y atención de los adultos mayores, proveerles los recursos para atender las emergencias y las violaciones a leyes que los protegen los, promover la eliminación de los estereotipos y discrimen en el mercado laboral y que los servicios de salud sean accesibles y de calidad. Sobre todo, es importante reconocer el envejecimiento de la sociedad, su vinculación con la pobreza, la desigualdad social y la emigración desde una compresión comunitaria de esta realidad. Solo así transformaremos y reconstruiremos una visión de sociedad en defensa de los adultos mayores.

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En Puerto Rico viven miles de familias en condiciones de pobreza y desigualdad social. El servicio de energía eléctrica es, por varias razones, una precariedad notable para esta población que tiene que lidiar, además, con la inestabilidad del sistema eléctrico y la incapacidad para costearlo —tras una ristra de aumentos— y que incluso, cuando por razones médicas, utilizan equipos eléctricos para paliar alguna enfermedad.

A ello sumamos las comunidades enteras que, debido a su ubicación geográfica y por ser áreas rurales, su nivel de vulnerabilidad fue mayor durante la recuperación energética después del huracán María.

En ambos escenarios la búsqueda de una alternativa de energía renovable es primordial pues hablamos de un servicio fundamental para mejorar las condiciones de vida. Pese a ello, los limitados, mal planificados y ejecutados programas del Departamento de la Vivienda (DV) para proveer energía renovable —anunciados con fuegos artificiales—no son un plan organizado de política pública, de acceso a la energía renovable. Tampoco son el inicio de proyectos de micro redes de carácter social y comunitario.

Esta realidad fue la que provocó el caos en la implementación del programa y la otorgación de turnos para sistemas solares. No se protegieron a las familias de adultos mayores, en particular los que viven solos. Tampoco fueron prioridad las familias con personas con condiciones graves en su hogar. El modelo para acceder a estos programas limitados dependía de la agilidad y la rapidez en el uso de dispositivos electrónicos o, en última instancia, en la movilidad y capacidad física para obtener un turno. Para colmo, el DV no puede garantizar que cumplió con la ley de turnos preferentes para adultos mayores y personas de diversidad funcional.

Otro programa del DV va dirigido a proveer energía renovable a 16 comunidades vulnerables, pero está por verse cuáles serán y ya el gobierno reconoció que no serán micro redes como proponemos desde el PIP. Estos programas no promueven la energía renovable en función de las realidades de las comunidades. Dependen del mercado y decenas de compañías para la ejecución del programa. Ojalá que para las familias que lograron acceder a este programa se cumpla la meta de lograr una energía renovable para satisfacer sus necesidades.

El modelo que debemos aspirar es uno planificado, organizado colectivamente, en función de las comunidades y sus realidades. Ese es el camino.

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Desde que la Junta de Control Fiscal entró en funciones hace prácticamente siete años, una de las dinámicas más vergonzosas y, al mismo tiempo, frustrantes, que ha provocado la presencia de esa entidad impuesta antidemocráticamente a nuestro pueblo, es la impotencia de los funcionarios gubernamentales de Puerto Rico ante sus determinaciones. Como representante, he observado el consecuente “desfile” de secretarios/as de agencias durante el proceso de discusión presupuestaria en la Cámara, intentando que la asignación de fondos que ha “aprobado” la Junta, aumente sustancialmente porque, sencillamente, “los chavos asignados no dan”.

Es un asunto cuestionable bajo dos administraciones consecutivas del Partido Nuevo Progresista (PNP) —partido que apoya incondicionalmente todo lo “federal”—son sus propios funcionarios del poder ejecutivo los responsables cuando el presupuesto de cada año fiscal no es suficiente para cumplir con la gestión de cada agencia, corporación pública o municipio. Nuestra gente es la más afectada, que reclama servicios y soluciones a sus problemas en las agencias del gobierno como testigos, observamos el espectáculo triste y desafortunado de las gestiones frustradas de los jefes y las jefas de agencias PNP que utilizan su derecho de comparecer ante la Legislatura en ocasiones como último recurso y sin éxito, para ver si “la Junta” se apiada de ellos/as.

En el caso del poder legislativo, controlado por el Partido Popular Democrático (PPD), ocurre invariablemente que la totalidad de las iniciativas legislativas, cuando tienen que ver con temas fiscales, se enmarcan a la medida de lo que ha sido aprobado por “la Junta”. Los populares se han conformado, como en tantas ocasiones anteriores, a lo que dispongan los representantes del Tío Sam en Puerto Rico. La consabida expresión “nos oponemos a la Junta, la rechazamos”, pero aceptan cabizbajos todas sus determinaciones. La existencia de la Junta, la manifestación más burda del colonialismo es un problema político, demuestra subordinación. Para acabar con ella es necesario enfrentarla políticamente e incluir un proceso de descolonización, y a eso vamos.

Evidentemente, esta realidad refleja de forma dramática lo que sin duda es el colmo del colonialismo. Este año tenemos la gran oportunidad de cambiar esta dinámica. Ya es tiempo de darnos a respetar, con la madurez que tenemos como pueblo.

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Recientemente, como todos los años, recibí el informe sobre el Índice de Bienestar de la Niñez y Juventud 2023 y la Encuesta Socioeconómica de las Familias con Menores de Puerto Rico (ESeFaM) del Instituto del Desarrollo de la Juventud. Estos informes nos demuestran una vez más el claro diagnóstico de una sociedad con una inmensa desigualdad social.

La situación descrita en estos informes es impactante, devastadora y debe suscitar reflexión y, sobre todo, derivar en legislación, acción social y política para la transformación de esta realidad.

En el renglón económico el 55 por ciento, alrededor de 300,000 niñas, niños y jóvenes viven bajo el nivel de pobreza. Un 40 por ciento de las familias con menores tienen al menos un padre sin empleo y un 13 por ciento de jóvenes entre los 16 y 19 años se encuentran sin matricularse y sin empleo. Se encontró que las familias de bajos ingresos son lideradas por mujeres que trabajan y participan de programas de protección social, pero que, aún así, enfrentan dificultades para satisfacer necesidades básicas del hogar. Además, el 79 por ciento de los hogares son monoparentales y el 85 por ciento de estos son encabezados por mujeres.

Sobre el panorama de empleo, las jefas y jefes de familias de bajo ingreso enfrentan obstáculos significativos que limitan el acceso a empleos. Un 61 por ciento carece de grados universitarios ni técnicos postsecundarios. Un 75 por ciento informó que la falta de cuido es un problema para poder trabajar. Un 48 por ciento lleva tres años o más sin poder participar del mercado formal y un 92 por ciento no ha tomado cursos de adiestramiento laboral en los últimos meses. De igual manera, un 70 por ciento citó los bajos salarios como otro factor limitante para entrar a la fuerza laboral.

En el aspecto educativo, el 52 por ciento de nuestra niñez, entre 3 y 4 años, no está matriculada en la escuela y un 14 por ciento de estudiantes matriculados, no asistieron a clase por sentirse inseguros en la escuela o en el camino.

Finalmente, cuando se trata de seguridad, un 5 por ciento de estudiantes han sido víctimas de “bullying” en la escuela y un 20 por ciento de menos ha consumido alcohol recientemente.

Esta horrible realidad que vive nuestra niñez es un mensaje contundente para el Gobierno y la Legislatura de acción urgente. Es necesario paz y justicia para nuestros niños y niñas.

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Por la transparencia de los fondos públicos

En la calle, casa a casa

El país que merecemos

Cuando fui electo representante por primera vez, uno de los asuntos que me sorprendió fue el control absoluto que cada legislador tenía de su presupuesto de oficina, que podía asignar, aumentar o disminuir los salarios de sus empleados a su mejor o peor criterio y que los presupuestos de los legisladores dependían si era de mayoría o minoría. Ello acompañado a la ausencia total de un plan de clasificación y retribución para establecer criterios uniformes en las labores y salarios de los empleados de la legislatura.

Durante ese primer cuatrienio diseñé un plan de clasificación interno y planteé la necesidad de transformar el manejo de los salarios y presupuestos en la Cámara. Luego de resultar reelecto en las pasadas elecciones junto a María de Lourdes Santiago, planteamos a todos los legisladores electos la necesidad de crear planes de clasificación y retribución en los diversos cuerpos legislativos.

A finales del cuatrienio pasado, y durante este, el país ha vivido los terribles casos de corrupción de representantes que utilizaban su poder del presupuesto para inflar salarios a empleados y luego recibir ese dinero a cambio, hoy todos están convictos. En este cuatrienio, la Cámara aprobó unas guías de salarios voluntarias y trataron de aprobar un plan de clasificación para los empleados legislativos resultando infructuoso aprobarlo.

Recientemente con el propósito de promover la transparencia de los fondos públicos en la legislatura, el manejo adecuado de salarios y compensaciones equitativas entre los empleados, radiqué el proyecto de la Cámara 1981 con el propósito de:

1- Crear un plan de clasificación y retribución obligatorio en Cámara y Senado.

2- Que los legisladores estén obligados a apoyar, cumplir y colaborar con los planes.

3- Los empleados legislativos estén obligados a participar de entrevistas y cuestionarios para la creación del plan.

4- No se pueda derogar un plan hasta tanto se cuente con uno nuevo.

5- Los cuerpos legislativos contraten a la Escuela Graduada de Administración Pública de la UPR, para la preparación del plan.

Están emplazados todos los legisladores a darle paso y apoyar esta medida, el país lo exige y nuestra responsabilidad es promover la transparencia y buen uso de fondos públicos.

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Este año nuevo comienza con periodo de candidaturas, primarias y contiendas electorales. Por primera vez en la política reciente, se logró un acuerdo político entre dos partidos, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), para combatir el anquilosado y desprestigiado bipartidismo y presentarle al país una alternativa de transformación y esperanza. Este acuerdo, que se trabajó y se pactó con el mayor desprendimiento político y con una responsabilidad histórica, ha provocado los ataques más bajunos, irresponsables y demagogos por parte de los que durante décadas nos llevaron a lo que vivimos: la quiebra económica y social.

Han recurrido, en pleno siglo XXI, a las falsedades y los cucos del pasado que usaron contra nosotros, para “meter miedo “en el proceso electoral. Es patético ver a jóvenes del colonialismo con posiciones retrógradas, que son capaces de revivir las carpetas y la persecución política para evitar, no la existencia de la alianza, sino la posibilidad del triunfo de esta.

Son los que mediante legislación prohibieron la posibilidad democrática de las candidaturas coligadas, los que no dieron paso a enmiendas a la ley para permitirlas y que se opusieron tenazmente en el tribunal. Han sido capaces de citar casos judiciales inaplicables, que no son opinión del Tribunal Supremo. La respuesta es contundente, continuáremos con la alianza, seguirán los diálogos y los acuerdos.

Desde el Partido Independentista Puertorriqueño continuamos desarrollando nuestro programa de gobierno de Patria Nueva, que no solo son propuestas, son soluciones concretas y precisas a los múltiples desafíos sociales, gubernamentales y económicos que enfrentamos en este país.

Vamos a estar en la calle, casa a casa, llevando el mensaje de que llegó el momento de la transformación, de cambiar, de comenzar a curar la enfermedad, de limpiar el gobierno, de reconstruir lo destruido. El tiempo del nefasto bipartidismo llegó a su final. No hay duda de que los intentos de miedo continuarán y nuestra respuesta será mayor audacia y seguridad en nuestro proyecto para una Patria Nueva. Con la honradez, valor y constancia de que somos la alternativa para salir del pasado y de este oneroso presente, hacia un futuro esperanzador.

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Ha llegado la época navideña, tiempo de compartir en familia, de intercambio de regalos, de reflexionar sobre el presente y el futuro. Un nuevo año se avecina, año de mucha discusión pública y eventos electorales, de búsquedas de nuevas alternativas y esperanza para el país. Es tiempo de desear lo mejor, pero también de trabajar y luchar para ello.

Recientemente en la Asamblea General del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), expresé un conjunto de ideas y propuestas para nuestro país, que son necesarias para reconstruir esta sociedad. Las comparto en este espacio, y reafirmo la necesidad y urgencia de estas:

Primero, iniciar un verdadero proceso de descolonización, que permitirá la expulsión de la terrible Junta de Control Fiscal y obtener los poderes necesarios de la independencia para la gran transformación socioeconómica.

La esperanza se hará realidad con un gobierno limpio, sin corrupción. Con acceso al derecho a la salud. Con una verdadera educación pública de excelencia. Que la Universidad de Puerto Rico (UPR) y sus 11 recintos cuenten con los recursos necesarios para garantizar su acceso a nuestro pueblo.

Con un detente a la violencia en contra de la niñez. Con justicia y equidad para que todas y todos amemos y nos unamos con quien queramos sin sufrir discrimen.

También, mediante la preservación, promoción y desarrollo de nuestro patrimonio cultural en todas sus formas y manifestaciones.

Además, ser ejemplo de protección contra el cambio climático, y en defensa de nuestras costas y recursos naturales. Crear una red de micro redes de energía renovable y eliminar la privatización de corporaciones públicas.

Proteger los derechos de los empleados públicos, sus salarios y sistema de retiro. Brindar los más amplios derechos a la clase trabajadora.

La protección y trato digno a nuestros adultos mayores, desarrollar una agricultura sustentable, vivienda accesible y empleos y oportunidades para nuestra juventud, para que no tengan que irse. El impulso a nuestra economía, el cooperativismo y apoyo a nuestros comerciantes y empresarios… Todo en busca de un desarrollo económico con justicia social y transparencia.

Así, convertimos el triunfo de la esperanza en una realidad con equidad, justicia social, solidaridad, amor y alegría. Es la construcción de una nueva sociedad para todos los que habitamos en esta patria y que merecemos un mejor país.

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El pasado domingo celebramos una histórica asamblea donde miles de pipiolas y pipiolos ratificaron las candidaturas nacionales de María de Lourdes Santiago, Juan Dalmau y este servidor.

Allí, acepté la encomienda de trabajar para continuar transformando la realidad a la que el bipartidismo corrupto ha llevado a Puerto Rico. Voy a esta encomienda junto a María de Lourdes en el Senado y un conjunto de compañeras y compañeros para cambiar la Legislatura.

Fue una asamblea entusiasta con la participación de militantes de toda la isla incluyendo Vieques y Culebra y la diáspora puertorriqueña. Comparecieron generaciones de independentistas, entre ellos los que llevan décadas dando ejemplo de lucha y la nueva generación de jóvenes.

La asamblea comenzó con una precisa y diáfana explicación del Lcdo. Fernando Martín sobre el contexto de la alianza:

“Este es un acuerdo sensato, prudente, diáfano, transparente, que maximiza nuestras oportunidades […] Estamos en condiciones en este momento de poder aprovechar el reto de esta nueva circunstancia. La militancia está lista, tenemos excelentes candidatos y el día de hoy es prueba de ello. Estamos en condiciones de dar un gran salto electoral”.

Luego nuestro líder histórico, Rubén Berríos, nos inspiró a reconocer a quienes nos precedieron y a no cesar de trabajar planteando que las décadas de lucha están rindiendo fruto:

“Esta extraordinaria multitud de todos los rincones de la isla confirma que la tierra prometida ya se ve en el horizonte”.

María de Lourdes en su mensaje de aceptación señaló:

En todo este tiempo, siendo la delegación de una, no ha habido un día en que yo me haya sentido minoría representando al pueblo puertorriqueño.

Y finalmente, Juan, al aceptar la encomienda de dirigir el proyecto del triunfo de la esperanza nos dijo:

“Esta jornada es por el amor que le tenemos a esta Patria nuestra, por el amor que le tenemos al prójimo, por el amor que le tenemos a la familia y a nuestros seres queridos. El amor supremo que le tenemos a ser puertorriqueños sobre todas las cosas. Solo por eso podemos construir una Patria Nueva, solo por eso llevaremos el triunfo de la esperanza y solo por eso podremos el día de las elecciones celebrar en grande que ha llegado nuestro momento”.

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