En los últimos días, personas que se identifican con los intereses de la ley 22, ahora subsumida bajo la Ley 60, han iniciado una campaña agresiva para defender los supuestos “grandes beneficios” que el referido estatuto ha traído al país. Veamos por qué esto es una falacia.

En primer lugar, como consecuencia de leyes como la 22, el Departamento de Hacienda informa que los beneficios contributivos otorgados reducen drásticamente la capacidad del gobierno de Puerto Rico de recaudar ingresos críticamente necesarios para un país en quiebra. Como bien apunta la entidad independiente Espacios Abiertos, para el año fiscal más reciente (2023) la cifra no recaudada se eleva a más de 24 mil millones de dólares, lo que constituye un 21 % de nuestro Producto Interno Bruto (PIB).

En segundo lugar, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicó dos estudios exhaustivos sobre las consecuencias fiscales y económicas de la Ley 22. Uno de ellos revela que varias personas vinculadas a la promoción del estatuto han sido investigadas por el IRS, debido a presuntos delitos fiscales. En el segundo estudio se afirma que los empleos y el impacto económico que anticiparon los creadores de la ley nunca llegaron. También, se destaca que la mayoría de las empresas favorecidas apenas crean empleos y no representan un impacto significativo en la economía local. Ciertamente, la Ley 22 pasó a convertirse en el refugio de aficionados de criptomonedas, personajes de YouTube y consultores.

Finalmente, está el aspecto más inaceptable de la Ley 22: el desplazamiento de nuestra gente humilde de sus comunidades tradicionales. Esta es una consecuencia a la que no le podemos asignar valor monetario porque se trata de seres humanos que no tienen a dónde ir. Por eso rechazamos la Ley 22 y la seguiremos combatiendo desde nuestro espacio legislativo.

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Recientemente el Comité de Expertos del Cambio Climático sometió a la Asamblea Legislativa el Borrador del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático en Puerto Rico.

A tono con nuestra legislación, la Asamblea Legislativa tiene el deber de considerar el Plan durante la Sesión Ordinaria en la que fue presentado, disponiendo que será la Comisión Conjunta Sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático quien tendrá la responsabilidad inicial de evaluarlo y aprobarlo.

Según ha reseñado la prensa del país, los presidentes legislativos han expresado que no hay tiempo para evaluar el Plan y que, por consiguiente, relegarán a la atención de la próxima legislatura su consideración una excusa sin fundamento pues este documento no es nuevo ya que a finales del año 2023 se sometió un primer borrador, y se celebraron dos vistas públicas en la Legislatura.

La Asamblea Legislativa no puede abdicar y debe atender este asunto en una absoluta prioridad. No se debe postergar por un año más la atención a tan importante y fundamental propuesta, ante la realidad de la crisis climática que impacta el mundo entero y que ya tiene visibles efectos adversos en nuestro archipiélago.

Ante la inacción del liderato legislativo tanto la senadora María de Lourdes Santiago como este que escribe, hemos propuesto la creación de un grupo de trabajo compuesto por asesores de todas las delegaciones y de los legisladores independientes, quienes de manera inmediata deberán estudiar el Plan para identificar aquellos diagnósticos y propuestas que han sido consideradas en la Legislatura, documentar si existe legislación sobre el tema, identificar todas las áreas de consenso y acuerdos contenidas en el Plan y rendir un informe con conclusiones y recomendaciones de acción legislativa.

Es un tema que requiere acción inmediata; el país lo reclama, el medio ambiente y los recursos naturales lo necesitan y es nuestra obligación atenderlo. No debería pasar un día más sin que Puerto Rico cuente con un plan para enfrentar la crisis climática.

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Ayer se conmemoró el día internacional de la clase trabajadora, durante más de un siglo millones de trabajadoras y trabajadores salen a la calle alrededor del mundo a homenajear a los que lucharon en el siglo XIX por una jornada digna de trabajo, derecho a la negociación colectiva, mejores condiciones laborales, prohibiciones por discrimen y pago de salarios reivindicativos.

En Puerto Rico, los sindicatos, grupos sociales, universitarios y partidos políticos nos hemos tirado a la calle el primero de mayo a reclamar nuevos derechos, a exigir la restitución de derechos derogados o mutilados y a reclamar justicia social. En los últimos años, con la imposición de la expresión más burda del colonialismo, la Junta de Control Fiscal, las manifestaciones se han convertido en lucha directa de los trabajadores por los constantes ataques a la clase trabajadora.

Este primero de mayo estuvo marcado por el reclamo para que las pensiones de los retirados y empleados públicos respondan al incremento del costo de la vida y para aumentar la aportación patronal de los empleados actuales a sus sistemas. Es parte de ese reclamo el aumento de los derechos a los bomberos, policías, la lucha por la preservación y solidez del sistema de retiro de la AEE y la UPR. Son además parte de los reclamos los discrímenes en el plan de clasificación y retribución del gobierno como el de las supervisoras de Trabajo Social. De igual forma, el reclamo de que se cumpla con los pagos adeudados a los y las maestras que se encuentran bajo la “carrera magisterial” y que reciban los aumentos de sueldo correspondientes.

No podemos olvidar que la Junta reafirmó la pérdida de derechos de los trabajadores de la empresa privada al validar la reforma laboral, aún existe miopía legislativa en reconocer nuevos derechos como la desconexión digital. Son tiempos para reclamar un Plan Nacional de Salud Universal, educar para erradicar la violencia de género, la protección de nuestra Universidad incluyendo el derecho a la negociación colectiva de sus profesores y la revisión frecuente al salario mínimo.

La agenda de la clase trabajadora es la nuestra. Aspiramos a una Patria Nueva de justicia social y de reivindicaciones para todas y todos los que salen cada día a trabajar para construir una mejor sociedad.

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El pasado lunes 15 de abril cientos de miles de personas, además de decenas de miles de propietarios de pequeñas y medianas empresas y de corporaciones locales cumplieron, como cada año, con su responsabilidad de radicar la planilla de contribución sobre ingresos. Independientemente de las medidas aprobadas con el propósito de aliviar parcialmente la carga impositiva a las familias e individuos, a estas alturas de la historia, el nuestro continúa siendo un sistema impositivo desequilibrado e injusto.

Pongamos los datos en perspectiva: durante los años más recientes, las cifras de recaudos directos e indirectos del Departamento de Hacienda revelan que alrededor del 60 % de tales ingresos los aportan individuos y familias. Eso significa que el 40 % los aportan corporaciones, pero no necesariamente las foráneas, ya que un número considerable de estas se benefician de los decretos de exención, mediante los cuales reciben créditos y deducciones que reducen sustancialmente su responsabilidad contributiva. A modo de comparación, en Singapur las corporaciones aportan aproximadamente el 70 % de los recaudos gubernamentales, lo que significa que las familias e individuos contribuyen el restante 30 %.

Por consiguiente, cuando en Puerto Rico algunos economistas y abogados señalan que “las tasas contributivas que le aplican a las corporaciones son muy altas y por ende poco competitivas”, deberían aclarar que esa afirmación es correcta, pero solo para las empresas que no se benefician de alguna de las leyes que provocan que el gobierno central reciba una proporción mínima del Ingreso Interno Neto que se genera en el país. Como mencioné en mi columna de la semana pasada, y reitero en esta, la cifra de “Gastos Tributarios” o ingresos no recibidos por el gobierno central, superó los $23,500 millones el año pasado, en el contexto de un país en quiebra y de un sistema contributivo que, por esa razón, recauda apenas la mitad de esa cifra. Esto es absolutamente discriminatorio con la gente que paga sus impuestos.

Los ajustes que muchas familias de clase media y trabajadora realizan para pagar sus contribuciones, o cada persona dueña de algún pequeño o mediano negocio, manifiestan el discrimen y lo injusto del sistema contributivo. Ante dicha realidad es necesario una verdadera reforma contributiva integral como la que hemos planteado por décadas.

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La semana pasada el Gobernador presentó un supuesto mensaje de la situación del país. Supuesto porque, lejos de señalar la verdadera realidad política, fiscal-económica y social, este mensaje —como todos los mensajes de este tipo en el pasado— crea un mundo paralelo que solo existe en la imaginación de la administración de turno.

Por ejemplo, reclamar que un crecimiento de 7.6 % en el PIB desde 2021 hasta el presente es “bueno” o “excelente” es esconder la realidad de que esto se traduce realmente en un incremento de un raquítico 2.5 % anual promedio, amparados en la llegada de decenas de miles de millones de dólares en fondos federales. Países que se asemejan a Puerto Rico logran crecimientos de su PIB mayores que Puerto Rico, sin fondos federales.

De igual forma, la reducción en la tasa de desempleo es una falacia. Primero, porque Puerto Rico tenía 1,263,000 personas empleadas en el año 2007, cifra que jamás ha sido superada hasta el presente. Aun cuando los puestos de trabajo actuales alcancen, supuestamente, 1,150,000, eso significa que desde el 2007 se han eliminado sobre 110,000 empleos, lo que confirma que el tamaño de nuestra economía se contrajo en una quinta parte entre los años 2007 y 2021

Reclamar que los 84,000 empleos en la manufactura es un logro esconde la realidad de la contracción de este sector de nuestra economía que antes generaba sobre 200,000 puestos de trabajo directos e indirectos. Pero lo peor es que mientras la tendencia histórica del empleo en ese sector es a la baja, las ganancias que sustraen del país esas empresas siguen en aumento y el 73 % de los $23,500 millones que Hacienda dejó de recibir en recaudos en el año 2023, corresponden a impuestos no pagados por esas corporaciones foráneas.

El discurso de la “protección a las pequeñas y medianas empresas” no es real. Son muy pocos los beneficios contributivos que reciben nuestras PYMES, cuyos propietarios son puertorriqueños en su inmensa mayoría. Por consiguiente, el sistema contributivo continúa imponiéndole la mayor carga contributiva a las personas que trabajan y a las empresas puertorriqueñas, mientras las empresas del exterior y los inversionistas tipo Ley 22 reciben enormes beneficios de manera recurrente.

Mientras no exista la honestidad de reconocer los problemas reales del país, faltarán las respectivas políticas públicas para enfrentarlos.

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Al comienzo de la semana se sentenció a un empresario que fue el artífice del esquema más reciente de corrupción pública. La contratación de servicios con fondos públicos a través de sus empresas a cambio de dinero sucio para el lucro personal o de campaña para políticos del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progreista (PNP). Esta modalidad no discriminó con ninguno de esos dos partidos, alcaldes rojos y azules fueron, junto al empresario, los criminales que atentaron contra el dinero público, pero sobre todo contra la moral y orden público.

Llevamos décadas sufriendo como país este nefasto problema, esta lacra social, siendo constantes protagonistas candidatos, funcionarios y políticos del PNP y el PPD. Por ello, no le debe sorprender a nadie la constante pérdida de apoyo y votos en recientes eventos electorales. Es la consecuencia de un país cansado de la corrupción, abuso y la “busconería” que traiciona la confianza del electorado.

No podemos perder de perspectiva que este bipartidismo también ha sido responsable de múltiples formas de corrupción, desde nombramientos a personas en puestos de carrera en el Gobierno obviando el principio del mérito premiando la “lealtad política”, nombramientos de puestos de confianza para trabajos partidistas, la utilización de recursos públicos y dinero para realzar la imagen política de alcaldes mediante publicaciones superfluas.

Recursos y espacios del Gobierno como WIPR y la Legislatura para que el Gobernador de turno de un mensaje político partidista. Por ello recientemente en una encuesta múltiples personas mostraban su frustración con los partidos, con el proceso electoral y por ende con el ejercicio del derecho al voto, pues ambos partidos han faltado a la sana administración pública y, en cambio, han sido “gemelos” de la corrupción.

Ante esto señalaba públicamente el compañero Juan Dalmau: “Ya el País decidió pasar factura y juicio, no solamente en el tema de la corrupción, sino en la ineptitud e incompetencia demostrada por tantos años en el ámbito de la administración pública, bajo gobiernos populares y penepés. Miles de electores ya decidieron no volver a respaldarlos.”

Ese respaldo se encamina ahora al proyecto de la Patria Nueva, a nuestro candidato a la gobernación y a la alianza. Es la mirada y el apoyo a un proyecto limpio, honesto, que no solo busca sanear el gobierno de Puerto Rico sino devolver esa confianza al país.

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La semana pasada representantes del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP), radicaron en la Cámara de Representantes un grupo de medidas legislativas dirigidas a enmendar la Ley de Permisos. Dicha acción ocurrió como consecuencia de un veto del gobernador a un proyecto original que las agrupaba. Pero juntas, o separadas, las mismas constituyen un atentado directo a la planificación urbana y a la función regulatoria indelegable del estado.

Hablamos de la flexibilización del proceso de evaluación de las distintas agencias para la otorgación de permisos incluyendo proyectos de construcción; del reemplazo de una visión gubernamental de evaluar con rigurosidad cada proyecto por una visión de trámite rápido o fast track; y de la exclusión deliberada de la participación ciudadana, entre algunos ejemplos.

Estas medidas representan la privatización de la planificación urbana y los permisos en Puerto Rico. Son el traslado de funciones del gobierno, como el acto de emitir licencias y certificaciones, a entes privados con intereses particulares alejados de los intereses del medioambiente y el bien común.

El gobierno no puede renunciar a la responsabilidad de analizar concienzudamente los impactos urbanos, los impactos al medioambiente y a los recursos naturales. Menos aún no se pueden establecer amarres de tiempo absurdos para evaluar las diversas propuestas de permisos, limitar una evaluación rigurosa de diversos proyectos contrario al bien común y la sociedad.

Por su puesto que puede y debe haber desarrollo económico, pero tiene que ser dentro de una dinámica de sustentabilidad con un balance de intereses. No obstante, lo que pretenden con estos proyectos de ley, que excluyen evaluaciones rigurosas y científicas de la mano con una amplia participación ciudadana, es repetir los graves errores que se siguen cometiendo en este país y que desembocan en desastres ambientales.

Son proyectos malos y nefastos. Establecerían una política pública desastrosa con incalculables e irreparables daños ambientales. Además, a estas alturas es imperativo que el gobierno entienda ya la importancia de la inclusión y participación ciudadana en todos los asuntos que les afecta. Desde nuestro escaño legislativo continuaremos trabajando intensamente en defensa de la correcta planificación y el desarrollo económico sustentable.

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Hace casi dos años la Senadora María de Lourdes Santiago y este servidor denunciamos la otorgación de un rescate económico a la empresa carbonera AES por parte del gobierno de Puerto Rico. En otras palabras, el gobierno rescata a una entidad que durante años ha contaminado y enfermado a diversas comunidades en Guayama con sus cenizas tóxicas, al igual del daño ambiental causado en otras áreas de Puerto Rico. Además de ser un negligente e inconcebible mal negocio para el país, el gobierno le da dinero para manejar sus cenizas lo que provocará un aumento sustancial en la tarifa y sin rendición de cuentas por los daños ambientales causados.

Para AES se abrieron las puertas para construir parques industriales con placas solares. Esto ha significado que, tanto esa corporación como varias otras, han utilizado miles de cuerdas de terrenos con valor ecológico y/o con potencial para la producción agrícola para, literalmente, sembrarlas de paneles solares, dizque como parte de su agenda a favor de una “transición energética” hacia fuentes renovables.

En aquella ocasión anticipamos que movidas como la descrita, entre otras posteriores, resultarían en un aumento en la tarifa de energía eléctrica. Esta semana, como parte del proceso de discusión del Plan de Ajuste para el pago de la deuda de la AEE, el doctor en Ingeniería Eléctrica y Profesor del RUM-UPR, Agustín Irizarry, y los doctores en Economía, y también profesores de la UPR, Ramón Cao y José Alameda, presentaron hallazgos de sus estudios ante la Jueza Taylor Swain. Los tres expertos concluyen que dicho Plan de Ajuste tendrá “múltiples efectos adversos sobre nuestra economía y sobre la confiabilidad del sistema eléctrico”. Además — y esto es lo más preocupante— los catedráticos afirmaron que, como consecuencia de la aprobación del plan, aumentará la “pobreza energética” en los hogares de aproximadamente medio millón de familias puertorriqueñas. A esto se añade la posibilidad muy real de que el servicio de energía eléctrica sea incosteable para las familias que continuarán dependiendo de la conexión con el sistema eléctrico, administrado ahora por Luma.

Continuaremos nuestra labor de alertar, denunciar y fiscalizar conscientes de que solo en la Patria Nueva lograremos encaminar una política pública fundada en fuentes de energía renovables en armonía con el medioambiente.

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El ritmo del envejecimiento poblacional en Puerto Rico durante la última década es motivo de reflexión. Aunque el envejecimiento poblacional no es nuevo y ha sido señalado anteriormente, durante la pasada década, del 2010 al 2019, el número de personas de 60 o más años aumentó de 760,075 a 888,786. Es decir, las personas mayores de 60 años constituyen hoy el 27 % de la población puertorriqueña. Si a ello le sumamos la disminución del 14.3 % en la población de 0 a 14 años para el mismo periodo, podemos entender el cuadro del aumento desproporcional de la población de adultos mayores que presenta el país.

Recientemente han trascendido públicamente noticias sobre el abandono de pacientes en hospitales públicos y privados de Puerto Rico —en su mayoría adultos mayores de 60 años o más— que evidencian, precisamente, la ausencia de una visión y un entendimiento real de nuestra situación poblacional. Para tener una idea, del 2017 al presente, se han reportado 3,763 de casos de abandono y, durante el año fiscal corriente, cerca de 500. La inhumanidad que esta estadística proporciona tiene que llevarnos a la acción inmediata.

Hace poco más de dos décadas la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció la urgente necesidad de adoptar una nueva visión sobre el envejecimiento mediante el establecimiento de políticas públicas que reconozcan al adulto mayor como un ser productivo que aporta al quehacer socioeconómico de su entorno.

En Puerto Rico para lograr una nueva política pública con relación a los adultos mayores, es necesario comprender esta realidad estadística, pero sobre todo social. Es necesario que el Departamento de la Familia tenga primero la voluntad de reconocer la crisis en los servicios y atención de los adultos mayores, proveerles los recursos para atender las emergencias y las violaciones a leyes que los protegen los, promover la eliminación de los estereotipos y discrimen en el mercado laboral y que los servicios de salud sean accesibles y de calidad. Sobre todo, es importante reconocer el envejecimiento de la sociedad, su vinculación con la pobreza, la desigualdad social y la emigración desde una compresión comunitaria de esta realidad. Solo así transformaremos y reconstruiremos una visión de sociedad en defensa de los adultos mayores.

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En Puerto Rico viven miles de familias en condiciones de pobreza y desigualdad social. El servicio de energía eléctrica es, por varias razones, una precariedad notable para esta población que tiene que lidiar, además, con la inestabilidad del sistema eléctrico y la incapacidad para costearlo —tras una ristra de aumentos— y que incluso, cuando por razones médicas, utilizan equipos eléctricos para paliar alguna enfermedad.

A ello sumamos las comunidades enteras que, debido a su ubicación geográfica y por ser áreas rurales, su nivel de vulnerabilidad fue mayor durante la recuperación energética después del huracán María.

En ambos escenarios la búsqueda de una alternativa de energía renovable es primordial pues hablamos de un servicio fundamental para mejorar las condiciones de vida. Pese a ello, los limitados, mal planificados y ejecutados programas del Departamento de la Vivienda (DV) para proveer energía renovable —anunciados con fuegos artificiales—no son un plan organizado de política pública, de acceso a la energía renovable. Tampoco son el inicio de proyectos de micro redes de carácter social y comunitario.

Esta realidad fue la que provocó el caos en la implementación del programa y la otorgación de turnos para sistemas solares. No se protegieron a las familias de adultos mayores, en particular los que viven solos. Tampoco fueron prioridad las familias con personas con condiciones graves en su hogar. El modelo para acceder a estos programas limitados dependía de la agilidad y la rapidez en el uso de dispositivos electrónicos o, en última instancia, en la movilidad y capacidad física para obtener un turno. Para colmo, el DV no puede garantizar que cumplió con la ley de turnos preferentes para adultos mayores y personas de diversidad funcional.

Otro programa del DV va dirigido a proveer energía renovable a 16 comunidades vulnerables, pero está por verse cuáles serán y ya el gobierno reconoció que no serán micro redes como proponemos desde el PIP. Estos programas no promueven la energía renovable en función de las realidades de las comunidades. Dependen del mercado y decenas de compañías para la ejecución del programa. Ojalá que para las familias que lograron acceder a este programa se cumpla la meta de lograr una energía renovable para satisfacer sus necesidades.

El modelo que debemos aspirar es uno planificado, organizado colectivamente, en función de las comunidades y sus realidades. Ese es el camino.

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