El gobierno anda haciendo fiesta con el subsidio que otorgarán a familias de bajos recursos para pagar la factura de la luz. Pocas reseñas periodísticas atan el regalo, a que estamos a 53 días de una primaria donde el gobernador Pierluisi se juega su vida política. Aducen que son fondos federales (asumiendo que la gente se echará para atrás diciendo “ah bueno” sin recordar que también los del norte tienen elecciones) y que es parte de un programa creado para ese propósito. Como valor añadido al fiestón mediático que han formado, tienen en Alberto Fradera, jefe de la dependencia del Departamento de la Familia que reparte ese “bacalao”, un gran comunicador, simpático para los periodistas. Así que, el huracán, positivo, perfecto para Pierluisi, después de un Mensaje de Estado acogido con incredulidad por parte de la población, está pasando esta semana por La Fortaleza. Ahora bien, ¿hasta cuando seguiremos con las políticas públicas de subsidios sin un plan para ir reduciéndolas y de esa manera tener un país menos dependiente de la ayuda del Gobierno?

No me tomen a mal. Creo que hay que ayudar a los pobres, trabajar diariamente como pueblo -no solo el Estado- para erradicar la pobreza y sacar del atolladero a miles de familias que viven en la desesperanza. Es trabajo del gobierno y de todos lograrlo. Sin embargo, ese trabajo nos ha tomado demasiado tiempo por dos razones fundamentales: porque invisibilizamos la pobreza en nuestras pequeñas burbujas sociales sin querer reconocerlo, y porque al “establishment” no le conviene tener un sector poblacional mayoritario que se valga por sí mismo, libre para cuestionar sus decisiones.

No podemos seguir viendo los subsidios como la norma y celebrar cuando llega uno nuevo porque, no solamente han agravado la situación fiscal de Puerto Rico, sino porque no saldremos de nuestro atolladero. Lo que necesitamos es un plan real para irlos reduciendo al máximo, reconociendo que siempre tendrán que existir para un sector. Pero queremos que ese grupo poblacional sea cada vez menor.

¿Cómo los reducimos? La respuesta es sencilla y compleja a la vez: desarrollando un plan económico de país sustentable. La parte difícil de esa respuesta es, ¿Cuál y quién lo hará?

Esa sí es una responsabilidad casi exclusiva del gobierno. Determinar la política económica de un país se hace desde el poder político. El “casi” de la aseveración anterior se refiere a que la otra parte de la responsabilidad es ciudadana al momento de escoger mediante el voto a quienes entendamos pueden elaborar y ejecutar a cabalidad un plan de esta índole.

Desde la eliminación en los ‘90 de la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal que permitía grandiosos créditos contributivos, no tenemos un rumbo económico claro. La sección 936, que tampoco suponía un plan económico de país, pero pretendía construir una zapata, permitió que numerosas fábricas extranjeras se establecieran aquí desde la mitad del siglo pasado, creando una actividad económica importante sobre todo en los sectores de la farmacéutica y la manufactura. A finales de la última década del siglo pasado, el gobierno decidió buscar su eliminación en el Congreso de los Estados Unidos como parte de su agenda ideológica y, aun sabiendo que su terminación tenía una fecha cierta durante los primeros cinco años del presente siglo, se hizo nada y aún estamos “loading” un plan económico.

Desde que le dijimos “bye” a las 936 en el 2005 y empezó el declive económico del que no hemos salido, he escuchado numerosos planes de desarrollo: turismo médico, equivalentes a la 936 (recuerdo la cacareada 30A), el cannabis, la industria aeroespacial, parques temáticos, lograr traslados de gigantes como Amazon, entre otras opciones. Nos hemos quedado con el turismo y el sector del servicio como nuestros grandes motores, cuando realmente no lo son.

Necesitamos un plan económico de futuro que provea una mejor educación, empleos (¡buenos empleos!) y un clima estable para reducir al máximo la dependencia en el estado. Seguir celebrando los subsidios es un fracaso y no nos damos cuenta. Como dice Fiel A La Vega en su canción, será entonces seguir arrastrando la adicción a la diversión, “dulce pa’ que el hombre se calle y se quede quieto haciendo digestión”.



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Suena fuerte, ¿verdad? El termino narcoestado ha sido utilizado en la historia al momento de hablar de países como Colombia, México, Haití, países africanos y otros tantos. La palabra no tiene una definición única, pero se utiliza para referirse a países con gobiernos débiles, fallidos, con sociedades violentas, comunidades con problemas sociales, funcionarios fácilmente corruptibles y cuyas economías son inyectadas por el dinero que proviene del trasiego de drogas. ¿Cumplimos con todos, algunos o ninguno de estos criterios?

La discusión pública, con poca fuerza en esta ocasión, sobre si somos o no, surge tras el asesinato de un policía el viernes pasado y la reacción que exhibió el estado posterior a los hechos.

En lo personal, me hice la pregunta con la que titulo este escrito tras entrevistar el lunes al Comisionado de la Policía, en medio de la búsqueda del hombre que fue arrestado ese mismo día en la noche y al que se le vincula con el suceso. En la entrevista que le hacía en nuestro programa radial mañanero “Primer Round” por Magic97.3FM le pregunté a Antonio López si la estrategia que estaban ejecutando en ese momento consistía en “calentarle los puntos” a los caseríos metropolitanos con un estado de sitio, para obligarlos a entregar al sujeto que era buscado. No esperaba que me reconociera la obvia estrategia. Pero sí, me dijo abiertamente y sin titubeo que allí (en los residenciales) no volverían a vender drogas hasta que no le entregaran al llamado “CDobleta”. Es decir, la máxima autoridad en el aparato de seguridad del estado anunciaba que la continuación del negocio de la droga dependía de una condición. Y así fue, arrestaron al sujeto y se reabrieron los puntos, con el permiso del gobierno.

No estoy criticándolo por hacer la expresión que hizo. Al contrario, habría que agradecerle su sinceridad para así abrir una necesaria discusión pública, honesta, que incluya temas como la legalización o estrategias alternas para que continúe por otro rumbo la derrotada guerra contra las drogas.

Entonces, vuelvo a preguntar, ¿somos un narcoestado? Mirándolo desde este evento y otros, sí.

¿Cuáles son estos otros eventos? Una economía informal mayormente proveniente de negocios ilegales que sostiene al país, funcionarios susceptibles a ser “comprados” como lo demostró el caso de Oscar Santamaría que fue sentenciado ayer, un trasiego de drogas legitimado por el gobierno que conoce cómo, cuándo y dónde ocurre, y una sociedad altamente violenta en la que, casi a diario, mueren personas vinculadas a ese mundo.

Abrir una conversación pública sincera es posible. ¿Quién hubiese dicho hace 15 años que la marihuana iba a ser legal en Puerto Rico? Y sí, digo legal, porque el tape de lo medicinal no se lo cree nadie. La marihuana la venden al lado de las farmacias y supermercados, con permiso del gobierno, con licencias expedidas por el gobierno que se obtienen más fácil que cualquier otro trámite ante cualquier otra oficina pública, y hasta seguridad de compañías privadas certificadas por el gobierno tienen en sus puertas. Hace 15 años esa escena era impensable y el tema solo se soñaba entre los estudiosos del tema o en los conciertos de Cultura Profética.

Sin embargo, sospecho que esa discusión no se dará por el momento. Casi todos los días matan gente y pocas veces se nota una ofensiva como la que vimos el pasado fin de semana. Pero aceptémoslo, somo un narcoestado al menos incipiente y mirar hacia el otro lado no es la opción.

Por lo pronto, CDobleta está preso por un delito que nada tiene que ver con la muerte del policía, aunque ya, me imagino, para el público es culpable. ¿La prueba? Ante el ojo público, por ahora, una canción. Así resolvemos los problemas y seguimos la cotidianidad en una burbuja que cada vez tiene más agujeros.



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Los casos de ahogamientos en nuestras playas por personas que desafían las condiciones peligrosas de ciertas zonas costeras han levantado todo un debate de qué hacer, como si hubiéramos descubierto ayer que somos islas. Peor aún, el debate plantea un gran choque de intereses entre la industria del turismo, el público y privado, y nuestro sistema de seguridad pública. En ese debate, todo el mundo se quiere desentender y seguir caminando como si nada estuviese pasando.

Por un lado, la empresa a la que el gobierno le delegó promovernos en el mundo entero como atracción turística, Discover Puerto Rico, resalta en varias de sus campañas nuestras playas como parte del paraíso que tienen que venir a experimentar. Pero una vez llegan, esos que los traen se echan a un lado y empieza el trabajo de otros componentes gubernamentales o privados. En el lado privado entran en juego la industria hotelera, los transportistas y los operadores de lugares turísticos en sus estrategias de cómo hacerle la vida más placentera al visitante. En ese proceso, y en lo que tiene que ver con las playas, esos actores de nuestro sector turístico tienen que hacer todo los posible para que el visitante no entre a zonas altamente peligrosas, muchas de las cuales ya son conocidas. Muchos de estos visitantes hacen caso omiso, van a las playas peligrosas y entonces ahí entra otro actor al escenario, los salvavidas, rescatistas y el aparato de seguridad pública del país.

¿Dónde podemos encontrar un balance de todos estos intereses para evitar más desgracias y que sigan llegando visitantes?

Creo que el gran esfuerzo tiene que venir del Gobierno como el principal protector del interés público. Sin embargo, con el esquema que tenemos ante nosotros, con gran parte de los componentes del problema siendo privados incluyendo la empresa que sustituyó la Compañía de Turismo, el gobierno tendrá que delegar recursos en estos y establecer políticas públicas que los obliguen a tener como prioridad la seguridad de la gente.

Debemos tener más seguridad en nuestras costas con salvavidas, tecnología que los apoye y equipos de rescate disponibles para responder con rapidez ante cualquier emergencia. ¿Quiénes pagan esto? Tiene que ser una combinación del estado y el sector privado, pues ambos se benefician del turismo. El gobierno con el impulso a la economía, pago de impuestos y otros beneficios, y el sector privado con ganancias en sus empresas.

Obviar este problema y esperar que aparezca una solución mágica es darle largas a un asunto que pudiera convertirse insostenible si pasa a ser uno de mala imagen internacional que lacere nuestros objetivos turísticos.

El problema se tiene que atender desde todos los frentes de manera urgente. A los turistas hay que orientarlos sin filtros, incluso desde antes que pisen tierra boricua, porque al final les salpica la mala publicidad a los hoteles y otras instalaciones donde se congregan. Descansar en campañas publicitarias que no son vistas por los extranjeros sería una pérdida de dinero y esfuerzo.

No podemos traer a la gente a nuestras islas y después decirle que no se pueden meter a la playa. Tenemos que traerlos, informar dónde se pueden meter y, sabiendo cuales son las zonas costeras más populares, proveer seguridad pública. Sí, pública. Porque es de interés público que no ocurran accidentes. Además, porque luego nos saldrá más caro el problema, con amplias movilizaciones de recursos de rescate y reparación en el daño a nuestra imagen. ¿Qué usted cree?



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Disculpen si este escrito baja de la nube a muchos que aun sueñan con un proceso electoral próximo en el que triunfarán los buenos candidatos, las buenas ideas, las nuevas caras, las alternativas al “establishment”, los menos corruptos o los más simpáticos. Eso no es así. En las elecciones próximas, tal y como ha sido en los procesos de votación en Puerto Rico y el mundo, gana el “get out the vote” (GOTV). ¿Qué es eso? Es la estrategia que implementan los partidos u organizaciones con interés en los procesos democráticos de votación para llevar a la gente a votar. Esas estrategias son tan mundanas como alquilar guaguas para transportar electores, sacarlos de las casas, ofrecerles almuerzo, identificar los sectores donde hay ciudadanos con problemas de movilidad y otras movidas frívolas que solo requiere de una dirigencia política sagaz.

Hago este preámbulo para observar que el pasado sábado, el primer fogueo electoral entre rojos y azules, la elección interna del capítulo local del Partido Demócrata, lo ganó el Partido Nuevo Progresista (PNP) precisamente por haber llevado la gente a votar. El Partido Popular Democrático perdió porque al parecer, su liderato, ignora las implicaciones de una ejecución “by the book” del GOTV. El PNP parece tener aceitado desde hace mucho tiempo ese componente fundamental de su maquinaria electoral, mientras el PPD parece haber perdido la brújula en ese aspecto desde hace dos cuatrienios, al menos. Y si no corrigen, les ocurrirá en noviembre.

Muestra de que pudieran haber perdido la brújula fueron las declaraciones ayer de varios lideres rojos. Por un lado, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá planteó que, si el PPD iba a competir, tenía que entrar de lleno, para ganar. Dijo además que desconocía a qué nivel en esa colectividad se había tomado la decisión de participar en el proceso del que resultó electo Luis Dávila Pernas como líder demócrata local. Esa aseveración se agravó cuando el propio secretario general de la pava, Gerardo Antonio “Toñito” Cruz admitió que tampoco sabía quién decidió en el PPD participar de ese proceso. Si el secretario general de un partido no conoce cómo, cuándo, quién ni dónde se toma una decisión de esa magnitud, con las implicaciones públicas que ello tiene, pues la cosa luce peor para los simpatizantes de esa colectividad. A esas declaraciones podemos añadirle las de varios alcaldes frustrados y la del propio perdedor del proceso, Luis Javier Hernández, diciéndole por lo bajo a sus allegados -más allá de su pronunciamiento público- que lo dejaron solo después que lo fueron a buscar para que se tirara a esa contienda.

Desearíamos todos una sociedad en la que prevalezcan en los procesos electorales las mejores ideas y los mejores candidatos que las representen para adelantar nuestros objetivos colectivos. Aunque puede haber un porciento de los votos que se muevan por ello, otro gran sector, quizás la parte más grande del bizcocho electoral llega a las urnas porque lo llevan o atraídos por intereses personales ya que los aspirantes a los que beneficiará con su voto supondrán una mejoría en vida material, con mayores ingresos o empleos para los suyos.

¿Qué usted cree?



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Este es un escrito que tengo pendiente desde hace tiempo y lo había dejado en el tintero para que no se lo adjudicaran a un club o escuela donde han estado o están mis hijos resultando contraproducente para ellos. Pero, el viernes pasado ocurrió algo que me lleva a soltar el teclado sobre este tema y plantearlo porque vi la frustración de mi hijo, que está en las postrimerías de su vida escolar y a punto de comenzar su etapa universitaria. Claro, esa frustración estaba alimentada por la melancolía del momento de vida en el que está, pero no deja de ser un tema importante del que surge el llamado que haré más adelante.

Ustedes me ven y escuchan a diario entrevistando a políticos, hablando de gobierno, fiscalizando y poniendo sobre la mesa de mis plataformas los asuntos de interés social. Pero quizás no saben que, como papá, he vivido durante la última década, más o menos, de cancha en cancha, durante los fines de semana, en la semana por las noches, participando de las prácticas, juegos y torneos de mis hijos en el baloncesto con Rafael Antonio y ahora en el voleibol con Lena Priscilla. Priscilla, mi esposa, y yo hemos vivido entregados al deporte escolar, infantil y juvenil, muy orgullosamente porque entendemos lo valioso e importante que ello es para la vida de ellos ante el interés que siempre han demostrado en esas disciplinas. En Puerto Rico, como nosotros, somos miles de padres y familiares los que vivimos en ese hermoso “trajín” semanalmente que resulta en un bálsamo -a veces agotador, no lo niego- en medio de nuestras responsabilidades regulares de trabajo. Ese mundo es, para mi decepción, un escenario que el país desconoce y muchas veces no reconoce como importante para nuestra vida colectiva.

En mi caso, no he sido un atleta nunca, pero vengo de una familia donde el deporte era casi parte de nuestras vidas. Mi abuelo Lenín López era maestro de educación física, árbitro de beisbol y boxeo, y fundó en Guayanilla el primer maratón femenino internacional. Mi papá fue maestro de educación física y jugó a nivel profesional baloncesto y voleibol. Y mi hermana, Sayra López, jugó voleibol superior con las Leonas y las Indias en la década de los ‘90. Mis maestros de educación física en Caribbean School de Ponce o en el Colegio Inmaculada Concepción de Guayanilla, Raúl Hernández, nunca pudieron sacar ese atleta en mí. Raúl se dio por vencido y pues, me puso como voz comercial de las transmisiones de radio de los Guayacanes de Guayanilla a los 13 años cuando ya mostraba interés por los medios de comunicación.

Hago todo este preámbulo para contextualizar mi planteamiento, no como deportista, sino como fiel creyente de que el deporte en la sociedad es uno de los elementos vitales para atacar nuestros problemas cotidianos.

He notado que en tiempos recientes se han perdido algunos valores importantes en el deporte infantil y juvenil, en el deporte escolar y a nivel de los clubes privados. No tiene que ver con el desarrollo atlético necesariamente sino en otros aspectos que son intrínsecos al deporte, es decir en la formación del ser humano como individuo de bien en la sociedad.

No logro descifrar el “turning point” y odio adjudicar estas cosas a los cambios en las mentalidades generacionales. Creo que echarle la culpa de los problemas a que “esta generación es así” es una explicación simplona para reaccionar a muchas de las conductas sociales que observamos. Prefiero pensar en que el problema está en la educación escolar y en el hogar, pues los niños nacen siendo pizarras en blanco que nosotros los adultos vamos moldeando.

La disciplina y la ética es crucial en el deporte. Las tardanzas y ausencias sin justificación, la dejadez y conducta antideportiva, de los atletas y sus allegados, es algo que vemos cada vez más. El problema, en muchas ocasiones provocados por los padres o tutores, se agrava cuando esas faltas -que afectan a un grupo en el caso de los deportes colectivos- no tienen consecuencia sobre el atleta tanto en el deporte como en el expediente académico en el caso del deporte escolar. Y eso ocurre porque algunos padres, familiares o tutores, algunas organizaciones, algunos clubes y algunas administraciones escolares no lo toman en serio. Lo ven, algunos, desgraciadamente, como parte de un entretenimiento, cuido para los niños o terriblemente como un negocio.

El viernes pasado al equipo de mi hijo se le confiscó un juego en un torneo escolar por una supuesta violación al reglamento que impedía la participación de jugadores de unas edades. La confiscación ocurrió post juego, luego que el equipo de mi hijo ganara, tras haber acordado que se permitiría tal composición del equipo y habiendo el otro equipo cometido la misma violación. ¿Pero saben por qué lo hicieron? Porque el equipo perdedor era el equipo de la escuela anfitriona cuya derrota implicaba su eliminación y por ende que esos seniors tendrían una vergonzosa culminación en su último torneo local. El “prestigioso” colegio sanjuanero, que tiene monjas y todo, optó por la trampa y no por la honestidad, para que su equipo siguiera presentándose ante sus colegas.

En medio de todo esto existe en el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) un reglamento que regula el deporte de los menores de edad. ¿Lo sabía? Pues sí. Quizás no lo sabe porque como tantas cosas en Puerto Rico, donde se legisla sin comprender la capacidad del Estado para ejecutar la ley, el DRD no tiene personal para hacerlo cumplir. Allí se regulan todas estas cosas y más, mientras hay un sector que entiende que el mismo es contraproducente para el desarrollo de nuevos atletas.

Lo que no se dan cuenta los empleados de las monjas católicas o aquellos padres, maestros o clubes que incurren en esto, o no imparten consecuencia a estas fallas, es que derrotan doblemente el objetivo del deporte infantil y juvenil, que es, no solamente desarrollar atletas, sino formar buenos ciudadanos, disciplinados, éticos y con buenos valores.

Hago un llamado a que todos los implicados reflexionemos y corrijamos las fallas. Necesitamos una mejor sociedad, mejores ciudadanos, mejores futuras generaciones, y el deporte es instrumental. Pero el deporte bien llevado, bien hecho, en todas sus dimensiones. Como es.



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Esta semana, en el tribunal federal de San Juan, comenzó el proceso final de evaluación del Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica ante la jueza Laura Taylor Swain. De estas vistas judiciales públicas debe surgir cuánto se les pagará a los bonistas de lo que en algún momento le prestaron a la corporación pública y a su vez qué impacto tendrá eso en la factura que pagamos todos, así como en las pensiones de los jubilados.

Se trata de un proceso crucial en nuestro desarrollo económico futuro. ¿Por qué? Porque un aumento sustancial en la factura de la luz, tanto para individuos como negocios, supondrá un empobrecimiento de Puerto Rico. La gente tendrá menos dinero en sus bolsillos, provocará nuevamente un aumento en la emigración, disparará aún más la economía informal y muchos negocios cerrarán o se irán de la isla en el caso de las empresas multinacionales.

Como país tenemos que estar atentos a la resolución de este caso que, concluidos los 12 días de vistas judiciales, podría surgir en un par de meses, previo a las elecciones generales.

Mientras ese proceso crucial está ocurriendo, esta semana la Legislatura aprobó una medida para que LUMA conceda un crédito de $300 a las personas que demuestren que se les daño alguno de sus enseres eléctricos en el hogar a raíz de apagones o fluctuaciones en la energía eléctrica.

Suena simpatiquísimo. Pero cuidado, podría ser una medida totalmente electorera que no resuelve y que en su día será revocada. ¿Por qué? Porque se aprueba a menos de tres meses de las primarias a las que van muchos legisladores y a ocho meses de las elecciones generales a los que van otros. Dar dinero a la gente se convertirá en un proceso burdo politiquero de cara a la cita de la gente en las urnas.

Además, esta medida se aprueba sin un aparente estudio económico de impacto fiscal minucioso.

El crédito contributivo concedido por la Legislatura tendrá un impacto sobre la expectativa de recaudo de LUMA, lo cual altera el acuerdo entre el Gobierno de Puerto Rico y esa empresa privada. Es de esperarse que LUMA vaya a quejarse ante el Gobierno por esta medida o la Junta de Control Fiscal (el gobierno de facto) que muy seguramente revocará el proyecto -como le permite hacer la ley federal PROMESA- o al menos levantará bandera sobre la misma.

Para nada me interesa defender a LUMA. A mí se me va la luz mucho más que antes y los enseres “sufren” por eso. Pero no se puede aplaudir como focas todos los proyectos que suenen simpáticos y populistas cuando no son reales a la luz de nuestro panorama fiscal.

Peor aún, no es descabellado pensar que, si se materializara este crédito, terminarán cobrándonos esos $300 por otro lado y se convertirá todo en una pantalla politiquera. Asumir esto no es en el vacío. ¿Sabía usted que el gobierno ha estado en circunstancias en las que tiene que compensarle a empresas privadas con las que hace negocios que al terminar el año no completan la ganancia que se les prometió? Eso ha pasado, no se si pasa aun, con el Autoexpreso en el caso de las multas que nunca pueden cobrar o con el Distrito de Convenciones cuando no tienen suficientes eventos al año.

Así que, ojo. Separemos lo politiquero de lo importante. En las próximas semanas vendrán más de estas cositas.



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Esta semana ha conmocionado a muchos el caso de la maestra que fue acusada de agredir sexualmente a un quinceañero estudiante suyo en la escuela sanjuanera en la que trabajaba.

La mujer de 34 años fue procesada criminalmente de agresión sexual y según ha trascendido la mujer educaba en la materia de inglés en la escuela en la que estudiaba el joven que tiene hoy 17 años. Al parecer estos casos han ocurrido más de lo que se cree.

Las agresiones sexuales contra los menores son abominables. Pero igual de asqueante es ver como sectores sociales y personas que se llaman a sí mismos progresistas o liberales aun tienen el machismo muy incrustado en su piel al momento de comentar este tipo de caso. Cuando se trata de un caso de una mujer mayor contra un varón menor, suelen tomarse a chiste y se legitima la actitud de nuestras pasadas generaciones que veían en hechos como estos “experiencias” para que “el nene se convierta en un machito”.

La agresión sexual es la agresión sexual, no importa el género. El abuso de menores es abuso de menores, no importa el género. De hecho, explicaba la fiscal Laura Hernández, fiscal a cargo de las unidades especializadas en el Departamento de Justicia, que un debate colateral llegó hace un tiempo al Tribunal Supremo cuando se alegó, en un hecho similar, que no se había configurado el delito de la agresión pues el rol activo, es decir el de penetración, lo asumía el menor que era un varón. El máximo foro judicial determinó, nos contaba la fiscal Hernández, que el rol de uno versus el del otro no importaba y que la agresión se configuraba de parte de la mujer mayor de edad sobre quien era menor de edad, el varón, o mejor dicho, a quien el estado no le había conferido capacidad legal para consentir una relación sexual.

Es importante que como sociedad asimilemos y descartemos todas las expresiones que hacemos con connotaciones machistas, consciente o inconscientemente, ya sea en la intimidad o en público, para ir borrando de nuestras entrañas individuales y colectivas todo vestigio de ese mal social que tanto daño nos ha causado.

No es suficiente con indignarnos cuando matan una mujer y hacer grandes manifestaciones públicas como la que ocurrirá el 8 de marzo, día internacional de la mujer. Es importante erradicar el machismo desde las manifestaciones más pequeñas y que pudieran lucir insignificantes. Un poco como la teoría del “broken window” que utilizan muchas jurisdicciones para erradicar la violencia callejera. Solo así, protestando o levantando bandera cuando escuchemos expresiones o veamos manifestaciones machistas, por más pequeñas que luzcan, aun en la intimidad del hogar o en un supermercado, lograremos evitar a largo plazo los eventos más peligrosos y detestables.

Los chistecitos del caso de la maestra o comentarios cínicos son parte del círculo vicioso que termina en eventos fatales en 15 o 20 años. Erradiquemos el machismo a todos los niveles.



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Una masacre por narcotráfico en el negocio de un político convicto por corrupción que por su cooperación ha podido tener una vida igual o “mejor” de la que tenía como alcalde. ¡Qué clase de escena! Si no fuera un evento real reciente, muy bien pudiera ser una de las exhibiciones del artista plástico puertorriqueño Pepón Osorio de las que hemos visto en el Museo de Arte de Puerto Rico.

En este evento de antenoche en el negocio vinculado al ex alcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, “La casita del árbol”, en el barrio Campanilla de Toa Baja, murieron cinco personas y hasta anoche tres permanecían heridas de cuidado, siendo una de estas el hermano del expolítico. La policía confirmo ayer en nuestro programa “Primera Pregunta” que Delgado es ‘persona de interés’ (el eufemismo oficialista que hemos adoptado malamente en los medios en vez de llamarlos ‘sospechosos’) en el caso, y que la balacera ocurrió por el trasiego de drogas o venganza por muertes asociadas a ese negocio ilegal. La policía reconoce que cercano al negocio operan varios puntos de droga que pudieran ser parte de la disputa.

Como ven, tenemos en esta escena un resumen de dos de nuestros problemas sociales más profundos: la corrupción y el narcotráfico a gran escala. Pero detrás de esos problemas, otro grande que no combate la situación de fondo: la impunidad.

¿Qué mensaje envía esta escena a quienes están más susceptibles de entrar al mundo de la ilegalidad? Por un lado, 24 horas después de la masacre, a pesar de haber sido un evento ante mucha gente y con víctimas de la balacera aun vivas que pudieran ser interrogados, nadie había sido arrestado al momento que escribo esta columna. Por el otro lado, vemos un político que aceptó haber sido corrupto y por el hecho de que luego se dedicó a “chotear” a sus panas (cosa que el narcotráfico se paga caro by the way), anda de fiesta en fiesta, exhibiendo la opulencia que aún conserva, moviéndose entre negocios con el tumbao al estilo “padrino”, viendo a sus exsocios ser sentenciados a prisión y gozándose la vida en el Caribe.

Los abogados defensores, jueces y fiscales dirán que así es el sistema y que los cooperadores tienen que ser premiados pues le facilitan al gobierno capturar otros criminales. Eso es cierto. ¿Pero qué hay del mensaje que se envía a la sociedad? ¿No es contradictorio imponer sentencias que sean ejemplificantes y que envíen mensajes al público si a otros corruptos se les otorga el premio gordo de la lotería?

Este tipo de trato con los cooperadores no es nuevo. Lo he visto con decenas de individuos, pero ninguno había sido tan burdo en su exhibicionismo como El Cano Delgado. Ese exhibicionismo denota indiferencia y menosprecio con la sociedad. Haber estado antenoche en medio de la masacre en la que su hermano resultó herido, sin adjudicar asociación alguna con los matones o demás víctimas, complica la cosa.

Tomemos esta escena del barrio Campanillas como una referencia para evaluar los problemas más graves que tenemos y encontrar sus soluciones, en la comunidad y en el sistema.

¿Qué creen?

La pregunta es, ¿cuánto nos costarán y quién pagará por ellos?

Los errores se subsanan de distintas formas, con dinero en el ámbito judicial, con remedios diversos en otros escenarios y si se trata de un error peligroso, puede costar la vida.

Hablemos del error que a todas luces cometió la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en el caso de Eliezer Molina, quien fuera descertificado esta semana para correr por un escaño senatorial por acumulación de manera independiente. Ambas partes, entiéndase CEE y Molina, han dado versiones confusas y contradictorias en el desarrollo de esta controversia. Pero independientemente de ello, lo cierto es que a Molina la CEE le permitió recoger endosos, proceso que solo se activa si la CEE autoriza, habiéndose cumplido con la entrega de documentos o al menos evidencia de que los mismos estaban tramitados al 2 de enero pasado.

Evidentemente alguien en la oficina del secretario de la CEE cometió un error. Le permitieron recoger endosos sin aparentemente cumplir con los primeros requisitos. Pero ya sea deliberado o involuntario, ese error no debe repercutir en contra del ciudadano sino de la parte con el poder casi absoluto aquí, el Estado. Creo que eventualmente, ya sea por una resolución judicial o reconsideración de la CEE, a Eliezer Molina se le debe permitir correr pues ya hizo el ejercicio de mostrar simpatía hacia su candidatura de un grupo de electores en un proceso legitimado por el gobierno. A nivel gerencial, la CEE remediar el error con las acciones que entienda a nivel de personal o procesal.

En el caso de la demanda en contra del Movimiento de Victoria Ciudadana (MVC) y Proyecto Dignidad (PD) el escenario pudiera ser distinto. Aquí se plantea que ambos partidos cometieron un error procesal al no someter al recogido de endosos a los candidatos que no fueron certificados como “únicos” al 2 de enero, es decir que tienen otro u otros contendores para la misma plaza electiva. Y es que el MVC y PD no ejecutaron su método alterno a la primaria antes del 2 de enero como hizo el PIP que hoy no enfrenta tal cuestionamiento. Al haber pautado su proceso alterno posterior a la fecha fatal de radicación de candidaturas, entienden desde los partidos de mayoría, que esos candidatos con contendores en un mismo puesto tenían que cumplir con los procesos que aplican a los demás, que van a las primarias del 2 de junio. Este caso no luce tan claro como el de Eliezer Molina y parecen haber varias interpretaciones de lo que dice la Ley Electoral y el reglamento que la rige.

En este caso creo que, si eventualmente el poder judicial les adjudica la razón a los demandantes, por tratarse de uno procesal de los aspirantes demandados, el error podría tener que pagarlo esos ciudadanos con sus candidaturas, es decir quedando fuera de la contienda. Sin embargo, ello es remediable con procesos políticos internos de los partidos en cuestión. Es decir, la ley permite que, si un candidato ya certificado retira su aspiración, el partido puede llenar esa vacante. En este caso, los candidatos “de agua” pudieran ser sustituidos en muchos casos por los que oficialmente respalda la Alianza ante el electorado. Por ejemplo, entrando Ana Irma Rivera Lassen bajo la insignia del PIP en sustitución del médico de Aguas Buenas que figurará en la papeleta sin intención alguna de ocupar el cargo. La Alianza no se trastocaría en otras áreas y tendrían los candidatos que quieren. La pregunta es, ¿lo harían?

Los errores ante nosotros son peligrosos, atentan contra nuestros procesos democráticos y laceran la confianza en nuestros procesos electorales. Es cuestión de días o semanas ver como se atienden los errores ante nosotros. ¿Qué usted cree?

Hoy al mediodía vence el período para que los aspirantes a puestos electivos, ya sea para las primarias del 2 de junio o las elecciones generales de noviembre, presenten la mitad de los endosos que requiere la ley para continuar en el proceso ante la Comisión Estatal de Elecciones. Algunos seguirán su carrera electoral, otros se quedarán sin gasolina y esta tarde tendrán que despedirse de sus intenciones políticas.

Desde pequeños nos han dicho que para aspirar a un puesto político en Puerto Rico nuestra Constitución solo hace exigencias mínimas, leer y escribir español o inglés, ser residente de la isla dos años antes de la elección, ciudadano estadounidense y un requisito de edad especifico dependiendo el cargo.

Pero como ocurre con todas las disposiciones constitucionales, las leyes y reglamentos que se han aprobado luego establecen requisitos adicionales que se supone no choquen con la ley suprema. En el caso de las candidaturas a puestos electivos, esos requisitos legales y reglamentarios son hoy motivo de discusión.

Algunos dicen que el proceso es oneroso para muchos aspirantes e imposibles para otros, lo que ha provocado que se cuestione si el mismo debe reformarse para que esté más accesible al de a pie y sea más consistente con las pretensiones de los padres de la Constitución. Otros plantean que aspirar a un puesto electivo no debe ser absolutamente abierto, sin requisitos razonables, pues la democracia cuesta dinero en lo que tiene que ver con la organización de un evento electoral.

Creo que ambas partes pueden tener algo de razón y no estaría demás revisitar el tema a la luz del surgimiento, cada vez más, de candidaturas no vinculadas a los partidos políticos, sean los tradicionales o los emergentes. Opino que cual sea el resultado de ese análisis, aspirar a un puesto electivo no debe ser un boleto gratis. Un aspirante debe mostrar cierto apoyo a sus ideas y causas de forma tal que el Estado, a través de la Comisión Estatal de Elecciones, esté hábil para activar un proceso a su favor, postulándolo ante el pueblo en una elección general.

Entiendo además que poco se ha orientado sobre los endosos. ¿Qué significa endosar a un aspirante? ¿puedo endosar a más de uno? Todas esas preguntas mucha gente se las hace aún.

Endosar a un aspirante no significa que votarás por él o ella, significa que respaldas su intención de insertarse en una carrera electoral. Y sí, puedes endosar a más de un aspirante siempre a tono con lo que puedes hacer en las urnas el día de las elecciones.

Los procesos político-electorales en manos del gobierno deben ser lo más abiertos y accesibles posible, pero razonables.

Hoy al mediodía se quedarán muchos sin gasolina y tendrán que despedirse de su carrera política. Quizás gente que valía la pena. Otros que no y entrarán fácil al proceso. Lo hemos dicho antes, muchos de estos filtros, incluyendo el primero que surge internamente en los partidos, son imperfectos. En lo que atendemos cualquier disloque, si se atiende, queda del elector ser responsable cuando le toque votar.