El fiscal federal del Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, y el agente especial a cargo de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en San Juan, Joseph González, confirmaron este lunes que la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Silvia Carreño Coll, sentenció dos individuos que participación en una conspiración de fraude bancario que resultó en el robo de $526,797 dólares.
Carmelo Santiago-Santiago fue sentenciado a 33 meses de prisión y cinco años de libertad supervisada. Efraín Delgado-Rodríguez recibió una sentencia de 30 meses de prisión y cinco años de libertad supervisada. Ambos fueron ordenados a pagar una restitución de $526,797 dólares. Santiago-Santiago se declaró culpable el 30 de noviembre de 2023, y Delgado-Rodríguez se declaró culpable el 1 de diciembre de 2023.
Según documentos judiciales, desde mayo de 2017 hasta octubre de 2019, Carmelo Santiago-Santiago y Efraín Delgado-Rodríguez conspiraron para ejecutar un esquema de fraude bancario con el fin de obtener dinero de la Compañía A, una empresa de seguros ubicada en San Juan, Puerto Rico.
Carmelo Santiago-Santiago trabajaba en la Compañía A desde 2016 como contador, supervisando la conciliación de cuentas y el cierre de asientos contables. Debido a su posición, tenía acceso a la información contable de la Compañía A, incluidos cheques pendientes y proveedores no pagados. Efraín Delgado-Rodríguez era el presidente de Fast Contractors LLC, una empresa de construcción en Puerto Rico.
Los acusados utilizaron la posición de Santiago-Santiago en la Compañía A para crear cheques falsos y fraudulentos usando los números de cheques pendientes y cheques anulados originalmente emitidos a proveedores legítimos de la Compañía A. Para desviar ilegalmente los fondos a sí mismos, los acusados cambiaron el nombre de los beneficiarios y hicieron cheques fraudulentos a nombre de Delgado-Rodríguez y Fast Contractors LLC utilizando la información de la cuenta bancaria de la Compañía A. Una vez que los cheques falsos fueron depositados, los fondos se transferían y compartían con Santiago-Santiago. Los cheques fraudulentos se crearon y negociaron sin el conocimiento o consentimiento de la Compañía A. La conspiración y el esquema de fraude de los acusados resultaron en pérdidas reales de aproximadamente 526,767 dólares.
El caso fue investigado por el FBI. La fiscal federal adjunta Marie Christine Amy estuvo a cargo de la acusación.