Empezaba en el periodismo en la zona metropolitana, luego de mis comienzos en Ponce, cubriendo el segundo cuatrienio de Pedro Rosselló en La Fortaleza. Había ganado por una ventaja abrumadora gracias a su promesa de socializar la salud en Puerto Rico con la llamada tarjetita. Comenzó a privatizar los hospitales vendiendo o cerrando los Centros de Diagnósticos y Tratamientos (CDT’s) que había en los municipios y dejar en manos privadas los servicios de salud a los pobres, de la misma forma en la que los recibían los que gozaban de planes privados. Esa era la filosofía de corte izquierdista pero implementada por un gobernador de derecha.
El problema de aquel plan era su financiamiento. La administración Rosselló apostaba a que Washington lo apoyara con dinero federal. Sin embargo, el entonces presidente demócrata Bill Clinton perdió el control del Congreso en las elecciones del 1996 y todo cambió. ¿Qué pasó? Había que buscar el financiamiento estatal a un plan que ya había comenzado y que parecía no tener vuelta atrás. La Fortaleza miró a los municipios como fuente primaria de financiamiento. Se les requirió que aportaran a la tarjetita de salud. Rosselló tenía tanto poder político entonces que nadie se atrevía gritar. Solo uno parecía gritar más duro: el entonces poderoso alcalde de Guaynabo y presidente de la Federación de Municipios, que reúne a los ejecutivos municipales azules, Hector O’Neill. El entonces sucesor del cacique municipal Alejandro “Junior” Cruz, decía que ese plan iba a quebrar a los municipios, particularmente a los más pequeños, que muchos tendrían que cerrar y que ello anticipaba el principio de una larga agonía para los alcaldes. Nada más lejos de la verdad. Rosselló se retiró en el 2000 y desde entonces todos los gobernadores han buscado ponerles parchos fiscales a los municipios para darles oxígeno temporero de cuatrienio en cuatrienio.
¿Por qué traigo toda esta historia? Porque en estos momentos, como si se tratara de un eterno déja vu,
estamos discutiendo cómo los municipios van a sobrevivir sin el “fondo de equiparación” que quedó eliminado con el año fiscal que recién concluyó. Se trataba de un fondo de subvención fiscal a los municipios, mediante unas fórmulas, pero que la Junta de Control Fiscal federal eliminó. La junta lo venía advirtiendo desde el 2017 bajo el entendimiento de que los municipios tienen que subsistir con los fondos que generan de la recolección de impuestos y no mantenidos por el gobierno estatal. El razonamiento de la Junta tendría mucha coherencia en un escenario ideal, en un país desarrollado, pero no en una economía en desarrollo en la que los municipios se han convertido en patronos importantes en los pueblos. Despidos masivos y una suspensión abrupta en los servicios básicos a la ciudadanía, provocarían un disloque económico que agravaría por mucho nuestra situación general. Lo ideal sería reducir al máximo la cantidad de gobiernos municipales para eliminar una carga fiscal enorme. Pero de nuevo, eso podría ocurrir en un ambiente económico saludable en el que cientos de despedidos tengan opciones, sin que tengan que coger un avión.
Durante los pasados años se han propuesto otros parchos o se han combatido leyes, como el impuesto al inventario, que impactaría las finanzas municipales.
La crisis fiscal que se avecina para los municipios con consecuencias terribles es la historia que se repite en Puerto Rico en muchos otros temas.
Por ejemplo, en los ‘90 se eliminó la sección 936 que generaba miles de empleos en las farmacéuticas, teníamos un periodo de transición de 10 años, pero no se articuló y ejecutó un plan económico sustituto. Luchamos por la salida de la Marina de Vieques y aun no sabemos qué hacer con los terrenos de la antigua base naval de Ceiba. Se hizo un mega puerto en Ponce que es un gran enorme elefante blanco que se quedó atrás ante construcciones mas grandes en el Caribe. Y así podemos enumerar muchos otros asuntos que hemos pospuesto hasta que nos ahogamos en el problema.
El escenario fatal que pudiéramos ver en muchos pueblos en tiempos venideros lo anticipó Héctor O’Neill hace casi 28 años. Peor aún, hace 33 años el entonces gobernador Rafael Hernandez Colon firmó la Ley de Municipios Autónomos para que los gobiernos locales fueran alcanzando su independencia fiscal. Al día de hoy, los municipios más “autónomos” están lejos del máximo nivel de autonomía que permite esa ley. Si nuestros gobernantes no se ponen las pilas para actuar rápido sobre nuestros problemas con soluciones a largo plazo, seguiremos ahogándonos hasta caer en la peor de las miserias. ¿Qué usted cree?