Desde comienzos del cuatrienio pasado advertimos sobre el proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), señalándolo como un grave error de política pública. Aún con la quiebra deliberada y la intromisión partidista, el bipartidismo entregó un bien público que ejercía y protegía el derecho humano a la energía.
La AEE padeció por décadas los embates de un bipartidismo mediocre e incapaz de implementar una buena y sana administración, obviando los reclamos históricos de los trabajadores y sindicatos, quienes advirtieron primero que nadie la estrategia de rojos y azules de abandonar nuestro sistema eléctrico para justificar luego su privatización.
Ese proceso de privatización tuvo múltiples errores, como una legislación que no protegía a los consumidores y un proceso de alianzas público privadas claramente dirigido a favorecer el engendro corporativo creado y llamado LUMA y, posteriormente, la irresponsable redacción y aprobación del contrato con ausencia de garantías reales para proteger el bien público.
Por la borda se fueron miles de empleados de la AEE, perdiéndose un peritaje, un conocimiento histórico, y de paso, el intento para destruir a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER).
Llegamos entonces a los suplicios de LUMA, su incompetencia, arrogancia, desconexión con la realidad puertorriqueña y de que todo “está bien”.
Mientras exigen más dinero y más privilegios, mantienen al país a oscuras, afectan a las industrias, empresas, pequeños y medianos comerciantes, que pierden equipos, materiales y sus costos aumentan vertiginosamente.
Poblaciones vulnerables, como enfermos, adultos mayores y familias enteras sufren esta crisis energética, que genera la indignación nacional. Indignación porque la máquina de oxígeno de tu familiar está apagada, porque no llegas a fin de mes y, para colmo, perdiste todo lo de la nevera; es vivir con el corazón apretado. LUMA viola el contrato, no cumple con las métricas, ni con la ley, y el gobierno se presta para encubrirlos. Por todo esto es que la frase “cancelemos el contrato”, no es una mera frase ni la decimos en el vacío.
No obstante, lo anterior es también oportunidad para acabar con esta privatización, con este contrato leonino, con la complicidad gubernamental. Es tiempo de nuevas formas, del derecho a la energía, de la renovable, de la sensatez y sensibilidad gubernamental. Es tiempo para la esperanza.