La Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), junto a su Local Sindical y sus representantes legales, radicaron una demanda contra el Departamento de Educación (DE) en el Tribunal de San Juan. La acción busca que la agencia cumpla con el pago de beneficios adeudados a miles de maestros que participaron en el programa de carrera magisterial desde el 2014 hasta el 2022.
La carrera magisterial, una ley establecida en 1999, otorga a los maestros beneficios económicos tras completar niveles de formación y experiencia profesional. Sin embargo, Bonilla denunció que el Departamento de Educación ha incumplido con los pagos estipulados.
“Después de una reunión con el equipo de la Secretaría, nos acaban de informar que no se ha cumplido con las revisiones de los casos de carrera magisterial de 2014 a 2015″, dijo Bonilla.
El presidente de la AMPR también recordó que la Asociación ha estado gestionando este asunto desde hace cuatro años, elevando la petición al gobernador y manteniendo conversaciones con los secretarios de Educación que han ocupado el cargo en ese periodo.
“Sabemos que el gobernador activó la ley de carrera magisterial después de meses de reuniones con la Secretaría de Educación y su personal. Sin embargo, nos indicaron que el proceso de revisión no se ha completado”, explicó Bonilla.
Ante la falta de progreso en las gestiones, la AMPR denunció la situación en la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, donde el Departamento de Educación se comprometió a cumplir con los procedimientos de pago. A pesar de estas promesas, los pagos no se han realizado, lo que llevó a la Asociación a recurrir a los tribunales.
“Agotamos todos los recursos necesarios y, ante la falta de cumplimiento, decidimos entablar esta demanda para exigir que se realicen los pagos adeudados a los compañeros maestros del 2014 al 2022″, añadió Bonilla.
Por su parte, El secretario de la Local Sindical de la Asociación de Maestros, Ángel Javier Pérez, señaló que, a pesar de las gestiones realizadas por la Asociación de Maestros desde 2014, el Departamento de Educación aún no ha comenzado las revisiones salariales correspondientes a los años 2014 y 2015.
“Es inaceptable y hasta recriminable que el Departamento no solo haya incumplido con sus deberes para tramitar los procesos, sino que además no le habló con la verdad a la legislatura ni a los maestros”, expresó.
Según Pérez, el departamento había asegurado públicamente que las revisiones y los pagos se estaban realizando. Sin embargo, en una reunión reciente, los funcionarios admitieron que no han cumplido con las revisiones salariales de los maestros afectados. Ante esta situación, la Asociación de Maestros, junto a su equipo legal, evalúa posibles acciones legales contra el Departamento de Educación.
La Asociación también informó que el Departamento de Educación presentó un plan de acción que incluye la creación de un equipo especial para procesar todos los casos pendientes de carrera magisterial. Sin embargo, Pérez expresó sus dudas sobre el cumplimiento de este plan, dado el historial de incumplimientos de la agencia.
“Exigimos justicia para el magisterio puertorriqueño y continuaremos haciendo todas las gestiones necesarias hasta que se les pague a todos los docentes”, afirmó Pérez. Además, destacó que aquellos maestros que se encuentran en esta situación deben comunicarse con la oficina de la Asociación de Maestros para recibir orientación sobre los pasos a seguir.
Actualmente, se estima que el monto adeudado a los docentes podría ascender a 30 millones de dólares, y la cifra podría ser aún mayor, ya que aseguran que el Departamento de Educación no ha realizado las revisiones correspondientes ni ha notificado oficialmente a los maestros.
De igual forma, el representante legal de la AMPR, licenciado Edgardo Pabón Rodríguez, destacó que el Departamento de Educación ha incumplido con varios aspectos cruciales relacionados con la Carrera Magisterial, en violación directa de la Ley 9-2022 y del Reglamento de Carrera Magisterial.
Según Pabón Rodríguez, este incumplimiento no solo implica la falta de tramitación de los pagos correspondientes a los docentes que solicitaron su activación y revisión salarial entre los años 2014 y 2022, sino también una violación al Derecho Constitucional al Debido Proceso de Ley, que obliga a la agencia a notificar adecuadamente las decisiones tomadas sobre las solicitudes de los maestros.
“Por virtud de la Ley 9-202Por virtud de la Ley 9-2022, los docentes que solicitaron activación y revisión salarial de la Carrera Magisterial para los años 2014 al 2022 y cumplieron con los requisitos establecidos en Ley y Reglamento, tienen derecho a recibir sus aumentos salariales prospectiva y retroactivamente a partir del 1 de septiembre del año en que sometieron su solicitud”, enfatizó.
Además, subrayó que el DE no solo ha incumplido con los términos establecidos por la ley, sino que tampoco ha proporcionado una notificación clara y formal a los maestros sobre la determinación final de sus casos, lo cual es una obligación esencial para que los docentes puedan recurrir en revisión si no están conformes con la decisión.
“El DE no solo ha incumplido con el pago y los términos establecidos en la Ley 9-2022, sino que además no ha realizado una adecuada notificación a los maestros, en violación a sus derechos”, reiteró Pabón Rodríguez.