El reciente cambio de juez en el caso Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación, conocido como el Pleito de Clase de Educación Especial, ha generado preocupación entre los miembros del Comité Timón de Madres y Padres del Pleito de Clase.
El caso que estaba en manos de la jueza superior María Cabrera Torres ahora se encuentra en manos de la jueza Thainie Reyes Ramírez.
“Nos tomó de sorpresa este cambio de juez en una etapa tan crucial de los procesos. Sabemos que cada vez que hay un cambio de juez, el caso enfrenta nuevos obstáculos y demoras, lo mismo ocurre con cada cambio de administración en el Departamento de Educación”, afirmó Warren.
Sobre las razones por las cuales su pudo haber dado el cambio, Warren señala que se trata de una gran carga de trabajo de parte de la jueza Cabrera Torres. Explicó que así se desprende de en una comunicación enviada a las partes.
En los últimos 44 años, más de 19 jueces han pasado por este pleito, un hecho que según Warren ha contribuido a los continuos retrasos en la búsqueda de justicia para los estudiantes afectados.
A pesar de la presencia de un comisionado especial y una monitora del caso, Warren resaltó la importancia de que el juez asignado esté más involucrado para entender los incumplimientos consistentes del Departamento de Educación con las estipulaciones del caso.
“A pesar de los esfuerzos del comisionado y la monitora, el incumplimiento del Departamento de Educación sigue aumentando cada día”, señaló.
Warren también hizo referencia a la falta de servicios adecuados para los estudiantes de educación especial, y destacó la situación con la contratación de enfermeros en las escuelas públicas.
Warren explicó que parte de los atrasos que se pueden ver debido al cambio de juez es el que se les permita a los enfermeros escolares administrarles medicamentos a los estudiantes que así lo requieran de manera rutinaria. Dijo que qunque hace años se nombró a enfermeros para cada escuela en Puerto Rico, sus funciones no se están cumpliendo de la manera adecuada.
Uno de los problemas destacados es que los enfermeros escolares no están administrando medicación a los estudiantes, a pesar de que esa era una de las razones principales para su contratación. Según Warren, esta situación se debe a que el Departamento de Educación no ha otorgado el seguro de impericia que permitiría a los enfermeros realizar sus tareas sin temor a consecuencias legales. Esta falta de cobertura ha llevado a que muchos de estos profesionales se nieguen a medicar a los estudiantes, lo que genera graves riesgos para aquellos que necesitan tratamiento médico constante, como los que sufren de diabetes o epilepsia.
Además, Warren señaló que el departamento ha asignado a asistentes de servicios para los estudiantes de educación especial, pero estos asistentes solo tienen un diploma de escuela superior, lo que no los califica para administrar medicamentos. La Ley 199 de Enfermería en Puerto Rico establece que solo enfermeros licenciados y colegiados están autorizados para administrar medicación, lo que deja a estos asistentes fuera de la posibilidad legal de ofrecer este tipo de atención.
Esta situación pone a los estudiantes en una posición vulnerable, especialmente a aquellos con condiciones que requieren medicación inmediata y especializada, como las convulsiones o reacciones alérgicas graves. La falta de un enfermero capacitado en las escuelas también compromete la capacidad de respuesta ante emergencias médicas que puedan surgir durante el horario escolar. Según Warren, este problema ha sido ignorado durante años, a pesar de que el Departamento de Educación se ha comprometido en múltiples ocasiones a resolverlo.
El también conocido como el “Pleito de Clase de Educación Especial”, es una demanda que se ha prolongado durante varias décadas y que busca asegurar que los estudiantes con discapacidades en Puerto Rico reciban una educación adecuada y accesible, conforme a la ley.
Este caso se centra en la garantía de servicios y recursos para los estudiantes que requieren educación especial, alegando que el Departamento de Educación no ha cumplido con sus obligaciones en este ámbito.