La racha de muertes violentas de mujeres a manos de sus parejas o exparejas sigue imparable. En lo que va de año y hasta el lunes, Puerto Rico había experimentado 23 feminicidios íntimos, o lo que es lo mismo, 23 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. La cifra es alarmante en sí misma pero cuando la comparamos con la del año previo, nos damos cuenta que la situación lejos de mejorar, agrava porque el 2024 nos deja hasta el momento seis muertes violentas de este tipo adicionales a las reportadas el pasado año.
Pero mientras las causas de este mal siguen siendo hoy objeto de una discusión que parece no avanzar en ninguna dirección, en esta ocasión hay un elemento que salta a la vista de inmediato. Los portavoces de la policía admiten que un número importante de feminicidios íntimos es llevado a cabo con armas de fuego totalmente legales. Armas, expedidas por el estado, son las utilizadas para realizar estos crímenes y no armas ilegales como más de uno se vería inclinado a deducir. Aunque la policía como cuerpo no establece política pública, sino que se encarga de hacerla cumplir al amparo de la ley, si se conversa con agentes y directivos de la uniformada, muchos coinciden en que el problema podría ser atendido si se enmienda la Ley de Armas y se añaden requisitos para la emisión de licencias para armas de fuego. Y no.
No se trata de limitar el derecho a portar armas. Como muchos de ellos me han explicado, se trata de validar ese derecho solo para quienes prueben tener las aptitudes para usarlas de manera responsable de manera que se minimice el riesgo de que en la eventualidad sean mal utilizadas. Proponer mecanismos más efectivos para filtrar y sacar de la ecuación a ciudadanos potencialmente inadecuados para la portación de armas no es una novedad. Hasta 2018, fecha en la que entraron en discusión los cambios hoy vigentes a la Ley de Armas, la Policía realizaba una investigación de campo que podría incluir entrevistas a vecinos y allegados de una persona solicitante de un arma de fuego para conocer si algo en su conducta o costumbres pudiera ser indicativo de conducta violenta o inadecuada. Los cambios en la ley, en su momento respaldados por los exsenadores Henry Neumann y Nelson Cruz Santiago, también promovían la eliminación de lo que hasta entonces se conocía como “historial de violencia”. Para aquellas fechas, aunque los legisladores insistían en los cambios entidades como la Policía y el Departamento de Justicia se oponían.
“Eliminar el requisito de no tener historial de violencia equivaldría a que personas intrínsecamente violentas…puedan tener acceso a la licencia”, decía por aquellas fechas en su ponencia la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez.
Organizaciones promoventes del uso de armas avalaron cambios como estos que propenden a la liberalización del uso de armas. Pero, en definitiva, ¿quién gana con la liberalización? ¿Quién se beneficia de eliminar una investigación de campo a la hora de determinar que una persona es o no violenta y que, si lo fuera, no debe recibir licencia? Solo ganan dos figuras: La de los ciudadanos violentos que obtendrían licencias a pesar de no tener la madurez emocional para portarlas; y los negocios de ventas de armas.