Recientemente la Oficina de la Contralora emitió el Informe de Investigación OC-25-46 de la Autoridad de Tierras, relacionado al Fondo de Mejoras Municipales. Este informe es parte del trabajo de fiscalización del Representante José B. Márquez, quien ha planteado su inconstitucionalidad y mal manejo de fondos.
Mediante la Ley 173-2020, se autorizó a los representantes y senadores de distrito, asignar dinero para proyectos, tanto de obras permanentes, como servicios directos en sus distritos. Claramente esta acción es inconstitucional, ya que convierte a los legisladores de distrito en alcaldes o jefes de agencia, permitiéndole realizar funciones incompatibles con su cargo, obviando el mandato constitucional de que las asignaciones de fondos públicos pasen por el proceso legislativo.
Pero además de sus profundos problemas constitucionales, el informe de la Contralora encontró violaciones como por ejemplo: que se otorgó más de un millón de dólares pagados en violación de contratos; que durante dos años se operó el fondo sin reglamento alguno; que se asignó dinero a distritos no relacionados con el legislador; y otras múltiples violaciones a la Ley.
El informe hace varias recomendaciones, entre estas: al Gobernador y la Asamblea Legislativa, aprobar legislación para eliminar la potestad que tienen los legisladores para determinar cómo utilizar los fondos públicos asignados a una entidad del ejecutivo; y a la Junta de Directores y al director ejecutivo de la Autoridad, recobrar $1,488,121 a las entidades sin fines de lucro, relacionados con los desembolsos realizados contrarios a las disposiciones contractuales y servicios no realizados.
Por todo esto, es imperativo que se elimine la potestad que tienen los legisladores de distrito para determinar cómo se utilizarán las asignaciones de fondos públicos y que se establezca una manera justa y equitativa de asignar fondos legislativos para obras y mejoras permanentes, eliminando así el clientelismo político que existe en este mecanismo de asignación de fondos.