Las recientes redadas federales en contra de inmigrantes, en San Juan y Carolina y en distintas ciudades de los Estados Unidos, han generado preocupación y angustia, no solo en las comunidades intervenidas, sino en todos los que habitamos este archipiélago. Estas acciones, ancladas en la política xenofóbica y racista del presidente de Estados Unidos y avaladas por la gobernadora Jenniffer González, reflejan una realidad preocupante: el trato deshumanizante hacia nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos, que son parte esencial de nuestra sociedad en Puerto Rico. Estos decretos violan principios que han prevalecido por mucho tiempo, como el respeto a escuelas, hospitales e iglesias como espacios seguros. Estas actuaciones abren paso a detenciones ilegales y arbitrarias y a la separación injusta de familias. Esto también representa un riesgo para la seguridad y protección a la niñez porque las mujeres sobrevivientes de violencia de género, por ejemplo, se abstendrán de buscar protección para ellas y sus familias por el temor a ser detenidas.
Estas políticas del presidente Donald Trump contrastan con nuestra identidad solidaria como pueblo latinoamericano y caribeño. En Puerto Rico, hemos vivido la integración de las comunidades migrantes a nuestra cultura y sociedad. Décadas de convivencia han promovido una diversidad que ha enriquecido nuestra vida colectiva, y las valiosas contribuciones a nuestro país de las comunidades migrantes son justamente reconocidas independientemente del estatus migratorio. Como puertorriqueños y puertorriqueñas, no nos es extraño el dolor de la emigración provocada por la necesidad de buscar mejores condiciones de vida lejos de la tierra natal. Tampoco desconocemos el sufrimiento generado por el discrimen por identidad, raza y nacionalidad.
Ante el marcado contraste entre las políticas racistas y xenófobas del presidente de Estados Unidos, y la solidaridad y hermandad del pueblo puertorriqueño, el pasado lunes, 27 de enero, desde nuestra delegación en la Asamblea Legislativa, radicamos la Resolución Concurrente de la Cámara 2 y la Resolución Concurrente del Senado 4 para expresar nuestro rechazo a dichas políticas establecidas por Trump. Repudiamos la imposición de una cultura de odio, racismo, discrimen y xenófoba ajena a nuestra esencia y apartada de nuestra realidad y estado de derecho.
Ningún ser humano es ilegal, somos seres y humanos nada más. Desde nuestros espacios legislativos, continuaremos exigiendo al gobierno de turno que no se preste a ser parte de esta atrocidad.