El Departamento de Educación (DE) expresó su oposición a la prohibición total del uso de dispositivos electrónicos personales en instituciones educativas de nivel elemental, propuesta en el Proyecto de la Cámara 179.
La agencia reconoció los retos que representa la presencia de teléfonos celulares en las aulas, pero advirtió que la medida podría entrar en conflicto con regulaciones existentes y derechos de los estudiantes.
El secretario del DE, Eliezer Ramos Parés, alegó que una medida tan drástica podría entrar en conflicto con las regulaciones existentes y con los derechos de los estudiantes.
En su ponencia, Ramos explicó que el Reglamento General de Estudiantes ya contempla sanciones para el uso inapropiado de estos dispositivos, sin necesidad de una prohibición absoluta.
“El Reglamento General de Estudiantes establece sanciones para el uso inadecuado de estos dispositivos en el salón de clases, sin necesidad de una prohibición absoluta”, explicó Ramos Parés durante su ponencia ante la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes.
Además, el secretario destacó la importancia de la tecnología en el proceso educativo, ya que la Ley 85-2018 promueve la integración de herramientas digitales en el aprendizaje.
“Restringir completamente su uso limitaría el acceso a recursos educativos y afectaría a estudiantes con necesidades especiales que dependen de estos dispositivos para recibir apoyo pedagógico”, añadió.
El DEPR también advirtió sobre el impacto que una prohibición total podría tener en la seguridad digital de los estudiantes. En lugar de implementar una medida tan estricta, el Departamento de Educación propuso un enfoque más equilibrado que permita el uso de dispositivos electrónicos bajo la supervisión de los maestros y restringido al acceso a internet a través de la red institucional, lo que garantizaría un entorno digital más seguro.
“Es necesario establecer controles adecuados sin afectar el acceso a la tecnología como una herramienta de aprendizaje”, concluyó Ramos Parés.
Por su parte, el secretario de Educación y Currículo de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Raúl Báez Sánchez, expresó que la legislación propuesta por el representante Jorge Navarro, es redundante.
Según Báez Sánchez, el Departamento de Educación ya tiene un reglamento vigente que regula el uso de teléfonos celulares en las aulas, el cual es suficiente para abordar el problema de la distracción y el uso indebido de estos dispositivos.
“Lo que el Representante Navarro busca prohibir por medio de legislación ya está contemplado bajo el Artículo VI del Reglamento General de Estudiantes y Asistencia Obligatoria del Departamento de Educación”, señaló Báez Sánchez, en representación de la presidenta de la FMPR, Mercedes Martínez Padilla.
El reglamento en cuestión establece que los teléfonos celulares solo pueden usarse en las aulas como herramienta de instrucción y bajo la supervisión directa del maestro. Además, se prohíbe expresamente su uso para llamadas telefónicas, grabaciones o acceso a redes sociales, y establece sanciones disciplinarias para quienes infrinjan estas reglas.
La FMPR se mostró preocupada por lo que considera una tendencia creciente a la sobrelegislación en la educación, sugiriendo que la atención debería centrarse en la capacitación y la educación sobre el uso responsable de la tecnología, en lugar de imponer leyes adicionales que refuercen medidas punitivas.
“En lugar de continuar prohibiendo cosas en las escuelas, deberíamos poner el acento en la orientación, capacitación y formación en el buen uso de la tecnología en el proceso educativo”, agregó Báez Sánchez.
Además, la FMPR criticó la Ley 85-2018, que reformó el sistema educativo de Puerto Rico, y acusó a esta legislación de promover una visión “punitiva y empresarial de la educación”. En este sentido, la FMPR instó a la Legislatura a promover una reforma educativa que busque el consenso y la participación activa de los educadores y la comunidad escolar en la toma de decisiones.
“Para lo que no contarán con nuestro apoyo es para seguir aprobando leyes sobre asuntos que ya están contemplados en reglamentos y documentos del DE y para continuar reproduciendo una concepción punitiva autoritaria del proceso de enseñanza y aprendizaje”, afirmó Báez Sánchez.
Por su parte, la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) expresó un apoyo condicionado al Proyecto de la Cámara 179. La AMPR reconoció que el propósito de la medida es “loable” al buscar minimizar los efectos negativos del uso inadecuado de la tecnología en las aulas, como las distracciones y el ciberacoso.
Sin embargo, cuestionó la necesidad de una legislación adicional, dado que el Departamento de Educación ya cuenta con normativas sobre el uso de celulares.
En su ponencia, la AMPR sugirió enmiendas al proyecto para especificar que la prohibición se refiera a dispositivos electrónicos que permitan el acceso a la red de telefonía celular o internet, y advirtió que la inclusión del sexto grado en la educación elemental podría generar confusión en las escuelas secundarias, donde los estudiantes estarían sujetos a reglas distintas.
Además, la AMPR hizo hincapié en la necesidad de educar a estudiantes, padres y personal escolar sobre el uso responsable de la tecnología, recordando que el cumplimiento adecuado de los reglamentos existentes es esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los miembros de la comunidad escolar.
“Lamentablemente, en ocasiones, el personal que cumple con los procesos reglamentarios es señalado y minimizada su actuación, en perjuicio mismo de la salud y seguridad de todos los componentes de la comunidad escolar”, agregó la AMPR.