El traslado de la Oficina de Educación Especial y Rehabilitación Vocacional del Departamento de Educación federal al Departamento de Salud ha generado inquietudes sobre el impacto que podría tener en los servicios que reciben los estudiantes de educación especial en Puerto Rico.
Sin embargo, según el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, este cambio no debería alterar la estructura ni el funcionamiento actual del programa.
Actualmente, Puerto Rico recibe aproximadamente $130 millones de esta oficina, lo que representa un 22% de los fondos del programa, mientras que la mayoría de los recursos provienen del gobierno estatal.
“El movimiento de una oficina a otra no se prevé que vaya a impactar porque estaríamos pasando una estructura con su funcionamiento tal y como está de una agencia a otra, así que no debe estar ocurriendo ningún impacto”, afirmó Ramos Parés. Añadió que, aunque la transición se está monitoreando, no debe ser motivo de pánico, sino de vigilancia para hacer los ajustes necesarios a tiempo.
Por otro lado, el pleito de clase de educación especial sigue siendo un tema de controversia, especialmente tras la oferta transaccional presentada por la Junta de Supervisión Fiscal. Padres y familias han denunciado que la propuesta no toma en cuenta las necesidades individuales de los estudiantes afectados.
“Cada una de estas familias tiene su historia, su particularidad en torno a los servicios de estos estudiantes. Sé que la Junta ha estado realizando una oferta, pero sobre todo la invitación es a que cada familia la pueda evaluar a conciencia”, expresó un exfuncionario con experiencia en el manejo del programa.
La situación se agrava en el contexto del proceso de quiebra del gobierno de Puerto Rico. “Estamos hablando de un momento muy particular en Puerto Rico, del manejo de la quiebra, así que ya no hay fondos ilimitados para poder atender esto. Este asunto está en el Tribunal de Quiebra y, como una deuda no asegurada, hay una cantidad fija para atender todas estas reclamaciones y otras más que tiene el Estado”, explicó. Se estima que hay unos $400 millones destinados a reclamaciones de educación especial, dentro de un total de sobre $3,000 millones en reclamos contra el gobierno.
Ante las preocupaciones de las familias, se ha planteado la necesidad de mayor diálogo entre las partes. “Muchas de las interrogantes y cuestionamientos de las familias se pueden atender en la mesa. Mi invitación es a que las partes quizás se sienten y revisiten todo lo que pueda ser el acuerdo de transacción para que haya la mayor claridad posible y que la gente se sienta satisfecha de que se atendió su particularidad”, indicó el secretario.