El Senado de Puerto Rico aprobó a viva voz el Proyecto del Senado 1 (PS 1), presentado por el presidente del cuerpo legislativo, Thomas Rivera Schatz.
La medida, denominada “Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico”, establece protecciones adicionales para la libertad religiosa y modifica disposiciones sobre la vacunación obligatoria en menores.
El proyecto enmienda el artículo 5 de la Ley 25 de 1983, conocida como la “Ley de las Inmunizaciones Compulsorias a los Niños Preescolares y Estudiantes en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.
Con esta enmienda, la excepción por motivos religiosos para la vacunación de menores solo podrá ser dejada sin efecto con el consentimiento informado de los padres. Además, se prohíbe al Estado imponer sanciones, como multas o cárcel, a padres o tutores que decidan no vacunar a sus hijos basándose en razones religiosas.
En el turno de mociones la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Roxanna Soto Aguilú, defendió el PS 1 y destacó que la discusión sobre la medida debe centrarse en la dignidad del ser humano y no en subclasificaciones de derechos.
“Todos los hombres son iguales ante la ley. No podrán establecerse legislaciones que discriminen de modo alguno por la raza, color, sexo, nacimiento, origen, condición social ni política o religiosa”, expresó Soto Aguilú, refiriéndose a la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico. Afirmó que el PS 1 no sustituye ni limita los derechos garantizados en la Carta Magna de Puerto Rico ni en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Según la legisladora, el principio rector de cualquier discusión sobre derechos debe ser la dignidad humana. “Antes de hablar del acceso o el derecho a la toma de decisión a las vacunaciones, quiero traer a colación que […] primero somos seres humanos, luego somos ciudadanos porque somos el componente que aglutina la estructura de una sociedad”, afirmó.
El Proyecto del Senado 1, según Soto Aguilú, trata sobre “los procesos o no de afirmación o negación de vacunación en Puerto Rico para personas menores de edad en el sistema público o privado”. Sin embargo, algunos sectores han expresado preocupación de que la medida podría abrir la puerta a la discriminación bajo el pretexto de la libertad religiosa.
De igual forma, la senadora del Proyecto Dignidad Joanne Rodríguez Veve destacó que la medida no solo protege la libertad religiosa, sino también el derecho de los padres a tomar decisiones informadas sobre la vacunación de sus hijos, sin intervención del Estado.
“Este proyecto refuerza el derecho constitucional de los padres a decidir sobre la salud y el bienestar de sus hijos, sin la coacción del Estado”, afirmó Rodríguez Veve.
Resaltó que el proyecto garantiza que las personas no sean discriminadas por razones religiosas y que el gobierno no puede negar servicios esenciales basados en la fe. Además, subrayó que la ley respeta los derechos de comunidades como la LGBT y establece que la libertad religiosa puede ser limitada solo cuando sea necesario por un interés apremiante.
Por su parte, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández presentó varias enmiendas en sala para que el proyecto no fuera un escudo para discriminar en contra de las personas de la comunidad LGBTQ+, con diversidad funcional, por raza, género o religión, que fueron derrotadas a viva voz.
“El que les diga que este proyecto es para trabajar o atender el asunto de la vacunación es un hipócrita”, afirmó el legislador, asegurando que la medida tiene “ramificaciones más serias” al permitir que las creencias religiosas puedan utilizarse para negar servicios o eximir a personas de cumplir con ciertas regulaciones.
Hernández resaltó que el proyecto no se limita al tema de la vacunación, sino que establece un marco legal en el que la libertad religiosa se impone sobre otras garantías constitucionales, tanto en el sector público como en el privado. Según el senador, la legislación propone eliminar protecciones que actualmente existen en la ley para evitar la discriminación por identidad de género, lo que —a su juicio— evidencia una intención de permitir actos discriminatorios.
La senadora Ada Álvarez Conde, también del PPD, opinó que la libertad religiosa no debe ser utilizada para justificar la discriminación, y subrayó que la religión debe promover la compasión, no la división. Criticó que la medida permita que profesionales como médicos y trabajadores sociales se nieguen a ofrecer servicios por razones religiosas.
Por su parte, la senadora María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), se opuso a la medida, advirtiendo que permitiría a los estudiantes objetar materias científicas por razones religiosas, lo que afectaría su educación. También destacó que la legislación podría retroceder en la salud pública al debilitar la ciencia en las políticas sanitarias y legalizar la discriminación en los servicios esenciales, incluyendo la atención médica.
La medida también incorpora un nuevo artículo 5a a la Ley 25, que ordena que el proceso de vacunación incluya la entrega de información detallada a los padres sobre los compuestos de cada vacuna, sus beneficios, efectos secundarios y posibles reacciones adversas a corto, mediano y largo plazo.
“Es imperativo que los padres tengan toda la información para tomar decisiones fundamentadas sobre la salud de sus hijos, en pleno ejercicio de su libertad religiosa”, se indicó en la exposición de motivos del proyecto.
Otra de las disposiciones establece que las protecciones de libertad religiosa no podrán condicionarse a la recepción de ayudas estatales o federales para estudios en escuelas o colegios privados. Además, se deroga la Ley 95-2024, conocida como la “Ley de Libertad Religiosa de los Estudiantes del Sistema Público de Enseñanza”.
La legislación también reconoce el derecho de los ciudadanos a ejercer su religión sin que el Estado imponga restricciones indebidas. En la exposición de motivos, se argumentó que la medida busca armonizar la Constitución de Puerto Rico con los precedentes del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la libertad religiosa. Se citó el caso de Kennedy v. Bremerton School District, en el que el máximo foro judicial federal reafirmó el derecho de empleados gubernamentales a expresar su fe en el ámbito público sin represalias.
El proyecto ahora pasa a la Cámara de Representantes para su consideración.
Organizaciones pro vacunas han manifestado preocupación por el impacto que esta legislación podría tener en los niveles de inmunización infantil en la isla, mientras que grupos religiosos han aplaudido la iniciativa como una garantía de derechos fundamentales.