Miembros del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC) advirtieron que ya llegó el momento de comenzar la reubicación planificada de algunas comunidades costeras e infraestructuras públicas vulnerables ante el aumento del nivel del mar y la erosión costera.
Durante una reunión entre el CEACC y la Comisión Conjunta de Cmabio Climático, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, propuso abrir el debate sobre el “retiro ordenado” de ciertas comunidades costeras como una alternativa urgente y responsable ante los efectos que ya comienzan a sentirse.
“¿Es momento de ir pensando, en el caso de ciertas comunidades… en el retiro ordenado de esas comunidades?”, preguntó Santiago, quien mencionó específicamente la comunidad de Fortuna como un ejemplo claro de la amenaza climática. “¿Hoy podemos anticipar dónde vamos a estar en 20 o 30 años?”, añadió.
En respuesta, el ingeniero ambiental Carl Axel Soderberg, miembro del CEACC, coincidió con la senadora y subrayó que el momento para comenzar ese proceso ya llegó.
“Si no se puede proteger dónde están, entonces hay que planificar. Reubicar a tanta gente a la misma vez va a crear un caos. Mejor es hacerlo de una forma planificada y sensible”, argumentó.
Soderberg insistió en que el plan incluye la posibilidad de reubicación no solo de comunidades sino también de infraestructura crítica.
Por su parte, la meteoróloga Ada Monzón recalcó la urgencia de comenzar con las estructuras bajo control gubernamental.
“Yo comenzaría por lo que usted tiene control… plantas de tratamiento, plantas generatrices. Empezaría en calor y ya te vas a ver que poco a poco, con el retiro de las cosas, la gente va a decir ‘espérate, esto es serio’”, expresó.
Monzón añadió que el 16% de la isla enfrenta estos riesgos, y citó a Rincón como uno de los puntos más vulnerables. “Yo no sé si ustedes tienen la magnitud del problema que está enfrentando Rincón por todas esas costas que están expuestas”, alertó, y llamó a realizar una evaluación de la infraestructura crítica con proyecciones de 30, 50 y 100 años.
El Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia aún está bajo evaluación, pero las voces expertas y legislativas coinciden en que el país no puede esperar más para tomar decisiones difíciles. “Siempre nosotras tratamos de hacer cambios, somos agentes de cambio, pero agentes de cambio con lo que controlamos”, dijo Monzón.
La meteoróloga describió al cambio climático como un proceso continuo y devastador, no un evento pasajero. Alertó que en marzo de 2025 se registró el segundo marzo más caluroso a nivel mundial, superando por primera vez el umbral de 1.5 °C de anomalía sobre las temperaturas preindustriales. “Estamos aquí jugando con la vida de todos”, afirmó. “Si llegamos a los 2 °C —y vamos camino a eso para 2035 o 2040— eso implicaría una devastación absoluta de las especies, de la raza humana y de nuestra calidad de vida y desarrollo económico”.
Durante su intervención, Monzón presentó un análisis del impacto socioeconómico de la inacción climática, preparado por Estudios Técnicos, Inc. Se concluyó que, de no hacerse nada, Puerto Rico enfrentaría una pérdida de $379 mil millones para 2050, lo que representa el 18.3 % del Producto Interno Bruto acumulado desde 2021. Además, se estimó un exceso de mortalidad de 9,493 personas bajo un escenario de calentamiento de 2 °C.
“Todo este análisis valida el costo beneficio de invertir en la acción climática”, subrayó Monzón. El plan incluye una estructura con nueve capítulos, seis anexos y múltiples cursos de acción alineados con la Ley 33-2019. Cada estrategia está asociada a una entidad responsable, estimado de costos, fuente de financiamiento, periodo de ejecución y métricas específicas.
Entre los sectores abordados se incluyen energía, salud, educación, transporte, turismo, forestación, justicia climática, agricultura y zonas marinas. También se añadieron temas solicitados por organizaciones comunitarias, como pesca comercial, vivienda, y transporte aéreo y marítimo. El plan contempla proyecciones para 2030, 2050 y 2100, utilizando una estrategia quinquenal que permitirá validar resultados y ajustar políticas.
“Deseamos que este documento se realice, se hable del tema, se pueda llegar a conclusiones y que se convierta en ley”, concluyó Monzón, quien urgió a la Comisión a convocar las reuniones pendientes con agencias como el Departamento de Desarrollo Económico para validar los análisis sectoriales del impacto climático.