Aunque no se contempla el cierre inmediato de escuelas para el inicio del semestre en agosto, el Departamento de Educación de Puerto Rico (DE) evalúa actualmente el impacto de la baja matrícula en la eficiencia operativa y el uso de fondos públicos.
Así lo reconoció el secretario Eliezer Ramos Parés durante una vista ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.
“Hoy no se está planteando un cierre de escuelas para agosto, pero sí se está haciendo un análisis para entender dónde estamos parados con la matrícula, cuántos estudiantes tenemos y qué impacto presupuestario representa mantener escuelas con baja matrícula”, expresó Ramos Parés.
Según detalló el secretario, cerca de 200 escuelas están funcionando con una cantidad tan baja de estudiantes que terminan afectando el resto del sistema.
“Estamos viendo cerca de 200 escuelas que le quitan presupuesto al resto de las escuelas para su operación. No le damos una operación óptima a las que tienen estudiantes y tampoco a las que no los tienen”, indicó.
Este análisis busca lograr un equilibrio entre la eficiencia del uso de recursos y la necesidad de cercanía geográfica, especialmente en municipios con poblaciones dispersas.
“Yo sé que todos quisiéramos tener la escuela al lado de nuestra casa, pero la realidad es que también se impacta la calidad del servicio cuando no hay suficiente matrícula para justificar la operación”, dijo Ramos Parés. Mencionó como ejemplos pueblos de zonas y pueblos rurales, donde la densidad poblacional representa un reto para mantener escuelas abiertas con grupos completos.
“No se trata de cerrar por cerrar. Vamos a seguir evaluando con datos, con sensibilidad y con responsabilidad fiscal”, dijo.
Inversión por estudiante
Durante la vista, el secretario también ofreció detalles sobre la inversión por estudiante. Para el estudiante regular, el gasto aproximado con fondos estatales es de $2,800. Sin embargo, al considerar fondos estatales y federales combinados, la cifra asciende a $5,376 por alumno.
En el caso de los estudiantes de educación especial, el costo por estudiante es considerablemente más alto. “En promedio, podemos estar hablando de cerca de $5,000 adicionales por estudiante para cubrir servicios y nómina”, explicó Ramos Parés, reconociendo que estos fondos responden a obligaciones legales y necesidades particulares del estudiantado.
Entre los principales desafíos que enfrenta el departamento, Ramos Parés señaló el excedente de maestros que se genera cuando no hay suficientes estudiantes para crear grupos.
“Cuando no hay grupos suficientes, surgen excedentes. Hemos estado buscando formas de asignarles funciones: dividir grupos, dar servicios directos o integrarlos a proyectos especiales”, indicó.
Además, alertó sobre el resurgimiento del ausentismo docente, un problema que se había logrado controlar en años anteriores con incentivos, pero que volvió a aumentar.
“Hubo incentivos que funcionaron, pero necesitamos retomar estrategias para atender el ausentismo. Es un reto que impacta directamente el aprovechamiento académico”, puntualizó.
Otro tema discutido fue el uso de maestros sustitutos. El secretario explicó que cada escuela tiene un plan interno para atender ausencias, pero su ejecución depende del director escolar. Sostuvo que el recurso está disponible, pero el proceso de activación varía de escuela en escuela.
Las interrupciones académicas por cancelaciones frecuentes de clases también despertaron preocupación. Ramos Parés informó que se identificaron planteles donde no se ofrecieron clases durante varios días consecutivos.
“En algunos casos extremos, se reportaron hasta siete viernes seguidos sin clases”, denunció.
A raíz de estos señalamientos, se planteó la necesidad de limitar la flexibilidad actual en el calendario escolar, que algunos directores estarían utilizando de forma excesiva. “Estamos viendo cómo se abusa de esa flexibilidad. Vamos a proponer que toda modificación requiera autorización previa. No puede ser que un director adapte el calendario sin justificación”, afirmó.
Ajustes de presupuesto en el DE
El presupuesto consolidado vigente del Departamento de Educación asciende a $5,312 millones, mientras que el presupuesto propuesto para el próximo año fiscal es de $5,130 millones. En cuanto al fondo general, el presupuesto actual es de $2,869 millones y se propone un aumento a $2,969 millones, lo que representa $99 millones adicionales.
El secretario aclaró que este aumento no está vinculado a la pandemia. “El COVID-19 ya no representa una carga presupuestaria. El aumento responde en gran parte a compromisos salariales y al alza en el costo de servicios”, explicó.
Actualmente, el departamento está en conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal para incluir los gastos de mantenimiento y seguridad escolar dentro de la fórmula conocida como School Based Budgeting (SBB). “Buscamos que estos elementos se consideren al momento de asignar recursos, para tener una visión más realista de los costos operacionales”, indicó Ramos Parés.
Durante la vista, también se ofrecieron datos actualizados del sistema. El total de estudiantes activos es de 237,000, de los cuales aproximadamente 108,000 están registrados en el programa de educación especial.
El número total de escuelas es de 870, una reducción significativa comparada con las casi 1,400 que existían en el año 2012. En cuanto a personal docente, se informó que hay 27,000 maestros en el sistema, aunque solo alrededor de 19,000 son maestros de salón de clases. El resto corresponde a personal como bibliotecarios, consejeros, trabajadores sociales y maestros de apoyo.