La directora ejecutiva del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), Melissa Santana, se opuso firmemente al Proyecto del Senado 273, que propone disolver el Instituto y convertirlo en un programa adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), al advertir que esa medida sería un retroceso que pondría en riesgo décadas de trabajo, financiación federal y la proyección cultural de Puerto Rico.
“Eliminar la autonomía institucional del Instituto de Cultura pondría en serio riesgo esta capacidad, afectando directamente la estabilidad de múltiples iniciativas culturales y el acceso continuo a financiamiento esencial por parte de instituciones nacionales y del gobierno federal”, sostuvo Santana durante una ponencia en vistas públicas.
Santana enfatizó que el ICP no es una agencia como cualquier otra, sino un organismo con una misión y estructura especializada.
“Nuestro deber ministerial y rol es único y especializado, por lo que no puede ni debe ser subordinado a estructuras cuyo enfoque es el crecimiento económico. La cultura trasciende los parámetros estrictamente económicos”, afirmó.
El ICP cumple 70 años de fundación en 2025. Según Santana, a lo largo de su historia ha sido el ente rector de la política cultural del Estado, protegiendo y promoviendo el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y documental, así como las artes escénicas, visuales, musicales y literarias.
“Es el ICP quien administra la red de 41 centros culturales en toda la isla, organiza festivales como la Campechada, el Plenazo Trastalleres y Encuentro de Tambores al Sol de Maelo, y ha publicado 45 títulos nuevos en los últimos 10 años. Además, custodia la colección nacional de más de 40,000 piezas únicas de arte puertorriqueño”, añadió Santana.
Uno de los puntos más delicados abordados por la funcionaria fue el rol del Instituto como “State Arts Agency” (SAA) ante el gobierno federal desde 1967. Ese estatus, dijo, permite recibir y distribuir fondos federales que han beneficiado a artistas, instituciones educativas, municipios y organizaciones sin fines de lucro.
Entre 2019 y 2024, el ICP recibió más de $5.5 millones en subvenciones federales. Durante los años más críticos de la pandemia (2020 y 2021), esos fondos fueron claves para evitar la quiebra de organizaciones culturales. “Estos dos últimos años fueron durante la pandemia y tuvieron como propósito primordial ayudar a las organizaciones culturales a sobrevivir y asegurar que los artistas tuvieran ingresos”, explicó.
“Si se elimina nuestra autonomía institucional, Puerto Rico podría perder ese reconocimiento federal y, por ende, los fondos”, advirtió.
La ponencia también abordó el tema de permisos, un área que ha generado fricciones con otras agencias. Santana aclaró que el ICP no emite permisos, sino que interviene cuando se trata de preservar sitios históricos o proteger el patrimonio arqueológico. Para fortalecer ese proceso, informó que se han reclutado tres funcionarios adicionales que serán destacados en la Oficina de Gerencia de Permisos.
“Estamos abiertos a mejorar y progresar en este proceso de permisología para que sea más efectivo y más rápido. Queremos ser más ágiles y estar mejor integrados en esos procesos, sin que eso implique perder nuestro rol cultural especializado”, aseguró.
La directora solicitó que se rechace el Proyecto del Senado 273 y que, en su lugar, se impulsen medidas que fortalezcan la autonomía y capacidad operativa del ICP. “Entendemos que la aprobación del proyecto podría tener el efecto de prescindir de décadas de desarrollo cultural. Respetuosamente solicitamos que se promuevan medidas que salvaguarden la autonomía del ICP y su rol protagónico en el quehacer cultural puertorriqueño”.
Retos financieros
Sobre la sustentabilidad financiera, Santana reconoció que las instituciones públicas deben evolucionar y señaló que el ICP ya está trabajando en modelos de colaboración público-privada para asegurar su viabilidad a largo plazo. Puso como ejemplo la Campechada 2024, que atrajo a más de 100,000 personas y combinó recursos del ICP con la Corporación de Artes Musicales, la Orquesta Sinfónica y el sector privado.
Asimismo, resaltó alianzas como la establecida con Google Arts & Culture, mediante la cual se han digitalizado y exhibido más de 430 obras de arte puertorriqueño en una plataforma global junto a contenidos de más de 2,000 museos del mundo.
Santana también destacó la presencia internacional del ICP desde 2019, con exposiciones de arte puertorriqueño en la Phillips Collection en Washington D.C., el Worcester Museum en Massachusetts, la National Gallery en Washington y el Espacio de las Artes en Santa Cruz de Tenerife, España.
“En este contexto, el Instituto de Cultura no sólo actúa como garante de la identidad cultural puertorriqueña, sino también como un actor clave en la proyección de Puerto Rico ante el mundo”, dijo.
Subrayó que el ICP está dispuesto al diálogo y a evolucionar, pero sin renunciar a su razón de ser. “Creo mucho en la inversión tanto pública como privada. Podemos colaborar, podemos ser más ágiles, pero el Instituto de Cultura debe seguir existiendo como una entidad autónoma que vela por nuestra identidad”, dijo.
Al abordar la situación financiera del instituto, Santana reconoció los retos fiscales que enfrenta, pero subrayó que la estabilidad financiera es una prioridad. “Lo que buscamos es darle estabilidad al ICP para que nuestros programas no dependan únicamente de fondos gubernamentales”, explicó.
La senadora Marissa Jiménez Santoni, por su parte, cuestionó la percepción de que el ICP no está cumpliendo con su misión cultural y acusó al instituto de no apoyar suficientemente eventos culturales importantes en municipios como Loíza, una de las localidades que representa.
“El Instituto de Cultura no ha estado presente en actividades clave, como el Carnaval de Loíza, que es fundamental para la preservación de nuestras tradiciones”, expresó la senadora. Santana, en respuesta, subrayó que a pesar de las limitaciones, el ICP sigue comprometido con la promoción cultural, y mencionó que el mantenimiento de los edificios históricos es esencial para poder seguir ofreciendo estos programas.
Tranferecia a Desarrollo Económico
En cuanto a la propuesta de transferencia, Santana defendió el modelo actual del ICP como corporación pública, argumentando que esta estructura facilita la agilidad en la obtención de fondos, tanto del gobierno federal como de otras entidades. “Ser una corporación pública nos permite trabajar más eficazmente con agencias como la National Downme Forty Years y otras fundaciones que apoyan nuestra misión”, explicó.
Por otro lado, el licenciado Luis Méndez del Nido, asesor legal del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), presentó una perspectiva diferente al argumentar que la transferencia del ICP al DDEC podría mejorar la eficiencia administrativa y facilitar la gestión de permisos para la conservación de sitios históricos.
“El proyecto propone transferir al DDEC la responsabilidad de proteger el patrimonio cultural e histórico, en busca de mayor eficiencia administrativa”, explicó Méndez del Nido. También destacó que la Ley 161 de 2009, que reformó el sistema de permisos, establece la necesidad de consolidar procesos para acelerar la evaluación de construcciones en zonas de valor histórico.