Ante el creciente escrutinio sobre el impacto ambiental de las estructuras sobre el agua en La Parguera, Lajas, la directora de la Oficina de Asuntos Legales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), licenciada Brenda Liz González Méndez, aseguró que no se han reportado eventos de contaminación en los pasados dos años.
La funcionaria declaró esto durante una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 269, el cual propone establecer una Zona de Planificación Especial Turística para estas casetas y muelles.
“En estos últimos dos años según mi conocimiento ninguno en cuanto a contaminación de agua”. Añadió que el DRNA cuenta con mecanismos de análisis si surgiera alguna querella. “En la eventualidad que surgiera algún tipo de queja que se presente o alguna intervención por alguna queja de algún vecino o visitante ahí tengo que reiterar que nosotros a partir del 2018 tenemos la Junta de Calidad Ambiental así que tenemos las herramientas para hacer estas pruebas de agua llevarlas al laboratorio y determinar si hubo o no hubo una contaminación”.
En la misma vista, la representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adriana Gutiérrez, preguntó por qué se presentaba un proyecto para autorizar estructuras que no tenían permisos adecuados, si ya se reconocía que algunas habían contaminado en el pasado.
“Hay una gran interrogante y preocupación del país. Dónde han estado las agencias que deben velar por la conservación, especialmente ahora que reconocemos que sí ha habido contaminación. No vemos rendición de cuentas. Y entonces se aprueba un proyecto para legalizar estas estructuras”.
González Méndez respondió que eso no es correcto ya que el sistema sanitario se desarrolló precisamente para evitar que continuara. Añadió que el DRNA no construyó los sistemas actuales, sino que los propios dueños de las estructuras lo hicieron como resultado de denuncias.
“Los propios titulares se encargaron de instalar sistemas sanitarios con sus propios recursos y así fue. Fue ajeno al DRNA pero sí reconoció que debía hacerse para proteger el ecosistema”, expresó.
La funcionaria explicó que el DRNA tiene la facultad de intervenir si se recibe alguna denuncia. También dijo que hay vigilantes activos en el área y que se están preparando academias para fortalecer ese personal.
Por otro lado, Gutiérrez cuestionó el valor público de permitir estructuras sobre el agua en una zona de dominio público. “Cuál es el beneficio para el país más allá del beneficio que puedan tener los caseteros”, preguntó. González Méndez dijo que el proyecto garantiza el acceso a la zona y que está alineado con la política ambiental existente. “Conforme a la Ley 416 de 2004 el desarrollo y la protección del ambiente no son excluyentes. Se busca un desarrollo económico, social y turístico para el área de La Parguera”, señaló.
González Méndez negó que exista un trato desigual por parte del DRNA entre las estructuras en La Parguera y otras construcciones en bienes de dominio público. Sostuvo que en el caso de La Parguera, las estructuras ya existían cuando en 1978 el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos firmó un memorando de entendimiento con el Gobierno de Puerto Rico, en el que se reconocía su presencia.
Según explicó, eso marcó una diferencia fundamental con la situación en la bahía de Jobos, donde se levantaron edificaciones sin autorización ni reconocimiento previo. De acuerdo con la directora legal, esas sí serían consideradas ilegales.
Respecto al manejo de la información sobre la cantidad y ubicación de las estructuras, la funcionaria indicó que el inventario realizado en 2013 no fue elaborado por personal técnico cualificado, como ingenieros o agrimensores autorizados. Precisó que, en el proceso actual, cada titular está obligado a someter planos certificados para validar sus estructuras como parte del trámite requerido.
“Un gran sector del país reclama la entrega inmediata del espacio ocupado ilegalmente en bienes de dominio público especialmente en un área ambientalmente valiosa como La Parguera. Denunciamos la política pública que hemos visto por parte de agencias y la rama ejecutiva de legalizar lo ilegal lo cual representa una falta de respeto a nuestros recursos naturales”, añadió la representante sobre la postura de la delegación del PIP.