La Asociación Puertorriqueña de Proveedores de Servicios de Salud y Relacionados a la Educación (APPSSRE) se manifestó este lunes frente a La Fortaleza para exigir la intervención directa de la gobernadora Jennifer González Colón ante lo que describieron como el “colapso inminente” de los servicios ofrecidos bajo el Remedio Provisional del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación.
La presidenta de APPSSRE, Ruth Concepción Rivera, explicó que el Departamento de Educación no ha cumplido con los pagos por los servicios prestados por decenas de terapeutas del habla, lenguaje, ocupacional y físico, entre otros. Aunque algunos proveedores han seguido ofreciendo terapias sin cobrar, muchos comenzaron a interrumpir los servicios la semana pasada, lo que ya afecta directamente a menores del sistema público.
Según Concepción, aunque algunos proveedores recibieron pagos durante la semana pasada, estos corresponden al mes de febrero. Otros, dijo, recibieron ese mismo pago a inicios de abril. Es decir, los fondos están llegando con un retraso de entre uno y dos meses, lo que ha puesto en riesgo la continuidad de los tratamientos.
“El último pago fue la semana pasada correspondiente a la facturación de febrero, y algunos compañeros recibieron ese pago a principios de abril. Sin embargo, nosotros necesitamos el dinero en nuestras cuentas para cumplir con nuestras obligaciones y que los servicios a los niños puedan continuar”, expresó Concepción durante la manifestación.
Durante la protesta, se destacó que muchos de los menores atendidos tienen diagnósticos como autismo, parálisis cerebral o déficit de atención, por lo que necesitan servicios constantes y especializados para continuar desarrollando destrezas básicas.
Para Concepción Rivera, la situación actual responde a decisiones presupuestarias del Departamento de Educación que excluyeron a los proveedores del plan fiscal regular y, en su lugar, los incluyeron en partidas temporeras vinculadas a fondos de emergencia relacionados al COVID-19. Sin embargo, al agotarse y luego congelarse dichos fondos, los servicios quedaron sin respaldo económico.
“Establecieron partidas dentro de un plan de emergencia para mitigar el COVID, y ahí incluyeron nuestro servicio. Una vez se congelaron los fondos de la pandemia, los niños quedaron desprovistos porque no estamos en el plan fiscal regular del gobierno”, explicó la presidenta de APPSSRE.
La paralización parcial de servicios afecta, según la APPSSRE, a decenas de estudiantes que han perdido continuidad en sus tratamientos. Esta interrupción, subrayó Concepción Rivera, puede causar daños irreparables.
“La clave aquí es la continuidad del servicio. En la medida en que se interrumpen, se provoca un retroceso en lo que se ha logrado. Eso es un daño irreparable para ellos”, afirmó.
Por otro lado, el Departamento de Educación respondió con una carta enviada a los proveedores en la que reconoció que los fondos se paralizaron y que se solicitó al gobierno federal autorización para volver a utilizar fondos COVID congelados. También informaron que identificaron otras partidas dentro del presupuesto y que están a la espera de la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal.
Además de exigir que se les pague lo adeudado, la organización también está reclamando una revisión tarifaria.
“Llevamos un tiempo comunicándonos con el Departamento de Educación sobre la urgencia de revisar las tarifas que se pagan por los servicios, pero no ha sido atendido. Por eso nos movimos al tribunal para solicitar la intervención de la jueza a cargo del pleito Rosa Lydia Vélez”, declaró.
El pleito Rosa Lydia Vélez, caso judicial de larga data que supervisa el cumplimiento del Departamento de Educación con los derechos de los estudiantes de educación especial, ha sido escenario de múltiples controversias por el incumplimiento de servicios y deficiencias administrativas.