El profesor de Derecho Constitucional, Carlos Gorrín Peralta opinó que el gobierno de Puerto Rico no opera actualmente bajo un marco constitucional funcional, debido al uso prolongado de designaciones interinas en agencias clave y al manejo que le ha dado el Senado al asunto.
La situación afecta los departamentos de Justicia, Estado y Trabajo, cuyos titulares no han sido nominados formalmente, pese a llevar meses en funciones.
“Lo que hay es una disfuncionalidad del gobierno actual que no sabe ajustarse a las normas constitucionales”, expresó Gorrín, quien sostuvo que este problema no se puede atribuir a un escenario de gobierno compartido, ya que el Partido Nuevo Progresista (PNP) controla las tres ramas principales.
A juicio del constitucionalista, la crisis proviene a la ausencia de nominaciones formales por parte de la gobernadora y la intervención del Senado al evaluar interinatos, lo cual considera que tampoco se ajusta a la Constitución.
“La crisis la provoca los nombramientos no confirmables que ha hecho la gobernadora, lo cual ya de por sí es terrible. Pero en segundo lugar, estamos a 23 de mayo, llevamos casi cinco meses sin haber tenido esas secretarías nombradas con todo el proceso constitucional”, apuntó.
Según explicó, el mecanismo del interinato debe usarse para cubrir ausencias temporeras, no como sustituto del proceso constitucional de nombramiento. “Aquí se está usando el interinato para llenar un cargo porque no se ha sido capaz de llenar el cargo con una persona que sea confirmable”, agregó.
El Senado, en cambio, invocó la sección 47.3 de su reglamento para justificar su evaluación de personas que actualmente ejercen funciones de forma interina. Dicha cláusula permite al cuerpo legislativo considerar un nombramiento si tiene conocimiento de que una persona designada está en funciones, aunque el Ejecutivo no lo haya notificado formalmente.
Gorrín discrepó de esta interpretación: “El Senado está invocando una disposición que no es aplicable. Porque lo que está tratando es de pasar juicio sobre un interinato, sobre el cual no tiene facultad de consejo y consentimiento”.
El profesor sostuvo que la Constitución establece un proceso claro de nominación, evaluación y confirmación para los jefes de agencia. Enfatizó que esto es particularmente importante para cargos como el secretario de Estado, quien sustituye al gobernador en caso de ausencia.
“La Constitución contempla el concepto de nominar candidato”, indicó. “La persona que está ocupando interinamente el puesto puede ser nominada formalmente, y en ese momento el Senado podría ejercer su función. Pero eso no es lo que está ocurriendo ahora”.
Gorrín también cuestionó las prioridades del Ejecutivo. “No sabemos qué está pasando por la cabeza a la gobernadora que se dedica ahora a visitar pueblos y subir escaleras de escuelas y cosas de esas y treparse al poste de la luz”, comentó.
El académico advirtió que las decisiones tomadas por funcionarios interinos podrían estar expuestas a impugnaciones legales. Señaló que, precisamente por ese riesgo, la gobernadora no ha colocado a ninguno de ellos como gobernador interino, ya que eso “se prestaría a más cuestionamientos”.
Sobre las últimas movidas del Senado, Gorrín indicó que “la anomalía que está ocurriendo es que el Senado ayer decidió considerar unos nombramientos que no se han hecho formalmente. Porque no se le ha designado formalmente secretario o secretaria de Estado o de Justicia o de lo que sea. El Senado ha decidido: como en la realidad eso es lo que está haciendo, aunque no lo ha hecho formalmente, nosotros vamos a evaluar ese nombramiento antes del 30 de junio”.
Esa fecha marca el cierre de la actual sesión legislativa. Luego del 30 de junio, la gobernadora podría hacer nombramientos en receso, sin consentimiento inmediato del Senado, aunque el cuerpo legislativo podría rechazarlos una vez se reanude la sesión.
“Lo que está ocurriendo en este momento, ciertamente, no es racional”, concluyó Gorrín. “El funcionamiento del Gobierno en este momento no es racional”, añadió.