Ya va casi una década de la era de PROMESA en Puerto Rico.
La Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), que creó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para supervisar las finanzas públicas de Puerto Rico, fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos el 30 de junio de 2016 como respuesta a una crisis fiscal sin precedentes. Según el exgobernador Alejandro García Padilla, la situación se gestó por factores estructurales acumulados durante décadas.
Uno de los detonantes fue la eliminación gradual de la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal, que incentivaba a las corporaciones estadounidenses a operar en Puerto Rico. Esa política concluyó en 2006 tras un periodo de eliminación de diez años. Su desaparición provocó el cierre de fábricas, pérdida de empleos y una merma en la actividad económica.
A esto se sumó la reforma al sistema de salud local, que creó expectativas de fondos federales que nunca llegaron, y una fuerte contracción en el sector bancario: de 14 instituciones en los noventa, quedaban solo cinco cuando García Padilla asumió la gobernación en 2013. La caída de los bancos reflejaba la gravedad de la crisis.
Entre 2006 y 2012, el gobierno recurrió al endeudamiento para cubrir el déficit. Solo entre 2008 y 2012 se sumaron $16,000 millones a la deuda pública. En 2013, la deuda superaba los $70,000 millones, con un déficit fiscal de $3,300 millones. Las corporaciones públicas, como la Autoridad de Carreteras, también acumulaban deudas millonarias sin fuentes claras de repago.
En busca de soluciones, se propuso una reforma tributaria que sustituía el Impuesto sobre Ventas y Uso y la contribución sobre ingresos por un Impuesto de Valor Agregado (IVA). Pero una coalición multipartita bloqueó la medida. “Se detuvo la creación del IVA, un sistema tributario mucho más justo y moderno”, lamentó el exgobernador.
En agosto de 2015, Puerto Rico cayó en impago parcial. “Si no se aprobaba la Ley PROMESA, se embargaban las cuentas del Estado, como pasó en Argentina”, advirtió García Padilla. Esto hubiera paralizado al gobierno y provocado una ola de demandas judiciales.
Un acuerdo condicionado
García Padilla explicó que convencer al Congreso fue un proceso complejo. Primero lograron el apoyo del Departamento del Tesoro federal, que luego persuadió a legisladores clave. La administración del entonces presidente estadounidense Barack Obama, junto al Tesoro y el gobierno local, pidió dos cosas: un mecanismo para reestructurar la deuda y protección contra demandas. El Congreso accedió, con la condición de establecer una JSF.
Desde otra perspectiva, el entonces comisionado residente y exgobernador Pedro Pierluisi recordó que las expresiones públicas de García Padilla, al declarar la deuda “impagable” y restarle importancia a las consecuencias en los mercados, encendieron las alarmas en las casas acreditadoras y en el Tesoro federal. Según Pierluisi, esas declaraciones catalizaron la intervención del Departamento del Tesoro y del Congreso.
Ambos coinciden en que PROMESA fue resultado de un compromiso entre demócratas que buscaban reestructurar la deuda y republicanos que exigían mayor control fiscal externo.
A nueve años
Pierluisi subrayó que, aunque la ley logró reducir la deuda pública en un 80%, sigue siendo injustificable la permanencia de una Junta no electa. “Luego de múltiples presupuestos balanceados… es claramente antidemocrático y ofensivo que un grupo de personas no elegidas por nuestro pueblo gasten anualmente decenas de millones de dólares del pueblo”, declaró. Añadió que la Junta, que se creó para agilizar la gestión pública, “se ha convertido en el mayor estorbo burocrático en la isla”.
García Padilla, por su parte, respondió a las críticas sobre la pérdida de soberanía con una comparación internacional. Recordó el caso de Argentina, donde un juez en Nueva York embargó las cuentas del gobierno. A su juicio, la intervención en Puerto Rico fue menos invasiva que en otros lugares con crisis similares.
Ambos exgobernadores aseguraron que PROMESA fue una medida necesaria ante el colapso fiscal. Pero mientras García Padilla destacó el proceso de negociación y prevención de un colapso, Pierluisi insistió en que ha llegado el momento de cerrar el capítulo de la Junta. “El Congreso debe ponerle fin por el bien de Puerto Rico y el buen nombre de Estados Unidos”, puntualizó.