En su campaña primarista a la gobernación, Jenniffer González prometió cancelar el contrato de la privatizadora LUMA. Luego de ser electa gobernadora de Puerto Rico, González no ha cancelado el contrato y, por el contrario, utilizó fondos púbicos para crear un zar, para que “fiscalizara” a la privatizadora. Funciones que ya recaen sobre la Autoridad de Alianzas Público Privadas y sobre el Negociado de Energía. A pesar de estos tres “fiscalizadores”, el servicio eléctrico no es más eficiente, ni estable y cuesta más. La privatización fracasó y González también ha fracasado en cancelar el contrato de LUMA.
Sobre los aumentos a la tarifa de la luz, en mayo de 2025, la gobernadora repudió la petición de aumento de LUMA. Pero hace unos días, defendió un aumento en la tarifa de la electricidad para pagar la deuda que tiene el gobierno con el Fondo de Pensiones de 12,500 personas y familias que trabajaron para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Esto a pesar de haber dicho, desde su campaña y en marzo de 2025, con razón, que era innecesario aumentar la tarifa, pues el pago de las pensiones se cubriría del fondo general.
Portavoces de la Junta de Retiro de los empleados(as) de la AEE han dicho que si la AEE aporta parte de lo que le adeuda al Fondo de Pensiones, podrían invertir ese dinero y el rendimiento sería suficiente para recuperar la solvencia del fondo. Al momento de la emisión de la deuda de la AEE, los acreedores conocían que el orden de los pagos, según los parámetros de la emisión, es el siguiente: (1) pagar los gastos operacionales de la AEE, (2) pagar las pensiones de las personas jubiladas y si queda dinero luego de cumplir con esas obligaciones, (3) pagar a los bonistas que especularon al comprar esa deuda. El plan de ajuste de la deuda propuesto pretende revertir el orden para privilegiar a los acreedores frente a las obligaciones con los gastos operacionales y del sistema de retiro. La solución es sencilla: cero pago a los bonistas para que haya cero aumento en la tarifa.