Recientemente, la gobernadora de Puerto Rico firmó el Proyecto del Senado 6, convirtiéndolo en la Ley 105 de 2025. Este proyecto se aprobó con los únicos votos en contra, en el Senado y en la Cámara, de las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño y con la objeción y oposición de decenas de organizaciones y colegios profesionales ante los peligros y problemas que representa el mismo a la seguridad y salud de los consumidores.
Esta ley, denominada Ley de Reconocimiento Universal de las Licencias Ocupacionales, permite reconocer licencias ocupacionales expedidas en otras jurisdicciones de Estados Unidos básicamente de manera automática. Establece que, para negar la licencia, el gobierno de Puerto Rico tiene que demostrar un interés apremiante para proteger el interés público, siendo este requisito uno contrario a los mejores intereses de nuestra sociedad. Es importante señalar que las personas de otras jurisdicciones que interesen licencias ocupacionales o profesionales en Puerto Rico solamente tienen que ser “con un ámbito similar de práctica, según lo determine la Junta Local”.
Primeramente, esta ley está basada en la obsesión asimilista de la mayoría penepé de equipar las profesiones con los estados, a pesar de las múltiples diferencias culturales, históricas, legales y geográficas que hacen que Puerto Rico tenga marcadas diferencias con el resto de estas jurisdicciones.
Además, la simpleza del proceso y laxitud en aceptar estas personas por parte de las Juntas según están expresadas en la ley son obstáculos que encienden las alarmas de preocupación en términos de la idoneidad de estas personas, su preparación en estas profesiones y las regulaciones que se debe tener sobre los que ejercen distintas profesiones y ocupaciones en Puerto Rico.
Diversos sectores han cuestionado esta ley pues abre la puerta para competencia desleal, mayor gentrificación, menos oportunidades para los profesionales locales y la desregulación de las profesiones.
A pesar de todo esto, la gobernadora firmó un proyecto, contrario a la anterior política pública, que garantizaba que quien ejerza una profesión u ocupación en Puerto Rico debe tener la más amplia y cabal preparación, y que diversos organismos incluyendo los colegios profesionales, los fiscalicen en defensa de la profesión y del bien público.