El Departamento de Educación y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) sometieron a la Comisión de Gobierno del Senado sus memoriales sobre el Proyecto del Senado 191, que propone crear la Administración para el Mejoramiento de la Infraestructura de las Escuelas Públicas con autonomía fiscal y administrativa, y con titularidad sobre todos los planteles en uso y en desuso.
El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, explicó que actualmente la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP) atiende de manera estratégica las necesidades de infraestructura en las escuelas públicas.
Según detalló, la oficina supervisa proyectos de construcción menor, mantenimiento de áreas verdes, fumigación, recogido de desperdicios sólidos y realiza evaluaciones periódicas para garantizar la habitabilidad de los planteles. También colabora con otras agencias estatales y federales en la planificación y ejecución de obras.
En su análisis del proyecto, Ramos Parés indicó que la creación de una Administración autónoma podría acarrear complicaciones.
“La creación de una Administración autónoma podría generar descoordinación entre el Departamento y la nueva entidad, así como ambigüedades legales sobre responsabilidades y retos en la adaptación de procesos administrativos y manejo de personal”, señaló en el documento. El funcionario advirtió además que “durante la transición podrían verse afectados los servicios que reciben las escuelas y los proyectos en curso”, dado que la OMEP atiende emergencias que requieren acción inmediata.
Por su parte, la AEP presentó su propio memorial firmado por el director ejecutivo Félix Lassalle Toro. En el documento, explicó que la corporación pública fue creada mediante la Ley 56 de 1958 para planificar, diseñar, construir, remodelar y administrar edificios públicos que albergan agencias gubernamentales, y que en la actualidad mantiene parte del inventario de escuelas públicas junto a la OMEP.
Lassalle Toro señaló que el P. del S. 191 le otorga amplios poderes a la nueva Administración, incluyendo autonomía fiscal, contratación de personal, administración de fondos y exenciones de la Ley 73-2019 sobre la centralización de compras en el gobierno. Según expresó, estas disposiciones “podrían fragmentar los recursos públicos destinados a infraestructura y afectar la coherencia del plan fiscal certificado”.
El director ejecutivo advirtió también que la transferencia de propiedades y fondos actualmente bajo el Departamento de Educación hacia la nueva Administración debe evaluarse con cautela para evitar conflictos con las disposiciones fiscales vigentes. Recomendó que la medida se consulte con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Hacienda, para garantizar su compatibilidad con el plan fiscal y con las responsabilidades financieras del Estado.
Lassalle Toro destacó además que la experiencia reciente de colaboración entre la AEP, la OMEP y el Departamento de Educación ha sido efectiva para atender las necesidades de infraestructura escolar. A su juicio, lo ideal sería reforzar esos mecanismos antes de crear una nueva estructura.