El sector de vivienda en Puerto Rico registró una caída sostenida en la construcción de nuevas unidades y experimenta un aumento en los costos asociados. El escenario podría complicarse de no adoptarse medidas inmediatas, según expertos.
Durante la Convención Anual de la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR), su presidente, Agustín Rojo, informó que, en 2024, se construyeron apenas 700 viviendas, en contraste con más de 4,300 en 2011. Señaló que más del 55 % de la vivienda existente es informal y que solo el 14 % de los terrenos de la isla es desarrollable, lo que encarece los precios. Agregó que entre el 30 % y 35 % del costo final de una vivienda corresponde a impuestos y cargas gubernamentales.
“Los retos más grandes que enfrentamos son los costos de materiales, la escasez de mano de obra, los procesos burocráticos de permisos y las cargas contributivas que afectan el desarrollo de vivienda asequible”, sostuvo Rojo.
Impacto social
La directora ejecutiva de la ACPR, Nory Rivera, señaló que la situación local es reflejo de tendencias globales, ya que jóvenes profesionales, adultos mayores que buscan viviendas más adecuadas y familias de clase media enfrentan limitaciones similares.
Rivera enfatizó que la falta de vivienda afecta a todos. “Buscar soluciones, unir esfuerzos, debe ser responsabilidad de todos, porque está en juego nuestro futuro y el de nuestros seres queridos”, afirmó.
¿Qué está haciendo el gobierno?
La secretaria del Departamento de Vivienda, Ciary Pérez Peña, detalló acciones implementadas, como el aumento de vales de reubicación a $200,000 y la Orden Ejecutiva 42, emitida en 2024, que permitió a unas 30 familias rehabilitar sus hogares en la falda del Yunque sin ser desplazadas.
Entre otras medidas, el Departamento redujo en 90 días los trámites de permisos, y siete municipios certifican sus propios documentos ambientales. En 2025, se han entregado más de 1,000 llaves de vivienda, se desarrollan 50 nuevas unidades en Vieques y se agregan 500 unidades en proyectos de financiamiento mixto en San Juan y Carolina.
La secretaria resaltó la aprobación de las leyes 100 y 101, que agrupan viviendas de interés social y de clase media bajo la categoría “alto impacto social y económico”, fijan precios máximos según límites de la Administración Federal de Vivienda y reducen costos que antes encarecían los proyectos. “No es solo una ley de vivienda, es una estrategia para repoblar a Puerto Rico y darles estabilidad a nuestras comunidades”, puntualizó.
Apoyo federal
Denise Cleveland-Leggett, administradora regional del Departamento de Vivienda federal (HUD, en inglés), recordó que, tras María, la agencia asignó $21,000 millones en fondos de recuperación mediante programas CDBG y que impulsa subvenciones para albergues de emergencia, vivienda rápida y prevención de la falta de techo.
“El potencial de transformación es extraordinario porque se busca atraer inversión privada y alinear proyectos con las necesidades de las comunidades”, expresó sobre las 863 Zonas de Oportunidad designadas en Puerto Rico.
“HUD está haciendo todo lo posible para eliminar trámites burocráticos y mover los proyectos. La vivienda es más que un techo, es la base de la estabilidad, el empleo y la movilidad social”, concluyó.