El gobierno federal de Estados Unidos entró en un nuevo cierre tras no lograrse un acuerdo en el Congreso para aprobar un presupuesto o una resolución de financiamiento temporal. La situación ha reavivado la discusión sobre los efectos que tienen estas paralizaciones en la economía y en los servicios públicos, tanto en los estados como en Puerto Rico.
El analista político Alejandro Figueroa sostuvo que el cierre del gobierno federal podría extenderse más de lo habitual debido a la distancia entre las posiciones de los partidos en el Congreso.
Explicó que “este podría ser uno de los cierres de gobierno más prolongados por la distancia que hay entre la posición que toman los demócratas de que el gobierno federal debe tomar el tema de los programas de salud como una prioridad y reversar los recortes a Obamacare, versus la posición que toman los republicanos de que este no es el momento de discutir ese asunto”.
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Por su parte, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá consideró que la polarización política en Estados Unidos aumenta la probabilidad de un cierre prolongado.
“Yo creo que las divisiones en Estados Unidos son tan profundas y la polarización es tan profunda que yo, si yo fuera funcionario del gobierno de Puerto Rico, me prepararía para más de 30 días”, afirmó.
En ese sentido, recomendó que tanto el gobierno central como los municipios revisen cada programa y gestión administrativa que dependa de agencias federales, para prever retrasos en la llegada de fondos.
¿Quiénes son los más afectados por el cierre de gobierno?
Figueroa detalló que en estos periodos las agencias federales no esenciales, como parques nacionales, museos, programas de investigación y procesos de permisos e inspecciones, detienen sus operaciones. En contraste, los servicios considerados esenciales, entre ellos defensa, seguridad, control de tránsito aéreo y salud, continúan funcionando, aunque los empleados trabajan sin recibir su paga de inmediato.
“Los que trabajan y los que no reciben pago irrespectivo de si tuvieron que seguir trabajando en la agencia porque sus servicios se consideran esenciales o, por ejemplo, los que trabajan en los parques nacionales, que los parques cierran y se van a sus casas en lo que se resuelve el tema del cierre”, explicó.
El analista indicó que gracias al Government Employee Fair Treatment Act, todos los empleados afectados reciben un pago retroactivo una vez se restablece el financiamiento. Sin embargo, advirtió que el impacto económico depende de la duración del cierre, ya que se interrumpen contratos gubernamentales, se atrasan trámites y aumenta la incertidumbre que frena la inversión privada.
“Las empresas que son contratistas del gobierno enfrentan el riesgo de que durante el tiempo del cierre con toda probabilidad no reciben los pagos que les corresponden o hasta se cancelan contratos”, señaló.
Figueroa detalló que, mientras no se apruebe una resolución de financiamiento, muchas agencias deben cesar operaciones por mandato del Anti-Deficiency Act. Agregó que los servicios más afectados incluyen parques nacionales, museos, investigaciones y permisos regulatorios, mientras que funciones esenciales como la defensa y el control del tránsito aéreo continúan operando aunque sus empleados no reciben paga inmediata.
Consecuencias del cierre
Acevedo Vilá también se refirió a las consecuencias del cierre. Afirmó que “en Puerto Rico dependemos de fondos federales para servicios básicos, y cada vez que ocurre un cierre, aunque sea parcial, genera un grado de incertidumbre y preocupación en la población”. Destacó que la isla enfrenta retos particulares por su dependencia de programas federales de salud y asistencia social.
En el caso de Puerto Rico, señaló que en el pasado se habían cerrado lugares turísticos como El Morro y El Yunque, lo que afectó la actividad económica en esas áreas. “Creo que hoy están abiertos, pero pienso que si eso se extiende por más de una semana, pues van a tener que cerrar. Y eso tiene un efecto económico en términos de atractivos turísticos”, indicó.
El exgobernador destacó que la diferencia en este cierre es la actitud del presidente Trump, quien, a su juicio, pretende utilizar la coyuntura para consolidar poder y reducir programas.
“La actitud de Donald Trump es al revés. Donald Trump quiere aprovechar este cierre de gobierno número uno para despedir a más empleados públicos y quizás cerrar programas en los cuales él no cree, usar de excusa que no hay dinero y los manda a cerrar”, dijo. Añadió que el presidente expresó públicamente que durante el cierre puede tomar medidas irreversibles.
Sobre los programas federales, aclaró que servicios como Medicaid y Seguro Social deben continuar funcionando, aunque advirtió retrasos administrativos.
“Seguro social no se va a afectar. Pero si tú quieres llamar al seguro social para pedir información de cuánto te va a tocar o que te retiras dentro de dos años, probablemente esa llamada que tardaba cinco minutos, va a tardar una hora en que te atiendan”, explicó.
Cierres pasados
La controversia actual se da en un contexto en que tanto demócratas como republicanos han expresado públicamente que los cierres son dañinos. El líder demócrata Chuck Schumer calificó un cierre como un “desastre” cuando el país estuvo cerca de esa situación en marzo. Por su parte, el actual líder de la mayoría en el Senado, John Thune, afirmó recientemente que “no creo que los cierres beneficien a nadie, y mucho menos al pueblo estadounidense”.
Sin embargo, las tensiones políticas han mantenido al Congreso en el borde de estas medidas durante décadas. En 2018 y 2019, Estados Unidos vivió el cierre más largo de su historia, con 35 días, cuando el entonces presidente Donald Trump exigió $5,000 millones para la construcción de un muro fronterizo. En 2013, un tranque por el financiamiento de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio provocó un cierre de 16 días. En 1995 y 1996, las pugnas presupuestarias entre el Congreso republicano y el presidente Bill Clinton llevaron a una paralización de tres semanas.
De acuerdo con Figueroa, la falta de consenso y el calendario electoral podrían intensificar el estancamiento. Aseguró que “mientras más cercanos estos encontronazos ocurren a la fecha de elecciones de medio término, los dos bandos pueden utilizarlo como una oportunidad para ganar puntos en el juego de la política”, lo que aumenta la posibilidad de un cierre prolongado.