En días recientes, se ha vuelto a retomar el tema del Plan de Uso de Terrenos (PUT). La Junta de Planificación (JP) anunció formalmente el inicio de su revisión. Hay una intención preocupante: debilitar las protecciones ambientales y agrícolas sin evidencia científica que lo justifique. Esta revisión del PUT tiene estrecha correlación con la visión del actual gobierno en contra de los recursos naturales, los terrenos agrícolas y la protección del medio ambiente.
El PUT es la herramienta de planificación que establece las políticas públicas sobre cómo se utilizan, desarrollan y conservan los terrenos de Puerto Rico durante un periodo de diez años. Esto incluye cuáles suelos son urbanos, agrícolas o de conservación, y dónde no debe construirse por riesgo de inundación o deslizamiento. El proceso de revisión debería servir para fortalecer dichas protecciones ante la crisis climática que enfrentamos.
El PUT actual estimó la necesidad de preservar entre 600 y 750 mil cuerdas para garantizar la seguridad alimentaria a la población de Puerto Rico. El gobierno ha promovido la construcción de proyectos de energía a escala industrial en terrenos agrícolas. Esto pone en riesgo la producción local de alimentos. La seguridad alimentaria es un pilar fundamental en esta revisión.
El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, de manera inconcebible, ha expresado su apoyo a enmendar el PUT con el argumento de responder a la demanda de vivienda. Su postura preocupa porque ignora la evidencia: el PUT vigente ya contempla más de 35,000 cuerdas urbanizables. Según el planificador Pedro Cardona Roig, ese espacio permitiría construir más de 300,000 viviendas. Ampliar el suelo urbanizable agrava la pérdida de terrenos agrícolas y el riesgo ante desastres naturales. El problema no es la falta de suelo, sino la falta de vivienda asequible.
Igualmente, defendió construir en zonas frágiles como el carso, lo que significaría comprometer ecosistemas, especies endémicas de flora y fauna, suelos, restos arqueológicos, entre otros.
Puerto Rico necesita un Plan de Uso de Terrenos justo, transparente, que realmente responda a las necesidades de las comunidades y un desarrollo económico y social sostenible.